Clara Francisca Ramos Oropeza
Expediente 775/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2022
Partes del expediente
- Clara Francisca Ramos Oropeza
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le comunicó la determinación dictada en este asunto, así como de los anexos descritos en el propio oficio. En ese sentido, advirtiéndose que el presente asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo. En atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su destrucción. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido sin mediar proveído alguno se procederá a su destrucción. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos; téngase por recibido el oficio de mérito remitido por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional, al que se anexa el escrito de la demanda de amparo promovida por Clara Ramos Oropeza. Acúsese recibo. Con las constancias remitidas, fórmese y regístrese el juicio de amparo D.A. 775/2022. De inicio, este tribunal estima indispensable examinar, primordialmente, el tópico de competencia, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, para ello, conviene precisar que el acto que por esta vía pretende combatir la parte quejosa Carlos Enrique Hernández Camacho, lo hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- Acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, relativo al desechamiento del recurso de revisión que la suscrita presenté en contra de la resolución 11/013/04/1226/2022 relativa al expediente administrativo PA/190/2021 [.]" Resolución emitida por la autoridad responsable, Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional. Al respecto, conviene traer a contexto los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que son los que rigen las reglas del amparo directo en materia administrativa, como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.]" "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; [.]" De la intelección de tales numerales, con claridad se observa que los tribunales colegiados en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, el cual procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Acorde con lo anterior, este Tribunal considera que carece de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo que nos ocupa en la vía directa, en virtud de que, como se adelantó, el acto reclamado consiste en la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, aparentemente dictada por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto Politécnico Nacional, en el expediente PA/190/2021, la cual de ninguna manera constituye una sentencia, laudo o resolución que ponga fin a juicio, en los términos a que se refieren los ordinales transcritos, y atento a lo dispuesto en el diverso numeral 170 de la Ley de Amparo, así que no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo directo. En ese sentido, este tribunal estima que el competente para conocer del asunto es un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Federal; 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 107, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales para mayor claridad del asunto conviene reproducirlos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 52. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: [.] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; [.]" [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Efectivamente, es al juez de distrito en la materia referida al que corresponde conocer de los amparos que se promuevan contra resoluciones de tribunales administrativos dictadas con posterioridad a la sentencia que pone fin al juicio, que es el supuesto en el que se ubica el acto que se reclama en la demanda de amparo que nos ocupa. Bajo esas circunstancias y, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el presente expediente, la copia del escrito y segundo anexo, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a fin de que, a su vez, se envíe al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda, para que se avoque al conocimiento del asunto y resuelva lo que en derecho corresponda. Al respecto, se solicita al Juzgado de Distrito de que se trate, el acuse de recibo correspondiente. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que refiere, en tanto que si aquellas, en su momento, acreditan encontrarse legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se les reconocerá el carácter de autorizados en términos amplios de dicho numeral. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico y el número telefónico de la parte de que se trata a fin de entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; específicamente, el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento al contenido de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la toma de constancias que obren en autos, siempre y cuando no se trate de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar por persona previamente autorizada para ello; en el entendido que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 68, fracción I y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública; 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, deberán ponerse a disposición del público, entre otros documentos, las sentencias que sean de interés público y las listas de acuerdos que se publiquen diariamente; pero las partes podrán oponerse a ese tratamiento, siempre y cuando lo soliciten de manera expresa, en el entendido que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que les sean encomendadas en días y horas inhábiles. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; específicamente los numerales 251, 252, 263, fracción II, y demás relativos, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, a fin de privilegiar la utilización de medios tecnológicos y soluciones digitales en la tramitación e integración del presente asunto. También, para que proporcionen medios especiales de contacto a efecto de que pueda establecerse una comunicación no procesal, tales como números telefónicos, correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea. De igual manera, de ser el caso, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho para solicitar la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones se les practiquen vía electrónica.
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