Claribel Bobadilla Castro
Expediente 810/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Claribel Bobadilla Castro
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
II.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, sin que ésta hubiese realizado manifestaciones; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). El veinte de marzo de dos mil diecinueve, el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia (fojas 50 a 70), por lo que es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra de los actos que reclamó a las autoridades responsables, fue el siguiente: ".La protección constitucional que se otorga, es para los efectos que enseguida se precisan: a) No se le aplique a la quejosa, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) En consecuencia, la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Chetumal, deberá dejar insubsistente el oficio 023.302/SP/1921/2018 de veinte de septiembre de dos mil dieciocho y, deberá otorgar la pensión por concubinato que le corresponde a la quejosa, tomando en consideración los argumentos que aquí se exponen." Por otra parte, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 103 a 115 y 118), se tuvo a la autoridad responsable Director General de Amparos contra Actos Administrativos en representación del Presidente de la Republica, con residencia en la Ciudad de México, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; por lo que al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, le correspondió conocer de dicho recurso, formándose el toca 337/2019. Seguidos los trámites procesales, en proveído de catorce de febrero de dos mil veinte (fojas 134 a 149), se recibió la copia certificada de la resolución pronunciada en el referido toca 337/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto; ejecutoria en cuyos puntos resolutivos confirmó la sentencia recurrida, por lo que se les requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la referida ejecutoria. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio de la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informó que mediante oficio 023.302/SP/349/2020, de veinte de febrero de ese mismo año, se le hizo del conocimiento a la parte quejosa que no le será aplicado en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso C), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como también se dejó insubsistente el oficio 023.302/SP/1921/2019, de veinte de septiembre de dos mi dieciocho. De igual forma, la referida autoridad responsable informó que el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, le fue otorgada a Claribel Bobadilla Castro, aquí quejosa, la pensión derivada de la muerte de su concubino, tal y como lo acreditó con la concesión de pensión folio 23000020247305; que dicha pensión es pagada por la aseguradora elegida por la quejosa PROFUTURO GNP PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, tal y como se advierte de la hoja de confirmación de elección de oferta de cuenta individual, donde firmó la quejosa (foja 165 a 168) para acreditar lo anterior, anexó las documentales correspondientes. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con la que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes, con las referidas constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, lo que se les notificó personalmente a la parte quejosa, el veintiséis de noviembre de ese mismo año. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo fue el veintitrés de abril de dos mil diecinueve. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituido en el goce de sus derechos fundamentales, puesto que no le será aplicado en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso C), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como también se dejó insubsistente el oficio 023.302/SP/1921/2019, de veinte de septiembre de dos mi dieciocho; y le fue otorgada a Claribel Bobadilla Castro, aquí quejosa, la pensión derivada de la muerte de su concubino, que es pagada por PROFUTURO GNP PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo antes precisado y en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
II.- Notificación personal.
- Principal
II.- Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la presente ejecutoria no ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de la Delegación en Quintana Roo, con sede en esta ciudad para que en el término de CINCO DÍAS legalmente computados, remita a éste órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el cabal cumplimiento de la sentencia, y una vez realizado lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo legalmente conducente. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veinte, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que se califique la omisión advertida.
- Principal
II. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa de recibo del oficio 14999, en el que se adjuntó original del escrito relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el expediente original; asimismo, se advierte que se admitió el citado recurso de revisión, formándose el toca 337/2019.
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