Clara Ledezma Bustos
Expediente 269/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Clara Ledezma Bustos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual envía los autos originales del juicio de amparo **** y un tomo, así como el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión civil ******, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra del acto que reclamó de la Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, que se precisó en el resultando primero del presente fallo." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, así como las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Vía electrónica remítase el acuse de recibo solicitado. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, glósense únicamente las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes que hayan sido agregadas después de su formación y una vez hecho lo anterior, el referido cuadernillo deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude dicho punto; mientras transcurre tal término, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; las resoluciones que concedieron las medidas cautelares, así como el presente proveído que ordena el archivo del juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Al resultar innecesario retener la documental que la jueza Quinto Civil de Partido en esta localidad, remitió como apoyo a su informe justificado, consistente en la copia certificada de las constancias procesales del subyacente juicio sucesorio intestamentario ****** (un tomo), se ordena la devolución de la documental en cita.
- Principal
Por recibido el oficio electrónico proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual se acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa ****, por conducto de su autorizado ****, en contra de la sentencia dictada en este asunto, que negó el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, se informa que el mencionado medio de impugnación fue admitido, el cual se encuentra registrado con el número ***.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que firma ****, con el carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa *****; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el veinte de septiembre del año actual, que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios y, una vez que obre la totalidad de las constancias de notificación correspondientes, remítase el original del escrito de cuenta, conjuntamente con el original del expediente en que se actúa y un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de mérito.
- Principal
Celaya, Guanajuato, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 269/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintiuno (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado al cuatro de mayo siguiente a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ********, solicitó, por derecho propio, el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV.- Son Actos reclamados: La omisión de la autoridad responsable, de convocar a la suscrita, como presunto heredero (sic), en calidad de hijo legítimo (sic), al juicio sucesorio intestamentario ********** radicado en el Juzgado Quinto Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, a bienes de ********* también conocido como *************, por lo que a consecuencia de esa omisión, también se le reclama la declaratoria de Herederos dictada en este procedimiento, así como todas las actuaciones y actos posteriores, tendientes a la conclusión de la sucesión y todas y cada una de las consecuencias, que de hechos y de derecho se generen con los citados actos reclamados, los cuales BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, tienen los siguientes: --- ANTECEDENTES". "III.- Autoridad Responsable, es el Juez Quinto Civil de Partido de Celaya, Gto., con domicilio en el Eje Vial Norponiente S/N, Colonia Los Sauces en esta Ciudad de Celaya, Gto." Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno (fojas 14 a 16), este juzgado admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 269/2021-5; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se tuvo como parte tercera interesada y debidamente emplazada a este juicio ********** (fojas 42 a 44). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse actos emitidos por una autoridad judicial que reside dentro del ámbito territorial -en esta localidad- en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados son: i) El llamamiento al juicio sucesorio intestamentario *********; y, ii) En vía de consecuencia, los actos posteriores al llamamiento indicado en el inciso que antecede, incluso, la declaratoria de herederos en el sucesorio subyacente, de diecisiete de septiembre de dos mil quince. Los anteriores actos les son reclamados a la autoridad responsable: 1. Jueza Quinto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable jueza Quinto Civil de Partido en esta localidad (foja 27), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con la documental que la jueza civil responsable acompañó a su respectivo informe de ley, consistente en copias certificadas de constancias procesales del juicio sucesorio intestamentario ***********; probanza a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más relevantes de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil quince ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Acámbaro, *************, denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de ***********. En ese ocurso, manifestaron bajo protesta de decir verdad, entre otras cuestiones lo siguiente: "(.) Bajo protesta de decir verdad manifestamos que no existen algunas personas diversas a los ahora exponentes, que pudieran tener algún interés o probables herederos en la presente sucesión (.)"; (fojas 2 a 5 vuelta tomo de pruebas I). 