Clarissa Poleth Jaime Moreno

Expediente 2675/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2675/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • Clarissa Poleth Jaime Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se declara que ha quedado cumplida la sentencia de amparo en su totalidad, sin exceso ni defectos. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva pronunciadas en el juicio de amparo 1381/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Armida Sánchez Ochoa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco. Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan. Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan. Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial Edificación del Ayuntamiento de Zapopan. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4°, 8°, 14, 16, 17, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: El dictamen de Comisiones y Propuestas del Ayuntamiento, que aprueba la Integración de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, esto es, su emisión o elaboración, discusión, aprobación, promulgación, publicaciones y aplicación que fue aprobada el veintinueve de julio de dos mil cuatro. La emisión por sí o a través de sus subordinados, de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N, a favor del tercero interesado Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable, para el domicilio ubicado en avenida Central número 1351, lote 1, fraccionamiento Las Cumbres Residencial, autorizando la construcción de noventa y cuatro departamentos. La XXXIV (trigésima cuarta) sesión de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, celebrada el uno de febrero de dos mil dieciséis. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTD/2006/144 de siete de febrero de dos mil seis, relativa al acuerdo de la sesión dentro del expediente 073/2016. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTDU/2006/764, de dos de agosto de dos mil seis. El oficio 15031/2014/2-237/DPT de dos de abril de dos mil catorce. Actos respecto de los que solicitó la suspensión, de conformidad con lo previsto por el artículo 126 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de mayo dos mil diecisiete (fojas 39 a 47), se formó el incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran el respectivo informe previo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental y se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, la que se negó. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja que conoció y resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de toca de queja 197/2017, en el que por sesión de treinta de mayo de dos mil diecisiete, la resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO.- Es infundado el recurso de queja. --- SEGUNDO.- Se confirma el auto impugnado" (foja 74). Por interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 95 a 111) se negó la suspensión definitiva del acto reclamado, contra la cual la quejosa interpuso recurso de revisión. En acuerdo de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, se dio trámite al incidente relativo a la ampliación de demanda, en la que solicitó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión, respecto de los actos que reclamó de las siguientes autoridades: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco. Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan. Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan. Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial Edificación del Ayuntamiento de Zapopan. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: La autorización de Cambio de Proyecto de Edificación de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N. La emisión por si o a través de sus subordinados de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N (La licencia) a favor del tercero interesado Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable, para el domicilio ubicado en avenida Central número 1351, lote 1, fraccionamiento Las Cumbres Residencial, autorizando la construcción de 94 noventa y cuatro departamentos. La XXXIV (trigésima cuarta) sesión de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, celebrada el uno de febrero de dos mil dieciséis. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTD/2006/144 de siete de febrero de dos mil seis, relativa al acuerdo de la sesión dentro del expediente 073/2016. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTDU/2006/764, de dos de agosto de dos mil seis. El oficio 15031/2014/2-237/DPT de dos de abril de dos mil catorce. En dicho proveído se negó la suspensión provisional (foja 186 a 192). Por lo anterior, la peticionaria de amparo, interpuso recurso de queja que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de 3/2018 y en sesión de tres de enero de dos mil dieciocho, lo resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido; en consecuencia: TERCERO. Se niega la suspensión provisional de los actor reclamados, en los términos precisados en el acuerdo recurrido." (foja 259 a 331). En sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el incidente en revisión 666/2017 (foja 386 y expediente electrónico), en la que revocó la interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en atención a los razonamientos siguientes: "En efecto, como se ve, el precepto legal transcrito tutela un interés jurídico para exigir que se realicen las suspensiones o modificaciones, cuando se estén llevando a cabo edificaciones y urbanizaciones que contravengan las leyes, reglamentos, planes y programas de desarrollo urbano aplicables y que originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos. Así pues, toda vez que la quejosa alega que la edificación en cuestión es contraria a la normatividad aplicable y resulta atentatoria de sus derechos fundamentales de calidad de vida, vivienda digna, acceso al medio ambiente, al agua potable y al desarrollo integral de las personas, ya que dicha construcción se encuentra en el mismo