Clarisa Iveth Márquez Juárez

Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
695/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Clarisa Iveth Márquez Juárez
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la pieza postal devuelta por Correos de México, que contiene el oficio 21166, dirigido a la autoridad responsable Elementos de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras en Instalaciones en el Estado de Chihuahua de la Guardia Nacional, con sede en la capital de esta entidad federativa, de cuyo contenido se advierte que en el mismo se asentó la leyenda "rehusado en el domicilio", motivo por el cual no fue posible entregarlo. Ahora bien, toda vez que lo que se pretende notificar al destinatario con el comunicado de referencia, es el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en autos, en obvio de mayores dilaciones, reenvíese al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por dicha autoridad responsable en su informe justificado, esto es, al ubicado en avenida Tecnológico, número 11501, colonia Deportistas, código postal 31107, con sede en la capital de esta entidad federativa, a fin de que se imponga de su respectivo contenido.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, con apoyo en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente así como el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y capítulo siete, apartado 7.1, numeral 7.1.1. sub numeral 1 y 2, apartado 7.3, y apartado 7.5, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa y se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, al prudente arbitrio de la suscrita no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de que sean conservadas la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, determinaciones relativas a la concesión de la medida cautelar y del cumplimiento de la ejecutoria, así como el presente acuerdo. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General referido, y capítulo ocho, apartado 8.1.1, número 2, inciso a), del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este proveído. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la promotora del amparo acudiendo a solicitar la protección constitucional, una vez satisfecha la prevención realizada el cinco de ese mes y año; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veinte de enero del año en curso, y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Es importante establecer que en la sentencia de referencia se concedió la protección constitucional a la quejosa Clarisa Iveth Márquez Juárez, para los siguientes efectos: "En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Clarisa Iveth Márquez Juárez, para que una vez que esta resolución cause ejecutoria, las autoridades responsables Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y del Auditor Verificador adscrito, respeten a la quejosa su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, esto es, no se le prive de la posesión del bien mueble materia de la controversia, sin que previamente haya sido oída y vencida en el procedimiento administrativo de origen, respecto del derecho de propiedad alegado sobre el vehículo litigioso. Esto es, llamen a la quejosa al procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, número de orden CVV0800330/2021, con número de expediente CCEX0800354/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, dentro del cual deberán dar oportunidad a la agraviada para que exponga y ofrezca las pruebas que considere convenientes en defensa de sus intereses y, una vez hecho lo anterior, emitan pronunciamiento en la que resuelvan lo procedente en el procedimiento administrativo instaurado en contra de Gregorio Quiroz Arámbula, todo ello, a fin de restituir a Clarisa Iveth Márquez Juárez en el pleno goce de sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los mismos, es decir, respetar su derecho de audiencia. Sin que ello implique que la decisión que se adopte por parte de la autoridad de fiscalización deba ser en el sentido de que se devuelva el automotor a la promotora del amparo, toda vez que dicha circunstancia quedará supeditada a que, en su caso, ésta desvirtúe en el procedimiento de origen las infracciones que dieron lugar al aseguramiento del vehículo que reclama.". Así las cosas, después de diversos requerimientos, el nueve de junio del año en curso, se recibió el oficio DJF.-10578-IX/2022, de uno de ese mes y año, signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el que informó las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, específicamente, de la notificación del oficio CCE-7423/2022, de veintiuno de abril del año en curso, así como del acta de inicio CVV0800330/2021, de veinticinco de ese mes y año, y copia certificada de la puesta a disposición del vehículo cuya propiedad reclamó en esta instancia, el cual le fue asegurado al conductor Gregorio Quiroz Arámbula; lo cual dio origen al procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Con el contenido del informe y constancias relacionadas, se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Posteriormente, previos requerimientos al respecto, el dos de septiembre del año en curso, se recibió el oficio DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, al que se adjuntó copia certificada del oficio CCER807076/2022, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del que se determinó la situación en materia de comercio exterior de la quejosa Clarisa Iveth Márquez Juárez, en el procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como de la constancia de notificación practicada el dieciocho de ese mes y año; con cuyo contenido se le dio vista el dos de los actuales, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Ahora bien, del contenido de los oficios oficio DJF.-10578-IX/2022, de uno de ese mes y año, y DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, signados por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, recibidos en este juzgado el nueve de junio y dos de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, a través de los que informó las gestiones realizadas en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues a fin de respetar a la quejosa el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, a través del comunicado CCE-7423/2022, de veintiuno de abril del año en curso, le notificó el acta de inicio CVV0800330/2021, de veinticinco de ese mes y año, y copia certificada de la puesta a disposición del vehículo cuya propiedad reclamó en esta instancia, marca Chevrolet, línea Equinox, tipo camioneta, modelo 2011, color rojo, número de serie 2CNFLEEC6B6348263, placas de circulación 748SKC9, del Estado de Chihuahua, que le fue asegurado al conductor Gregorio Quiroz Arámbula, haciéndole de su conocimiento que contaba con un plazo de diez días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mismo, para que ofreciera pruebas y alegatos en términos de los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera. En tanto que con el restante oficio DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada el dieciocho de ese mes y año respecto del comunicado CCER807076/2022, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del que se determinó la situación en materia de comercio exterior de Clarisa Iveth Márquez Juárez, en el procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, a través de cual esa unidad fiscalizadora resolvió que la quejosa no acreditó la legal estancia en el territorio nacional del automotor de su propiedad, lo que derivó en la determinación de un crédito fiscal en su contra, al no haber desvirtuado las irregularidades que primigeniamente dieron lugar al aseguramiento del automotor cuya devolución pretende la promotora del amparo; exponiendo los argumentos que la llevaron a concluir en el sentido en el que lo hizo, los que, sin prejuzgar, son suficientes para sostener esa decisión. Esto es así, ya que se respetó el derecho fundamental trasgredido respecto del bien mueble materia de la controversia. Determinación que, como se anticipó, no implicaba necesariamente resolver en el sentido apuntado por la quejosa, es decir, ordenar la devolución del vehículo litigioso, ya que la ejecutoria de amparo fue emitida únicamente a fin de no hacer nugatorio su derecho de audiencia. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que se haya pronunciado al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. De acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Para tal fin, es oportuno establecer que en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la promotora del amparo acudiendo a solicitar la protección constitucional, una vez satisfecha la prevención realizada el cinco de ese mes y año; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la cual, en lo que aquí interesa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el veinte de enero del año en curso, y en esa misma fecha se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Es importante establecer que en la sentencia de referencia se concedió la protección constitucional a la quejosa Clarisa Iveth Márquez Juárez, para los siguientes efectos: "En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Clarisa Iveth Márquez Juárez, para que una vez que esta resolución cause ejecutoria, las autoridades responsables Director de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y del Auditor Verificador adscrito, respeten a la quejosa su derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, esto es, no se le prive de la posesión del bien mueble materia de la controversia, sin que previamente haya sido oída y vencida en el procedimiento administrativo de origen, respecto del derecho de propiedad alegado sobre el vehículo litigioso. Esto es, llamen a la quejosa al procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, número de orden CVV0800330/2021, con número de expediente CCEX0800354/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, dentro del cual deberán dar oportunidad a la agraviada para que exponga y ofrezca las pruebas que considere convenientes en defensa de sus intereses y, una vez hecho lo anterior, emitan pronunciamiento en la que resuelvan lo procedente en el procedimiento administrativo instaurado en contra de Gregorio Quiroz Arámbula, todo ello, a fin de restituir a Clarisa Iveth Márquez Juárez en el pleno goce de sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los mismos, es decir, respetar su derecho de audiencia. Sin que ello implique que la decisión que se adopte por parte de la autoridad de fiscalización deba ser en el sentido de que se devuelva el automotor a la promotora del amparo, toda vez que dicha circunstancia quedará supeditada a que, en su caso, ésta desvirtúe en el procedimiento de origen las infracciones que dieron lugar al aseguramiento del vehículo que reclama.". Así las cosas, después de diversos requerimientos, el nueve de junio del año en curso, se recibió el oficio DJF.-10578-IX/2022, de uno de ese mes y año, signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, con el que informó las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, específicamente, de la notificación del oficio CCE-7423/2022, de veintiuno de abril del año en curso, así como del acta de inicio CVV0800330/2021, de veinticinco de ese mes y año, y copia certificada de la puesta a disposición del vehículo cuya propiedad reclamó en esta instancia, el cual le fue asegurado al conductor Gregorio Quiroz Arámbula; lo cual dio origen al procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Con el contenido del informe y constancias relacionadas, se dio vista a la quejosa para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Posteriormente, previos requerimientos al respecto, el dos de septiembre del año en curso, se recibió el oficio DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, signado por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, al que se adjuntó copia certificada del oficio CCER807076/2022, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del que se determinó la situación en materia de comercio exterior de la quejosa Clarisa Iveth Márquez Juárez, en el procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como de la constancia de notificación practicada el dieciocho de ese mes y año; con cuyo contenido se le dio vista el dos de los actuales, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que realizara algún pronunciamiento al respecto. Ahora bien, del contenido de los oficios oficio DJF.-10578-IX/2022, de uno de ese mes y año, y DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, signados por la Jefa del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en la capital de esta entidad federativa, recibidos en este juzgado el nueve de junio y dos de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, a través de los que informó las gestiones realizadas en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues a fin de respetar a la quejosa el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, a través del comunicado CCE-7423/2022, de veintiuno de abril del año en curso, le notificó el acta de inicio CVV0800330/2021, de veinticinco de ese mes y año, y copia certificada de la puesta a disposición del vehículo cuya propiedad reclamó en esta instancia, marca Chevrolet, línea Equinox, tipo camioneta, modelo 2011, color rojo, número de serie 2CNFLEEC6B6348263, placas de circulación 748SKC9, del Estado de Chihuahua, que le fue asegurado al conductor Gregorio Quiroz Arámbula, haciéndole de su conocimiento que contaba con un plazo de diez días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mismo, para que ofreciera pruebas y alegatos en términos de los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera. En tanto que con el restante oficio DJF.-18142-VIII/2022, de veintinueve de agosto último, remitió copia certificada de la constancia de notificación practicada el dieciocho de ese mes y año respecto del comunicado CCER807076/2022, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a través del que se determinó la situación en materia de comercio exterior de Clarisa Iveth Márquez Juárez, en el procedimiento administrativo en materia aduanera CPA0800070/2021, del índice de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, a través de cual esa unidad fiscalizadora resolvió que la quejosa no acreditó la legal estancia en el territorio nacional del automotor de su propiedad, lo que derivó en la determinación de un crédito fiscal en su contra, al no haber desvirtuado las irregularidades que primigeniamente dieron lugar al aseguramiento del automotor cuya devolución pretende la promotora del amparo; exponiendo los argumentos que la llevaron a concluir en el sentido en el que lo hizo, los que, sin prejuzgar, son suficientes para sostener esa decisión. Esto es así, ya que se respetó el derecho fundamental trasgredido respecto del bien mueble materia de la controversia. Determinación que, como se anticipó, no implicaba necesariamente resolver en el sentido apuntado por la quejosa, es decir, ordenar la devolución del vehículo litigioso, ya que la ejecutoria de amparo fue emitida únicamente a fin de no hacer nugatorio su derecho de audiencia. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

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