Clara Renata Quintero Badillo
Expediente 306/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Clara Renata Quintero Badillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso 4887/2022, del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso j) de dicho acuerdo general. Finalmente, atento a lo establecido en el referido precepto 21, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes.Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/otc
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, treinta de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de junio del año en curso, informa que la incompetencia relativa a la demanda de amparo promovida por Clara Renata Quintero Badillo fue recibida el catorce de junio anterior y que por razón de turno aleatorio correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. En tales condiciones, solicítese al titular de dicho juzgado federal a efecto de que acuse recibo del asunto referido en el párrafo anterior, el cual se trata del juicio de amparo directo 306/2022, del índice de este tribunal colegiado, o en su caso, el impedimento legal que tuviera para ello. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintidós. De autos se desprende que la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala no ha acusado recibo del oficio 4887/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se remitió el juicio de amparo 306/2022 formado con motivo de la demanda de amparo de Clara Renata Quintero Badillo, por propio derecho, así como el juicio ejecutivo mercantil 239/2019, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y un sobre con tres pagarés; en consecuencia, requiérasele a la jefa de la oficina referida para que lo realice e informe a cuál Juzgado de Distrito correspondió conocer del asunto de mérito por razón de turno. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, por el que en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, la autoridad oficiante rinde su informe justificado, se remite el juicio ejecutivo mercantil 239/2019, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y un sobre con tres pagarés, así como el original de la demanda de amparo promovida por Clara Renata Quintero Badillo, por propio derecho. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado destacado el siguiente: "IV.- Acto reclamado. Señalo como tal el incidente de liquidación y la planilla de liquidación, acordada por la responsable con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós por el Ciudadano Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente número 239/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil el cual es llevado en el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, por considerarla violatoria de mis garantías de seguridad jurídica y debido proceso." De las constancias que integran el referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. René Moreno López, apoderado de Acore Administradora Comercial Regional, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Clara Renata Quintero Badillo y María Susana Cortés García, reclamando el pago de tres pagarés por la cantidad de cinco mil pesos, siete mil pesos y siete mil pesos, respectivamente. 2. Por auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, la titular del mencionado juzgado registró el asunto con el número 239/2019, se declaró competente para conocer del asunto, lo admitió a trámite y autorizó a su diligenciaria para que se constituyera en el domicilio de las demandadas en cita y les requiriera el pronto y ejecutivo pago de las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procedería al embargo de los bienes de su propiedad para cubrir la deuda, los gastos y costas. 3. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve se les tuvo a las demandadas en cita por perdido su derecho para responder a la acción entablada en su contra y por confesados los hechos de la demanda, ya que venció el término que se les concedió para que lo realizaran sin que así ocurriera. 4. Seguido que fue el procedimiento, el veinte de marzo de dos mil veinte se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos son: "Primero.- Fue procedente la vía ejecutiva mercantil, en la que René Moreno López, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada "Acore Administradora Comercial Regional", Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Clara Renata Quintero Badillo, en su carácter de deudor principal y María Susana Cortés García, en su carácter de aval y/o deudor solidario, respectivamente. Segundo.- La parte actora René Moreno López, probó su acción, las demandadas Clara Renata Quintero Badillo, en su carácter de deudor principal y María Susana Cortés García, en su carácter de aval y/o deudor solidario, respectivamente, no dio contestación a la demanda instaurada en su contra ni opuso excepciones, ni ofreció pruebas, y menos aún acreditó haber realizado pago alguno en favor de la parte actora. Tercero.