fraccionamiento ("Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", en Zapopan Jalisco) en el que la exponente es copropietaria porque tiene una unidad privativa condominal; ese alegato conjuntado con los medios de convicción que aportó la promovente, son suficientes para tenerla por acreditando su interés para solicitar la medida cautelar de que se trata, máxime si se toma en cuenta que entre tales elementos de prueba destaca el dictamen emitido por el Superintendente de Obras y Proyectos del "Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado", en el sentido de que "no es viable el otorgamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, ya que donde se ubica el predio no se cuenta con volúmenes disponibles en la zona, en virtud de haber considerado todo el desarrollo como vivienda horizontal, y no para el cambio de proyecto vertical en donde genera un mayor volumen requerido" (folios 1 y 99 del cuaderno de pruebas anexas, en relación con el 157 del expediente 1381/2017). Por ende, en el caso resulta procedente la medida cautelar en virtud de que como se evidenció, la quejosa acreditó su interés suspensional; además, con su otorgamiento no se advierte afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, sino que por lo expuesto es viable jurídica y materialmente paralizar los efectos de los actos reclamados que, se alega, contravienen la normatividad aplicable en materia de urbanización y asentamientos humanos, y provocan un deterioro al medio ambiente. Aunado a lo anterior, de no concederse la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados serían de difícil reparación para la quejosa, al alterar el entorno en la zona en que tiene su inmueble, ya que se permitiría a la tercera interesada operar bajo una licencia que, se aduce, viola la normatividad aplicable. Por lo tanto, al reunirse los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, con motivo de que la quejosa solicitó la suspensión y con ella no se sigue perjuicio al interés social ni al orden público, sino que al contrario la controversia de fondo consiste en dilucidar si los actos reclamados son o no, los que siguen perjuicio al interés social y a las disposiciones de orden público en materia de urbanización y asentamientos humanos. Y, ponderando además que la ejecución de dichos actos reclamados podrían causar a la quejosa daños y perjuicios de difícil reparación; este Tribunal Colegiado determina que lo procedente es conceder la suspensión definitiva a la solicitante Armida Sánchez Ochoa, para el efecto de que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N" expedida por el Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido. Para tal fin, las autoridades responsables están obligadas a paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario. Se citan en respaldo de esta resolución los siguientes criterios judiciales: El contenido en la jurisprudencia 138/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida al resolver con fecha quince de agosto de dos mil doce la contradicción de tesis 265/2012, registrada con el número 2004603 en el sistema electrónico del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 1656 de la gaceta correspondiente a septiembre de dos mil trece, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA. "; y, El inmerso en la diversa jurisprudencia 148/2012 de la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida al resolver con fecha quince de agosto de dos mil doce la contradicción de tesis 265/2012, registrada con el número 2004604 en el sistema electrónico del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 1657 de la gaceta correspondiente a septiembre de dos mil trece, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES..." La referida medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de producirlos si la quejosa no garantiza dicha suspensión por el monto para resarcir los posibles daños y perjuicios se pudieran ocasionar a la tercera interesada, lo cual habrá de ser establecido por el Juez de Distrito al ser quien tiene todos los elementos necesarios para fijar tal cuantía, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo que en lo conducente dispone: ". Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ." Se cita como orientadora en ese sentido, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver con fecha treinta de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, durante la Quinta Época, el incidente de suspensión en revisión 4385/42, registrada con el número 324256 en el sistema electrónico del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2283 del Tomo LXXVIII compilador de ejemplares editados en aquella temporalidad, cuyo tenor es: "FIANZA PARA LA SUSPENSIÓN, MONTO DE LA..." En efecto, conforme al citado criterio judicial queda al arbitrio del Juzgador establecer el monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión solicitada, lo cual no implica que pueda actuar de manera caprichosa sino que debe sujetarse a ciertas reglas, entre otras, la de motivar su determinación, ponderar la naturaleza de los actos reclamados, tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado, así como los datos que arrojen las pruebas rendidas y aquellas que las partes suministren para calcular los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y los efectos que pudieran resentir las personas terceras interesadas. Además, dado que la quejosa alega, como se vio, que la edificación reclamada atenta contra "la calidad de vida", así como contra el "acceso al medio ambiente y al agua potable", y en ese sentido allegó copia de los dictámenes emitidos por el Superintendente de Obras y Proyectos del "Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua y Alcantarillado", quien dictaminó que en la zona en que se construye el edificio impugnado, en la cual también es condómina la promovente, no hay agua suficiente para abastecer dicha edificación; resulta que tales alegatos de la quejosa, frente a la licencia de construcción