Clara Sánchez Martínez

Expediente 1214/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1214/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Clara Sánchez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada el pasado veintidós de noviembre; en consecuencia, se provee: Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por Clara Sánchez Martínez, contra actos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades. Incidente de suspensión. Con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión y fórmese únicamente un cuadernillo, de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de la autoridad, mismas que deberán ser corroboradas por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas de que de no hacerlo, a la omisa, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso que no rindan su informe justificado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda para efectos de su emplazamiento. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 12142023, promovido por Clara Sánchez Martínez, contra actos de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les deberá acompañar copia de la demanda de amparo. Se hace saber a las autoridades responsables que la no rendición del informe previo se sanciona con multa, en los términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo y, esa misma omisión, permite tener por cierto el acto reclamado, según lo previsto en el artículo 142 de la citada ley reglamentaria. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las diez horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión provisional, primero debe considerarse lo siguiente: De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la propia promovente reclama de las autoridades responsables Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Dirección de Planeación Urbana y Licencias; Departamento de Verificación y Control de Obra (ordenadoras), y a Crescencio Correa Hernández, en su carácter de verificador (ejecutora), todas de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la orden de verificación A 00356 de fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, y su ejecución, dentro del predio ubicado en calle Constitución, lote doce, manzana treinta y nueve, Colonia Guadalupe Victoria, Sección Oeste Dos, Sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de ahí que solicite la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsable se abstengan de ingresar al referido domicilio. Al respecto es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme a lo dispuesto por el arábigo 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo en los casos en los que la suspensión sea procedente el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual puntualizó que significa que el Juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en los que deban quedar las cosas a partir de que se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el disidente, sobre todo en los casos en los que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) emitida por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, que informa: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Lo anterior es importante destacarlo porque la ley de la materia establece en su normativo 150 que la suspensión será procedente en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse sentencia firme en él. En ese sentido, el análisis de la suspensión provisional solicitada versará sobre la ejecución de la orden de verificación A 00356 de fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del predio ubicado en calle Constitución, lote doce, manzana treinta y nueve, Colonia Guadalupe Victoria, Sección Oeste Dos, Sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudio de la medida suspensional. Ahora, para determinar si procede conceder o negar la suspensión provisional, primero debe considerarse lo siguiente: El normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Además, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De manera que la afectación o no del interés púbico no depende de que se justifique o no la apariencia del buen derecho (requisito que se identifica con la existencia real y jurídica del derecho legítimamente reconocido cuya tutela se pretende con la medida cautelar), pues como se dijo esos requisitos involucran temas de estudio diverso que no deben confundirse. Ahora, en el caso se advierte que los requisitos indicados no se encuentran colmados. Es así, porque si bien del escrito inicial se desprende que la parte quejosa solicitó de manera expresa la medida cautelar provisional y la certeza de los actos reclamados está demostrada con las manifestaciones que la parte quejosa realizó bajo protesta de decir verdad; empero, no acreditó en forma presuntiva la titularidad del derecho que aduce se constituye a su favor, lo que se opondría al interés social, que está por encima del interés personal de la agraviada. Por ello, no obstante que se encuentran acreditados los aspectos indicados, en el caso no es factible conceder la medida cautelar solicitada, porque la disidente no demostró su interés suspensional. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que debe negarse la suspensión provisional del acto impugnado consistente en la entrega y verificación de la orden A 00356 de fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del predio ubicado en calle Constitución, lote doce, manzana treinta y nueve, Colonia Guadalupe Victoria, Sección Oeste Dos, Sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, dado que la inconforme no aportó el documento idóneo que acredite al menos de modo presuntivo que actualmente cuenta con el permiso o licencia vigente emitido por las autoridades competentes para construir dentro del inmueble ubicado en calle Constitución, lote 12, manzana 39, colonia Guadalupe Victoria, sección oeste 2, sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Esto es, la justiciable no acredita cuando menos en forma presuntiva el interés suspensional que tiene para obtener la medida cautelar respecto de la actuación combatida. Se sostiene lo anterior, porque si bien adjuntó a su ocurso inicial las documentales siguientes: a) copia de la credencial de elector a nombre de Clara Sánchez Martínez; b) copia del comprobante fiscal digital por internet del pago predial del inmueble a nombre de la quejosa, ubicado en calle Constitución, lote 12, manzana 39, colonia Guadalupe Victoria, sección oeste 2, sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; c) copia certificada del contrato de compraventa celebrado entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca y Clara Sánchez Martínez, a los cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, lo cierto es que con esos instrumentos lo único que llega a acreditar, es la que el citado inmueble forma parte de su patrimonio; no obstante la disconforme no acredita de manera indiciaria que cuente con permiso o licencia vigente emitido por las autoridades competentes para construir en el referido inmueble. Así, los instrumentos descritos valorados en lo individual y adminiculándolos no tienen el alcance para probar la aludida prerrogativa