Clara Rebeca Rivera Ramírez

Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
726/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Clara Rebeca Rivera Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ****** contra actos de la Secretaría de Bienestar y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 726/2020, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Desechamiento. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, en el caso concreto se tiene que la parte quejosa señala, esencialmente, como acto reclamado la orden verbal o escrita de cancelarme la ayuda del programa social sembrando vida, así como su ejecución. Expuesto lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia relativa a que carece de interés jurídico, pues se estima que la parte quejosa se duele de un perjuicio de carácter económico, prevista en la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción XII, con relación al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues tal precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De ahí que, la referida fracción I, del artículo 5, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ahora, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal, que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley, a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. Al respecto, no está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Lo anterior, así se determinó en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, número 82, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar fehacientemente, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues ello es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional; además, se tiene que impera demostrar el perjuicio por el acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 704, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.". Así, se considera que de acuerdo a los principios rectores del juicio de amparo, tal mecanismo sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, cuando exista una lesión a un interés jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico, causando un perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción de amparo, no así cuando únicamente tal lesión únicamente representa un perjuicio económico y no jurídico, pues resulta indispensable que se demuestre tanto un interés jurídico como legítimo. En ese sentido, en el caso en concreto, se tiene que la parte queja medularmente reclama de las autoridades responsables la orden verbal o escrita de cancelarme la ayuda del programa social Sembrando Vida, así como su ejecución. Al respecto, conviene precisar que en el "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte, se estableció, en lo que interesa lo siguiente: "1. Introducción México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura. Esta riqueza se encuentra principalmente en las zonas rurales, ya que ahí se concentra la mayor cantidad de recursos bióticos del país y residen gran parte de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, los cuales, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales, han sabido preservar los recursos que posee su entorno y que son parte de su patrimonio biocultural. En México, las zonas más ricas en biodiversidad son aquellas con los mayores índices de pobreza y rezago, esto debido a que no se han establecido políticas y programas institucionales que revaloren la agricultura campesina y logren aumentar el nivel de bienestar de los hogares rurales y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, a través de la autoproducción de alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleo. Debido a estas condiciones de pobreza, las regiones rurales del país, las cuales cuentan con alto potencial agroalimentario, han sufrido en las últimas décadas un importante proceso de deforestación y sobreexplotación de sus recursos, causando la degradación de los suelos y la modificación negativa de sus microclimas, afectando así el potencial productivo que poseen y generando insuficiencias alimentarias en la propia comunidad, empeorando así las condiciones socioeconómicas de las y los pobladores, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de empleos en las ciudades o incluso en otros países. Sin embargo, las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que allí habitan. De esta manera es importante que se trabaje en apoyar a las/los sujetos agrarios que no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para producir alimentos, ya que debido a las características de los territorios en los que habitan, ellos representan una gran oportunidad para impulsar la producción de cultivos mediante sistemas agrícolas sustentables que contribuyan no solo a mejorar la alimentación y calidad de vida de las personas, sino también a la recuperación de suelos, a la mejora del medio ambiente y a combatir la insuficiencia alimentaria del país. Es por ello que el Programa está diseñado para atender a la población rural que se encuentra en las regiones de más alta biodiversidad del país, que vive en localidades marginadas y cuyos municipios se encuentran con niveles de medio a muy alto grado de Rezago Social fijados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El Programa incentivará a las/los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón setenta y cinco mil hectáreas en el país. No debe perderse de vista que el campo, en su conjunto, ha sido víctima de abandono por parte de las autoridades que han dirigido el destino del país en pasadas administraciones, lo que ha redundado en un menoscabo importante, tanto en la producción