Clara Nelly Olvera Pérez
Expediente 337/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2019
Partes del expediente
- Clara Nelly Olvera Pérez
- Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. Devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que remitieron como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron por separado con las mismas. Asimismo, existe un tomo de pruebas por devolverse a la parte quejosa; por tanto, hágase del conocimiento de la citada tercero que quedan a su disposición las constancias referidas por el plazo de noventa días naturales, bajo apercibimiento que de no ocurrir en este Juzgado a recogerlos, éstos podrán tener el mismo fin que el expediente. Finalmente, se precisa que en el caso ninguna de las partes allegó algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que amerite ser devuelto.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito que suscribe ***, a través del cual comparece en atención a la prevención formulada por este Juzgado mediante proveído de que antecede; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso de cuenta, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos, asimismo señalando que promueve el amparo por propio derecho y en representación de sus hijas menores de edad de iniciales S.A.C.O. y M.X.C.O., cuya identidad es reservada, como medida de protección de la intimidad del infante, a fin de que la dignidad y la honra de éstos sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae como acto reclamado, la resolución dictada el treinta de enero de dos mil diecinueve, en el toca familiar 57/2019 del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que se confirmó el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 965/2016, de su índice, que entre otras cuestiones resolvió substanciar el Juicio Sumario Civil sobre modificación de sentencia, a través de una sola Audiencia Especial, así como la no admisión de dos pruebas de informes. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización, es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última porción normativa aplicada a contrario sensu. Lo anterior, obedece a que los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En efecto, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional, establece como regla general que tratándose de amparo directo, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. Por su parte, los actos que tienen ejecución de imposible reparación, se entienden como aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Ahora bien, al analizar de manera integral el escrito de demanda, así como las constancias que remitieron las autoridades responsables a sus informes justificados, se advierte que en el expediente 965/2018 del índice del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro aún no se dicta resolución definitiva. Por tanto, si el acto reclamado por el impetrante en el presente juicio constituye la resolución dictada el treinta de enero de dos mil diecinueve, en el toca familiar 57/2019 del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, en la que se confirmó el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 965/2016, de su índice, que entre otras cuestiones resolvió substanciar el Juicio Sumario Civil sobre modificación de sentencia, a través de una sola Audiencia Especial, así como la no admisión de dos pruebas de informes, dicha violación es de índole procedimental y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo en la vía indirecta es improcedente. Lo anterior, toda vez que los efectos de dicha determinación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, máxime que en dicho momento procesal, no se está en la posibilidad de saber si la sentencia puede o no ser favorable a los intereses de la quejosa. Esto es así, porque el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que no acontece en el presente asunto, pues no se dan los presupuestos legales exigidos en el precitado artículo, dado que las violaciones referidas, no le causan de manera material, directa e inmediata, algún perjuicio cierto en sus derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, porque puede acontecer que al emitirse el fallo que resuelva el fondo del juicio de origen, no afecte a los intereses de la hoy quejosa, supuesto bajo el cual, la afectación que en sus intereses jurídicos pudiere sufrir, sería subsanada y de no ser favorable, podría recurrir al juicio de amparo directo en contra de la sentencia que al efecto se dicte, donde podría alegar tanto las violaciones procesales que reclama, así como otras violaciones que en su perjuicio considere se cometieran durante la secuela procesal, de ahí que no se actualicen los supuestos de procedencia del juicio de amparo biinstancial. Aunado a ello, el máximo tribunal del país ha sido enfático en señalar que con la publicación de la actual Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que dispuso que los actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, la resolución por la cual la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro determinó lo siguiente: .**** Analizado lo anterior, se concluye que las posibles violaciones son de índole meramente procesal, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, que eventualmente, debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, púes éste puede que no perjudique los intereses del peticionario del amparo. Aplica al caso, la jurisprudencia 1a./J. 108/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, página 294, cuyo epígrafe y sinopsis textual son los siguientes: IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De igual manera, la jurisprudencia PC.IV.L. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común del rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. También, sustenta lo antes determinado la jurisprudencia número IX.1o. J/10, visible en la página 1303, tomo XVI, octubre de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que reza: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda.
- Principal
Se le notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de ocho de marzo del año en curso lo que a la letra dice: Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído anterior para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para lo cual conviene hacer una relatoría de los efectos para los que se concedió el amparo y las acciones de la autoridad para el cumplimiento de éste. Mediante sentencia emitida el nueve de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto el juez responsable realizara lo siguiente: "..." En satisfacción a lo anterior, se tuvo a la autoridad responsable Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, remitiendo copia certificada de la audiencia de once de febrero de dos mil diecinueve, así como disco versátil digital que contiene audio y video de la mencionada audiencia. De dichas constancias, se advierte lo siguiente: El citado Juez dejó insubsistente tanto en su versión oral como escrita, la resolución aquí reclamada; y, Previa citación de las partes a dicha audiencia, con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que declaró improcedente la petición de la defensa consistente en cesar la prisión preventiva. En ese sentido, cabe traer a glosa que en la sentencia de amparo, se precisó que para determinar la procedencia de lo solicitado por el inculpado, el juzgador responsable debería tomar en cuenta y valorar (fojas 26 vuelta a 28 de la sentencia) lo siguiente: "..." En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Querétaro, en funciones de Juez de Control, para que dentro del plazo de diez días computado a partir de la notificación del presente proveído, remita dé total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el que, al momento de resolver lo peticionado por la parte quejosa además de analizar todo lo que precisó en la audiencia de once de febrero de dos mil diecinueve, como lo fue la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, etcétera, también deberá verificar su propia conducta como autoridad judicial y otras que hayan incido en el proceso. Se reitera a la autoridad responsable requerida que como se precisó en la sentencia de amparo, tiene libertad de jurisdicción, para dictar la resolución correspondiente. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve.
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