que reclamó y cuyos efectos son la materia de la suspensión ahora examinada, permiten presumir que la mencionada licencia de construcción responde a un esquema de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, ya que esa cuestión debió ser ponderada para expedir la propia licencia de construcción. Por tanto, al presumir que la referida licencia de construcción responde a un esquema de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se estima que procede la fijación de garantía para suspender sus efectos, máxime que por ello puede excluirse al menos hasta el momento, que se trate de actos que afecten de manera medular el derecho a un medio ambiente sano, o que afecten abiertamente al medio ambiente, o que dicha afectación sea actual o inminente a consecuencia directa e inmediata de los actos reclamados. Se cita en respaldo de lo resuelto, la jurisprudencia 19/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al decidir con fecha once de enero de dos mil diecisiete la contradicción de tesis 270/2016, registrada con el número 2013959 en el sistema electrónico del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1199 de la gaceta correspondiente a marzo del mencionado año, de rubro y texto: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO..." Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida, de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el incidente de suspensión del juicio indirecto de garantías 1381/2017; y, SEGUNDO. Se concede a la quejosa Armida Sánchez Ochoa, la suspensión definitiva de los actos reclamados para los efectos y con la condición precisada en el último considerando de esta ejecutoria.". En cumplimiento a lo anterior en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se proveyó que la suspensión concedida surtía sus efectos desde luego, pero dejaría de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a la tercera interesada, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, determinación que fue notificada a la quejosa el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 386 a 396). Inconforme con el monto de la garantía, la parte quejosa interpuso recurso de queja y revisión. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional emitió interlocutoria referente a la ampliación de demanda (fojas 422 a 432), en la que se conoció la suspensión definitiva en los términos siguientes: ".SE CONCEDE a la parte quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado solicitado, para el único efecto de que se paralice la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N" expedida por el Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido; hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual emana el presente incidente. Para tal fin, las autoridades responsables están obligadas a paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario. De igual manera, es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se concede no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado ya, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de garantías, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a la señalada como responsable, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Igualmente, la medida cautelar decretada no limita las facultades de las autoridades administrativas a efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre el funcionamiento de la construcción, con las consecuencias legales que se puedan producir para el caso de que no se cumplan, incluidas las referidas en los lineamientos permitidos por las disposiciones administrativas aplicables. Ahora bien, cabe precisar que la presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $439,589.28 (cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados.". La citada resolución se notificó personalmente a la parte quejosa el uno de marzo de dos mil dieciocho (foja 432 vuelta). Dicha interlocutoria fue recurrida en revisión por el delegado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Obras Públicas e Infraestructura y Director de Ordenamiento del Territorio, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, interpuso recurso de revisión, así como por el apoderado y autorizado de los terceros interesados denominados Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable; Viarde, sociedad anónima de responsabilidad limitada de capital variable y HSBC México Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, respectivamente el quince y veinte de marzo de dos mil dieciocho (fojas 450 y 453). El quince de marzo de dos mil dieciocho la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa informó que había causado estado el proveído en el que se desechó el recurso de queja 103/2018 intentado por la parte quejosa (foja 452). En proveído de veintiséis de marzo, se tuvo a la parte quejosa garantizando la cantidad que le fue fijada mediante resolución de seis de febrero de dos mil dieciocho (foja 386 a 391), para que surtiera efectos la suspensión definitiva otorgada respecto a los actos y autoridades señalados en su demanda inicial (foja 469). Por lo anterior dicha quejosa solicitó se requiriera a las autoridades por el cumplimiento de la suspensión definitiva, en consecuencia en proveído de doce de abril de dos mil dieciocho (foja 477 a 478), se requirió al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por conducto de su Presidente Municipal para que informara el tratamiento dado a la suspensión definitiva referente a la demanda inicial, conforme a lo determinado en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho en atención a lo ordenado por la superioridad. Además, se le comunicó a las autoridades responsables, que en cuanto a los actos que fueron materia de la ampliación de la demanda de amparo, reclamados a las autoridades siguientes: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco (en sustitución de la extinta autoridad Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan), Unidad de Licencias y Permisos de Construcción adscrita al ayuntamiento en cita (en sustitución de la Subdirección de Control de Desarrollo Territorial Edificación de dicho ayuntamiento) y Director de Control del Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Tales actos que se hicieron consistir en: La autorización de Cambio de Proyecto de Edificación de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N. La emisión por sí o a través de sus subordinados de la licencia de edificación mayor con clave H/D-4347/06/N (La licencia) a favor del tercero interesado Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable, para el domicilio ubicado en avenida Central número 1351, lote 1, fraccionamiento Las Cumbres Residencial, autorizando la construcción de 94 noventa y cuatro departamentos. La XXXIV (trigésima cuarta) sesión de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, celebrada el uno de febrero de dos mil dieciséis. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTD/2006/144 de siete de febrero de dos mil seis, relativa al acuerdo de la sesión dentro del expediente 073/2016. La resolución administrativa de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano contenida en el oficio 1500/CTDU/2006/764, de dos de agosto de dos mil seis. El oficio 15031/2014/2-237/DPT de dos de abril de dos mil catorce. Al respecto, transcurrió el término de cinco días a efecto de que la quejosa exhibiera la garantía de $439,589.28 (cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 28/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la media cautelar otorgada en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho respecto a las autoridades y actos antes precisados (fojas 422 a 432), debido se notificó personalmente a la parte quejosa el uno de marzo siguiente (foja 432 vuelta), por lo que el término de cinco días otorgado a efecto de que exhibiera el monto de la garantía fijada en dicha resolución, le transcurrió del cinco al nueve de marzo del año en curso; y que por tanto, al no haberse exhibido aún tal garantía, la medida cautelar otorgada en dicha resolución había dejado de surtir sus efectos legales y las responsables tenían expedito su derecho para ejecutar los actos reclamados; sin perjuicio de que la parte quejosa pudiera exhibir en cualquier momento, la garantía fijada por este órgano jurisdiccional, mientras no cause estado la sentencia que en el juicio se dicte. En el entendido de que si la parte quejosa exhibiera garantía antes de que se ejecute el acto, de inmediato, la medida suspensional volvería a surtir efectos. Conviene precisar que a la fecha no se ha exhibido dicha garantía. El dieciséis de abril se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informando que se admitieron los recursos de revisión interpuestos por las autoridades y tercero interesado, los que se registraron bajo el toca de revisión incidental 134/2018 (foja 407). Por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciocho se recibió el oficio, mediante el cual las autoridades responsable rinden informe respecto al cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por el Tribunal Colegiado y para tal fin precisan que se ha dado seguimiento puntual a la medida cautelar (foja 415). TERCERO. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado, el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 423 a 328), la parte quejosa promovió incidente por violación a la suspensión o incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada respecto a la demanda inicial conforme a lo determinado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Mediante auto de dos de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, se admitió como incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión (fojas 442 a 443). Sustanciado el incidente en todos sus términos por resolución de cuatro de junio del año en curso, se dictó sentencia interlocutoria en la que se declaró infundado el incidente antes citado en los términos siguientes: "ÚNICO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva interpuesto por la quejosa Armida Sánchez Ochoa."(fojas 488 a 500). Mediante escrito presentado el dos de octubre pasado, Alejandro Cárdenas Enríquez, autorizado de la parte quejosa de nueva cuenta interpuso incidente por violación a la suspensión o incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva la cual contrae la presente resolución (fojas 612 y 613). Consecuentemente, de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo, se admitió a trámite dicho incidente, en los términos de la suspensión definitiva dictada en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dentro del toca de revisión incidental número 666/2017, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y recibida en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 576); en consecuencia, se requirió a las responsables: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco. Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan. Subdirectora de Control de Desarrollo Territorial Edificación del Ayuntamiento de Zapopan. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapopan, Jalisco (en sustitución de la extinta autoridad Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Unidad de Licencias y Permisos de Construcción adscrita a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. (no responsable vinculada al cumplimiento según la parte quejosa) En el caso, sobre el citado requerimiento se le otorgó el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con el artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo, para que informaran a este juzgado federal de qué manera ha dado cumplimiento a la suspensión definitiva debiendo remitir copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten su dicho; lo anterior, es con el apercibimiento que de incumplir o de no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se le tendrá por presuntivamente cierta la conducta a ella reclamada, en términos del artículo 208, fracción II de la Ley de Amparo. De igual manera se corrió traslado a los terceros interesados siguientes: Inmobiliaria y Constructora Herur, sociedad anónima de capital variable. HSBC México. Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. Viarde Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Se señalaron DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia de alegatos relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. La audiencia incidental a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, por serlo para conocer del incidente del juicio de amparo en el que se proveyó, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I; 206 a 209 de la Ley de Amparo; y, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de la denuncia por incumplimiento a la suspensión definitiva concedida conforme a lo previsto por el numeral 126 de la ley de la materia, respecto de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 1381/2017 del índice de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. La parte quejosa afirma que existe defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, básicamente porque la Dirección de Catastro Municipal de Zapopan, Jalisco, ha inobservado que se ordenó que se paralizara la edificación autorizada mediante la licencia "H/D-4347-06/N" expedida por el Director de Control de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, a favor de "INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HERUR" Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido; hasta en tanto se resolviera en definitiva el juicio de amparo del cual emana el presente incidente. Agrega que se incumplió con dicha suspensión, porque la institución bancaria denominada HSBC sociedad anónima de capital variable vendió y tramitó en múltiples ocasiones la propiedad antes escrita, además porque la Dirección de Catastro citada fue omisa en el cumplimiento de la misma, al emitir los certificados de habitabilidad, así como autorizaciones de preventa y demás actos de escrituración en favor de terceros. Al efecto ofreció los siguientes medios de convicción: La instrumental de actuaciones. Las pruebas documentales denominadas extractos de catastrales con folios 2018-0058827, 2018-0044043, 2018-0039116, 2018-889, en los que aparece en cada uno de ellos la trasmisión de propiedad en ejecución parcial de fideicomiso, sobre las propiedades identificadas dentro del Condominio Las Cumbres Residencial, marcado con el número 1351 de la Avenida Central, H-2, condominio 11, segundo piso foja 593; Condominio Las Cumbres Residencial, marcado con el número 1351 de la Avenida Central, B-PB, condominio 11, planta alta foja 595; Condominio Las Cumbres Residencial, marcado con el número 1351 de la Avenida Central, A-7, condominio 11, séptimo piso foja 597; Condominio Las Cumbres Residencial, marcado con el número 1351 de la Avenida Central, A-3, condominio 11, tercer piso foja 599. Medios de convicción a los que se otorga valor demostrativo pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por tratarse de documentos expedidos por autoridad competente en el ejercicio de sus atribuciones. Ahora bien, las autoridad responsable Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, (foja 647), al rendir el informe que les fue requerido, afirma que la dependencia a su cargo no fue señalada como responsable; por lo tanto, nunca fue requerida para cumplir con la suspensión definitiva de la demanda de amparo como de la ampliación de la misma, por ello no se le requirió para que rindiera informe previo o justificado; además agrega que para una óptima identificación de cualquier inmueble, necesita que se le den los datos indispensables para poder realizar cualquier movimiento registral sobre la cuenta en cuestión conforme lo dispone el artículo 29 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, por tal razón resulta impedimento material para afectar el sistema de la dirección de catastro. Así de las actuaciones que integran este cuaderno incidental, que conforman el material probatorio, se observa que, en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el incidente en revisión 666/2017 (foja 386 y expediente electrónico), en la que revocó la interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, y la concedió en los términos siguientes: : ".el efecto de que se paralice la edificación. relativa a la construcción de noventa y cuatro departamentos en el "Condominio Las Cumbres Residencial de Altura", marcado con el número 1351 de la "Avenida Central" en la referida municipalidad, incluidas las expediciones de certificados de habitabilidad o sus equivalentes, autorizaciones de preventa y demás documentos en ese sentido. Para tal fin, las autoridades responsables están obligadas a paralizar temporalmente los efectos y ejecución de dichas autorizaciones, permisos o licencias, y a vigilar que la tercera interesada observe la suspensión mientras no se resuelva lo contrario." Además condicionó dicha medida cautelar al otorgamiento de la garantía que debía fijar este juzgado de Distrito, por lo que en auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se proveyó que la suspensión concedida surtía sus efectos desde luego, pero dejaría de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados a la tercera interesada, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, determinación que fue notificada a la quejosa el ocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 386 a 396). Pues bien, el caso justiciable corresponde al previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, caso en el que la promoción del incidente puede hacerse valer en cualquier momento durante la secuela del juicio; esto es, mientras no se dicte aún sentencia ejecutoria y esté vigente la suspensión del acto reclamado. En los casos de amparo indirecto el periodo se extiende durante la tramitación de la revisión o segunda instancia. Lo que se persigue con el incidente de referencia es definir si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional o definitiva