agroforestal, como en el nivel de vida de la población rural. Además, se promoverá la organización social y productiva de las/los sujetos agrarios, como una forma de recuperar el tejido social en las comunidades, lograr la autosuficiencia alimentaria de las/los sujetos agrarios, mejorar la calidad de vida de las localidades en donde opere el Programa, y en un mediano plazo, generar procesos de valor agregado y comercialización. Para ello, el Programa atenderá a las/los sujetos agrarios que se encuentren en localidades rurales, priorizando aquellos con población indígena y afromexicanos, con rezago social ubicados en territorios con alto potencial ambiental, forestal y de producción de alimentos, a fin de lograr una mejoría de ingresos mediante el establecimiento de sistemas agroforestales en sus parcelas. La población potencial es el conjunto de sujetos agrarios en localidades rurales de las 20 entidades federativas en las que operará el Programa. Asimismo, el Programa impulsará la participación efectiva de mujeres y hombres con la intención de contribuir a cerrar brechas de desigualdad por género y etnia en el acceso a los recursos, por lo que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la participación y elegibilidad. El Programa reconoce que las mujeres campesinas aportan de forma sustantiva a la producción de alimentos, a la transformación, el resguardo de semillas criollas, el manejo ambiental, la comercialización, la preparación y conservación de alimentos, por lo que prestará especial atención para que a través de las acciones y servicios, se busque acelerar la igualdad de género y el empoderamiento social y económico de las mujeres campesinas, como un aspecto crucial para erradicar la pobreza rural, eliminar el hambre y mejorar el bienestar de las poblaciones rurales. Las acciones de la Secretaría de Bienestar buscan trascender el sexenio y coadyuvar a la creación de políticas públicas que promuevan medios de vida y de producción dignos para las familias asociadas a esta iniciativa. Para cumplir con sus objetivos estratégicos se valdrá de relaciones colaborativas con otras Secretarías, con el Banco del Bienestar y con otros actores relevantes del sector nacional e internacional, con el fin de potenciar su eficiencia y fomentar la cultura de ahorro para incrementar el patrimonio familiar a través de la creación de un Fondo de Bienestar que apoye acciones de inclusión productiva, financiera y social a corto, mediano y largo plazo. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el apartado II. Política Social y ubicado en el numeral 6 de programas, el Programa Sembrando Vida está considerado de gran importancia para el cumplimiento de los objetivos establecidos para la Cuarta Transformación. Bajo el compromiso con el impulso al desarrollo sostenible, el programa considera la participación efectiva en el desarrollo rural integral. La contribución del programa al PND se centra en incentivar a las/los sujetos agrarios a través de la generación de empleo para establecer sistemas productivos agroforestales, se fomentará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón setenta y cinco mil hectáreas en el país, estas metas se alcanzaran a través del estímulo a la reconstrucción del tejido social retomando las formas de organización comunitaria, fomentando la cultura del ahorro, promoviendo la sustentabilidad y rescatando los valores éticos y morales en el vivir de la población rural, sin alterar los usos y costumbres locales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se verificó que el Programa objeto de las presentes Reglas de Operación no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables". Con base en lo anterior, se estima que el acto aquí reclamado se encuentra vinculado con el apoyo económico proveniente del programa "Sembrando vida"; y por ende la orden de cancelación del mismo, se traduce únicamente en un perjuicio de carácter económico, no así jurídico, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el perjuicio económico, que redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico, no perjudica jurídicamente, a diferencia del perjuicio jurídico que entraña lesión a un derecho consagrado por la ley. Que debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio económico y el perjuicio jurídico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si sólo se afecta el interés económico, el juicio de amparo es improcedente. Así lo estableció en la tesis consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, página 37; de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO ECONOMICO Y PERJUICIO JURIDICO. EFECTOS EN AMPARO. El perjuicio económico que redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico, no perjudica jurídicamente, a diferencia del perjuicio jurídico que entraña lesión a un derecho consagrado por la ley. Debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio económico y el perjuicio jurídico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si sólo se afecta el interés económico, el juicio de amparo es improcedente en los términos de la fracción VI del artículo 73 de la ley de la materia." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica, y que surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos. El criterio anterior se refleja en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Primera Parte, página 43; de contenido siguiente: "INTERES JURIDICO Y PERJUICIO ECONOMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de garantías, pues bien puede afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jurídica de los quejosos, éstos carecen de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio." Por tales razones, deviene improcedente el juicio de amparo en contra de la orden verbal o escrita de cancelarme la ayuda del programa social Sembrando Vida, así como su ejecución, pues la quejosa no lo impugna a partir de una violación a los derechos contenidos en su esfera jurídica, sino que, se estima lo reclama a partir del perjuicio económico que le representa la afectación de no contar con ese beneficio económico, incluso, cuando en dicha demanda se alude al acto de cancelarle la ayuda del programa social; refiriendo que ello genera falta de acceso a los recursos y que se genera una cancelación del apoyo. Lo cual denota el reclamo a partir del citado perjuicio económico. Además, la parte quejosa tiene expedito su derecho para gestionar ante las autoridades responsables, el acto aquí reclamado, como se advierte del punto 3.7.4, de las Reglas de operación del citado programa que establece: "3.7.4 Impugnación de la Suspensión o Cancelación de los beneficios Las personas a quienes se les suspendan o cancelen los beneficios del Programa contarán con el derecho de Garantía de Audiencia y, además, podrán impugnar dicha determinación ante el Comité Técnico del Programa, mediante escrito libre presentado en original y que contenga los siguientes requisitos: 1. Nombre y domicilio de la/del promovente. 2. Un apartado de hechos, los cuales deberán ser numerados y narrados de manera clara y cronológica. 3. Un apartado de pruebas, en el cual se haga mención de los documentos públicos o privados que se relacionen con cada hecho señalado en el escrito, así como los nombres de las personas a las que les consten los mismos. 4. Los numerales de las presentes Reglas de Operación en los que funden su escrito. 5. La firma de la/del promovente. El plazo para interponer la impugnación sobre suspensión o cancelación de los beneficios será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución impugnada. El Comité Técnico del Programa resolverá las impugnaciones sobre suspensión o cancelación de los beneficios en un plazo máximo de 95 días contados a partir de su recepción. En caso de que falte alguno de los requisitos enunciados, el Comité solicitará a la persona promovente la documentación faltante para que la exhiba en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso de que la impugnación resulte procedente, la/el sujeto de derecho tendrá el derecho a que se le reembolse el apoyo económico correspondiente a los meses en que dejó de recibir el apoyo económico. En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación, el procedimiento para suspender o cancelar los beneficios del Programa se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". A mayor abundamiento, también debe decirse que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, lo manifestado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes, donde refiere que el diecisiete de octubre de dos mil veinte, se presentaron en su domicilio, dos personas que refirieron, a los familiares de ésta, ser personal operativo del programa Sembrando Vida, asimismo, que iban a cancelarle el programa, no obstante, al no haberla encontrado en el mismo, expresaron que estuviera preparada. Lo que conlleva a estimar que el acto aquí reclamado a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, en su caso, no produce una afectación actual, real y directa a la parte quejosa, por ser futuro e incierto; lo cual incluso que actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento. Pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. De lo que se sigue que al momento de instar la protección constitucional, en el caso concreto, no se advierte, como se dijo que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación actual, real y directa. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad, en su caso, restituir al gobernado en el goce de la garantía violada y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. La parte quejosa solicita que las notificaciones en el presente asunto se realicen vía electrónica; por tanto, tomando en consideración la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 3° y 30, fracción II, de la ley de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario de mérito; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Asimismo, se autoriza al usuario EMILIO.RICARDOR, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Emilio Ricardo Rivera, ya que de la certificación de cuenta se aprecia que al consultar la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), se encontró su cédula profesional registrada; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Martínez Sosa, por no contar con el registro correspondiente. Uso de medios electrónicos. Respecto a la solicitud del uso de los medios electrónicos para la consulta de las actuaciones que integran el presente juicio; con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, pues la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevén la autorización de dichos medios electrónicos para tal fin; por lo que, se deja expedito su derecho, a fin de solicitar el fotocopiado que solicita por la vía tradicional, si a su interés conviene. No se soslaya a lo anterior, la existencia de la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que si bien manifiesta no tener inconveniente en que se autorice dichos medios electrónicos, deja expedita dicha facultad a los titulares de los órganos jurisdiccionales donde se tramitan los juicios relativos. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente vía electrónica.

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