Clara Karla Ramírez Ramírez
Expediente 333/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Clara Karla Ramírez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Agréguense oficios signados por el Actuario adscrito del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial C.C.A. 19/2019-327, que resuelve en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.". Acúsese recibo al Superior Jerárquico. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; informa que se admitió a trámite el conflicto competencial planteado, suscitado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el número C.C.A. 19/2019-327. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto estado que guardan los autos, se advierte que la promovente del amparo, solicitó se autorice a la persona que se indica, en los términos planteados, asimismo, que se le permita el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que obran en autos; se tiene por autorizada a la persona que se menciona, en los términos que se indican del primer párrafo, del artículo 12 de la ley de la materia. se faculta al promovente emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Ciudad de México, trece de febrero de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Visto el oficio 10872/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que remite el juicio de amparo 1664/2018 de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por Clara Karla Ramírez Ramírez, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otra autoridad; toda vez, que mediante proveído de siete de febrero del año en curso, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer de la demanda por razón de materia y ordenó remitir el expediente a la consignación de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno. Regístrese este asunto en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 333/2019-IV y, en términos de los artículos 3 y 48, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo y del Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los respectivos expedientes físicos y electrónicos. No se acepta competencia por razón de materia. Para determinar si en la especie corresponde a este Juzgado de Distrito, conocer de la demanda; por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se transcriben las autoridades responsables y los actos reclamados, con el propósito de interpretar, analizar y valorar lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000 de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, (en lo sucesivo "Cámara de Senadores"); y Lo es la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (en lo sucesivo "Cámara de Senadores") (sic). ACTOS RECLAMADOS: A las autoridades responsables se les reclama, respectivamente, la discusión, aprobación y emisión, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "LFRSP"), y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre de 2018 y que de conformidad con el artículo Primero Transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, el día del mismo mes y año En específico, se tildan de inconstitucional los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 6º todos de la LFRSP y los diversos arábigos 217 BIS y 217 TER, ambos del Código Penal Federal, por ser violatorios a derechos fundamentales y garantías constitucionales que se traducen en agravios directos y reales a mi esfera jurídica, tal y como se demostrará más adelante." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del acto que reclama la quejosa, por las siguientes consideraciones. Para delinear los asuntos sobre los que un órgano puede ejercer su jurisdicción, es decir, para definir qué asuntos debe conocer, pueden establecerse tres reglas: Materia. Se establece en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, o por razón de la naturaleza de la causa; es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia, de acuerdo con las ramas del derecho sustantivo: administrativa, laboral, civil, familiar, penal, agraria, fisca, constitucional, etc. Territorio. Es en relación al ámbito espacial de validez dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el que puede denominarse como: circuitos, distritos o partidos judiciales. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el conflicto sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Ahora, en el caso, es necesario precisar, en principio, que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo que tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un órgano especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que ayuda a enfocar su atención en la formación de su especialización y los encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. En ese orden de ideas, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver conflictos competenciales invariablemente ha atendido a la naturaleza del acto reclamado para decidirla. Para corroborar lo anterior, se estima pertinente invocar la tesis aislada cuyo rubro dice: "COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES.". De ahí que este Juzgado de Distrito considera que es legalmente incompetente para conocer del acto en estudio, en términos del artículo 34, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 34. (.) La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." Este órgano jurisdiccional concluye que el acto reclamado en la presente vía resulta de naturaleza administrativa, y para analizar su legalidad, se tiene que aplicar la legislación administrativa sustantiva y adjetiva que corresponde a actos de autoridad emitidos en procedimientos que son del conocimiento de los jueces que tramitan asuntos en dicha materia, en razón de que los ordenamientos jurídicos administrativos son los que regulan los actos que por esta vía se impugnan, por lo que, el análisis de los actos que se reclaman competen al Juez de Distrito