concedida. Entonces, se destaca que, la resolución que otorga la suspensión definitiva tiene como finalidad mantener viva la materia del litigio, le da vida y eficacia a la sentencia, siendo de máxima importancia para la vigencia del juicio de amparo; por ello el legislador estableció mecanismos eficaces tendentes a paralizar la conducta de la autoridad, lo que implica que no se altere o menoscabe la situación jurídica contemplada en la resolución que concedió la medida cautelar, así como eventuales sanciones para el caso de incumplimiento. Los requisitos de procedencia que ha establecido la doctrina son: 1. La existencia de una resolución suspensional vigente; y, 2. Una conducta de las autoridades responsables que contraviene la suspensión decretada, lo que implica un nexo causal directo entre el acto reclamado y el que se estima no da el exacto cumplimiento a la suspensión. En lo conducente, es aplicable por identidad de razón, el criterio contenido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 562, del tomo XIII, mayo de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN, REQUISITOS QUE PREVIAMENTE DEBEN ESTAR SATISFECHOS, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LA. Para determinar la existencia de la violación a la suspensión, es necesario tener como requisitos previos los siguientes: que se haya concedido la suspensión con o sin garantía; que en caso de que se haya otorgado dicha suspensión previa garantía, la parte quejosa deberá cubrirla en el término de cinco días tal como lo establece el artículo 139 de la Ley de Amparo, para que siga surtiendo sus efectos; y, por último, el juez de Distrito deberá comunicar a las responsables que la suspensión sigue surtiendo efectos con base en que la parte quejosa cubrió la garantía. Luego, el juez de Distrito, para emitir la resolución en la que estima que sí hubo violación a la suspensión concedida previa garantía, debe verificar si están o no satisfechos los anteriores requisitos y por ende, comprobar si la suspensión siguió surtiendo sus efectos una vez que transcurrieron los cinco días que tenía el quejoso para cubrir con el requisito de la garantía". Ahora bien, lo que se persigue con el incidente de referencia es mantener la operatividad y eficacia de la interlocutoria cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuera indebidamente cumplida por las autoridades, se deberán restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión. Esta figura jurídica esta prevista en los artículos 206 y 209 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. ---- Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.". "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.". Asimismo, sobre este tema cabe denotar que en la mayoría de los casos la obligación que surge para la autoridad responsable es de abstención, esto es, de no hacer, de no persistir en llevar a cabo las consecuencias del acto reclamado. Sin embargo, en ocasiones también implica desplegar ciertas conductas positivas. Ahora bien, respecto al indebido cumplimiento a la suspensión decretada debe decirse que, para que pueda determinarse ésta, es indispensable que se evidencie al menos: a) Que la medida cautelar fue concedida por órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió, aún surte efectos; se notifique a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteren de su existencia. c) Que en fecha posterior a aquella en que haya surtido efectos la suspensión y, encontrándose vigente ésta, se hayan ejecutado los actos materia de la suspensión o no se hayan tomado las medidas adecuadas para cumplirla o preservar la medida cautelar decretada mientras se define en definitiva en el juicio en el principal. Cobra aplicación a lo anterior, por las razones que la sustentan y solo en la parte conducente la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del siguiente rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE.- Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." TERCERO. Expuesto lo anterior, se determina que son infundados los motivos de queja. Lo anterior es así debido a que las autoridades responsable llamadas al juicio fueron Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapopan, Jalisco, Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco (en sustitución de la extinta autoridad Comisión Técnica de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zapopan), Unidad de Licencias y Permisos de Construcción adscrita al ayuntamiento en cita (en sustitución de la Subdirección de Control de Desarrollo Territorial Edificación de dicho ayuntamiento) y Director de Control del Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; sin embargo, la Dirección de Catastro del Municipio de Zapopan, Jalisco, nunca fue citada o notificada al cumplimiento de la suspensión definitiva; de ahí que resulte ineficaz lo alegado por la parte quejosa en cuanto al defectuoso incumplimiento que le atribuye. El artículo 158 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento." "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión De la anterior transcripción se desprende que para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, necesariamente el juzgador deberá observar las disposiciones de la Ley de Amparo, en sus artículos 206 Y 262 que son del tenor literal siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente." Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: .III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;. De este último precepto legal se advierten las siguientes hipótesis legales: 1. La persona que encarna a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión 2. La sanción se aplicará por cuanto a la desobediencia cometida. 