Citlaly Anahí Llamas Escalante
Expediente 394/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 56 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 56
- Última actuación
- 31/08/2022
Partes del expediente
- Citlaly Anahí Llamas Escalante
- Nora Miriam Báez Villanueva
- Regidora Ana Aidé Angulo Amador Regidora del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 56.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Devuelve despacho sin diligenciar. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes, los oficios y anexos de cuenta remitidos por el Juez de Primera Instancia de lo Penal y Familiar del Distrito Judicial de San Luis Rio Colorado, Sonora, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho número de origen 59/2022, número de orden 302/2022, por las razones que expone. Anotaciones SISE. Informarse lo anterior a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar. Razón actuarial. Ahora bien, en virtud de que las constancias remitidas, se advierte la razón actuarial en la cual se asentó la imposibilidad de la Actuaria adscrita al Juzgado oficiante, de notificar personalmente la sentencia de dieciséis de junio del año en curso, a la particular con carácter de autoridad responsable ************, por los motivos que expone. Notificación por lista. En tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese a la autoridad de mérito, la sentencia antes mencionada, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Causa Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido la sentencia en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución.
- Principal
RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el doce de julio de dos mil veinte, turnado ese mismo a este órgano jurisdiccional, (i) Citlaly Anahí Llamas Escalante, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "II. La autoridad que lo hubiere ordenado, Si fuere posible; a) Regidora Ana Aidé Angulo Amador, Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado Sonora, con domicilio en la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla y Calle Cuarta, Colonia Comercial. En el municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, México, (653) 536 6600 Por esta razón, se da por cumplimiento a lo ordenado en el artículo 109 del ordenamiento legal en comento, consistente en: II. La autoridad que ejecute o Trate de ejecutar el acto; y Con el apoyo y la aquiescencia de la regidora Ana Aidé Angulo Amador y la persona en su carácter de particular de nombre Nora Miriam Báez Villanueva, quien puede ser localizada en el domicilio ubicado Callejón Mérida y Pesquera número 200 del municipio de San Luis Rio Colorado Sonora." "I. El acto reclamado; 1. RECLAMO: A la servidora pública (4) Ana Aidé Angulo Amador en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, el respeto, protección y que: garantice en todo momento el derecho y respete mi integridad personal, propiedades y familia. 2. RECLAMO: a la servidora pública (4) Ana Aidé Angulo Amador en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, el dolor y sufrimiento de que una autoridad ordena que me quiten mi casa. 3. RECLAMO: A la servidora pública (4) Ana Aidé Angulo Amador en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, las conductas que: realiza para quitarme mi casa, como consecuencia me está obligando a que me vaya del país junto con mi familia y me causa un dolor severo de abandonar mi casa, los recuerdos de donde crecí, amigas y amigos. 4. RECLAMO: A la servidora pública (4) Ana Aidé Angulo Amador en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, que: le dio órdenes a: (3) Nora Miriam Báez Villanueva, en su carácter de particular que me quite mi casa. 5. RECLAMO: A la servidora pública (4) Ana Aidé Angulo Amador en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, LA TORTURA PSICOLOGIA, para que me expulse del país de México." (.)". SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de doce de julio de dos mil veinte, la demanda se radicó bajo el número 394/2020, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la tortura psicológica, así como de cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, previa prevención, por auto de veinticuatro de julio de dicha anualidad, se admitió a trámite, únicamente por lo que hace al acto reclamado relativo a la tortura psicológica que ha sufrido por parte de las autoridades responsables, ello, por los motivos indicados en auto de doce de julio de dos mil veinte, por lo que se solicitaron los informes justificados correspondientes, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Llegado el momento, se celebró la audiencia de ley y en dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se emitió sentencia en la que se determinó sobreseer el juicio de amparo que nos ocupa. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo registró bajo el número de amparo en revisión 91/2021. En veinte de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo emitida por la superioridad dentro del amparo en revisión antes referido, en la que resolvió revocar la sentencia impugnada y ordenó la reposición del procedimiento, a efecto de que este juzgado federal se allegara de todos los elementos para analizar la tortura aducida como acto reclamado, y diera vista al Ministerio Público con los actos de tortura para que se investigara como delito. Por lo que, substanciado el juicio en términos de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, tienen ejecución material en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: i. Autoridades señaladas como responsables: 1) Ana Aidé Angulo Amador, en su carácter de Regidora del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, como autoridad ordenadora y 2) Nora Miriam Baez Villanueva, particular con carácter de autoridad responsable ejecutora. ii. Actos reclamados: La tortura psicológica, de que es objeto la parte quejosa por parte de las autoridades responsables y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Ana Aidé Angulo Amador, en su calidad de Regidora del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, al rendir el respectivo informe negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa aportara pruebas idóneas y eficaces a fin de demostrar la existencia de éstos. Por su parte, la diversa responsable Nora Miriam Báez Villanueva, fue omisa en rendir su informe, no obstante de encontrase debidamente notificada par ello, tal y como se despende de las constancias de autos, sin embargo, no es dable tener por ciertos los actos a ésta reclamados, virtud que la autoridad ordenadora, negó la existencia de los mismos, por tanto, es inconcuso que pueda llevar a cabo la ejecución de actos inexistentes. Lo anterior sin perder de vista que, ante la negativa externada por dichas autoridades responsables, al rendir su respectivo informe en torno a los actos reclamados antes precisados, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en los términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades se hallan en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos reclamados por la parte quejosa. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 268223 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXV, Tercera Parte, página 74 Tipo: Aislada PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Luego, si las autoridades de mérito negaron la certeza de los actos en cuestión y la parte promovente no desvirtuó tal negativa ni acreditó su existencia con prueba alguna; resulta evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo, por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. Decisión. En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, desde luego, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el juicio respectivo. Por su aplicación, se invocan los criterios sustentados por la entonces integración del Tribunal Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenidos: "Registro digital: 232302 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Primera Parte, página 88 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Resta precisar respecto de los actos reclamados consistentes en la tortura psicológica y su ejecución, que aunado a que las autoridades responsables negaron dichos actos en los informes con justificación atinentes; incluso, analizada la totalidad de las constancias de los autos de este sumario constitucional, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, quien ahora resuelve estima que no existe indicio objetivo alguno para analizar el alegato vertido en torno a los actos en cuestión, aún desde un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En efecto, de la demanda de amparo puede apreciarse que el acto de análisis, a decir de la gestora de amparo, se perpetró en su contra de manera psicológica, ya que adujo que las autoridades responsables la tienen en constante vigilancia, la acosan e intimidan; sin embargo, de las constancias que fueron allegadas al presente contradictorio federal, así como de los medios de convicción que la parte quejosa ofreció mediante escritos de doce de agosto, veintidós de septiembre, veinte de octubre y dieciocho de noviembre, todos de dos mil veinte; al efecto no fue comprobado, ni siquiera de forma indiciaria, que las autoridades señaladas en la demanda hubieran tenido acercamiento alguno con la promovente (i) Citlaly Anahí Llamas Escalante, a fin de infligir sobre su persona, acto de tortura alguno, pues con dichas probanzas, únicamente su puede probar, en su caso, la existencia de las siguientes cuestiones: Documentos públicos y privados relativos a la propiedad y condiciones físicas de los bienes inmuebles ubicados en Avenida Mérida