especializado en materia Administrativa, dado que no se colma alguno de los supuestos jurídicos contenidos en el artículo 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en materia de trabajo. Con el propósito de demostrar lo afirmado, en primer lugar, conviene tomar en cuenta que los artículos 52 y 55, de la ley invocada establecen, respectivamente, las atribuciones de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y de los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo, en los siguientes términos: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." La asignación de competencias por materia es congruente con el principio de especialización, el cual garantiza la expedites en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho y por ello, pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. El primer artículo citado, fija las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirectos en materia administrativa e interpretando de forma sistemática de las fracciones de dicho precepto, se advierte que se contempla la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de actos materialmente administrativos, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los expide o ejecuta, pues el acto puede relacionarse con cualquier autoridad judicial o administrativa, con tal de que se trate de un acto materialmente administrativo. De los preceptos transcritos, se aprecia que los actos que se reclaman, encuadran en la fracción III del artículo 52, del citado ordenamiento legal, toda vez, que si bien es cierto, la quejosa reclama, como acto destacado, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al considerar que provoca una afectación inmediata a los derechos adquiridos como servidor público y empleada del Poder Judicial de la Federación, esto es, al salario que percibe, también lo es que, como quedó establecido en párrafos anteriores, los motivos de inconformidad no son factor determinante para fincar competencia a un Juzgado de Distrito. No obsta a lo expuesto, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto 233/2017, sostuvo que en ciertos casos resulta conveniente atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido, es decir, más allá de la naturaleza del acto, de la relación jurídica de las partes o de la calidad de la impetrante, ya que es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el fin de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín de la materia de que se trate, el que conozca y resuelva el asunto, pues en esta medida, se procurará proteger las garantías que se alegan violadas. Sin embargo, al dirimir diversos conflictos competenciales, entre ellos el 11/2016 y 38/2016, detalló que aunque se aduzcan en la demanda de amparo la posible afectación a derechos laborales, los asuntos eran de carácter administrativo, al no impugnarse actos derivados de una relación de supra a subordinación, con alguna de las autoridades señaladas como responsables, por lo que no existe uno de los elementos relevantes de las relaciones de trabajo; de igual forma, enfatizó que se estará en presencia de un asunto relacionado con la materia laboral, cuando el acto reclamado afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, consideró que cuando no se encuentre involucrado un acto de naturaleza estrictamente laboral ni se advierta la participación de una autoridad en esa materia que afectara alguna condición laboral, se debe considerar que lo que se impugna no deriva de las prestaciones laborales de ley, sino exclusivamente de su pertenencia a un grupo de personas con determinadas características. De lo que se puede inferir, que el presente asunto corresponde conocer a la competencia especializada en materia administrativa, dado que, los actos reclamados carecen de la aplicación directa e inmediata necesaria para que se consideren de naturaleza laboral, ya que si bien pueden ser de esa índole, lo cierto es que de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no es impugnada con un acto de aplicación y cuyo objeto es regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Como se ve, de la demanda laboral se advierte que si bien la quejosa reclama la aplicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los artículos 1 al 17 de la referida ley la disposición; lo que podría evidenciar una competencia laboral; también lo es, que la peticionaria reclama las violaciones a los principios de división de poderes e independencia judicial; cuestiones éstas que escapan del ámbito laboral; pues no tienden a combatir actos derivados de una relación de supra a subordinación, o bajo el régimen o relación de coordinación entre los contratantes; sino que se relaciona con la actuación por parte del Congreso de la Unión de restringir prestaciones como servidor público. En efecto, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no es impugnada con un acto de aplicación reclamable a una autoridad laboral; de ahí que aunque la citada norma tenga como objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional; lo cierto es que al no reclamarse acto destacado que incida de manera directa en una condición de trabajo, es que su naturaleza deriva administrativa. Es así, porqué para determinar las remuneraciones de los servidores públicos se consideraran diversas bases, en las que destaca que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución para el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual manera, establece que la remuneración se determinará anualmente en el referido Presupuesto o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, los que contendrán, tabuladores de remuneraciones mensuales, la remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda, la remuneración total anual de los titulares de los entes públicos Cámara de Senadores; Cámara de Diputados; Auditoría Superior de la Federación; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Banco de México; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; los organismos públicos descentralizados de la Federación; las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme al límite que se establece con base a la remuneración que reciba el Presidente de la República. Asimismo, el artículo 8º de la ley impugnada, determina que durante el procedimiento de programación y presupuesto establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Se señaló que los manuales de percepciones y los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuestos de cada ente, se apeguen estrictamente a las disposiciones de la cita ley. De lo anterior, se observa que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sí no entraña una afectación laboral directa e inmediata y sí puede ser considerada exclusivamente como una ley rectora, ya que únicamente regula en un ámbito general a los poderes de la unión y de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos, en relación a las remuneraciones de los servidores públicos de los mismos, y los límites que deberán aplicarse en el momento en que se efectúe el procedimiento de programación y presupuestación, para lo cual los proyectos de presupuesto deben contemplar en su momento el ajuste en los tabuladores correspondientes, circunstancias que demuestran que en este momento los decretos reclamados, sólo son ordenamientos rectores que establecen el objeto, sujetos y procedimiento para que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, todo ello en el ámbito administrativo. De lo antes examinado no se observa que dicha normatividad tenga directa e inmediatamente una vinculación u afectación en las relaciones laborales, o que se desprenda un acto concreto de aplicación que lo materialice en contra de sus derechos laborales. Para confirmar tal afirmación, es necesario considerar que no es óbice el hecho de que en la demanda de amparo la quejosa se ostente como servidora pública adscrita al Consejo de la Judicatura Federal y afirme que la norma que impugna, se contrapone a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, que prevé la relación entre el Estado y sus trabajadores; ya que de lo que se duelen precisamente es de la entrada en vigor de la "Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos" y no propiamente de algún acto derivado de la supuesta relación de supra-subordinación que sostienen con las autoridades señaladas como responsables, por lo que no existe uno de los elementos relevantes de las relaciones de trabajo. Esto es, que al tratarse de una reforma legislativa, en donde se encuentran inmersas como autoridades responsables, tanto a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de las cuales se reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación, respectivamente, de dicha ley y no señala como autoridades que reflejen un vínculo laboral con la quejosa, resulta inconcuso que el acto combatido en el juicio de amparo no es de naturaleza laboral. En esa tesitura, aun cuando la norma que se impugna pudiera ser de índole laboral, lo cierto es que no puede considerarse que su expedición sea de esa naturaleza, sino por el contrario, debe calificarse como rectora de un procedimiento administrativo orientado en la administración pública, con lo que se puede precisar que el asunto es de naturaleza administrativa; por tanto, si la cuestión de fondo de los medios de impugnación de que se trata, no es la demostración del vínculo laboral de la quejosa, en su calidad de trabajadora al servicio del Consejo de la Judicatura Federal, sino cuestionar la regularidad constitucional y/o convencional de la ley reclamada, entonces, se insiste, se está ante un supuesto de naturaleza administrativa. Por eso, si en la especie no se encuentra involucrado un acto de naturaleza estrictamente laboral, ni se advierte la participación de una autoridad en esa materia que afectara alguna condición laboral de la actora en relación con su supuesto vínculo de trabajo, es inconcuso que lo que éste impugna no deriva de las prestaciones laborales de ley, sino exclusivamente de su pertenencia a un grupo de personas con determinadas características. Sirve de apoyo, por identidad de razón la tesis de jurisprudencia 2a./J.44/2016 (10ª.) cuyo rubro es "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ EL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN ESTATAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.". Y por analogía la diversa tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN EL QUE SE IMPUGNÓ EL DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN ESTATAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.". Igualmente es aplicable al caso, la tesis aislada I.14o.C.8 K, de rubro siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.". En esas condiciones, en razón a que el acto reclamado no versa sobre derechos sustantivos en materia laboral y no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que tal acto no es de naturaleza laboral y por ende, su conocimiento no es de la competencia de un órgano de amparo en materia de trabajo, al reclamarse actos formal y materialmente administrativos, emitidos por autoridades distintas de la Judicial, y por ello este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto porque corresponde a un Juzgado de Distrito en materia administrativa. Razón por la cual, si el acto debatido lo constituye también la posible aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales, por las razones antes expresadas, es incuestionable que la competencia para conocer de la demanda corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, de acuerdo al artículo 52, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece lo siguiente: Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sostenida