Clara Luz Domínguez Vargas
Expediente 1166/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bacilio Hernández Camarero
- Luis López Rivadeneyra
- Clara Luz Domínguez Vargas
- Otra autoridad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada mediante interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 34-39), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro orden de ideas, en los autos del incidente de suspensión relativo a este asunto, se advierte que mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a los quejosos Clara Luz Domínguez Vargas, Bacilio Hernández Camarero y Luis López Rivadeneyra exhibiendo los billetes de depósito N 921772, N 921773 y N 921774, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión provisional concedida, dando cumplimiento con el único requisito que les fue impuesto en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora en virtud, de que la suspensión provisional de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, quedó superada procesalmente por la interlocutoria de ocho de diciembre siguiente, y aunado a que en sentencia de siete de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó el juicio, toda vez que la responsable informó que han cesando en sus efectos el acto combatido al haberse dejado sin efectos la orden de arresto dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en contra de los quejosos al hacer efectivo el apercibimiento formulado en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, al considerarse que la misma ya no cumplía un fin práctico al haber dejado los amparistas de formar parte del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz. En esas condiciones, requiérase a los quejosos Clara Luz Domínguez Vargas, Bacilio Hernández Camarero y Luis López Rivadeneyra a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberán hacerlo dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. De acuerdo a lo establecido en la última parte de la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a los quejosos la notificación contenida en la última fracción del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, se le notifique personalmente a los peticionarios de amparo que deberán acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los billetes de depósito N 921772, N 921773 y N 921774, y que dicho plazo se encuentra inmerso dentro del plazo de los dos años a que se hizo alusión en líneas precedentes. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declararán prescritos los billetes y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes.Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional del período comprendido del día veintiuno de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/2358/2022; ante la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1166/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada mediante interlocutoria de ocho de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 34-39), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro orden de ideas, en los autos del incidente de suspensión relativo a este asunto, se advierte que mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a los quejosos Clara Luz Domínguez Vargas, Bacilio Hernández Camarero y Luis López Rivadeneyra exhibiendo los billetes de depósito N 921772, N 921773 y N 921774, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión provisional concedida, dando cumplimiento con el único requisito que les fue impuesto en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora en virtud, de que la suspensión provisional de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, quedó superada procesalmente por la interlocutoria de ocho de diciembre siguiente, y aunado a que en sentencia de siete de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó el juicio, toda vez que la responsable informó que han cesando en sus efectos el acto combatido al haberse dejado sin efectos la orden de arresto dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en contra de los quejosos al hacer efectivo el apercibimiento formulado en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, al considerarse que la misma ya no cumplía un fin práctico al haber dejado los amparistas de formar parte del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz. En esas condiciones, requiérase a los quejosos Clara Luz Domínguez Vargas, Bacilio Hernández Camarero y Luis López Rivadeneyra a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberán hacerlo dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. De acuerdo a lo establecido en la última parte de la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a los quejosos la notificación contenida en la última fracción del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, se le notifique personalmente a los peticionarios de amparo que deberán acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger los billetes de depósito N 921772, N 921773 y N 921774, y que dicho plazo se encuentra inmerso dentro del plazo de los dos años a que se hizo alusión en líneas precedentes. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declararán prescritos los billetes y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Finalmente, se estima innecesario que continúen en este juzgado las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, como justificación de sus actos, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional del período comprendido del día veintiuno de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/2358/2022; ante la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe.". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Macario Reyna Martínez, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional del período comprendido del día veintiuno de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/2358/2022; ante la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo ********************, y RESULTANDOPRIMERO. Mediante demanda presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, turnado al día siguiente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ********************, ******************** y ********************, promovieron juicio de amparo en contra de actos de la 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y otra autoridad, por actos que se precisarán más adelante (fojas 8 a 13).SEGUNDO. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, declinó la competencia para conocer el juicio ******************** de su índice, puesto que los actos reclamados tienen ejecución en la circunscripción territorial de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, por lo que ordenó remitir los autos del juicio al Juzgado de Distrito en turno en Boca del Río, Veracruz, previo oficio remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en dicha localidad para su turno (fojas 28 a 32). TERCERO. Mediante oficio 29256/2021 recibido en la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, remitió los datos necesarios para el turno de incompetencia del Juicio de Amparo ******************** de su índice por los motivos ya señalados (foja 5).El propio doce de noviembre de dos mil veintiuno, se turnó el citado oficio a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el cual se reservó de acordar lo conducente, hasta que se recibieran las constancias del expediente correspondiente y, una vez que recibió las mismas, mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento, el que se registró con el número de juicio ******************** En ese mismo auto, se ordenó admitir la demanda de amparo, solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 14, 62 a 68). Asimismo, mediante auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a ******************** en su carácter de tercero interesado en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo (fojas 180 y 181).CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 77 y 145) así como la constancia de notificación al Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (foja 76) y de la parte tercero interesada (fojas 265 a 269) tuvo verificativo el veintitrés de junio de dos mil veintidós la audiencia constitucional (fojas 293).CONSIDERANDOPRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según la quejosa sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el siguiente:El proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado con sede en Xalapa, Veracruz, dentro de la sección de ejecución del juicio laboral ********************, mediante el cual se hizo efectiva la medida de apremio a los quejosos consistente en arresto por una hora en su carácter de ediles del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, así como la ejecución de dicha orden. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, puesto que así lo indicaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 145 y 77, respectivamente).Lo anterior se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio laboral ******************** del Tribunal responsable, las cuales remitió como sustento de su informe justificado, en las que se advierte el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno (fojas 564 a 568) en el que se ordenó la aplicación de la medida de apremio a los quejosos consistente en la orden de arresto por una hora como consecuencia de incumplir el apercibimiento formulado en el diverso auto de tres de octubre de dos mil diecinueveo; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de causal apreciada por este Jugado, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado.MARCO NORMATIVO A ese respecto, es preciso establecer que en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."ANTECEDENTES 1. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede Xalapa, dictó laudo en el juicio laboral ********************, en el que condenó al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, al pago de diversas prestaciones en favor de ******************** (fojas 2 a 10 del tomo de pruebas).2. Ante el incumplimiento de la parte demandada de pagar el monto de la sentencia; el tres de octubre de dos mil diecinueve, se determinó requerir nuevamente al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz por conducto de su cabildo integrado por ********************, Presidenta Municipal; ********************, síndico único y ********************, Regidor Primero o a través de quienes ostentan dichos cargos al momento del requerimiento a efecto de que realizaran el pago a favor de ******************** por la cantidad de $734,527.27 (setecientos treinta y cuatro mil quinientos veintisiete y dos pesos 27/100 M.N.) resultante de los conceptos ya señalados; apercibidos que en caso de no dar cumplimiento o de no informar dentro del plazo de cinco días hábiles las gestiones realizadas para obtener los recursos para dicho pago (a través de los medios que se ejemplifican en dicho proveído) se les impondría la medida de apremio contemplado en el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, esto es, se impondría a cada uno arresto (fojas 15 vuelta a 26 del cuaderno de prueba).3. En proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, ante el incumplimiento de las autoridades ya mencionadas, se determinó hacer efectivo el apercibimiento de tres de octubre del dos mil diecinueve, e imponer un arresto de una hora a ********************, Presidenta Municipal; ********************, síndico único y ********************, Regidor Primero, todos del ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, por lo que se ordenó remitir oficio al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, solicitándole haga efectivo el citado arresto (fojas 564 a 568 del tomo de prueba). Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SUBSUNCIÓN.Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se colige que la violación que aduce la parte quejosa ha cesado, en razón de las consideraciones que más adelante se expondrán. En primer término, es necesario precisar que los aquí quejosos señalaron que el medio de apremio que se les aplicó no se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que la misma no resulta el medio idóneo y eficaz para lograr el cumplimiento del laudo dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral ******************** del índice de la Junta responsable. Sin embargo y con independencia del citado concepto de violación debe destacarse que de los autos del citado juicio laboral, se aprecia el auto de diez de enero de dos mil veintidós, en el cual, en la parte que aquí interesa se determinó lo siguiente:"(.).siendo que en la actualidad es un hecho público que a partir del uno de enero de dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, funge una nueva administración municipal y de acuerdo con la lista de nombres de quienes resultaron electos en el proceso electoral ordinario 2020-2021 correspondiente a los ayuntamientos, publicada en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 516, de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, quienes integran actualmente el cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tlacojalpan, Veracruz son: Presidente Municipal: ********************; Síndica Única: ******************** y; Regidor Primero: ********************; en ese sentido la imposición de las medidas de apremio consistentes en la presentación, con el auxilio de la fuerza pública, así como el arresto, de las personas físicas que integraban el cabildo ordenado en los citados proveídos, tenían como propósito que en el ejercicio de las atribuciones que sus cargos públicos les conferían dieran cabal cumplimiento a lo ordenado en el laudo emitido en el presente juicio laboral, hipótesis que en la actualidad ya no se actualiza en razón de que las personas requeridas y apercibidas ya no integran actualmente el cabildo del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, y siendo que este Tribunal se encuentra obligado a implementar las acciones que se estimen pertinentes para conseguir el inmediato cumplimiento del laudo tal como lo marca el numeral 223 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, se determina dejar sin efectos las citadas medidas de apremio implementadas, esto es: la orden de presentación ordenada en acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho, así como las órdenes de arresto acordadas en proveídos; de quinde de octubre de dos mil veintiuno, y veintidós de junio de dos mil veintiuno (.)" Por tanto, si el acto reclamado es la orden de arresto por una hora, emitida en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, en contra de los aquí quejosos ********************, ******************** y ********************, resulta incuestionable que en ese momento cesaron totalmente los efectos del acto reclamado.Lo anterior, dado que debe considerarse que se restituyó a los quejosos en el pleno goce del derecho constitucional violado, cesando en sus efectos el acto combatido al haberse dejado sin efectos la orden de arresto dictada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en contra de los quejosos al hacer efectivo el apercibimiento formulado en auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, al considerarse que la misma ya no cumplía un fin práctico al haber dejado los amparistas de formar parte del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz."SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo".Sin que sea obstáculo para considerar lo anterior, que dentro del citado juicio laboral ******************** del índice del 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz todavía no se haya concluido con el procedimiento de ejecución del laudo dictado en dicho proceso, puesto que ello en nada afecta la circunstancia que la orden que afectaba la libertad de los aquí quejosos fue dejada sin efectos y por lo tanto ya no puede ocasionar perjuicio a los mismos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado en el presente juicio, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por los impetrantes de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora y el acto que se le reclama, al no impugnarse por vicios, propios sino como mera consecuencia del auto reclamado. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, séptima época, 91-96 sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte.Por lo expuesto y fundado, seRESUELVEPRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************, ******************** y ********************, por el acto, autoridades y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se desprende que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para las once horas con diez minutos del seis de mayo del año en curso; sin embargo, de conformidad con la circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo declaró como día no laborable, por lo que en esa fecha, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán los términos de ley; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional antes mencionada, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese en términos de ley.
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