Clara García Vidal

Expediente 1493/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1493/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Clara García Vidal
  • Melani Gabriela Camcho Morales, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Diversos, Jonacatepec, de la Fiscalía Regional Oriente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó negarla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibida la razón de imposibilidad signada por el Actuario adscrito de quince de agosto del presente año, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar al tercero interesado David Hernández Díaz, la resolución de tres de agosto del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O : ÚNICO.- Mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, donde además se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental. La audiencia incidental se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, es competente para conocer y decidir el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano a que se ha hecho referencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Por escrito presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el veinticuatro de julio de dos mil veinte, María Isabel Trujillo López, en su calidad de madre, por su propio derecho y en representación de Ana Karen Ramírez Trujillo, directa agraviada y de la menor de iniciales KNCR, menor de edad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades siguientes: . En auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte, se previno la demanda respecto de la precisión de los actos reclamados; además, se ordenó la investigación y localización de Ana Karen Ramírez Trujillo. Mediante escrito recibido el veintinueve de julio de dos mil veinte, en la Oficialía de este Juzgado de Distrito, María Isabel Trujillo López, interpuso recurso de queja contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte. En auto de veintinueve de julio de dos mil veinte, se dio trámite al citado recurso de queja y se proveyó su envío al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. Una vez desahogada la prevención de referencia, en auto de treinta de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante resolución de once de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca 93/2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, declaró fundado el recurso de queja interpuesto por María Isabel Trujillo López; la parte que interesa del considerando quinto de esa resolución, es como sigue: "En las relatadas consideraciones, atendiendo a que: "i) La suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del amparo. "ii) La desaparición forzada de personas o la desaparición cometida por particulares, se refieren a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales de una menor como víctima indirecta, cuya víctima directa es su progenitora que le provee los satisfactores vitales para su subsistencia; y, "iii) La atención médica comprende una gran diversidad de actividades, desde preventivas hasta de urgencias. "Este Tribunal Colegiado considera que en el caso, el cual se encuentra relacionado con la desaparición forzada de personas o la desaparición cometida por particulares, de acuerdo con las circunstancias que imperan, a partir de un juicio valorativo en el que se han ponderado las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no sólo procede conceder la suspensión de oficio y de plano para los efectos precisados por el juzgador federal, sino para que las autoridades señaladas como responsables: 1) Comisión Ejecutiva y 2) Comisión de víctimas, ambas del Estado de Morelos, provean sobre las medidas cautelares que en esta ejecutoria se decretan a favor de la menor hija de la víctima directa de iniciales KNCR, consistentes en atención médica, psicológica, alimentaria y beca educativa, de manera gratuita por las instituciones del Estado; asimismo, para que se efectúe la incorporación correspondiente en el Registro Estatal de Víctimas, toda vez que la omisión alegada coloca a la citada menor en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentran gravemente comprometidas. "Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracciones IV y V, y 139 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. "En la inteligencia de que si a la fecha de la presente determinación la solicitud a que se contraen los anteriores dispositivos, ya ha sido presentada, ineludiblemente y de inmediato, deberán acreditar los extremos solicitados; sin embargo, en caso contrario, es decir, que la multicitada solicitud no haya sido presentada por la promovente del amparo, las propias responsables, en estricta observancia a lo dispuesto por el artículo 8o, tercer párrafo de la Ley General de Víctimas, deberán orientar de manera clara, precisa y accesible sobre el mecanismo y/o procedimiento adecuado y eficaz para su acceso. "En cuyo caso, el juzgador de Distrito estará encargado de vigilar puntualmente todo el procedimiento, desde la presentación de la solicitud hasta la obtención y otorgamiento de las medidas cautelares decretadas. "Todo lo anterior, con independencia o no, que la promovente haya informado al juez de Distrito los requerimientos formulados en ese sentido en el auto combatido, porque en todo caso son aspectos cuya responsabilidad es de las autoridades responsables por disposición de la ley. "Por lo que, en conclusión, atendiendo a la gravedad del hecho y por afectarse también a una menor de edad, atendiendo al interés superior del menor y a que la víctima directa es su principal fuente de satisfactores vitales, este tribunal colegiado estima procedente conceder la suspensión de oficio y de plano, a efecto de que, de manera inmediata, se ordene a la autoridad responsable que cese la violación alegada, y se tomen las medidas cautelares, para lo cual se deberá proporcionar a los familiares de la víctima Ana Karen Ramírez Trujillo, como lo es su menor hija de iniciales KNCR, atención médica, psicológica, asistencia alimentaria y beca educativa, de