CLARA SUSANA GONZALEZ SAN LUIS y Otros.

Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
108/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • CLARA SUSANA GONZALEZ SAN LUIS y Otros.
  • EDUARDO VERDEJA MARQUEZ y Otros.
  • Eduardo Verdeja Marquez
  • Clara Susana Gonzalez San Luis
  • Director del Centro de Readaptación Social de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 22371/2021, signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante solicitando copias certificadas de diversas constancias que obran agregadas en el presente juicio de amparo; por lo que, se ordena remitir copia certificada de las constancias que solicita, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, respecto a su solicitud en el sentido de informar el estado procesal que guardan los presentes autos; comuníquesele a la Juez Federal, que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese mediante oficio a la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Rafael Torres Campos, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Ana Paulina En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Toda vez que se concedió la suspensión de plano, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración, después de transcurridos tres años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos. Por tanto, se dejan sin efecto las medidas decretadas en el presente asunto, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula respectiva, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla); y, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 108/2021 y su acumulado 109/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Clara Susana González San Luis, a favor de Eduardo Verdeja Márquez (amparo 108/2021); y Raymundo Emilio Vargas Uballa, a favor de Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano (amparo 109/2021); y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demandas de Amparo. Por escritos recibidos -electrónicamente- el trece de febrero de dos mil veintiuno, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el secretario de guardia adscrito a este juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; Clara Susana González San Luis, a favor de Eduardo Verdeja Márquez (amparo 108/2021); y Raymundo Emilio Vargas Uballa, a favor de Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano (amparo 109/2021), solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades señaladas en las respectivas demandas y por los actos siguientes: I. Demanda 108/2021. "IV. Actos que a cada autoridad se reclaman: Los ataques a la libertad personal, así como la incomunicación, tratos crueles e inhumanos de que ha sido objeto mi familiar Eduardo Verdeja Márquez. Los ataques a recibir medicamentos y tener derecho a la salud y su dignidad humana. Así como los tratos crueles e inhumanos al no proporcionarles medicamentos ni recibir la atención médica que necesita por su estado de salud actual y no trasladarlo a un hospital para recibir la atención médica necesaria. La ilegal orden de traslado que de su persona quieren realizar, del Centro Penitenciario de Puebla al Centro Federal de Readaptación Social número 10 'CPS/Coahuila' Saltillo, o a cualquier otra prisión, ya sea local o federal. De todas las autoridades responsables: el tratar de dificultar su resocialización, reinserción social, al tratar de alejarlo de nuestro domicilio, de nuestras familias y amistades con esa orden de traslado injustificada." II. Demanda 109/2021. "IV. Actos que a cada autoridad se reclaman: Los ataques a la libertad personal, así como la incomunicación, tartos crueles e inhumanos de que han sido objeto Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano. Los ataques a recibir medicamentos y tener derecho a la salud y su dignidad humana. Así como los tratos crueles e inhumanos a no proporcionarles medicamentos ni recibir la atención médica que necesitan por su estado de salud actual debido a la golpiza que les propinaron las autoridades responsables del personal y custodia y no trasladarlos a un hospital para recibir la atención médica necesaria. De los tratos crueles e inhumanos, la segregación, los palos y los azotes que están sufriendo por parte del personal de seguridad y custodia sólo por pedir ayuda médica. Los actos de tortura, debidas a las condiciones de internamiento en el módulo de castigo denominado 'W' que se traducen en un hacinamiento total ya que en una celda tienen a un cúmulo de personas situaciones que aumenta la propagación del virus Covid-19, la inadecuada ventilación e iluminación de la celda, no proporcionar alimentos ni agua potable, la falta de higiene y la no sanitización de la celda que lo hace estar en una situación de vulnerabilidad mayormente por estar con personas propensas a contraer Covid-19. De todas las autoridades responsables: el tratar de dificultar su resocialización, reinserción social, al tratar de alejarlo de nuestro domicilio, de nuestras familias y amistades con esa orden de traslado injustificada." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narraron los antecedentes del caso; formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías violadas los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 20, 21 y 22, Constitucionales. SEGUNDO. Desechamiento parcial de las demandas de amparo, trámite del juicio y suspensión de plano. En acuerdo de trece de febrero de dos mil veintiuno, se registraron las demandas de amparo con los números 108/2021 y 109/2021, decretándose la acumulación de juicios -por las razones especificadas en el propio acuerdo-; se desecharon parcialmente respecto de los actos consistentes en las condiciones de internamiento en el módulo "W"; así como al cambio de celda y orden de traslado del que se encuentran recluidos a otro diverso; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; y, se tramitó por los restantes actos -incomunicación, aislamiento, tortura, golpes, malos tratos, hacinamiento y falta de atención médica-, decretándose sobre éstos la suspensión de oficio y de plano; se ordenó la ratificación de las demandas con los quejosos directos; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En diligencia de esa misma fecha, llevada a cabo por el actuario de la adscripción, dicho fedatario judicial asentó las condiciones físicas de los quejosos, quienes le manifestaron n estar incomunicados y tener diversas lesiones, estando el quejoso Óscar Alejandro Collins Jiménez en el servicio médico por tener las costillas rotas, motivo de una caída en las escaleras del dormitorio y los cuatro quejosos restantes se encontraban en una celda normal de las que integran el centro penitenciario; además, ratificaron los escritos iniciales de demanda. TERCERO. Admisión de las demandas de amparo. En tales condiciones, por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintiuno, se admitieron las demandas de amparo; y, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 35 a 39). CUARTO.- Cita para audiencia. En auto de doce de abril del actual, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de las demandas de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano reclaman: La incomunicación, aislamiento, tortura, golpes, malos tratos y hacinamiento, sufridos en su perjuicio por parte de las autoridades responsables; así como la falta de atención médica. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Niega 2 Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla. Niega 3 Comandante de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla. Niega 4 Encargado del Área de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla. Niega 5 Encargado del Área Médica del Centro Penitenciario de Puebla. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos antes precisados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En efecto, las autoridades penitenciarias de la ciudad de Puebla, al rendir sus informes justificados, indicaron: "a.- No es cierto el acto reclamado de mis autoridades porque el suscrito en ningún momento le han coartado su libertad personal, incomunicación, tratos crueles e inhumanos hacía la persona de los quejosos de nombres Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano, tal y como lo señala en su demanda de garantías, en la razón de que el suscrito, así como el personal adscrito que a esta institución desempeña su actuar con estricto apego al artículo 22 de la Constitución Federal, 9, 15 y 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 30 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, tratando siempre de manera digna y respetuosa a las personas privadas de su libertad de esta institución, prohibiendo todo castigo en perjuicio del recluso. b.- Que no es cierto el acto reclamado de mi autoridad respecto a que no se le proporciona la atención médica adecuada y necesaria, así como su medicamento a los quejosos de nombre Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano; toda vez que a dichos impetrantes de garantías en todo momento se les ha proporcionado una adecuada atención médica y proporcionado medicamentos para sus padecimientos que presentan. c.- Por lo que respecta a los tratos crueles e inhumanos, según refieren los quejosos en cita, al no proporcionarles medicamentos ni recibir la atención médica que necesitan por su aspecto de salud actual, debido a la golpiza que les propinaron las autoridades responsables de seguridad y custodia y no trasladarlos a un hospital para recibir la atención médica necesaria, niego categóricamente el acto que reclaman los impetrantes de referencia, tal y como le he mencionado en el inciso que antecede, el suscrito, como el personal adscrito a esta institución, desempeña su actuar con estricto apego al artículo 22 de la Constitución Federal, 9, 15 y 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 30 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, tratando siempre de manera digna y respetuosa a las personas privadas de su libertad de esta institución, prohibiendo todo castigo en perjuicio del recluso. Así como se les ha proporcionado una atención médica adecuada y de la misma forma se les ha proporcionado los medicamentos necesarios para su padecimiento. d.