Citlalli Marisol Torres Henestrosa

Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Citlalli Marisol Torres Henestrosa

Actuaciones

  1. Principal

    o de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa Citlalli Marisol Torres Henestrosa, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales E.J.H.T., C.H.T. y M.H.T., no interpuso recurso de queja contra el auto de once de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a2.9f 28/07/22 13:59:29 "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En diverso aspecto, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, por tanto, se le da vista para que dentro del plazo de noventa días computados legalmente, comparezca debidamente identificada al local de este juzgado a recibir dichos documentos, los cuales en caso de ser omisa, serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales exhibidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo LUIS DANIEL HERNANDEZ ORTIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a2.9f 28/07/22 13:59:29 cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, téngase por recibida y agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón de cuenta, asentada por el Actuario Judicial adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que se le presentó para notificar a la quejosa Citlalli Marisol Torres Henestrosa, por su propio derecho y en representación de los menores de iniciales E.J.H.T, C.H.T y M.H.T, el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, por los motivos que expone en la misma. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese todo tipo de notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, así como la notificación del auto referido, por medio de lista que fija este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente al quejoso el auto de once de agosto de dos mil veintiuno por medio de lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe. ******* Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, y en representación de los menores de iniciales *****, personalidad que acredita en términos de las actas de nacimiento número de folio 0985094, N 2443969 y R 664517 respectivamente; contra actos del Juez adscrito al Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de Primera Instancia, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 779/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Una vez señalado lo anterior, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto que reclama la quejosa, consiste en: El lanzamiento del inmueble ubicado con la casa marcada con el número tres de la ****, Estado de México, ordenado dentro del juicio ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México. Establecido lo anterior, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, y 113, de la Ley de Amparo. El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Asimismo, es de destacarse que, por regla general, en los actos de ejecución de sentencia únicamente procede el amparo indirecto cuando: a) Se trate de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. b) Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la resolución ejecutoriada. c) Se ordene el archivo definitivo del expediente del juicio de origen. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Entonces, a fin de obtener una mayor comprensión del asunto sometido a juicio, se considera necesario plasmar las actuaciones más significativas originadas en el juicio de origen, en términos de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa: La Institución ****, vía especial hipotecaria diversas prestaciones, ante el Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, el cual se radicó con el juicio ****. Con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia interlocutoria aprobando el remate en tercera almoneda a favor de Cristóbal García Ocampo. La aquí quejosa señala que es parte dentro del juicio ****, radicado ante el Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, en donde se dictó auto de mandamiento en forma donde ordenó poner en posesión de dicho adjudicatario el inmueble materia de remate precisado en la sentencia interlocutoria de quince de noviembre de dos mil dieciséis, y en caso de no hacerlo se proceda al lanzamiento de la demandada (aquí quejosa). En ese contexto, se evidencia que en el presente juicio el acto reclamado se encuentra en período de ejecución de sentencia, dado que la quejosa aduce que es parte dentro del juicio hipotecario ****, donde fue ordenado el lanzamiento del inmueble ubicado con la casa marcada con el número tres de la ****. Se estima así, ya que dicho proveído no se ubica en alguna de las hipótesis antes aludidas, para la procedencia del sumario, pues no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada por el juez de origen, asimismo, tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, ni mucho menos se ordenó el archivo definitivo del expediente ****. Aunado, a que el acto reclamado no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o haya declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por lo que, el acto que reclama la quejosa no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Máxime, que los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el Legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Ahora bien, no resultan inadvertidas las manifestaciones que realiza la quejosa **** en torno a que solicita se le conceda un término para que se suspenda la orden de lanzamiento y el uso de la fuerza pública con el objeto de proteger la vida y la salud de los menores de iniciales ****, ya que a la fecha no han sido vacunados contra el COVID-19, y el menor de ellos es vulnerable por padecer síndrome de down. Sin embargo, si bien es cierto el numeral 4° Constitucional y la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de diciembre de dos mil catorce, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de los menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral; también lo es que, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo en el que se vea involucrado un menor de edad, el órgano jurisdiccional de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y se avoque al conocimiento del fondo del asunto, ya que de ser así conllevaría a que se dejaran de observar los principios constitucionales y legales como la seguridad jurídica y la igualdad procesal, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función jurisdiccional, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el presente juicio. En diverso aspecto, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico citlallimarisol@live.com.mx; únicamente se le tiene el mismo para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la casa marcada con el número ****. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Con relación a las personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, e imponerse de autos, pues así lo señaló la parte quejosa. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, y en representación de los menores de iniciales *****, personalidad que acredita en términos de las actas de nacimiento número de folio 0985094, N 2443969 y R 664517 respectivamente; contra actos del Juez adscrito al Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil de Primera Instancia, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 779/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Una vez señalado lo anterior, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto que reclama la quejosa, consiste en: El lanzamiento del inmueble ubicado con la casa marcada con el número tres de la ****, Estado de México, ordenado dentro del juicio ****, del índice del Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México. Establecido lo anterior, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, y 113, de la Ley de Amparo. El numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Asimismo, es de destacarse que, por regla general, en los actos de ejecución de sentencia únicamente procede el amparo indirecto cuando: a) Se trate de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. b) Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la resolución ejecutoriada. c) Se ordene el archivo definitivo del expediente del juicio de origen. En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. Entonces, a fin de obtener una mayor comprensión del asunto sometido a juicio, se considera necesario plasmar las actuaciones más significativas originadas en el juicio de origen, en términos de lo expuesto bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa: La Institución ****, vía especial hipotecaria diversas prestaciones, ante el Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, el cual se radicó con el juicio ****. Con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia interlocutoria aprobando el remate en tercera almoneda a favor de Cristóbal García Ocampo. La aquí quejosa señala que es parte dentro del juicio ****, radicado ante el Juzgado Cuadragésimo Sexto de lo Civil con residencia en la Ciudad de México, en donde se dictó auto de mandamiento en forma donde ordenó poner en posesión de dicho adjudicatario el inmueble materia de remate precisado en la sentencia interlocutoria de quince de noviembre de dos mil dieciséis, y en caso de no hacerlo se proceda al lanzamiento de la demandada (aquí quejosa). En ese contexto, se evidencia que en el presente juicio el acto reclamado se encuentra en período de ejecución de sentencia, dado que la quejosa aduce que es parte dentro del juicio hipotecario ****, donde fue ordenado el lanzamiento del inmueble ubicado con la casa marcada con el número tres de la ****. Se estima así, ya que dicho proveído no se ubica en alguna de las hipótesis antes aludidas, para la procedencia del sumario, pues no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada por el juez de origen, asimismo, tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, ni mucho menos se ordenó el archivo definitivo del expediente ****. Aunado, a que el acto reclamado no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o haya declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por lo que, el acto que reclama la quejosa no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Máxime, que los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se apoyan en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el Legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Ahora bien, no resultan inadvertidas las manifestaciones que realiza la quejosa **** en torno a que solicita se le conceda un término para que se suspenda la orden de lanzamiento y el uso de la fuerza pública con el objeto de proteger la vida y la salud de los menores de iniciales ****, ya que a la fecha no han sido vacunados contra el COVID-19, y el menor de ellos es vulnerable por padecer síndrome de down. Sin embargo, si bien es cierto el numeral 4° Constitucional y la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de diciembre de dos mil catorce, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de los menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral; también lo es que, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo en el que se vea involucrado un menor de edad, el órgano jurisdiccional de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y se avoque al conocimiento del fondo del asunto, ya que de ser así conllevaría a que se dejaran de observar los principios constitucionales y legales como la seguridad jurídica y la igualdad procesal, lo que originaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función jurisdiccional, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el presente juicio. En diverso aspecto, toda vez que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico citlallimarisol@live.com.mx; únicamente se le tiene el mismo para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, sin que esto implique que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así, en virtud de que para el caso de que la parte quejosa pretenda recibir notificaciones de manera electrónica debe solicitarlo de manera expresa conforme a los artículos 3° y 26, fracción IV, de la ley en cita; parámetros que en el caso que nos ocupa no se encuentran satisfechos por la parte promovente. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la casa marcada con el número ****. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial de la adscripción para que realice las notificaciones que deriven del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Con relación a las personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, e imponerse de autos, pues así lo señaló la parte quejosa. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe.

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