3. El único requisito para proceder a esa sanción es que el acuerdo de suspensión le haya sido debidamente notificado a la autoridad responsable. Precisado lo anterior, debe puntualizarse que la ejecutoria dictada en un juicio de amparo es de diversa naturaleza a la resolución que concede la suspensión del acto reclamado, sea de manera provisional o definitiva, por lo que aun cuando el legislador establece que para el cumplimiento de esta última deben observarse las disposiciones que para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se establecen, en un diverso precepto, como lo es el artículo 262 de la Ley de Amparo, establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión decretada a favor del gobernado. Así, el juzgador de amparo cuenta con los dos sistemas de que se trata y se encuentra en posibilidad de aplicarlos simultáneamente, es decir, al tener noticia de que no ha sido cumplida la resolución de suspensión, se encuentra facultado para requerir a la responsable informe su cumplimiento y agotar los medios legales para lograr esto, sin que ello se oponga a que resuelva si la autoridad responsable incurrió o no en desacato a la resolución de suspensión, toda vez que para que éste se configure es suficiente que la autoridad responsable haya tenido conocimiento de la resolución de referencia. En efecto, los artículos 125, 136, y 139 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Como se advierte de los preceptos transcritos la obligación de las autoridades de cumplir la resolución en que se concede la suspensión del acto reclamado, sea de manera provisional o definitiva, surge a partir de que le es notificada y, consecuentemente, es a partir de este momento que debe realizar las diligencias necesarias para suspender, de manera inmediata, la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia. En este orden de ideas, debe concluirse que para que proceda el exceso o defecto a la suspensión del acto reclamado, basta con que la resolución correspondiente haya sido legalmente notificada a las autoridades responsables pues, se reitera, desde ese momento surge su obligación para acatarse y, consecuentemente, no es necesario un posterior requerimiento por parte del Juez de Distrito. En efecto, con los documentos aportados por la parte agraviada, no se evidencia que la Dirección de Catastro del Municipio de Zapopan, Jalisco, nunca fue citada o notificada al cumplimiento de la suspensión definitiva; de ahí que resulte ineficaz lo alegado por la parte quejosa en cuanto al defectuoso incumplimiento que le atribuye; por lo tanto, no existe motivo alguno para que esté juzgado federal ordene u obligue a las autoridades responsables a ejecutar acto alguno tendente a preservar la medida cautelar otorgada al accionante del juicio de amparo. Así las cosas, la medida cautelar definitiva otorgada a la parte agraviada no ha sido defectuosamente cumplida, lo que significa que se ha mantenido la operatividad y eficacia de la interlocutoria cautelar que la concedió. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia con registro 176068, 165/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XXIII, Enero de 2006, en materia común página: 637, Novena Época, que dice: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La denuncia de violación a la suspensión del acto reclamado puede hacerse desde que la resolución que la concedió haya sido legalmente notificada a las autoridades responsables, pues desde ese momento surge su obligación de acatarla y, por ende, es innecesario un posterior requerimiento por parte del Juez de Distrito, pues éste, en todo caso, formará parte del procedimiento para lograr su cumplimiento, aspecto diverso a la desobediencia en que pudiera haber incurrido la responsable. Ello es así en virtud de que el cumplimiento del auto de suspensión en materia de amparo está regulado en dos sistemas diferentes que funcionan paralelamente: el primero, previsto en los artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, que proporciona al juzgador los medios legales para requerir a las autoridades responsables y lograr de ellas el cumplimiento de la resolución que concedió la suspensión del acto reclamado, sea provisional o definitiva; y el segundo, contenido en el artículo 206 de la ley invocada, que establece la forma y momento en que habrá de sancionarse a la autoridad responsable que no dé cumplimiento a esa medida. Así, el Juez de Distrito podrá aplicarlos simultáneamente, es decir, una vez que tiene conocimiento de que no ha sido cumplida la referida resolución, está facultado para requerir a la responsable que informe sobre su cumplimiento y agotar los medios legales para lograrlo, sin que ello se contraponga a que resuelva sobre si la autoridad responsable incurrió o no en desacato, toda vez que para su configuración es suficiente que aquélla haya tenido conocimiento del fallo de referencia, pues conforme a los artículos 123 y 139 de la citada Ley, la obligación de las autoridades de cumplir con la suspensión del acto reclamado, con la salvedad de que tratándose de actos con efectos positivos, la autoridad tiene veinticuatro horas para cumplir, sea de manera provisional o definitiva, surge cuando les es notificada y, consecuentemente, a partir de ese instante deben realizar las diligencias necesarias para suspender inmediatamente la ejecución del acto reclamado, ya que no hacerlo implica un desacato. Asimismo, la jurisprudencia II.2o.A. J/11 (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 2299, Libro XIII, tomo 4, octubre de 2012, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas.". De ahí que, como se anticipó, los planteamientos de la parte quejosa en el sentido de que las autoridades responsables han incumplido con la medida cautelar resultan infundados, esto es, no existe cumplimiento defectuoso a la suspensión otorgada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en resolución de la sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el incidente en revisión 666/2017, interpuesto por la parte quejosa por las razones expuestas en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso y tercero interesado. Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa y firma con la secretaria Felícitas Guzmán Maldonado quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el comunicado que suscribe la Delegada de las autoridades responsables, mediante el cual, informa la cantidad por la cual se había expedido el cheque cancelado, identificado bajo el número 970984 y realiza diversas manifestaciones con relación al cumplimiento del fallo protector. Cabe señalar, que mediante ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión principal 541/2016, se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables informaran al quejoso el lugar en el que puede recibir el cheque que adujeron en sus informes justificados se encontraba a su disposición y correspondía al "pago de la parte restante del aguinaldo del año 2015" (fojas 162 a 224). En auto de uno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 266), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable en el que vertieron diversos argumentos relacionados con el cumplimiento al fallo protector, en el sentido de que no existía adeudo alguno al quejoso por concepto de aguinaldo, pues dicha parte ya había recibido la cantidad que le correspondía por ese concepto, lo cual demostró con las operaciones aritméticas precisadas en el propio ocurso, acreditando el pago con el recibo de nómina respectivo (foja 265). En virtud de lo anterior, en auto de once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 277 y 278), este juzgado determinó declarar cumplida la sentencia de amparo, empero, dicha resolución fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de inconformidad 24/2017, mediante ejecutoria aprobada en sesión de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (fojas 331 a 352). El motivo por el cual se revocó la resolución que en primer término había declarado cumplida la sentencia de amparo deriva en que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados hicieron referencia a la existencia de un cheque a nombre del quejoso el cual no había comparecido a recoger; ello no obstante que las autoridades responsables dentro de la etapa de cumplimiento habían manifestado que no existía cantidad alguna que cubrir al quejoso por ese concepto. Por tanto, es inconcuso que para que este juzgado pueda declarar cumplida la sentencia de amparo debe de atender a los lineamientos que ya estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de inconformidad 24/2017, pues aun cuando las autoridades responsables expusieron los motivos por los cuáles les era imposible cumplir con la sentencia de amparo, el citado órgano colegiado concluyó que esas autoridades no sustentaron la inexistencia del acto en cuestión; durante la substanciación del juicio de amparo en que se actúa, por el contrario, fueron las propias autoridades al rendir sus respectivos informes justificados, las que hicieron referencia a la existencia del cheque antes mencionado, por lo que no es factible que las reponsables extiendan otro cheque por una cantidad inferior a la plasmada en el cheque 970984, ya que ello implicaría variar la litis, tal como lo sostuvo el tribunal colegiado al resolver la citada inconformidad. Bajo ese panorama, el Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el Director General de Coordinación Jurídica y de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, deberán informar al quejoso el lugar en concreto del área de pagaduría de la Fiscalía General, donde pueda recoger el cheque por la cantidad que mencionaron en su informe justificado que existía y que se encontraba a disposición del quejoso en el "área de pagaduría" de esa fiscalía o bien, demostrar que ya se le entregó al quejoso dicha cantidad. No sobra añadir que mediante oficio 04929/2018 (foja 365), el Encargado del Despacho de la Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitió el diverso comunicado 04924/2018, por el cual informó al quejoso que el área a la cual debe acudir a recoger el cheque "del pago de la parte restante del aguinaldo del año 2015", es el área de recursos humanos de esa fiscalía. Sentadas las anteriores consideraciones, resulta necesario requerir a las autoridades responsables Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y Director General de Coordinación Jurídica y de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído, entreguen a la parte quejosa el cheque por la misma cantidad que se había extendido el diverso cheque 970984, en cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Lo anterior deberán acreditarlo ante este órgano de control constitucional con los documentos fehacientes, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, ello a efecto de calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es, bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Este Juzgador hace énfasis que en anteriores proveídos se ha establecido la necesidad de que la responsable pague al quejoso la cantidad por la que se expidió el cheque cuya existencia aceptaron; de modo que de existir una nueva evasiva al cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos que lo fijó el tribunal de alzada, no se considerará una prórroga ni más dilación en el procedimiento de la ejecución del fallo protector y se harán efectivos los citados apercibimientos.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en el toca de revisión principal 527/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del presente juicio, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por FERNANDO PÉREZ SALINAS, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y último de la presente ejecutoria". Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes así como las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo de estilo y archívese del expediente como asunto concluido. En consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible destrucción, lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído. Finalmente, se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Guillermo Aguirre Castañeda, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/mrvl

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