fundamental. Luego, si de esos documentos no se desprende el permiso o licenciado de construcción vigente que la inconforme afirma tener sobre el inmueble señalado es inconcuso que no demostró indiciariamente el interés suspensional necesario para obtener la suspensión de los actos reclamados, puesto que al no estar acreditado presuntivamente la causa generadora de la prerrogativa que la titular de la acción constitucional aseveran tener sobre ese bien raíz es indudable que no puede otorgarse la medida cautelar solicitada, porque de concederse se estaría constituyendo un derecho a su favor que no está probado y la medida suspensional no puede tener ese alcance. En esa línea, debe negarse la suspensión provisional de los actos impugnados con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, toda vez que de las pruebas aportadas por la inconforme no acredita al menos de modo presuntivo que cuenta con el permiso correspondiente para edificar en el bien raíz ubicado en la calle Constitución, lote 12, manzana 39, colonia Guadalupe Victoria, sección oeste 2, sector Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por esa razón no es factible considerar que dichas actuaciones causen una afectación en sentido negativo en su esfera normativa y, por ende, que tenga la calidad de parte agraviada. Al respecto, es ilustrativa por las razones que suministra la tesis VI.2o.C.265 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que informa: "INTERÉS JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. EL QUEJOSO DEBE JUSTIFICARLO CON PRUEBAS IDÓNEAS CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO RECLAME LA AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN DE UN BIEN CON MOTIVO DE SU EMBARGO PUES PARA ELLO NO BASTA QUE SEA PARTE EN EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo se reclaman, además de cuestiones vinculadas con un procedimiento jurisdiccional en el que el quejoso es parte, la afectación de la propiedad y posesión de un bien con motivo de su embargo, para efectos de que en el trámite del incidente de suspensión pueda otorgarse la medida cautelar solicitada, en relación con este último acto y sus consecuencias, el promovente debe justificar su interés jurídico con pruebas idóneas para tal efecto, pues el que deriva de su intervención como parte en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, sólo lo legitima en relación con cuestiones que derivan de su posición procesal, pero en ella no queda comprendida la titularidad del dominio o posesión de los bienes que resultan afectados con motivo del secuestro judicial." También fortalece lo expuesto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación." Así, de conceder la medida cautelar sin que la promovente acredite al menos de modo indiciario la titularidad de la prerrogativa de permiso o licencia para construcción que aduce tener sobre el multicitado inmueble se constituiría a su favor un derecho que no está acreditado, lo cual es inadmisible jurídicamente; por tanto, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado consistente en la entrega y orden de verificación reclamada a las autoridades responsables. Asimismo, la promovente solicita se suspenda la ejecución del procedimiento del que deriva la orden de verificación tildada de ilegal; sin embargo, de acceder a su petición, equivaldría a subordinar el interés general al interés particular de la parte quejosa, ya que la construcción de obras, públicas o privadas, deben llevarse bajo la supervisión de las autoridades competentes para que éstas evalúen y avalúen la correcta ejecución del proceso constructivo, y, en su caso, paralizar las edificaciones que no cumplan con los lineamientos de seguridad y administrativos correspondientes, de donde se advierte que existe una directa afectación al interés social y a las disposiciones del orden público, pues la sociedad y el Estado están interesados en los proyectos de obra, se lleven en estricto cumplimiento a lo estipulado por las autoridad competentes y con ello, evitar posibles riesgos que se puedan ocasionar derivado de la mala ejecución de obras de construcción, de ahí que deba de prevalecer el interés general sobre el de la impetrante. En consecuencia, la medida solicitada tampoco cumple con lo establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que su concesión pudiera provocar un perjuicio al interés social y el orden público en la medida que, la sociedad y el Estado están interesados en que los procesos constructivos se realicen en estricto cumplimiento a lo estipulado por las autoridad competentes y bajo los lineamientos expuestos en el proyecto respectivo; que el constructor se responsabilice de los defectos o vicios ocultos de la construcción y se cumplan las medidas impuestas en el dictamen de impacto urbano o autorización de impacto ambiental respectivo; aunado a que, en caso de existir incumplimiento por parte del constructor, el adquiriente de la vivienda pueda obtener la remuneración correspondiente, lo que redundará en beneficios colectivos como son el respeto a la salud a un medio ambiente sano, así como a una vivienda digna y adecuada. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.A. J/118 A (10a.), emitida por los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo II, página 1512, Materias(s): Común, Administrativa que es del tenor siguiente: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DEL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I BIS, EN RELACIÓN CON EL 26, FRACCIONES III BIS Y III TER, DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, RECLAMADOS CON MOTIVO DE SU SOLA VIGENCIA, PORQUE DE CONCEDERSE SE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Es improcedente conceder la suspensión en el juicio de amparo para que no se obligue al quejoso a exhibir la póliza de fianza regulada en los preceptos citados, porque de concederse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo en la medida en que la sociedad está interesada en que, al constituirse un régimen de propiedad en condominio, se garantice que la edificación se ejecutará con base en los lineamientos expuestos en el proyecto respectivo; que el constructor se responsabilice de los defectos o vicios ocultos de la construcción y se cumplan las medidas impuestas en el dictamen de impacto urbano o autorización de impacto ambiental respectivo; aunado a que, en caso de existir incumplimiento por parte del constructor, el adquiriente de la vivienda pueda obtener la remuneración correspondiente, lo que redundará en beneficios colectivos como son el respeto a la salud a un medio ambiente sano, así como a una vivienda digna y adecuada. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene a la quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************y ********************, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditaron con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Medio de contacto. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS"; se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán mediante lista que se publica en este Juzgado. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano