Clara Ivette Rufino Espinosa

Expediente 1148/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1148/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Clara Ivette Rufino Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    II... Vista la certificación que antecede, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    II... Vista la demanda de amparo ...

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la quejosa Clara Ivette Rufino Espinosa, por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 1148/2019-II, el cual es del tenor: 20/Septiembre/2019.- "... Vista la demanda de amparo promovida por Clara Ivette Rufino Espinosa, por conducto de su apoderado Víctor Hugo Martínez Uscanga, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1148/2019-II. Previo acordar lo conducente, es dable destacar que el ocurso que se atiende fue promovido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, consultar los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos, lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal . Acorde con lo anterior, los artículos 64, 65, 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación , indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, es menester destacar que los artículos 64 y 65, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Ahora, del precepto 72 del Acuerdo 1/2015 de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente del promovente. Finalmente, el artículo 76, párrafo segundo del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de ésta. En ese contexto, en el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal ni evidencia criptográfica de ésta. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el suscrito está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la Ley de Amparo, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Asimismo se destaca que del contenido de los artículos 72 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, ya transcritos, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Ahora, en el caso concreto, la demanda de amparo no cuenta con firma electrónica ni evidencia criptográfica de ésta, por lo tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad del promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de firma electrónica, no existe voluntad de su parte para dar inicio a la presente instancia constitucional . Por lo que, se insiste, en virtud que la promoción carece de firma del promovente, no se tiene por expresada su voluntad, pues es a través de la firma electrónica correspondiente que se responsabiliza de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional , se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, no ha lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que se mencionan, ni se autoriza la consulta electrónica del expediente, toda vez que el promovente no firmó el escrito de demanda y, por ende, no se le puede reconocer tal calidad a aquéllos para que actúen en su nombre, con las facultades que confiere el numeral señalado. Con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso J), comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda, a fin de notificarle el contenido del presente proveído a la quejosa y a su vez le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias que de este juicio deriven. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..."

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