manera gratuita por las instituciones del Estado, y se efectúe la incorporación en el Registro Estatal de Victimas correspondiente, para garantizar aquellos, bajo su más estricta responsabilidad. "Por último, dese vista al Fiscal General de Justicia de Estado, para los efectos que legalmente corresponda." En auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la resolución de referencia y se requirió a las autoridades responsables, para que, en el ámbito de su competencia, dieran cumplimiento a la misma. CUARTO. Este Juzgado de Distrito considera que es fundado el incidente planteado, por advertirse defecto en su cumplimiento. Para evidenciar lo anterior, cabe precisar que el objeto del incidente es analizar si las autoridades responsables cumplieron con la suspensión de plano de manera defectuosa o en exceso, y en caso negativo se les requerirá para que en el plazo de veinticuatro horas cumplan con la suspensión, rectificando los errores en que hubieren incurrido al cumplirla, con el apercibimiento que de no hacerlo serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación, por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora bien, Javier Ulises Alcántara Lee, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a favor de María Isabel Trujillo López, esencialmente basa su inconformidad al considerar lo siguiente: "...la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, ha dado cumplimiento parcial o defectuosa (sic) a la suspensión de plano concedida y de la cual se encuentra constreñida acatar; pues al respecto, sólo se ha inscrito en el registro respectivo, ocurriendo el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, a la fecha no sea (sic) proporcionado atención médica, psicológica y asistencia alimentaria." "Por otra parte, la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, en el ámbito de sus atribuciones no ha efectuado acto tendiente a cumplir cabalmente la medida cautelar en comento, pues no se ha hecho lo propio para asignar una beca educativa a la menor de iniciales K.N.C.R." "Ante ese panorama, se deberá de requerir a la autoridad vinculada con el cumplimiento de la suspensión definitiva, para que den acatamiento a la resolución derivada del recurso de queja." Al respecto, son fundadas las manifestaciones de Javier Ulises Alcántara Lee, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a favor de María Isabel Trujillo López. En principio, debe quedar establecido que para que pueda determinarse exceso o defecto a la suspensión de plano, que se traduce en la definitiva, por ser la única medida cautelar decretada en autos, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a) Que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas por cualquier medio, se enteraron de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida. Bajo tal orden de ideas, es de advertirse que el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte (que tuvo por recibida la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca 92/2020, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que declaró fundado el recurso de queja relativo y concedió la suspensión de plano), fue notificado legalmente a las autoridades responsables, tan es así que rindieron su informe respecto de dicha medida cautelar. Precisión de las autoridades responsables cuya conducta será objeto de estudio en esta interlocutoria: Si bien es cierto que en el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el juicio de amparo 472/2020, planteado por Javier Ulises Alcántara Lee, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a favor de María Isabel Trujillo López, y se requirió a todas las autoridades responsables para que rindieran su informe en relación a ese incidente; sin embargo, sólo será objeto de estudio la conducta de las autoridades a que se hace alusión en el escrito donde se planteó ese incidente, a saber: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Secretaría de Educación del Estado de Morelos. También será objeto de estudio la conducta de aquellas autoridades que están vinculadas con el cumplimiento de la suspensión de plano; que en el caso son las siguientes: Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Subdirectora Jurídica. ... Las siguientes autoridades responsables rindieron el informe requerido en auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno: Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Y en sus informes niegan que haya exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Al respecto, esas autoridades informaron lo siguiente: La Licenciada Nadxieelii Carranco Lechuga, Comisionada Ejecutiva, de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, en su oficio SG/CEARV/CE/271/2020, de veintidós de diciembre de dos mil veinte, informó que el catorce de diciembre de dos mil veinte, las víctimas Ana Karen Ramírez Trujillo, María Isabel Trujillo López y la menor de iniciales KNCR, ingresaron al Registro Estatal de Víctimas. El Licenciado Leonardo Alejandro Silva Anguiano, Encargado de Despacho, de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, en su oficio SG/CEARV/CE/270/2021, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, informó lo que a continuación se detalla: Andrea Acevedo García, Subdirectora de Registro Estatal de Víctimas, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, notificó a María Isabel Trujillo López, que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, aprobó el ingreso al Registro Estatal de Víctimas, por delito, a través del acuerdo número CEARVEM-ACU12-17ª.14-12-2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, con los siguientes datos: Nombre: Número de FUDI: Número único de identificación: Ana Karen Ramírez Trujillo REVEM/342/2020 NUI/1914/2020 María Isabel Trujillo López REVEM/343/2020 NUI/1915/2020 Keyty Nathaly Chávez Ramírez REVEM/344/2020 NUI/1916/2020 Diana Itzel Ramírez Trujillo REVEM/345/2020 NUI/1917/2020 Sheila Isabel Ramírez Trujillo REVEM/346/2020 NUI/1918/2020 Por cuanto a las medidas de ayuda de alimentación y beca educativa, son aprobadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador, para posteriormente, mediante sesión calendarizada del Comité Técnico, del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sea dispersado el recurso económico correspondiente mediante carta de instrucción; los expedientes de las víctimas indirectas de referencia, serán tomados en cuenta en la sesión del Comité Interdisciplinario Evaluador, en el mes de septiembre de dos mil veintiuno. La Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, Directora de Asistencia, Atención y Vinculación, de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, mediante oficio SG/CEARV/DDAyV/27/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, solicitó a la Licenciada Mónica Isabel Loyde García, Subdirectora Jurídica de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, que brinde atención médica gratuita a los familiares de Ana Karen Ramírez Trujillo, víctima directa por delito, por conducto de María Isabel Trujillo López, víctima indirecta. La Licenciada Mónica Isabel Loyde García, a través del oficio SSM/DG/SJ/1076/2021, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, solicitó a la Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, se precisara la especialidad médica solicitada. La Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, mediante el oficio SG/CEARV/DAAyV/24/2021, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, informó a la Licenciada Mónica Isabel Loyde García, que se debía proporcionar atención psicológica gratuita a María Isabel Trujillo López y a su nieta de iniciales CRKN. La Licenciada Mónica Isabel Loyde García, a través del oficio SSM/DG/SJ/1018/2021, de diez de marzo de dos mil veintiuno, informó a la Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, que mediante oficio JSI/CSP/SMENTAL/263/2021, el Doctor Cenobio Reyes Vega, Jefe de la Jurisdicción I, Cuernavaca, de la Subdirección de Atención Primaria a la Salud, de la Dirección de Atención Médica, de Servicios de Salud de Morelos, informa que María Isabel Trujillo López y la menor de iniciales CRKN, serán atendidas por la Psicóloga Susana Hernández Nava, en el Centro de Salud, de la colonia Antonio Barona, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en los horarios precisados en ese oficio. La Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, mediante el oficio SG/CEARV/DAAyV/38/2021, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, informó a la Licenciada Mónica Isabel Loyde García, que la atención médica gratuita solicitada para María Isabel Trujillo López, Sheila Isabel Ramírez Trujillo, Diana Itzel Ramírez Trujillo y la menor de iniciales KNCR, se sugiere sea brindada a través de un médico internista. El Doctor Cenobio Reyes Vega, a través del oficio JSI/CAM/102/2021, de cinco de abril de dos mil veintiuno, informó a Licenciada Mónica Isabel Loyde García, que señaló las trece horas del doce de abril de dos mil veintiuno, para que se lleve a cabo la valoración médica de María Isabel Trujillo López, Sheila Isabel Ramírez Trujillo, Diana Itzel Ramírez Trujillo y la menor de iniciales KNCR, con el Doctor Eduardo Cruz Lima, en el Centro de Salud Cuernavaca. La Licenciada Mónica Isabel Loyde García, a través del oficio SSM/DG/SJ/1587/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, informó a la Maestra en Derecho Dulce Pamela Martínez Contreras, el contenido del oficio JSI/CAM/102/2021, antes detallado. Los oficios antes reseñados fueron exhibidos en copia certificada con el oficio SG/CEARV/CE/270/2021, por lo que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. Lo anterior con apoyo además, en la jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, primera parte, tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro y tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por otra parte, el Licenciado Edgar Octavio Bello Salgado, delegado del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mediante oficio sin número de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, informó que la parte quejosa no ha realizado ninguna solicitud respecto de las medidas a que se refiere el artículo 139 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; también informó que no ha tenido ninguna comunicación con la parte quejosa, lo que ha impedido atender la suspensión en el ámbito de sus atribuciones previstas en el Estatuto Orgánico de ese Instituto; igualmente informó que no ha recibido documento alguno por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Víctimas del Estado de Morelos, que implique gestiones para brindar la atención respectiva, como lo ordena el artículo 140 de esa ley. Por último, la Licenciada Diana Belem Sánchez Martínez, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico, de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, en su oficio sin número de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, informó que dentro de sus archivos físicos y electrónicos no existe expediente o registro alguno a favor de la quejosa o de la menor, así como mandamiento u orden, por parte del Registro Nacional de Víctimas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión Ejecutiva o Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Morelos, en donde se haya solicitado el acto que reclama la quejosa. Lo antes reseñado muestra que existe defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Recordemos que en la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca 93/2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por María Isabel Trujillo López, en la esencia del considerando quinto, se dispuso: "Este Tribunal Colegiado considera que en el caso, el cual se encuentra relacionado con la desaparición forzada de personas o la desaparición cometida por particulares, de acuerdo con las circunstancias que imperan, a partir de un juicio valorativo en el que se han ponderado las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, no sólo procede conceder la suspensión de oficio y de plano para los efectos precisados por