Citly Velazco Martinez
Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Citly Velazco Martinez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintidós de abril del año en curso, que DESECHÓ la demanda de garantías promovida por -en cuanto COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Por otra parte, como de los propios autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de garantías planteada por -en cuanto COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por - en cuanto COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, virtud al nombramiento que adjunta a su libelo constitucional, el cual se deja a su disposición previa copia certificada que obre en autos, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-429/2019-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. AL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: El acuerdo de data 25 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, dictado dentro del Proceso Penal 32/2002-II, que se instruye a - por el delito de homicidio, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en materia Penal de este Distrito Judicial, en el cual no se admitió el Recurso de Apelación interpuesto por esta autoridad, en contra del auto de Calificación sobre Legalidad de la determinación Administrativa del traslado Involuntario de la persona privada de su libertad, de fecha 12 de marzo de 2019 dos mil diecinueve y ordena el regreso del interno al Centro Penitenciario de origen." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Actos, respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". (.)." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Del último precepto transcrito, se advierte que las personas morales públicas, pueden promover juicio de amparo, solo en defensa de sus intereses patrimoniales, pero no en su carácter de entidades públicas o de autoridad, esto es, en defensa de su función pública, sino únicamente respecto de las relaciones jurídicas en la que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Así también, que tiene el carácter de parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, y que tratándose de resoluciones provenientes de Tribunales Judiciales Administrativos o del Trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa. En vinculación con lo anterior, los preceptos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. .Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La citada transcripción conlleva a determinar que los Tribunales de la Federación tienen por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución así como por los Tratados Internaciones en los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, la parte quejosa carece de legitimación para instar la acción constitucional, porque reclama el auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal 32/2002-II, instruido contra -, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto por la Coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad (ahora quejoso), contra el auto de Calificación sobre la legalidad de la determinación administrativa del traslado involuntario de las personas privadas de su libertad, y ordenó el regreso del interno del Centro Penitenciario de origen; pues acude a instar el juicio constitucional por actos realizados en ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas. Como se ve, la impetrante acude al juicio de amparo, en su carácter de COORDINADORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con sede en esta ciudad, esto es, lo promueve en su carácter de autoridad en defensa de un acto emitido dentro del ejercicio de sus funciones públicas encomendadas, y no una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio. En virtud a que el objetivo del juicio de amparo, es resolver cualquier tipo de controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, los cuales no puede hacerse extensivos a personas de derecho público, como lo es, la parte quejosa, sino cuando opera la excepción a esta regla, es decir, en cuanto actúa como particular en defensa de su patrimonio; pero la quejosa lo promueve como autoridad para defender un acto emitido dentro de las funciones públicas, por lo que carece de legitimidad para promover el juicio de amparo. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia con número de registro 2015321 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoda, octubre de 2017, registro 128/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala, publicado en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 1522, de rubro y texto siguientes: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 7° del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y por autorizadas para ese efecto e imponerse de los autos a las personas que refiere y únicamente con las facultades amplias que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Cirenia Jacobo Alonso1070/2021
- Cirila Aguilar Zapien1027/2018
- Cirilo Cervantes Cervantes1183/2017
- Cirilo Hernandez Contreras350/2017
- Citlali Cattleya Contreras Sarabia8/2017
- Citlalli Moctezuma Suarez431/2017
- Clara Leal Cortes1022/2019
- Clara Real Anaya99/2019
- Clarissa Mayte Rodriguez Cardona163/2017
- Claudia Barragan Alvarez1369/2019
- Claudia Bibiana Pastor Perez441/2020
- Claudia Camacho Angeles107/2021