Clara Maria Berenice Teniente Lara

Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1021/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Clara Maria Berenice Teniente Lara

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Clara María Berenice Teniente Lara, con copias y un anexo que acompaña; contra actos del Juez Tercero Familiar en San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1021/2021-III. Así, vista la demanda de amparo de mérito, se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que el ocho de octubre del año en curso, a través de una búsqueda realizada en internet se percató que existe un juicio en su contra ante las autoridades designadas como responsables; que atento a ello, en la misma data, compareció ante el Juzgado Tercero Familiar a preguntar por el controvertido 542/2021 de la estadística de dicho órgano jurisdiccional, en donde le informaron que en esa misma data, es decir, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se le tuvo por confesa en diverso medio de prueba y, que se le había realizado el llamamiento a juicio respectivo el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, entregándole para tal efecto, copia de dicha diligencia, y en ese sentido, considera que la misma fue ilegal. De lo anterior, se tiene que es el emplazamiento al juicio ordinario civil por pérdida de la patria potestad 542/2021, del índice de las autoridades señaladas como responsables, es el acto que por esta vía se combate. Pues bien, bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha dicho, el acto reclamado se hace consistir en el emplazamiento a juicio, que se tilda de ilegal, siendo que el expediente de origen se encuentra en la fase probatoria; por tanto, se estima que el acto reclamado no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que, en última instancia, inciden en la correcto o incorrecto emplazamiento a juicio. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoraron los citados medios de convicción aportados por la entonces parte demandada; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe al correcto o incorrecto llamamiento a juicio; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracciones I, IV y IX de la Ley de Amparo. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se proporcionaron las datos inherentes al respectivo registro de las mismas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueve Clara María Berenice Teniente Lara, con copias y un anexo que acompaña; contra actos del Juez Tercero Familiar en San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 1021/2021-III. Así, vista la demanda de amparo de mérito, se tiene que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que el ocho de octubre del año en curso, a través de una búsqueda realizada en internet se percató que existe un juicio en su contra ante las autoridades designadas como responsables; que atento a ello, en la misma data, compareció ante el Juzgado Tercero Familiar a preguntar por el controvertido 542/2021 de la estadística de dicho órgano jurisdiccional, en donde le informaron que en esa misma data, es decir, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se le tuvo por confesa en diverso medio de prueba y, que se le había realizado el llamamiento a juicio respectivo el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, entregándole para tal efecto, copia de dicha diligencia, y en ese sentido, considera que la misma fue ilegal. De lo anterior, se tiene que es el emplazamiento al juicio ordinario civil por pérdida de la patria potestad 542/2021, del índice de las autoridades señaladas como responsables, es el acto que por esta vía se combate. Pues bien, bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha dicho, el acto reclamado se hace consistir en el emplazamiento a juicio, que se tilda de ilegal, siendo que el expediente de origen se encuentra en la fase probatoria; por tanto, se estima que el acto reclamado no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que, en última instancia, inciden en la correcto o incorrecto emplazamiento a juicio. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado de la sentencia definitiva, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoraron los citados medios de convicción aportados por la entonces parte demandada; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe al correcto o incorrecto llamamiento a juicio; empero, no lo da por concluido, ni priva a la parte promovente de los bienes y derechos que se controvierten en el expediente en lo principal, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto, ya sea condenando o absolviendo a la allá parte demandada. Así, en todo caso, los vicios que pudieran haber acontecido con la emisión del acto reclamado, pueden derivar de una violación a las leyes que norman el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172, fracciones I, IV y IX de la Ley de Amparo. En consecuencia, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la determinación de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y que afecten derechos sustantivos, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente, en el domicilio que para tal efecto señala, teniendo como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, toda vez que no se proporcionaron las datos inherentes al respectivo registro de las mismas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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