2. En auto de ocho de mayo de dos mil quince, la jueza Quinto Civil de Partido en esta ciudad, tuvo por realizada la denuncia de la sucesión intestamentaria a bienes de *********** Bueno, además ordenó que se publicaran los edictos que ordena la ley por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así como en el tablero de avisos del juzgado, para dar a conocer la muerte sin testar del de cujus, llamar a los acreedores del mismo, y a cualquier persona que se crea con interés en la herencia, para que dentro del término de treinta días se presenten ante el juzgado a acreditar sus derechos (fojas 15 y 16 ibídem). 3. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil quince, se ordenaron agregar a los autos dos ejemplares del periódico de mayor circulación en la entidad y dos ejemplares del Periódico Oficial del estado, donde constan las publicaciones de los edictos (fojas 40 a 48 ibídem). 4. Por resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, se declaró como únicos y universales herederos Ab-Intestato, a bienes ********** a *********; la primera de la mencionadas con carácter de concubina y los demás con calidad de descendientes del autor de la sucesión. Asimismo, se decretó dejar a salvo los derechos de las personas que se crean con igual o mejor derecho a la herencia (fojas 53 a 55 ibídem). 5. El veintisiete de octubre de dos mil quince, se tuvo a ***********, por cediendo sus derechos hereditarios a favor *********** (foja 66 ibídem). QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. La parte quejosa aduce, en esencia y en atención a la causa de pedir, que se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la constitución, al omitir convocar o emplazar legalmente a la quejosa como lo disponen los numerales 600 y 601 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al procedimiento sucesorio de origen, a pesar de ser pariente en línea recta del autor de la sucesión. El anterior planteamiento es infundado. Es así porque contrario a lo que aduce la parte quejosa, el llamamiento al juicio sucesorio, se considera que fue realizado legalmente, como se explica a continuación: En efecto, los artículos 571, 324, 585, 600 y 601 del Código de Procedimientos Civiles, prevén: "Art. 571.- El juez competente, al tener por radicada una sucesión, además de las medidas de que tratan los artículos anteriores, a solicitud de los interesados, del Ministerio Público o de oficio, ordenará la publicación de edictos, en la forma prevista para los emplazamientos, haciendo saber la radicación del juicio sucesorio para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia y los acreedores de la misma. Art. 324.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en el Partido Judicial. En caso de que no hubiere diarios, la publicación se hará en el del Partido Judicial más próximo que los tenga. Por estos medios se hará saber a la persona citada que debe presentarse dentro del término de treinta días contados del siguiente al de la última publicación en el Periódico Oficial. Se fijará, además, en la puerta del tribunal una copia íntegra de la resolución por todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarlo, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndose las ulteriores notificaciones por lista, salvo disposición en contrario de la Ley. Art. 585.- En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Art. 586.- La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I.- El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II.- Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III.- Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; V.- Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Art. 600.- Al promoverse un intestado justificará el denunciante el parentesco o lazo, si existiere, y que lo hubiere unido con el autor de la herencia, en el grado por el que pueda considerarse heredero legítimo. Debe el denunciante indicar los nombres y domicilio de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o, a falta de ellos, los parientes colaterales dentro del sexto grado. De ser posible se presentarán las partidas del Registro Civil que acrediten la relación. Art. 601.- El juez tendrá por radicada la sucesión y mandará notificarla por correo certificado con acuse de recibo a las personas señaladas como descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite, concubina o concubino, o en su defecto a los parientes colaterales dentro del sexto grado, haciéndoles saber el nombre del finado con las demás particulares que lo identificaren y la fecha y lugar del fallecimiento, para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea". La interpretación sistemática de los anteriores preceptos, permite concluir lo siguiente: 1. El juicio sucesorio se integra de cuatro secciones, la primera conocida como sucesión, en la cual se deben realizar las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia. 2. En el escrito de denuncia, el promovente debe indicar los nombres y domicilios de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o, a falta de ellos, los parientes colaterales dentro del sexto grado. 3. El juez al radicar la denuncia ordenará la publicación de edictos, en la forma prevista para los emplazamientos, haciendo saber la radicación del juicio sucesorio para que se presenten los que se crean con derecho a la herencia y los acreedores de la misma. 