el juzgador federal, sino para que las autoridades señaladas como responsables: 1) Comisión Ejecutiva y 2) Comisión de víctimas, ambas del Estado de Morelos, provean sobre las medidas cautelares que en esta ejecutoria se decretan a favor de la menor hija de la víctima directa de iniciales KNCR, consistentes en atención médica, psicológica, alimentaria y beca educativa, de manera gratuita por las instituciones del Estado; asimismo, para que se efectúe la incorporación correspondiente en el Registro Estatal de Víctimas, toda vez que la omisión alegada coloca a la citada menor en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentran gravemente comprometidas." ".este tribunal colegiado estima procedente conceder la suspensión de oficio y de plano, a efecto de que, de manera inmediata, se ordene a la autoridad responsable que cese la violación alegada, y se tomen las medidas cautelares, para lo cual se deberá proporcionar a los familiares de la víctima Ana Karen Ramírez Trujillo, como lo es su menor hija de iniciales KNCR, atención médica, psicológica, asistencia alimentaria y beca educativa, de manera gratuita por las instituciones del Estado, y se efectúe la incorporación en el Registro Estatal de Victimas correspondiente, para garantizar aquellos, bajo su más estricta responsabilidad." Ahora, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, ha acreditado lo siguiente: Por acuerdo número CEARVEM-ACU14-17ª.14.12.2020, de catorce de diciembre de dos mil veinte, se aprobó el ingreso de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, al Registro Estatal de Víctimas, con el número de FUDI: REVEM/344/2020 y con el número único de identificación: NUI/1916/2020. Haber girado oficios a la Subdirectora Jurídica de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, para que se brinde atención médica y psicológica a la víctima indirecta menor de iniciales KNCR. La Subdirectora Jurídica de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, informó que se hizo cita para el treinta de marzo de dos mil veintiuno, para la atención psicológica de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, por la Psicóloga Susana Hernández Nava, en el Centro de Salud, de la colonia Antonio Barona, de Cuernavaca, Morelos. La Subdirectora Jurídica de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, informó que se hizo cita para el doce de abril de dos mil veintiuno, para la atención médica de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, por el Doctor Eduardo Cruz Lima, en el Centro de Salud, de la colonia Centro, de Cuernavaca, Morelos. El Comité Interdisciplinario Evaluador, tomaría en cuenta el expediente de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, en la sesión del mes de septiembre de dos mil veintiuno, para analizar las medidas de ayuda de alimentación y beca educativa; y que posteriormente, mediante sesión calendarizada del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sería dispersado el recurso económico correspondiente mediante carta de instrucción. En ese orden de ideas, no está demostrado que efectivamente se brindó atención médica y psicológica a la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, ni mucho menos que, en su caso, se haya implementado un programa o plan por los especialistas Psicóloga Susana Hernández Nava y Doctor Eduardo Cruz Lima; tampoco está acreditado que el Comité Interdisciplinario Evaluador, en la sesión de septiembre de dos mil veintiuno, abordó el estudio del expediente de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR y cuál fue la decisión que adoptó sobre la ayuda de alimentación y beca educativa; ni mucho menos está demostrado si el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ya dispersó el recurso económico mediante la carta de instrucción, en relación a esa ayuda de alimentación y beca educativa en beneficio de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR. Por ello, como se anunció, se declara fundado el incidente planteado por existir defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca 93/2020, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por María Isabel Trujillo López. En consecuencia, se requiere a las siguientes autoridades para que en el plazo de veinticuatro horas cumplan con esa suspensión de plano; para tal efecto deberán proceder de la forma siguiente: La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá coordinarse con los Servicios de Salud del Gobierno de esta entidad federativa, a través de la Subdirectora Jurídica, para que efectivamente se brinde la atención médica y psicológica a la víctima indirecta menor de iniciales KNCR. Los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Subdirectora Jurídica, deberá dar instrucciones a los especialistas Psicóloga Susana Hernández Nava y Doctor Eduardo Cruz Lima, para que efectivamente se brinde la atención médica y psicológica a la víctima indirecta menor de iniciales KNCR. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá coordinarse con el Comité Interdisciplinario Evaluador, para que, en caso de no haberse efectuado, se lleve a cabo el estudio del expediente de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR y, se emita la resolución sobre la ayuda de alimentación y beca educativa de esa menor. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá coordinarse con el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que, en caso de no haberse efectuado, se tome la decisión, para que se disperse el recurso económico mediante la carta de instrucción, en relación a la ayuda de alimentación y beca educativa en beneficio de la víctima indirecta menor de iniciales KNCR. La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, de ser el caso, deberá coordinarse con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos o con la Secretaría de Educación Pública de esta entidad federativa, para que la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, reciba educación. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, de recibir oficio de colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de esta entidad federativa, deberá efectuar los trámites necesarios para que la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, reciba educación. La Secretaría de Educación del Estado de Morelos, de recibir oficio de colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de esta entidad federativa, deberá efectuar los trámites necesarios para que la víctima indirecta menor de iniciales KNCR, reciba educación. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación, por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto y con apoyo en los artículos 206 al 209 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara fundado el incidente planteado por Javier Ulises Alcántara Lee, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a favor de María Isabel Trujillo López, por existir defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en la resolución de once de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca 93/2020, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por María Isabel Trujillo López. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Julián Pantaleón Suárez, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Incidental

    VISTOS para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1493/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Clara García Vidal, reclama de Bertha Vergara Álvarez, Juez de Primera Instancia de Control, del Único Distrito Judicial con Sede en Cuautla, Morelos y Melani Gabriela Camacho Morales, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Diversos, Jonacatepec, de la Fiscalía Regional Oriente: ".acuerdo realizado por el Juez de Control de fecha 6 de diciembre de 2021, dentro de la carpeta penal JCC/560/2020 respecto de que deberé presentarme a las 10 horas del día 18 de enero de 2022 para la celebración de una audiencia inicial en mi contra por el delito de fraude procesal en perjuicio de la sociedad." La quejosa Clara García Vidal, solicita la suspensión de ese acto reclamado de la siguiente manera: ".De ser procedente, solicito se suspenda este acto reclamado." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de doce de enero de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional relativa a la ampliación de demanda; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. La autoridad señalada como responsable Melani Gabriela Camacho Morales, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Diversos, Jonacatepec, de la Fiscalía Regional Oriente, al rendir su respectivo informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. La autoridad señalada como responsable Bertha Vergara Álvarez, Juez de Primera Instancia de Control, del Único Distrito Judicial con Sede en Cuautla, Morelos, al rendir su respectivo informe previo aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. TERCERO. En el caso, debe negarse la suspensión definitiva de los efectos del acto reclamado. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte: La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado: El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formulen los promoventes del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido: El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo: Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho: En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Bajo tal orden de ideas, en el caso no es procedente conceder la medida suspensional solicitada por la parte quejosa, al no cumplir con las exigencias contenidas por el artículo 128 de la Ley de Amparo. En efecto, para que proceda decretar la suspensión solicitada deben recurrir dos circunstancias: que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. En el caso, se advierte que la aquí quejosa cumplió con el primer requisito, al solicitar la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, no se cumple con el segundo requisito consistente de que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Esto, porque conforme a las fracciones I y II del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. En efecto, de un ejercicio de ponderación entre la probable inconstitucionalidad del acto reclamado, la urgencia de conceder la medida cautelar, así como el contenido del artículo 138 de la Ley de Amparo (amén de los efectos y alcances pretendidos con la suspensión del acto reclamado) es de colegirse que de concederse la medida cautelar se afectaría el interés social y las disposiciones de orden público. Esto, porque de alguna manera se afectaría la facultad de investigación y persecutora que corresponde a la institución ministerial, al trastocar el procedimiento penal que es de orden público. Orden público que es insoslayable, porque al tener conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, la institución ministerial debe iniciar las actuaciones pertinentes con fines de investigación y dirigir la indagatoria penal, orientada a allegarse de datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Sobre el particular, con base en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete a la institución del Ministerio Público la facultad de investigar y perseguir los delitos, por lo que en uso de esas atribuciones puede solicitar al juez la presencia de un imputado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso En consecuencia, no es procedente conceder la suspensión definitiva, ya que se está ante un procedimiento de índole penal que no es susceptible de suspender en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, por ser de orden público. Lo anterior, porque es la afectación al interés social y la contravención de disposiciones de orden público, la razón por la que este Juzgado de Distrito considera que no es procedente conceder la suspensión definitiva de los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Clara García Vidal, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos del primero al tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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