Clara Ramos Martinez
Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1215/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/10/2021
Partes del expediente
- Clara Ramos Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ... por medio de cual pretende cumplir con la prevención que se le formuló en autos. No obstante, indíquese a la quejosa que deberá estar a lo acordado en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno toda vez que idéntico escrito se recibió y se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Desahoga prevención. ... desahoga la prevención formulada en auto de diecinueve de agosto pasado y precisa los antecedentes de sus actos reclamados y exhibe las copias necesarias para correr traslado. .... Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. También debe tenerse presente que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal contra el acto reclamado, previo a promover el juicio de amparo, es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, como se precisó, la parte quejosa reclama la negativa de devolución de los créditos fiscales correspondientes a los años dos mil siete a dos mil dieciséis respecto de la cuenta predial PU 45432 1, contenida en el oficio T.M./D.J./0744/2021. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley que los rige prevé un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, esto es, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a ese medio de control constitucional, que implica que sólo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias; en el entendido que sólo será exigible el agotamiento de un juicio, recurso o medio de defensa, si se encuentra previsto en la ley. Además, establece que la necesidad de agotar el principio de definitividad se encuentra condicionada a: 1) que con la interposición del juicio, recurso o medio de defensa ordinario se puedan suspender los efectos de los actos impugnados; 2) que para el otorgamiento de dicha suspensión no se establezcan mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo; y 3) que no se prevea un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional; supuestos que de no cumplirse actualizan una excepción al mencionado principio, con independencia de que los actos reclamados sean o no suspendibles. Del referido precepto y del criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, a saber: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal, o el acto reclamado carezca de fundamentación; f) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; g) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. h) Se trate de un acto administrativo unilateral, cuya fundamentación y motivación pueda ser complementada por la autoridad en el informe justificado. Como ya se indicó previamente, la parte quejosa controvierte la negativa de devolución de los créditos fiscales correspondientes a los años dos mil siete a dos mil dieciséis respecto de la cuenta predial PU 45432 1 contenida en el oficio T.M./D.J./0744/2021 emitido por la entonces Directora Jurídica de la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Al respecto, es preciso traer a colación que el artículo 4, apartado A, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dispone lo siguiente: Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los ordenamientos fiscales y administrativos, indebidamente percibido por el Estado o Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables (.)" De la disposición normativa transcrita se desprende que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla tendrá competencia para conocer de las resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los ordenamientos fiscales y administrativos, cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables. En ese sentido, dado que el reclamo de la parte quejosa se centra en la negativa de devolución de los pagos que realizó por concepto de impuesto predial, se considera que se actualiza el supuesto previsto en el citado artículo 4º, apartado A, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Además, la determinación que emitió la autoridad responsable constituye un acto definitivo para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo, ya que dicha actuación se trata de una manifestación expresa de la voluntad oficial de la autoridad, en el sentido de negar la devolución de los créditos fiscales solicitados por la quejosa; es decir, decidió una situación jurídica concreta en la que se determinó la no actualización de la figura del pago de lo indebido. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues antes de promover esta acción constitucional, la parte quejosa tenía a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, dado que se reclama una determinación que niega la devolución de pagos que realizó la parte quejosa por concepto de impuesto predial. Además, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad a que antes se hizo referencia. En primer lugar, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que la quejosa no puede ubicarse como persona extraña para efectos del juicio de amparo, ya que la negativa de devolución de los pagos que reclama se originó en respuesta a la petición que ella misma realizó ante la autoridad responsable, mediante escrito presentado en veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Al respecto, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en distintas épocas, ha desarrollado el concepto de persona extraña o tercero extraño; sin embargo, existe una nota común, a saber: que la parte quejosa se vio afectada por las decisiones o actuaciones llevadas a cabo en un juicio, propiamente dicho o en un procedimiento seguido en forma de juicio; sin