el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 1431, noviembre de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de Distrito en materia penal, de los actos dictados por la autoridad judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia. Asimismo, en lo conducente, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página 2313, Novena época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA. TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS SUSCITADAS POR LA APLICACIÓN DE LEYES FISCALES, CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y NO A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA (EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se surte la competencia constitucional (en razón al fuero y la materia) de este último, para dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, cuando los actos de autoridad de carácter administrativo cuya nulidad se demande, formen parte del procedimiento de fiscalización a que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior obedece a que, si bien, por regla general, contenida en el precepto 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el conocimiento de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, es competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa; sin embargo, dicha regla general tiene una excepción, pues en tratándose de controversias suscitadas por la aplicación de leyes fiscales, rige la regla especial prevista en el propio artículo 11 de la mencionada ley orgánica, que otorga competencia a dicho órgano jurisdiccional, en razón a la materia, para conocer de tales controversias. Regla especial que por contener una disposición expresa debe prevalecer sobre la general, de acuerdo con los principios generales de derecho. Ahora bien, el hecho de que este último numeral disponga que tal órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos exclusivamente contra resoluciones definitivas, no implica que por exclusión, contra aquellos actos administrativos en materia fiscal que no sean resoluciones definitivas, como la orden de visita domiciliaria y las actas parciales, se surta la competencia de los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que, al tratarse de competencia constitucional en razón a la materia, ésta es improrrogable; además, el hecho de que contra tales actos no pueda el gobernado demandar la nulidad ante el citado tribunal, ello no implica que se le deje en estado de indefensión, pues podrá hacerlo, en su caso, cuando reúna el requisito de procedibilidad a que se refiere el invocado precepto 11, esto es, que se pronuncie la resolución definitiva. Requisito que no puede soslayarse, pues la competencia en razón a la materia es irrenunciable, ya que, conforme al precepto 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la única jurisdicción que se puede prorrogar es la que se establece por razón del territorio; además la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley específica que preceptúa la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de todas aquellas controversias suscitadas en materia fiscal. En esas condiciones, en razón a que el acto reclamado no versa sobre derechos sustantivos en materia laboral y no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que tal acto no es de naturaleza laboral y por ende, su conocimiento no es de la competencia de un órgano de amparo en materia de trabajo, al reclamarse actos formal y materialmente administrativos, emitidos por autoridades distintas de la Judicial, y por ello este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer del asunto porque corresponde, como se reitera, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el cardinal 52, fracción IV del mismo ordenamiento Legal. En consecuencia, este Juzgado de Distrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA planteada, por ende, devuélvase el expediente al Juzgado remitente, solicitando el acuse de recibo correspondiente y copia del acuerdo que se emita sobre el particular. Domicilio procesal y personas autorizadas de la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Cuaderno de Antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notificación Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo a la promovente, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número P./J. 12/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Las demandas de amparo que se presentan fuera del horario de labores ante el secretario autorizado de un Juzgado de Distrito, en términos del último párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, deben ser remitidas a la oficina de correspondencia común, para que ésta cumpla con el procedimiento que señala el artículo 56 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (49 de la ley en vigor); esto es, para que la registre por orden numérico riguroso y la turne al juzgado que corresponda. Por otra parte, el examen de los artículos 30, primer párrafo, y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que no hay obligación legal para el Juez de Distrito, de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, pues el primero de los numerales señalados dispone este tipo de notificación respecto del emplazamiento del tercero perjudicado y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, y le otorga al juzgador la facultad de ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; por tanto, es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término, a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existe oficina de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Vigencia de la jurisprudencia invocada. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, ante Miriam Delgado Barrera Secretaria con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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