4. La publicación de los edictos debe realizarse por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en el Partido Judicial, así como en la puerta o en el lugar de avisos del tribunal correspondiente. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 308/2011, determinó: -Que el edicto publicado en la primera sección, de un juicio sucesorio intestamentario, tiene la finalidad de "convocar" o llamar a juicio a aquellas personas inciertas o ignoradas que pudieran considerar que tienen derecho a la sucesión del de cujus, a efecto de que intervengan en el juicio sucesorio de referencia, a fin de que se les reconozca la calidad de herederos, con todas las consecuencias legales, esto, para respetar sus derechos garantizados en los artículos 14 y 16 constitucionales. De la aludida ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 7/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL EDICTO PUBLICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN CONSTITUYE EL LLAMAMIENTO A JUICIO RESPECTO DE AQUELLOS SUCESORES QUE NO FUERON EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL ESCRITO INICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 818 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, obliga al denunciante del juicio sucesorio intestamentario a expresar en su demanda el nombre y domicilio de los demás coherederos, y si se trata o no de mayores de edad, bajo pena de tener por no hecha la denuncia en caso de omitir esos datos. Por otra parte, el numeral 819 del mismo ordenamiento, establece que una vez hecha la citada denuncia, el juez tendrá por radicado el juicio de intestado y mandará publicar un edicto, por una sola vez, en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial donde aquél no se publique, así como en un periódico de los de mayor circulación en el Estado, en el cual convocará a quienes se crean con derecho a heredar para que comparezcan a deducirlo dentro de treinta días contados desde la fecha de su publicación. En ese tenor, el edicto publicado en la primera sección de un juicio sucesorio intestamentario tiene como fin "convocar" o llamar a juicio a aquellas personas inciertas o ignoradas que pudieran tener derecho a la sucesión del de cujus, a efecto de que intervengan en el juicio sucesorio referido para que se les reconozca la calidad de herederos con todas las consecuencias legales, y se respeten sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese orden de ideas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este resolutor considera que no asiste razón jurídica a la parte quejosa pues de las constancias que remitió la jueza responsable se aprecia que el llamamiento al juicio sucesorio fue realizado legalmente. Ello es así, pues en auto de ocho de mayo de dos mil quince la jueza Quinto Civil de Partido en esta ciudad, ordenó que se publicaran los edictos que dispone la ley por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así como en el tablero de avisos del juzgado, para dar a conocer la muerte sin testar del de cujus, llamar a los acreedores del mismo, y a cualquier persona que se crea con interés en la herencia, para que dentro del término de treinta días se presenten ante el juzgado, supuesto en el cual se encuentra la hoy quejosa (fojas 15 y 16 tomo I de pruebas). Luego en auto de diecinueve de agosto de dos mil quince, ordenó agregar los respectivos ejemplares, mismos que son del tenor siguiente: Asimismo, de autos se desprende que el edicto correspondiente se publicó en el tablero de avisos del juzgado responsable, como se aprecia enseguida: De las anteriores digitalizaciones se advierte, que se cumplió con lo previsto en los artículos 571 y 324 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, pues la jueza ordenó la publicación de los edictos para convocar a las personas que pudieran tener un interés en la sucesión, la cual fue realizada por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en esta entidad y por dos veces seguidas en el tablero de avisos del juzgado responsable. En efecto, el edicto publicado en la primera sección del juicio sucesorio **********, tuvo la finalidad de convocar o llamar a juicio a aquellas personas inciertas o ignoradas, como en el caso sucede con la hoy quejosa ***********, pues al no haber sido mencionada en el escrito de denuncia, la ley prevé el imperativo de publicar un edicto en el Periódico Oficial, en uno de los de mayor circulación en la entidad y en el tablero de avisos del juzgado, para convocarla al juicio. De ahí que si el llamamiento al juicio sucesorio fue realizado en los términos de ley, dado que los edictos fueron publicados dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y por dos veces seguidas en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así como en el tablero de avisos del juzgado, es evidente que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, y por ende, los conceptos de violación son infundados. Resulta aplicable la Jurisprudencia 47/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Negativa que se hace extensiva a los actos que reclama en vía de consecuencia, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 91, sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a *********en contra de los actos reclamados a la juez civil responsable, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo.
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