Clara Salgado Aceves
Expediente 1262/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 32 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1262/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Clara Salgado Aceves
- Fiscal General del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el sobre devuelto por la Oficina Postal de Correos de México, que contiene el oficio 31532/2021, del que se advierte la leyenda siguiente: "No recibieron por argumentar que hay 3 adscripciones en el distrito judicial de hidalgo". En atención a lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que recibió el diverso oficio 22186/2021 que contiene la sentencia emitida en autos, con la misma denominación y domicilio, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del oficio 31532/2021, correspondiente al auto en que se declara que causa ejecutoria el fallo protector, a la autoridad responsable Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, para los efectos legales a que haya lugar. *
- Principal
Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la materia, agréguese a los autos la razón remitida por la Actuaria de la adscripción, por medio del cual manifiesta la imposibilidad para notificar a la autoridad que refiere, por las razones que expone; lo que se toma del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1262/2020, promovido por ******* contra actos de los Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. La parte quejosa mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia de este órgano de control de la constitucionalidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y actos precisados en dicho ocurso. SEGUNDO. En ese sentido, se registró la demanda bajo el número 1262/2020, y previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la misma, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y en su momento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en la hora y fecha señalada en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver éste juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que los actos reclamados, se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el juicio, se precisa que la parte quejosa reclama las órdenes de detención, aprehensión, cateo, presentación, restitución, investigación, intimidación, tormento y/o cualquier otra que tenga como objeto privarla de su libertad, así como su ejecución. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no de los actos que se tildan de inconstitucionales. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables en su denominación correcta y completa, al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, tal y como se desprende del siguiente cuadro: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuautla y Jojutla. Niegan todos los actos. Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, adscrito al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala de la Independencia, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón. Niegan todos los actos. Fiscal General del Estado de Guerrero. Niegan todos los actos. Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión. Niegan todos los actos. Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Niegan todos los actos. Encargado de Despacho de la Policía Estatal Morelos, en el municipio de Cuautla. Niegan todos los actos. Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Niegan todos los actos. Encargado de la Dirección de la Policía de investigación Criminal Sur Poniente. Niegan todos los actos. Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicación y Computo. Niegan todos los actos. Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Niegan todos los actos. Fiscal Regional Metropolitano. Niegan todos los actos. Fiscal General del Estado de Morelos. Niegan todos los actos. Fiscal Regional Sur Poniente. Niegan todos los actos. Personal Designada para Supervisar y Ejecutar las instrucciones operativas en materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en el Municipio de Ayala Morelos. Niegan todos los actos. Fiscal Regional Oriente. Niegan todos los actos. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal. Niegan todos los actos. Secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero. Niegan todos los actos. Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Numero Dos, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. Niegan los actos con excepción de los relativos a la investigación. Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. Niegan los actos con excepción de los relativos a la investigación. Agente Encartado de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial Zona Norte, en Iguala de la Independencia, Guerrero. Niegan los actos con excepción de los relativos a la investigación. Lo anterior sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba idónea para desvirtuar esas negativas; no obstante, de habérsele dado vista con los mismos. Ello es así, ya que si bien Clara Salgado Aceves, en el presente juicio de amparo, presentó diversas documentales; lo cierto es que, las mismas no son conducentes para desvirtuar las negativas de las autoridades, toda vez que van encaminadas a demostrar que tiene la guarda y custodia de una menor, más no así las órdenes privativas de libertad que señala como actos reclamados. Sin que tampoco se soslaye que el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero, adscrito al Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal con sede en Iguala de la Independencia, y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al rendir su informe justificado, haya indicado que tiene radicada una carpeta judicial; empero, fue enfático en manifestar que no ha librado ninguna orden de captura, o bien, algún acto de molestia en contra de la impetrante de amparo. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo únicamente en relación con las autoridades y actos citados con antelación. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 324127, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, visible a página 6673, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley". De igual forma, es de traer a colación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 236, cuyo rubro y texto indican: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Numero Dos, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Central) del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero y Agente Encartado de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial Zona Norte, en Iguala de la Independencia, Guerrero, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de una investigación en contra de la impetrante de amparo Clara Salgado Aceves, pues al respecto refirieron que se inició la carpeta de investigación 12060380201170200920, instruida por el delito de sustracción de menores, en agravio de la menor de iniciales J.S.C., la cual se encuentra en integración. Bajo esas premisas, se tienen por ciertos los actos reclamados por la parte quejosa consistente en una investigación en su contra, que se atribuyen a las citadas potestades responsables. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Afirmaciones que se corroboran con las constancias que las autoridades remitieron como sustento a su informe de ley, probanzas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación y de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de amparo, que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se tendría que analizar de oficio; conforme lo previene el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 262, Parte VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese orden de ideas, en relación con el acto en estudio, es decir, con la investigación iniciada en la indagatoria 12060380201170200920, instruida en contra de la impetrante de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De la interpretación de dichos preceptos se tiene que, entre otros requisitos, la procedencia del juicio de amparo necesita de la emisión de algún acto de autoridad o bien que incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales y las prerrogativas constitucionales del gobernado, lo que implica necesariamente, que el proceder del órgano de gobierno para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de agraviar jurídicamente a los gobernados, lo que de no actualizarse en el caso concreto es evidente que acarreará la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así ya que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, con relación a los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, como requisitos para promover el juicio de amparo indirecto, se pronunció en el sentido que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones; que así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho; de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, la Primera Sala del referido Tribunal, consideró que, la reforma del artículo 107, de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo; así como que, no obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Así, el quejoso en el juicio de amparo, debe ser aquel quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación (actos de investigación), consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la consignación, la que materializaría perjuicios a la parte impetrante, y por tanto, la que puede ser susceptible de combatir a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucionales y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. El aserto que precede tiene apoyo por similitud jurídica en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 351, del rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De ahí que, se estime que en relación acto de investigación que reclama la parte quejo se actualice la causal de improcedencia invocada, pues sostener lo contrario conllevaría impedir que las autoridades ministeriales lleven a cabo la tarea de investigación que refiere el artículo 21, Constitucional. Ello, en razón que todo lo actuado dentro de una carpeta de investigación no le irroga un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer el procedimiento penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario, como se dijo, entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Cobra aplicación la tesis II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XII, en concordancia con el artículo 5, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo en torno al acto de investigación reclama la impetrante de amparo. SEXTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria María Concepción Cerejido Guerrero, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.
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