número 200 en la Colonia Aeropuerto, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora; y, en Avenida Guadalupe Victoria, número 7-A, Colonia Cuauhtémoc, de la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora (relativos a la casa de la quejosa y, la de sus padres). Solicitudes de suspensión de servicios públicos en la vivienda ubicada en Avenida Mérida número 200 en la Colonia Aeropuerto, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Certificados y recetas médicas relativos al estado de salud mental de la promovente, sin expresar la motivación u origen de éste. Una inspección efectuada, en auxilio de este Juzgado de Distrito, por la Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, en cinco de octubre de dos mil veinte, donde dicha fedataria judicial hizo constar la existencia de las ligas de internet https//contraseña.com.mx/2015/07/34/invaden-san-luis-estafadores-de-la vivienda/ y https//www.uniradionoticias.com/noticias/Hermosillo/406737/familias-piden-a-gobernadora-apoyo-para-adquiri-viviendas.html, de las que se desprenden dos notas periodísticas. Una querella de tres de julio de dos mil veinte, presentada por la que quejosa, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, contra (ii) Nora Miriam Báez Villanueva, por el delito de despojo, la cual derivó en la causa penal 66/2021 del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Cuatro, en San Luis Río Colorado, en la que, en quince de mayo de dos mil veintiuno, tanto (i) Citlaly Anahí Llamas Escalante, como (ii) Norma Miriam Báez Villanueva, de manera libre y voluntaria, aceptaron someterse al mecanismo de mediación, por lo que firmaron acuerdo reparatorio 18/2021, en el que reconocieron por concepto de reparación del daño causado, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), misma que se pagó en el acto, así como la entrega pacífica y respetuosa a la aquí quejosa, de la posesión del bien inmueble ubicado en Callejón Mérida, número 200, Colonia Aeropuerto, de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, ese mismo día, una vez que la imputada, aquí autoridad responsable, obtuviera su libertad; solicitando también, que se tuviera por cumplido tal acuerdo. Cumplimiento que, según constancias de autos, se tuvo por verificado en siete de junio de la anualidad pasada, decretando el sobreseimiento de la causa, por lo que, en once de junio de dicha anualidad, éste quedó firme. Diversa querella con número de NUC SON/SLRC/FGE/2020/095/41448, con carpeta de investigación ATP/SLR/095/00845/10-2020, promovida por (iii) Lydia Escalante Chávez, en contra de (ii) Nora Miriam Báez Villanueva, por el delito de lesiones que tardan menos de quince días en sanar y/o lo que más resulte; querellas con lo que se demuestra únicamente la existencia de una investigación que podría culminar en la posible participación de la hoy responsable, en la comisión del delito antes referido. Querella con número de NUC SIN/SLR/FGE/2020/095/44/002, con número de carpeta de investigación ATP/SLR/095/00967/10-2020, presentada por (iv) Bernabé Llamas Martínez en contra de (v) Ramón Rodríguez Alegría y (vi) Ramón Rodríguez Bojórquez, por el delito de amenazas; con la que se acredita, en dado caso, que existe una investigación en curso, respecto de los hechos referidos en dicha denuncia. Notas médicas a nombre de (iii) Lidia Escalante Chávez y (vii) Mitchelle Llamas Escalante, de las que se puede inferir que dichas personas presentaron lesiones por agresión física y crisis nerviosa. Fotografía de (ii) Nora Miriam Báez Villanueva, con la cual, cuando mucho, se podría acreditar la presencia una persona, en compañía de diversa uniformada, en un lugar determinado. Por otra parte, de la concatenación de los medios probatorios antes descritos, únicamente se obtiene que la quejosa tiene una afectación psicológica con motivo de los acontecimientos narrados en su demanda, sin embargo, como se dijo, no está acreditado en autos que las autoridades responsables en el desempeño de sus atribuciones, hayan sido quienes infligen sobre la quejosa algún dolor o sufrimiento grave psíquico, con el fin de obtener, de ella un comportamiento determinado; de ahí que aun tomando en consideración y el estándar atenuado para acreditar violaciones a la integridad personal, es evidente que en el caso concreto no existen bases razonables para tener corroborado, por lo menos indiciariamente, que hubiesen acontecido tales actos y menos que las responsables de trato los hayan generado. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes contenido y datos de localización: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos - bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." (Época: Décima Época, Registro: 2018533, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), Página: 256). Máxime que, como se dijo previamente, obra constancia en autos de que dentro de la causa penal instruida por el delito de despojo en contra de la aquí responsable (ii) Nora Miriam Báez Villanueva, tanto ésta como la quejosa firmaron acuerdo reparatorio que culmino, entro otras cosas, con la devolución del bien inmueble a que se hace referencia en la demanda y por el que adujo la promovente, era el motivo de la tortura psicológica que padecía. Así como el hecho de que por acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en realizar las diligencias relativas al Protocolo de Estambul. Habida cuenta, la parte quejosa no reciente un perjuicio a su esfera jurídica con la presente resolución, toda vez que los actos de tortura psicológica, puede ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por lo anterior, en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, a efecto de que procediera conforme a sus atribuciones legales a la investigación de los hechos denunciados por la parte quejosa, en términos de los criterios siguientes: "Registro digital: 2006483 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVH/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561 Tipo: Aislada TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." "Registro digital: 2018534 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CCCXXVII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 255 Tipo: Aislada ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Si una vez realizado el análisis sobre tortura como acto reclamado de manera destacada, el juez considera que existen elementos para conceder el amparo, deberá determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación y a los impactos que esa tortura haya tenido en distintos ámbitos. Un primer efecto sería, entre otras cuestiones, que la parte quejosa pueda tener acceso adecuado a un proceso justo, libre de intimidación, así como a la búsqueda de información necesaria para poder hacer frente a la justicia y a diversos actos procesales, judiciales, administrativos o ministeriales que pudiesen estar relacionados con el acto reclamado y servir como prueba en el caso que se le inicie un proceso o esté en curso. Además, los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ello. Independientemente de lo anterior, el juez debe dar vista al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente de delito." Cuarto. Notificación por despacho. En consecuencia, toda vez que la responsable Nora Miriam Báez Villanueva, en su carácter de autoridad, tiene su domicilio ubicado en Avenida Dalias y Calle Quince (15), Colonia El Mezquite, código postal 83488, del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora -casa a un lado de una iglesia cristiana-, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, así como en el diverso artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento despacho con los insertos necesarios, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal y de lo Familiar de San Luis Río Colorado, Sonora; a través del correo electrónico alba.sosa@stjsonora.gob.mx, previa llamada telefónica que se realice al número de teléfono (653) 5342256 solicitándole en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar a quien corresponda, para el efecto de que proceda a notificar conforme a derecho a la particular con carácter de autoridad responsable Nora Miriam Báez Villanueva, con número de teléfono 653-108-81-42, la presente resolución. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario. Sin que resulte necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, dado que el propio sistema expide el comprobante de su remisión. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (i) Citlaly Anahí Llamas Escalante, por su propio derecho, por las consideraciones expuestas en el tercer considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Gírese el despacho correspondiente a fin de que sea llevada a cabo la notificación respectiva y atinente a esta sentencia a la autoridad de trato indicada en el último considerando de esta sentencia, quien tiene su domicilio en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Notificación de la sentencia. Personalmente. Así lo resolvió y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de junio de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
ADIENCIA CONSTITUCIONAL
Quedan 52 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes
- Cinthya Ortega Barrera707/2018
- Cintia Araceli Rodriguez Rosales1827/2022
- Cintia Juarez Lopez1086/2019
- Cintya Mariana Hernández Rodríguez292/2017
- Cipriano Fernández Cobos264/2017
- Citlalli Celestina Torres Gutierrez521/2023
- Clara Katia Cantero Prado1723/2022
- Clara Palacios Melendez697/2023
- Clara Palacios Melendez1138/2021
- Clara Rosa Pimentel Muñoz930/2023
- Clarisa Elena Cordova González1315/2021
- Clarisa Elena Cordova Gonzalez84/2022