Claribel Cervantes Lopez

Expediente 96/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 57 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
96/2022
Año
2022
Actuaciones
57
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Claribel Cervantes Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de la autoridad responsable, en el cual se haga constar que fue debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para que en un momento dado, interpongan el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.". En ese sentido, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el capítulo 7, apartado 7.1.1, punto 2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera definitiva se concedió la suspensión a la quejosa, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Ahora del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, de autos se advierte que la autoridad Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, remitió copia certificada de las constancias del expediente 584/2020, con las que se formó el tomo I; por tanto, y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, devuélvanse a la autoridad responsable citada el tomo I, que contienen las constancias de referencia. Por otra parte, del estado de autos se desprende que la quejosa ********************, exhibió el billete de depósito número N 929445 expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Instituto de Banca de Desarrollo por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados que le fue concedida. Por tanto, infórmese a la parte quejosa que una vez que transcurra el término de seis meses contado a partir de esta fecha en que causa ejecutoria la sentencia constitucional, se estará en aptitud de devolver el billete de depósito exhibido; dada la existencia de terceros interesados en el presente juicio de amparo y atendiendo a que la sentencia constitucional fue en el sentido de sobreseer su acto reclamado; asimismo, transcurrido dicho término tiene de dos años para tal efecto y, en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, en el término que dispone el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, también se requiérase a la parte quejosa para que, dentro de un plazo de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado a recoger el documento original que exhibió en su escrito presentado el veintiocho de abril del presente año, previa identificación oficial vigente y de recibo que se deje agregada en autos.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA ******** EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS QUE DICE: Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa Claribel Cervantes López, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses, el cual se encuentra debidamente ratificado en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante la fé del licenciado Alfonso Guillermo Guerra Miguel Notario Público Número 181, con ejercicio y residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio." El precepto anterior contempla el sobreseimiento del juicio de amparo como consecuencia del desistimiento de la demanda realizado por la parte quejosa. Causa de sobreseimiento que puede manifestarse en cualquier instancia del juicio mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". En consecuencia, téngase a la quejosa Claribel Cervantes López, por desistida del presente juicio de amparo, por lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tal motivo no se llevará a cabo la continuación de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.".

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, signado por la quejosa Claribel Cervantes López, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo por así convenir a sus intereses, el cual se encuentra debidamente ratificado en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ante la fé del licenciado Alfonso Guillermo Guerra Miguel Notario Público Número 181, con ejercicio y residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 63, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio." El precepto anterior contempla el sobreseimiento del juicio de amparo como consecuencia del desistimiento de la demanda realizado por la parte quejosa. Causa de sobreseimiento que puede manifestarse en cualquier instancia del juicio mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". En consecuencia, téngase a la quejosa Claribel Cervantes López, por desistida del presente juicio de amparo, por lo que, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tal motivo no se llevará a cabo la continuación de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento, del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.".

  4. Principal

    Acto seguido, el Secretario hace constar la incomparecencia personal de las partes. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la presente audiencia es pública y se declara abierta, en el juicio de amparo 96/2022-1B, promovido por Claribel Cervantes López, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Guasave, Sinaloa, y otras autoridades. Acto seguido, se da cuenta al juez con el estado procesal de los autos, del cual se desprende que la tercero interesada María Juana Camez Álvarez, a través del ocurso presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós en este Juzgado, objeto de falso el CONTRATO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE POSESIÓN Y PROPIEDAD A TÍTULO GRATUITO, de fecha treinta de enero de dos mil quince, exhibido por la quejosa Claribel Cervantes López en su escrito inicial de demanda; ofreciendo como prueba pericial en materia de grafoscopia, dactiloscopia y documentoscopia y testimonial. En ese contexto, el Juez acuerda: Téngase por realizada la objeción hecha valer por la tercero interesada en relación a la documental allegada por la parte quejosa; por tanto, acorde al artículo 122 de la Ley de Amparo se suspende la presente audiencia y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós para la continuación de la misma, la que se fija dentro de los diez días siguientes hábiles a que alude el mencionado numeral, con la finalidad de que se desahoguen las pruebas y contrapruebas que presenten u ofrezcan las partes, relativas a comprobar la falsedad de dicho documento. Sin que sea el caso de proveer respecto al desahogo de dichas probanzas toda vez que las mismas ya se encuentran desahogadas en autos del presente sumario, al igual se dio cumplimiento al contenido del artículo 120 de la Ley de la Materia, asignando al perito oficial Juan Carlo Tirado Dautt, quien ya emitió su dictamen pericial. Por otra parte, la quejosa Claribel Cervantes López ofreció como pruebas la pericial en materia de grafoscopia y dactiloscopia y testimonial, y en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, se reservó en proveer sobre dichas pruebas. Por tanto, se admiten las pruebas ofertadas por la parte quejosa consistente en pericial en materia de grafoscopia y dactiloscopia y testimonial, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del interrogatorios, haciéndoles saber el derecho que tienen de repreguntar a los testigos, quedando en la Secretaría de este Juzgado, las correspondientes al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y toda vez que la parte quejosa se comprometió a presentar a los testigos ********************; en consecuencia se requiere a la oferente para que presente a los testigos antes mencionados a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós, apercibido que de no presentarlos o hacerlos sin identificación oficial y vigente de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declarara desierta la prueba al verificarse la prueba testimonial. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del cuestionario y hágase a saber a estas el derecho que tienen de adicionarlo y nombrar perito; téngase como perito de la parte quejosa a ********************, a quien se ordena citar por conducto de la Actuaria adscrita a este órgano de control constitucional para que comparezca en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del presente proveído a protestar el cargo conferido. Por otro lado, y en razón que fue suspendida la celebración de la presente audiencia constitucional notifíquese a las partes, la hora y fecha de la continuación de la misma para que, si lo consideran conveniente, se presenten a este Juzgado a su desahogo, con su respectiva identificación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J. 22/2000, sustentada por Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI del mes de Marzo de 2000, Novena Época; consultable en la página veinticuatro, misma que a la letra dice: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De una interpretación sistemática de lo que se dispone en los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, y atendiendo a los fines prácticos que caracterizan al juicio de garantías, se llega a la conclusión de que si la prueba documental puede presentarse con anterioridad a la audiencia constitucional, nada impide que la objeción a una documental también pueda hacerse por escrito antes de la referida audiencia y, por lo mismo, en este supuesto, el Juez de Distrito no debe desechar dicha objeción bajo el argumento de que no es el momento procesal oportuno para formularla, sino que, en su caso, debe tener por manifestada la objeción, sin perjuicio de hacer nuevamente relación de ella en la audiencia constitucional y tenerla por hecha en ese acto, o bien, reservar el acuerdo correspondiente a la objeción para el momento de la celebración de la mencionada audiencia constitucional. Además, si el citado artículo 153 de dicho ordenamiento prevé la posibilidad de que una de las partes objete de falso un documento, sin indicar en qué fase procesal puede hacerse, debe entenderse que la objeción puede presentarse durante la celebración de la audiencia constitucional, o bien con anterioridad, ya que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo."

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