Clara Katia Cantero Prado
Expediente 870/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2022
Partes del expediente
- Jefe del departamento de asuntos jurídicos de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California
- Clara Katia Cantero Prado
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 870/2022-E El uno de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del aludido acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el seis de diciembre de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la promovente para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado... "...Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se procede a la siguiente determinación. Se desecha demanda de amparo La quejosa reclama del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, esencialmente la incomunicación, deportación, expulsión o repatriación, así como su ilegal detención. En ese contexto, es necesario precisar que el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir un hecho notorio, es pertinente traer a la vista la base de datos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la que se advierte el juicio de amparo 1891/2022, promovido por Clara Katia Cantero Prado, contra actos del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, a quienes igualmente les reclama la incomunicación, deportación, expulsión o repatriación, así como su ilegal detención. Así, se colige que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que tanto el presente juicio como el 1891/2022 de la estadística del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, son promovidos por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados. Aunado a que el referido juicio de amparo 1891/2022, se encuentra pendiente de resolución, virtud que el veintiocho de octubre del año en curso, se admitió a trámite. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción X, así como el numeral 113, ambos de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Clara Katia Cantero Prado..."
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que se promueve en favor de Clara Katia Cantero Prado, contra actos del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio de la directa quejosa sus derechos fundamentales contenidos en la constitución; fórmese expediente y regístrese en el libro correspondiente con el número 870/2022-E. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: ( Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice es objeto la directamente agraviada, y todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con la inminente deportación, retorno asistido o traslado a otra estación migratoria, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezca la quejosa en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar la directamente agraviada a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de la directamente agraviada. En relación con la ilegal detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables a fin de que pongan a Clara Katia Cantero Prado, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de la directamente agraviada no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesta en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene la aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional". En ese contexto, toda vez que se solicita se dicten las medidas necesarias para que la impetrante goce de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento a la quejosa en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que la impetrante queda a disposición de este órgano jurisdiccional en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida en el presente acuerdo; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre la agraviada. Asimismo, se faculta al fedatario judicial de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables locales, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a la quejosa Clara Katia Cantero Prado, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro del plazo de tres días, legalmente computado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de la referida impetrante en el domicilio de las autoridades responsables locales. Medios de comunicación no procesal, autorizados, domicilio y acceso al expediente electrónico En relación con los medios de comunicación no procesal (dirección de correo electrónico y teléfonos celulares), la designación de autorizados y domicilio, así como el acceso al expediente electrónico, se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
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