Clarifer Garca Juárez y Otros.

Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
44/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Clarifer Garca Juárez y Otros.
  • Clarifer Garca Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 26 a 28), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CLARIFER *** LA RESOLUCION DE TREINTA DE ENERO DEL ACTUAL POR LISTA DE ACUERDOS: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado y actuario adscrito, con residencia en esta ciudad; y anexo que acompaña el primero de los nombrados, consistente en copia certificada del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del expediente laboral ***************. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de acordar el escrito de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se solicita se requiera cumplimiento voluntario del laudo a la parte demandada en el juicio laboral ***************, de su índice. Atento a ello, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV, del artículo 63, de la ley en la materia, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, los artículos 62 y 63, fracción IV, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" "Artículo 63. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su inexistencia en la audiencia constitucional (.)". Del primero de los numerales citados se desprende que el análisis de las causas de improcedencia es de oficio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el segundo de dichos ordinales dispone que ante la inexistencia del acto reclamado debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1º, fracción I y 75, los cuales dicen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1º, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Por lo que si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos numerales mencionados, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, así como de las actuaciones correspondientes al juicio laboral ***************, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, acordó el escrito de catorce de noviembre de ese año. No obstante lo anterior, cabe destacar para este operador jurídico, que de las constancias anexadas al informe justificado de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, se advierte que dicha autoridad en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, acordó que tuvo por recibido el escrito de la parte quejosa el catorce de diciembre del año próximo pasado, siendo lo correcto el catorce de noviembre del mismo año, tal como se acredita de la copia certificada adjuntada a su informe (foja 20). Así las cosas y en atención a que la demanda que originó el sumario constitucional en que se actúa, fue presentada el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el acto tal y como fue reclamado por la solicitante de amparo, es decir, la omisión de la responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de acordar el escrito de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, presentada en el juicio laboral ***************, de su índice. Lo anterior es así, ya que resulta evidente que tal acto reclamado era atribuido a la omisión de la responsable en acordar los escritos referidos, mismo que fue acordado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, es decir, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que se estime que es coetáneo la existencia del acto que se le atribuye a la autoridad responsable Tribunal del Trabajo Burocrático del poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, pues de autos se advierte que éste no existió, mucho menos se puede considerar la vigencia de la omisión reclamada. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava época, tomo XIV, octubre de 1994, página 313, número de registro electrónico 210237, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Surtiéndose por ende la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, ello es así, porque la causa de sobreseimiento es notoria e indudable y manifiesta, por tanto, procede a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa desapercibido que para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a la parte tercera interesada ***************, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P. V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro 196912 de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de enero de dos mil diecinueve. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, contra los actos atribuidos a la siguientes autoridades: 1. Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. 2. Actuario adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 44-2019-V. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficios a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx-internet-acuerdo -acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a.-J.176-2012 10a número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de omisión, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 ocho mil sesenta pesos 00-100 moneda nacional, tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 ochenta pesos 60-100 moneda nacional, conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00-100 moneda nacional, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tienen como autorizados de la parte quejosa con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****; sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa al escrito inicial de demanda, la que se desahoga de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el acto de la audiencia constitucional. TERCERO INTERESADO Respecto al señalamiento de la parte tercera interesada, este juzgador se reserva reconocerles tal carácter, en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp:--consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes FESE cuya liga es htlp:--www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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