Clara Flores Galicia
Expediente 1152/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Clara Flores Galicia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo telegráfica que remite **********, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, y otras autoridades, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Analizado el escrito de demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por actualizarse un motivo de improcedencia indudable y manifiesto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 5° fracción I, y 6° del ordenamiento invocado, pues para la admisión y tramitación del juicio es indispensable que en la demanda se exprese la voluntad de quien solicita el amparo a través de la signatura relativa. Conforme lo anterior, se tiene que dicha causa de improcedencia versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio sin expresar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de amparo, ya sea en nombre propio o en representación de otra. Por lo que de no realizarse no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o de cualquier persona, en los casos en que esta ley lo permita expresamente. En la especie la demanda de amparo no contiene firma autógrafa de Clara Flores Galicia, por lo que carece de una formalidad indispensable para darle trámite ya que su falta de firma equivale a la falta de voluntad para promover la demanda de amparo, lo cual se encuentra corroborado, ya que la misma fue presentada de manera telegráfica, en la cual no se advierte la firma. En tales términos, la falta de firma de la demanda no es una irregularidad en dicho escrito, que amerite la prevención al promovente prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo, en razón de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe. Tiene aplicación, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. Si la demanda no fue suscrita ni se presentó prueba alguna por el representante de la quejosa que acreditara su personalidad para promover, no se cumple con lo dispuesto por la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo; además, la fracción I del artículo 107 constitucional es terminante al disponer que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 4o. de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; por lo que, cucando no se cumple con tales requisitos, procede sobreseer el juicio de garantías, con fundamento en los preceptos mencionados, y en las fracciones XVIII del artículo 73 y III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo". Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, Quinta Parte, localizable a foja 71, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Por tanto, al quedar evidenciada la causa de improcedencia antes indicada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Lo anterior, sin que se desconozca que dicha demanda se presentó de forma telegráfica, sin embargo, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo,1 las promociones del juicio de amparo deben presentarse por escrito, lo que excluye la presentación de las mismas por telegrama, pues el único caso permitido por la norma para que la demanda inicial sea presentada de forma diversa a la escrita es en los casos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Amparo2, 1 "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente." 2 "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la supuesto en el que no encuadra el presente asunto, ya que el acto que aquí reclama lo es el acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el que sostiene la quejosa que se fija una fecha lejana para llevarse a cabo la audiencia de conciliación y depuración en el expediente 245/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, acto que no es de aquellos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sin que se desconozca el contenido del artículo 23 de la Ley de Amparo, no obstante dicha disposición lo que posibilita es que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, pueda presentar su demanda en formato escrito ante la oficina pública de correos del lugar de su residencia, más no que pueda presentarla de una forma diversa a la escrita -telegráfica-, lo que se dilucida del hecho de que el artículo 25 de la Ley de Amparo abrogada, expresamente posibilitaba que la misma fuera presentada telegráficamente, lo cual fue derogado en la ley actual, por lo que se insiste, que la presentación de las demandas de una diversa modalidad a la escrita, actualmente sólo está prevista para los casos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ello aunado a que, el promovente se encuentra en condiciones de presentarla de forma impresa en una oficina de correos cuando tiene una residencia fuera del juzgado en libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." cuestión, o bien, de manera electrónica como señala el artículo 21 de la Ley de Amparo3. No razonarlo así, sería tanto como permitir que una demanda presentada por correo electrónico se admita aún sin su firma electrónica, cuando precisamente en casos diversos a los señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, la firma del promovente constituye un requisito esencial para constatar la instancia de parte agraviada. Apoya a lo anterior por sus razonamientos la tesis I.1o.A.16 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 2006302, del contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO. LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES POR VÍA TELEGRÁFICA ESTÁ RESTRINGIDA A CASOS URGENTES Y ÚNICAMENTE A FAVOR DE LOS PARTICULARES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo, por regla general, sólo se autoriza la presentación de promociones por escrito enviado físicamente o por vía electrónica. No obstante, los artículos 20 y 110, segundo párrafo, de dicho ordenamiento revelan que existen supuestos excepcionales en que se pueden enviar comunicaciones al tribunal de amparo de maneras distintas a su presentación directa ante el órgano, o bien, por conducto del servicio postal o del sistema electrónico, esto es: en los casos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; igualmente, tratándose de escritos a favor de quienes, por su situación, están sujetos a un régimen especial de protección en el juicio constitucional (menores, núcleos agrarios de 3 Artículo 21. La presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrá hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondiente que habrá de funcionar hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la Firma Electrónica, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento. Con independencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales de amparo podrán habilitar días y horas cuando lo estimen pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. población, personas en situación de pobreza, etcétera). Por ende, dado que son asuntos urgentes o excepcionales en los que se requieren mayores beneficios para las personas de derecho privado que están involucradas en la controversia, así como situaciones en las que, por la gravedad del acto controvertido, resulta lógico que deban obviarse algunas de las formalidades que prevé la ley -porque incluso puede que las partes no tengan acceso a oficinas postales ni a medios electrónicos-, se concluye que la vía telegráfica se autoriza excepcionalmente y sólo a favor de los particulares." En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual se desecha la demanda presentada. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la demanda fue presentada sin firma, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y de sus documentos anexos, se advierte que no obra la firma del promovente, por lo que no existe manifestación expresa de su voluntad de promover el presente juicio de amparo. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; sin que haya lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en razón de que no se encuentra registrada sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; mientras tanto se les tiene por autorizadas en términos del artículo 24 de la ley en cita, así como a las diversas personas que menciona. 5).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. 8).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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