Clara Beatriz Ruiz Echeverria

Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Kenia Elizabeth Chacon Ruiz
  • CLARA BEATRIZ RUIZ ECHEVERRIA y Otros.
  • Clara Beatriz Ruiz Echeverria
  • Comision Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Basicos
  • KENIA ELIZABETH CHACON RUIZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintitrés minutos del diez de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario del Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 585/2023-VII, promovido por Clara Beatriz Ruiz Echeverría y Kenia Elizabeth Chacón Ruiz, por su propio derecho, contra el acto que reclamaron de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otra autoridad; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, el Secretario encargado del despacho ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexos; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; d) Escrito ampliatorio de demanda; e) Auto admisorio de la ampliación de demanda; y, f) Proveídos mediante los cuales se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa; así como con la instrumental de actuaciones, la de presunciones legales y humanas y la documental, ofrecidas por las autoridades responsables. Atento a lo antes señalado, el Secretario encargado del despacho acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, el Secretario encargado del despacho procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 585/2023-VII; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Clara Beatriz Ruiz Echeverría y Kenia Elizabeth Chacón Ruiz, por su propio derecho, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamaron de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, que hicieron consistir, medularmente, en la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica respecto del predio ciento noventa y tres "G", de la calle quince "G", del conjunto habitacional "Vergel sesenta y cinco", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridades responsable; y se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, Por proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la ampliación de demanda instada por la parte quejosa, teniéndose como nueva autoridad responsable a la Subsidiaria "CFE" Distribución, a la que se le requirió su informe con justificación. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra el acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgador Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: - La orden de suspensión del servicio de energía eléctrica respecto del predio ciento noventa y tres "G", de la calle quince "G", del conjunto habitacional "Vergel sesenta y cinco", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y, - La negativa de celebrar un contrato de suministro de energía eléctrica respecto del predio antes ponderado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta) y de la Subsidiaria "CFE" Distribución, ambas con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ello, cuenta habida que la última nombrada, así lo admitió expresamente al rendir su informe justificado. Y en cuando a la segunda, si bien es cierto en su informe de ley negó su existencia, lo cierto es que posteriormente realizó manifestaciones con la finalidad de acreditar la legalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional advierte que, respecto de los actos reclamados, consistentes en la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica respecto del predio ciento noventa y tres "G", de la calle quince "G", del conjunto habitacional "Vergel sesenta y cinco", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, derivada de una alteración del instrumento de medición correspondiente, así como la negativa de celebrar un nuevo contrato de suministro eléctrico respecto del precitado predio; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos." Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, Constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Para arribar a la conclusión apuntada, es menester recordar que en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica respecto del predio ciento noventa y tres "G", de la calle quince "G", del conjunto habitacional "Vergel sesenta y cinco", de esta ciudad de Mérida, Yucatán, derivada de una alteración del instrumento de medición correspondiente, así como la negativa de celebrar un nuevo contrato de suministro eléctrico respecto del aludido predio. Sin embargo, la aquí quejosa no exhibió prueba alguna tendiente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para impetrar el presente juicio de amparo; es decir, no acreditó su interés jurídico en el presente asunto, en virtud de que no aportó alguna prueba idónea y eficaz con la que acreditase que es propietaria o poseedora del predio respecto de cual se ordenó la suspensión del fluido eléctrico y del que pretende la celebración de un nuevo contrato de suministro eléctrico. Lo anterior, cuenta habida que tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, han sostenido que la parte quejosa debe probar fehacientemente su interés jurídico; por ello, debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados de la quejosa, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Cobrando aplicación la jurisprudencia número 321, de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Se afirma lo anterior, cuenta habida que de si bien la parte quejosa, junto con su demanda de amparo, adjuntó copia simple de los contratos de compraventa y de transacción celebrados por la directa quejosa Clara Beatriz Ruiz Echeverría como compradora y ocupante del predio relativo, respectivamente; lo cierto es que tales documentos no son idóneos para demostrar la titularidad del derecho que pretendió ostentar como propietaria y poseedora del aludido inmueble, ya que las copias simples exhibidas, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al no encontrarse adminiculadas con diversa probanza que refrende lo reproducido en ellas, sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos duplican; presunción que no basta para demostrar el interés jurídico de la reclamante, ya que éste debe encontrarse plenamente probado. Requisito que se estima indispensable para instar el juicio de amparo ya que con ello se descartan supuestos en que el gobernado únicamente busque lograr controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de carácter abstracto sobre actos de autoridad, sin pretender un beneficio directo o indirecto en su esfera jurídica individual. Por tanto solo tendrá interés jurídico para acudir al amparo, aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad y esto es demostrado fehacientemente en el juicio de amparo a través de los medios de prueba autorizados en la ley. En conclusión, el acreditamiento del derecho legítimamente tutelado y su afectación mediante el acto de autoridad constituyen elementos que deben acreditarse para cumplir con el presupuesto de procedencia del juicio constitucional, pues de faltar, como en el caso, alguno de ellos, se estaría invariablemente en el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Con relación al valor probatorio de las copias simples exhibidas en el juicio, es orientadora la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." En relación a las copias simples de la credencial para votar con fotografía de las quejosas, tampoco es eficaz para acreditar su interés jurídico, toda vez que también fueron exhibidas en copia simple. Y en el mismo sentido deben tomarse las copias simples de las actas de nacimiento de dos menores de edad. Máxime que el contrato relativo al suministro de energía eléctrica del predio en cuestión, se encuentra registrado a nombre de Oscar G. Herrera S., persona completamente diversa de las directas impetrantes. Por tanto, por los motivos antes anotados, las pruebas ofertadas por la parte quejosa, no resultan idóneas para acreditar la afectación a sus intereses, a fin de obtener la protección constitucional, tomando en cuenta que son insuficientes para demostrar que las impetrantes cuentan con derechos de propiedad o de posesión, legítimamente tutelados, respecto del predio multicitado y, por ende, que la suspensión del servicio de energía eléctrica correspondiente y la negativa de celebrar un nuevo contrato de suministro eléctrico, les afecta. Tampoco lo es, que se haya establecido la existencia de los actos reclamados, por cuanto que tal circunstancia no exime a la parte quejosa de la obligación de acreditar que con la emisión y ejecución de los actos se afecta su interés jurídico y la inconstitucionalidad de éstos, de conformidad con las jurisprudencias número 325 y 853, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas en las páginas 218 y 581, Tomo VI, Materia Común, Apéndice 1917-1995, al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dicen: "INTERES JURIDICO. NO LO DEMUESTRA LA PRESUNCION DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías." "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deber observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguir siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En mérito de lo anteriormente razonado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, este Juzgador Federal no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Clara Beatriz Ruiz Echeverría y Kenia Elizabeth Chacón Ruiz, por su propio derecho, contra los actos que reclamaron de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su denominación correcta), con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y de otra autoridad; precisados en el considerando segundo de esta determinación y por los motivos expuestos en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veinte anterior, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Subsidiaria "CFE" Distribución. En consecuencia, toda vez que es necesario que transcurra en su integridad el plazo de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de dar vista a las partes en el presente juicio de amparo; por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas hora y fecha para su desahogo, las diez horas con veintitrés minutos del diez de agosto de dos mil veintitrés. Lo antes expuesto encuentra apoyo en la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por las quejosas Clara Beatriz Ruiz Echeverría y Kenia Elizabeth Chacón Ruiz, con cinco copias del mismo y un anexo, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de siete pasado, manifiestan que amplían su demanda de amparo, señalando como nueva autoridad responsable a la Subsidiaria "CFE" Distribución, por los actos reclamados inicialmente en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo; SE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA y se tiene como nueva autoridad, a la señalada por la parte quejosa en su escrito de cuenta. Tiene aplicación lo anterior, la tesis jurisprudencial bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA HACERLA." Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la nueva autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la nueva autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que las acredite; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la nueva autoridad requerida que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica, al correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión; en el entendido de que, en caso de optar por remitir dicho informe vía correo electrónico, deberá contar con el acuse de recibo correspondiente, ya que, en caso contrario, el mismo no se tendrá por rendido. De igual forma, se invita a la nueva autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la nueva autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, a fin de dar margen a que la nueva autoridad responsable rinda su informe de ley, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del siete de julio del año en curso, señalándose como nueva hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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