Citlaly Lizzeth Pech Galán y Otros.

Expediente 1395/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1395/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Citlaly Lizzeth Pech Galán
  • Citlaly Lizzeth Pech Galán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial número 812/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita se sobresea el presente asunto y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado. Por otro lado, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la constancia que solicita. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.En la misma fecha (11 de enero de 2019) se libran los oficios correspondientes, en términos de la minuta que se agrega. Conste.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo que acompaña rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por sí misma, por dicha Junta y por el actuario de la misma, los cuales se ordenan agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la paralización de la autoridad responsable del proceso a partir veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 21/2018. Asimismo, del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del expediente laboral 21/2018 el veinte de septiembre de dos mil dieciocho las referidas responsables dictaron un acuerdo de pruebas de dicho expediente, mismo que le fue notificado a la parte actora y demanda el trece de diciembre de dos mil dieciocho; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la paralización de la autoridad responsable del proceso a partir veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 21/2018; es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridades responsables el veinte de septiembre de dos mil dieciocho dictó un acuerdo de pruebas de dicho expediente, y lo hizo del conocimiento del peticionario del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de que hubiese sido emplazado a juicio al tercero interesado COPPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    II. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo que acompaña rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por sí misma, por dicha Junta y por el actuario de la misma, los cuales se ordenan agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la paralización de la autoridad responsable del proceso a partir veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 21/2018. Asimismo, del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del expediente laboral 21/2018 el veinte de septiembre de dos mil dieciocho las referidas responsables dictaron un acuerdo de pruebas de dicho expediente, mismo que le fue notificado a la parte actora y demanda el trece de diciembre de dos mil dieciocho; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la paralización de la autoridad responsable del proceso a partir veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el expediente laboral 21/2018; es incuestionable que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la autoridades responsables el veinte de septiembre de dos mil dieciocho dictó un acuerdo de pruebas de dicho expediente, y lo hizo del conocimiento del peticionario del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de que hubiese sido emplazado a juicio al tercero interesado COPPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    II. ART. 27 FRACC I INCISO B DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. SE EMPLAZA A JUICIO DE AMPARO A PARTE TERCERO INTERESADA

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