- Se condena a las demandadas Clara Renata Quintero Badillo, en su carácter de deudor principal y María Susana Cortés García, en su carácter de aval y/o deudor solidario, respectivamente, a pagar a la parte actora René Moreno López, las cantidades de seis mil novecientos treinta pesos, cero centavos moneda nacional ($6,930.00); seis mil novecientos treinta pesos, cero centavos, moneda nacional ($6,930.00) y cuatro mil novecientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional ($4,950.00), por concepto de suerte principal, al pago de intereses moratorios, los cuales se calcularán a partir del quince de noviembre de dos mil dieciocho, a razón de una tasa del cuarenta y dos por ciento (42%) anual, y los que se sigan generando hasta que se cubra en su totalidad del adeudo, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo; y al pago de gastos y costas que se hayan originado con motivo de este juicio, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo. Cuarto.- Una vez que queden líquidos los conceptos antes señalados, requiérase a las demandadas el pago de las prestaciones señaladas, lo que debe hacerse dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que se practique tal diligencia, y en caso de no hacerlo procédase al embargo, trance y remate de los bienes de su propiedad, para que mediante el procedimiento correspondiente, con su producto se haga pago a la acreedora de las prestaciones que reclama." 5. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el juez responsable tuvo a René Moreno López, apoderado de la parte actora, exhibiendo por escrito la planilla de liquidación para las demandadas y ordenó darles vista con la misma para que en el término de tres días siguientes al en que surtiera efectos su notificación, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacerlo, se turnarían los autos para dictar resolución. 6. Inconforme con la determinación de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Clara Renata Quintero Badillo, por propio derecho, promueve el presente amparo. En términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 170, de la Ley de Amparo, 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose de acuerdo al citado numeral, por sentencias definitivas o laudos, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Lo anterior, pone de manifiesto que la determinación reclamada de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, no encuadra en alguna de las hipótesis aludidas, dado que no es sentencia definitiva, acuerdo o resolución que haya puesto fin a un juicio, pues se trata de una determinación en la que se tuvo por exhibida la planilla de liquidación por la parte actora y se ordenó dar vista a las demandadas con la misma, emitida después de concluido el juicio ejecutivo mercantil; de ahí que en su contra no proceda amparo directo. Ahora, por otro lado de la lectura integral de la demanda de amparo, la aquí quejosa refiere lo siguiente: "(.) Es por ello que al no cumplir con las formalidades esenciales al demitir su acuerdo respecto de la planilla de liquidación es ilegal la misma, por lo que basta para concedernos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en el sentido de que no fue legalmente emplazada a juicio para poder dar contestación a la demanda inicial en mi contra, con las formalidades mínimas establecidas en la ley, por los conductos legales, salvaguardando mis garantías de seguridad jurídica y debido proceso, a que tengo derecho, y que fueron violentadas por la responsable al seguirse un juicio en el que no se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento que las leyes establecen, dando una interpretación distinta a la constitución, a las leyes ya que la resolución que se impugna no es congruente, con la acción ejercitada, además de ser excesiva." Como puede verse la parte quejosa se ostenta como persona extraña al juicio de origen, pues aduce que fue ilegal el emplazamiento al mismo. Lo anterior, también pone de manifiesto que el ilegal emplazamiento al juicio de origen no encuadra en alguna de las hipótesis aludidas, de ahí que en su contra no proceda amparo directo, por lo que, en este supuesto el conocimiento del juicio de amparo compete a un Juez de Distrito y no a este Tribunal Colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." Es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal". Por todo lo anterior, remítase la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, a fin de que se avoque a su conocimiento, y resuelva lo que en derecho proceda. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo expuesto y con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito carece de competencia legal para conocer de la demanda de derechos fundamentales promovida por Clara Renata Quintero Badillo, por propio derecho, contra la resolución emitida por el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós en el juicio ejecutivo mercantil 239/2019, así como la falta de emplazamiento a dicho juicio. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente, el juicio ejecutivo mercantil 239/2019, del índice del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y un sobre con tres pagarés al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta entidad federativa, para que se avoque al conocimiento de la demanda de garantías; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; háganse las anotaciones legales pertinentes, fórmese cuaderno de incompetencia con copia certificada del escrito de amparo y anexos y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Jesús Eduardo Hernández Fonseca y Nicolás Castillo Martínez, quienes firman conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis que da fe.
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