- Que no es cierto el acto reclamado de mi autoridad por el suscrito, en ningún momento se les ha realizado o propiciado tratos crueles e inhumanos, la segregación , los palos y los azotes, según refieren los quejosos de nombre Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano; tal y como lo señalan en su demanda de garantías, tal y como le he mencionado en líneas que anteceden, que el suscrito, así como el personal adscrito a esta institución, desempeña su actuar con estricto apego al artículo 22 de la Constitución Federal, 9, 15 y 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 30 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, tratando siempre de manera digna y respetuosa a las personas privadas de su libertad de esta institución, prohibiendo todo castigo en perjuicio del recluso." De ahí la inexistencia de los actos reclamados. Por el contrario, consta en autos de este juicio de amparo, la diligencia efectuada a las diecinueve horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil veintiuno, por Alejandro Julián Silva Zúñiga, Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional (en el Centro de Penitenciario de la ciudad de Puebla), quien asentó lo expresado por los solicitantes de amparos en el siguiente sentido: ".Óscar Alejandro Collins Jiménez me indica 1ue pudo hablar con su esposa a las 3 pm y que no ha sido torturado. Los restantes dicen que estuvieron incomunicados por dos días y les permitieron comunicarse hasta el día de hoy a las 14:00 horas aproximadamente, con sus familiares y en este momento ya no se encuentran incomunicados." La mencionada diligencia, adquiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó un funcionario judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo entendida con el directo agraviado, se estiman ciertos por no haber prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Lo anterior pone de manifiesto que los multicitados peticionario de amparos, no estuvieron incomunicados. Así mismo, consta en autos de este juicio de amparo, que en la misma diligencia efectuada a las diecinueve horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil veintiuno, antes citada, el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional (en el Centro de Penitenciario de la ciudad de Puebla), asentó también lo expresado por los solicitantes de amparo en el sentido de que estaban golpeados; sin embargo, obra en autos el informe del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en el que remitió las valoraciones médicas realizadas a los cinco quejosos, por el Médico del Centro Penitenciario de Puebla, en donde se comprueba el estado médico de los quejosos. Y, en relación con las lesiones que cada uno de los quejosos tenían, al momento de la valoración médica, Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano señalaron que han recibido la atención médica y que las lesiones que tienen fue porque tuvieron una riña en el campo deportivo, firmando los quejosos el certificado médico; de lo que se concluye que las lesiones que expresaron en la diligencia de ratificación no fueron proporcionados por los custodios del centro penitenciario. Constancias que adquieren valor probatorio pleno al tenor del artículo 133, en relación con los diversos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dichos certificados médicos fueron realizados por el médico adscrito al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, de manera que los datos asentados en los certificados médicos, se estiman ciertos por no haber prueba que acredite lo contrario. Lo anterior pone de manifiesto que los multicitados peticionarios de amparo, no estuvieron en aislamiento o hacinamiento, que no han sufrido tortura y sí se les ha proporcionado atención médica. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Eduardo Verdeja Márquez, José Antonio Méndez Mata, Óscar Alejandro Collins Jiménez, José Luis Candanedo Ordeñana y Guillermo Gutiérrez Arellano, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su lugar de reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla); y, por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. I. INFORME. Visto, intégrese a los autos el informe justificado -recibido dos veces- rendido por la autoridad responsable 2. Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. II. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. Ahora bien, vista la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno; no obstante, dado a que en esta data no median los ocho días para la vista con los informes justificados a las partes, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se ordena su diferimiento y se señalan las diez horas con veinticuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno para su celebración. Notifíquese personalmente a los quejosos en el Centro de Reinserción Social de Puebla, por conducto de su representante común Eduardo Verdeja Márquez, corriéndoles traslado con copia autorizada de este acuerdo; y por lista a las demás partes...

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