Citlali Pérez Sánchez
Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/04/2021
Partes del expediente
- Citlali Pérez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 11/2021, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 30/2021, del índice de este juzgado de distrito. Por cuanto de la ejecutoria se advierte que en lo que es materia de queja el tribunal oficiante resolvió: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de diecinueve de enero de dos mil veintiuno. TERCERO. Se desecha la demanda del juicio de amparo indirecto 30/2021, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada por el juez federal. (.)" Acuse de recibo. En ese sentido, se ordena acusar recibo de estilo; de igual forma, agréguese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mencionado medio de impugnación. Archivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Agréguese para que conste en autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 43-A-III-Y, del índice de este juzgado, informando que se admitió el recurso de queja interpuesto, el cual quedó registrado con el número 11/2021. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la información proporcionada.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, presentado vía electrónica por la quejosa Citlali Pérez Sánchez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja interpuesto y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el escrito de agravios y el original del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. Se instruye a la Secretaria para que bajo su más estricta responsabilidad, remita el escrito de cuenta y los autos del presente juicio, debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, al citado Tribunal Colegiado, para la substanciación del recurso correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Comuníquese a la superioridad que en el presente juicio de amparo no se ha interpuesto diverso recurso. Ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, manifestando que es cierto el acto que recurre la parte quejosa, pues este juzgado dictó el auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria María del Rosario Villalobos Gómez, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por ... por propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y otra autoridad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 30/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, a efecto de proveer lo que en derecho proceda en relación de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."(Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890.) Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere, que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La parte promovente en su libelo constitucional, hace consistir el acto reclamado en la resolución de trece de mayo de dos mil veinte, dictada en el toca 290-B-1CO3/2014 consecutivo V, que confirma el acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte del expediente 128/2013 relativo al incidente de reducción de medida provisional, mismo que negó girar oficios a efecto de saber los ingresos económicos de diversas acreedores alimenticias. En el caso de estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado a contrario sensu), de la Ley de Amparo. En ese contexto, del examen relacionado de las disposiciones inicialmente citadas, se advierte como regla general que el amparo indirecto tiene un carácter excepcional o privilegiado, porque la posibilidad de promoverlo dentro de un juicio, sólo tiene lugar cuando el motivo de afectación guarda efectos de imposible reparación, entendiéndose por este concepto aquellos actos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Carta Magna o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se observa que fue voluntad del legislador establecer que en relación con actos en el juicio, la procedencia del juicio de amparo indirecto se circunscribiera a aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo que resulta relevante para advertir que mediante tal restricción, la Ley de Amparo implícitamente proscribe que el amparo indirecto pueda ser procedente respecto de cualquier acto en el juicio. De no ser así, ninguna justificación lógica ni jurídica tendría que el legislador hubiere condicionado o restringido la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de actos ocurridos en un juicio, a que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. De lo que se sigue, que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Encuentra apoyo, lo antes considerado en la siguiente Jurisprudencia: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." (Registro digital: 207343. Jurisprudencia Materias(s): Común. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. Tesis: 3a. 43. Página: 291) De tal manera que cuando los actos o el acto reclamado no son de aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos para el gobernado, no procede el juicio de amparo indirecto. Así, la resolución de trece de mayo de dos mil veinte, dictada en el toca 290-B-1CO3/2014 consecutivo V, que confirma el acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte del expediente 128/2013, emitido en el incidente de reducción de medida provisional mismo que negó girar oficios a efecto de saber los ingresos económicos de diversas acreedores alimenticias, no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo es improcedente para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de amparo, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente; por tanto, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de la impetrante, protegido por los derechos humanos consagrados en la Carta Magna; que deban impugnarse a través del amparo indirecto. Es aplicable, por analogía, la siguiente jurisprudencia: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. (Registro digital: 163233. Jurisprudencia Materias(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Tomo XXXIII, Enero de 2011. Tesis: IX.1o. J/22. Página: 2859) En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicadas en sentido contrario, en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ubicado en primera sur poniente, número 646, primer piso, número 4, entre quinta y sexta poniente, zona centro, de esta ciudad. Por otro lado, con fundamento en el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de contacto al correo electrónico y el número telefónico que proporciona. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rolando Reyes Ramos, Patricia López Girón, en virtud de que acreditaron ante el sistema computarizado para el registro único de profesionales de derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Por lo que respecta a Jesús Humberto Morales Rojas, Elena Gómez Gutiérrez y Alid Anahí Estrada Lara, por no contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, como se advierte de la constancia de la consulta realizada en dicho sistema, el cual se agrega a autos para tal efecto. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente y previa solicitud por escrito de las copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, toda vez que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que en caso de necesitar revisar físicamente los autos del presente juicio y de acudir a este órgano jurisdiccional, deberán atender lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, pudiendo ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrán ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberán cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General.
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