Clara Elizabeth Contreras Hernández
Expediente 829/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Clara Elizabeth Contreras Hernández
Actuaciones
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS ORIGINALES. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Clara Elizabeth Contreras Hernández, contra actos del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz. Fórmese expediente. Regístrese con el número 829/2021-IX. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). =DESECHAMIENTO= De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. El acto reclamado consiste en: - El auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio sucesorio intestamentario 48/2021 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, el cual provee la no admisión de recurso de apelación presentado el seis de agosto, contra el diverso de dos de mismo mes y año, donde el Juez aludido no da curso a un incidente de falsedad de firma. Refiere la parte quejosa le causa agravio irreparable, pues al tratarse de un juicio sucesorio que va desarrollándose por etapas; destacando como ejemplo que el auto declarativo de herederos pone fin a la primera de ellas, motivo por el cual aduce que con posterioridad a la misma no podrá intentar promover el incidente de falsedad de firmas que no le fue admitido. Ahora, de la lectura integral de la demanda y los anexos que la acompañan, se aprecia como acto destacado la negativa por parte del Juez responsable, de admitir un recurso de apelación presentado el seis de agosto del año en curso, derivado del auto de dos anterior, en el cual no se da curso a un incidente de falsedad de firmas. Ninguno de los acuerdos anteriores resulta ser el auto que concluye la primera etapa del juicio sucesorio (auto declarativo de herederos). En la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción V de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Conforme a los numerales invocados, el amparo es improcedente cuando los actos dictados dentro del juicio natural no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. En efecto, se considera que lo aquí combatido tiene el carácter de una violación procesal. No es de imposible reparación, al versar sobre aspectos de un acuerdo que niega admitir un recurso de apelación presentado el seis de agosto, derivado del auto de dos anterior, en el cual no se da curso a un incidente de falsedad de firmas mismo que es de naturaleza adjetiva. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. Y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a un acuerdo que niega admitir un recurso de apelación presentado el seis de agosto, derivado del auto de dos anterior, en el cual no se da curso a un incidente de falsedad de firmas mismo que es de naturaleza adjetiva. De ahí que tal actuación por parte de la autoridad responsable, no es un acto de imposible reparación dado que el perjuicio que le pudiera ocasionar será restaurado en caso de resolverse a su favor o de ser esta contraria a sus intereses, estará en aptitud de impugnar esas violaciones en el juicio de amparo directo que promueva en contra del aludido fallo. Por así disponerlo los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. De los preceptos traídos a cuenta se deduce que el juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es procedente en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio que dicten los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en cualquiera de los casos análogos a los ahí señalados cuya afectación sea meramente adjetiva. Esto, dado el nuevo marco reglamentario de la Ley de Amparo deben olvidarse los conceptos tales como grado predominante o superior y volver a la fórmula de procedencia del juicio de amparo sólo contra violaciones de índole sustantiva, entre las cuales no se encuentra las relativas a las cuestiones de personalidad. Lo anterior, máxime que no reclama el auto declarativo de herederos que sería en su caso, el que pone fin a la primera etapa del juicio sucesorio. Aunado a lo anterior, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa al considerar que los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales, la sucesión; inventarios y avalúos; la. administración; y la partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal. Dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. No obstante las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio, dando lugar a la posibilidad de una cadena interminable de juicios de amparo, y por ende, la paralización del juicio natural. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva. En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual niega admitir un recurso de apelación presentado el seis de agosto, derivado del auto de dos anterior, en el cual no se da curso a un incidente de falsedad de firmas, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza. En consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio. Al respecto, cobra aplicación al caso, por las razones que la informan la tesis VII.2o.C.70 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2604, Décima Época, Materias Común, con número de registro digital: 2021485, de rubro y texto siguientes: "JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio." Ahora, en ese sentido, es inconcuso que el accionante del amparo es parte en el procedimiento natural y no tercero extraño en estricto sentido o por equiparación, pues confiesa en su demanda de amparo ser parte en el mismo, lo que se aclara porque no se ubica en la hipótesis de excepción a que se alude en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". De ahí que, resulta incuestionable que el acto que se reclama en esta vía es de carácter eminentemente intraprocesal. Por tanto el juicio de amparo indirecto es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, pues no afecta derechos sustantivos del gobernado, sino que solo los derechos procesales o adjetivos, y de estimarse alguna violación a dichos derechos, estos serán impugnables por la vía de amparo, de ser el caso, hasta que se dicte la resolución respectiva y se hagan valer como violaciones procesales. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Se tiene como tal de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones en su favor, el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos de conformidad con el numeral 24 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 5/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 5/2021) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,165 expedientes
- Ciro González Pérez1124/2019
- Citlalit Araús Márquez12/2021
- Citlalli Centella Licona182/2023
- Clara Belem Montellano Cortina158/2021
- Clara del Rosario González Arriola533/2016
- Clara del Rosario González Arriola357/2016
- CLARA EUGENIA SAMANO FERNÁNDEZ y Otros.57/2014
- Clara Ixtepan Velasco1123/2015
- Clara Luz González Prieto794/2019
- Clara Ramon Zuñiga736/2021
- Clara Rebeca Cruz Cespedes162/2022
- Clara Tapia Mendoza58/2021