embargo, en la especie se trata de un acto autónomo en materia administrativa que se dirige a la parte quejosa. Por tanto, no es posible tenerla como tercera extraña, dado que, se insiste, no existe un procedimiento seguido en su contra, sino que la negativa de devolución aludida que constituye su acto reclamado derivó de su escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, de ahí que no se haya iniciado algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Por estos motivos no debe estimarse a la parte quejosa como persona extraña para efectos del juicio de amparo y, por ende, estaba obligada a agotar previamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. De igual manera, debe decirse que el acto reclamado no actualiza la excepción prevista en los incisos c) y d), pues no implica una violación a derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualiza el supuesto señalado en el inciso g). En otro orden de ideas, debe destacarse que si bien la ley que rige el acto reclamado, no prevé de manera expresa un recurso o medio de defensa en su contra, lo cierto es que la quejosa estuvo en posibilidad de promover el juicio de nulidad local, por lo que tampoco se actualizan los supuestos señalados en el inciso f). Por otro lado, el acto reclamado no carece de fundamentación, pues la autoridad responsable al dar contestación a la petición de la quejosa citó los fundamentos legales que se consideraron aplicables y las razones que condujeron a emitir tal determinación; tal como enseguida se advierte: Por tal motivo, no se actualizan los supuestos señalados en los incisos e) y h). Por otra parte, en sus conceptos de violación la quejosa refiere que existe una transgresión a sus garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; sin embargo, el argumento toral del que hace depender la ilegalidad del acto reclamado, lo constituye que, a su decir, se actualiza la prescripción de los créditos fiscales cuya devolución solicitó. Así, se advierte que las manifestaciones que vierte en su escrito de demanda, se encuentran encaminadas a controvertir cuestiones de legalidad que bien pueden ser planteadas en sede contenciosa administrativa; por lo tanto, la sola circunstancia de que en la demanda de amparo se planteen violaciones de diversos preceptos constitucionales, no releva a la parte quejosa de la obligación de agotar el juicio contencioso local. Por otro lado, el acto reclamado sí podría ser cuestionado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, máxime que el mencionado juicio se prevé en una ley y no en un reglamento. Asimismo, es preciso acotar que el acto que se reclama tampoco participa de la naturaleza de aquellos que se catalogan como actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral. En efecto, al emprender el análisis del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que tales actos se suscitan cuando no tiene intervención el gobernado y, por lo tanto, son discrecionales, por corresponder precisamente a la naturaleza de la acción administrativa, es decir, porque configuran la voluntad unilateral y concreta emitida por la autoridad administrativa cuyos efectos son directos e inmediatos. Por lo tanto, es posible concluir que el acto reclamado, no puede catalogarse como acto materialmente administrativos emitido en forma unilateral, dado que deriva de una solicitud que presentó la propia quejosa. En consecuencia, no se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el párrafo último del numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Bajo ese panorama, como se precisó, el acto reclamado, se ubica en el supuesto contemplado en el citado artículo 4°, apartado A, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ley de Amparo. Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 55, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 55, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuando se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, no pasa desapercibido que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 27/2021 determinó en una de sus consideraciones que, se entiende que la Ley exige mayores requisitos que la Ley de Amparo cuando se condiciona que el acto que se pretender suspender cause daños y perjuicios de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, lo que en la especie no acontece, toda vez que como se ha referido, el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla únicamente establece como requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado los siguientes: Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público. Consecuentemente, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Por ende, el juicio de amparo resulta improcedente, ante la necesidad de agotar previamente el juicio contencioso local, dado que no es posible considerar que se actualice la regla prevista en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, ni la excepción al principio de definitividad que prevé el diverso 61, fracción XX, de ese ordenamiento jurídico. En esa tesitura, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de ese ordenamiento jurídico. Teléfono y correo electrónico. Finalmente, se le tiene señalando un número telefónico y un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. El Director Jurídico de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, informa lo solicitado y remite diversas constancias en copias certificadas. Se toma conocimiento; tómese nota para los efectos legales conducentes y acuérdese lo que en derecho proceda una vez que la parte quejosa desahogue la prevención; o bien fenezca el plazo concedido. Notifíquese.
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