Citlali Celina Tovar Tovar
Expediente 1414/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Citlali Celina Tovar Tovar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho 359/2021 (orden 597/2021-II), del índice de este Juzgado. Por tanto, háganse las anotaciones conducentes y dese de baja la comunicación oficial de mérito. En consecuencia y visto el contenido de la razón actuarial que se adjunta, de la que se advierte que el actuario asentó los motivos por los cuales no pudo realizar la notificación a la parte quejosa ***, del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno; en esas condiciones, procédase a notificarse dicho auto por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, dado que señaló los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones relacionadas con este juicio Notifíquese por lista y cúmplase. """Pachuca de Soto, Hidalgo a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos que reclama del Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 1414/2021-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: La causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del numeral transcrito se advierte que la causa de improcedencia en estudio se encuentra motivada en que el promovente del amparo, previo acudir a la instancia constitucional, omitió agotar los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual, significa que sólo prospera en casos excepcionales, en específico, cuando se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anterior, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a modificar, confirmar o revocar los actos que estime lesivos. En ese orden, se sostiene que en particular se actualiza la causal de improcedencia invocada, por las siguientes consideraciones: Del análisis integral de la demanda se tiene que la parte quejosa se duele esencialmente de la ilegal notificación en el expediente 165/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil, de no haber revisado el Juez responsable la cédula de notificación. En principio es necesario imponerse del contenido de los artículos 1345, fracción V, y 1349 a 1358 del Código de Comercio, que disponen: "Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; Art. 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Art. 1,350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Art. 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Art. 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Art. 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Art. 1,354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Art. 1,355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Art. 1,356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Del contenido de tales preceptos deriva que el Código de Comercio contempla en el procedimiento la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio; por lo que al no existir fundamento legal que regule el incidente de nulidad de una notificación, se deberá acudir a la ley supletoria. El artículo 1063 del Código de Comercio aplicable, prevé: "Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local." Conforme a tal precepto, se debe acudir en primer término al Código Federal de Procedimientos Civiles como ley supletoria. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto.". Conforme a esa norma, las notificaciones que no se practiquen conforme a derecho, serán nulas; de ahí que, la parte promovente, previamente al juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del invocado código, el cual tiene por objeto, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, desde el emplazamiento o notificaciones hechas indebidamente, y si no lo hizo, la demanda de garantías que presentó en la que esgrime que es ilegal la notificación de mérito, carece de definitividad para efectos del juicio de control constitucional, y que la promoción de dicho medio de defensa era obligatorio previo a acudir a la vía constitucional, pues el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción para tal efecto. Ello en el entendido de que de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya agotado el incidente de nulidad de notificaciones. Se dice que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción, ya que éste no versa sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o se relacionen con cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, diferente a aquellos que derivan de la ejecución de una sentencia definitiva en el proceso penal. De igual manera el recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Se cita en la idea jurídica y sustancialmente conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página: 1651, tesis: VI.2o.C. J/243, materia civil, registro digital 180570, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo.". También tiene aplicación también al caso concreto, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en página 356, del Tomo II Segunda Parte-2, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 230246, cuyo texto y rubro dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías, puede omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se debe agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa.". Finalmente es aplicable de igual forma, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 157, del Tomo VII-Marzo, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 223395, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EXISTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES QUE COMO MEDIO DE DEFENSA DEBE PREVIAMENTE AGOTARSE.- La causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XIII, debe estimarse que concurre, no sólo cuando exista en la ley de la materia de que se trate, recurso o medio de defensa contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, sino también tratándose de actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, respecto de las cuales la ley concede la oportunidad de impugnarlas a través del correspondiente incidente de nulidad, puesto que aunque éste no constituye un recurso, sí es un medio legal por el cual tales actuaciones pueden declararse nulas por haberse incumplido las formalidades esenciales del procedimiento." Consecuentemente, toda vez que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de la Materia, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado en virtud de que el domicilio que se indica para tal efecto, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Se tienen por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ***, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo da la Judicatura Federal y para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica por así haberlo solicitado. Por otra parte, dada la trascendencia del proveído de que se trata, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, gírese atento despacho al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en turno, para que en el auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar el presente proveído a Citlalli Celina Tovar Tovar en el domicilio ubicado en Batha, sin número, localidad de Batha Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42984; asimismo le requiera para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes se les harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por la fracción I, inciso c) del artículo 27 de la Ley de Amparo; habilitando días y horas inhábiles que resulten necesarios para que se pueda efectuar dicha diligencia. Y una vez hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial de mérito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese."""
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, contra actos que reclama del Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 1414/2021-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: La causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del numeral transcrito se advierte que la causa de improcedencia en estudio se encuentra motivada en que el promovente del amparo, previo acudir a la instancia constitucional, omitió agotar los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual, significa que sólo prospera en casos excepcionales, en específico, cuando se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anterior, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a modificar, confirmar o revocar los actos que estime lesivos. En ese orden, se sostiene que en particular se actualiza la causal de improcedencia invocada, por las siguientes consideraciones: Del análisis integral de la demanda se tiene que la parte quejosa se duele esencialmente de la ilegal notificación en el expediente 165/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil, de no haber revisado el Juez responsable la cédula de notificación. En principio es necesario imponerse del contenido de los artículos 1345, fracción V, y 1349 a 1358 del Código de Comercio, que disponen: "Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente; Art. 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Art. 1,350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Art. 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Art. 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Art. 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Art. 1,354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Art. 1,355. Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Art. 1,356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Del contenido de tales preceptos deriva que el Código de Comercio contempla en el procedimiento la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio; por lo que al no existir fundamento legal que regule el incidente de nulidad de una notificación, se deberá acudir a la ley supletoria. El artículo 1063 del Código de Comercio aplicable, prevé: "Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local." Conforme a tal precepto, se debe acudir en primer término al Código Federal de Procedimientos Civiles como ley supletoria. Ahora, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece: "Artículo 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto.". Conforme a esa norma, las notificaciones que no se practiquen conforme a derecho, serán nulas; de ahí que, la parte promovente, previamente al juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del invocado código, el cual tiene por objeto, modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, desde el emplazamiento o notificaciones hechas indebidamente, y si no lo hizo, la demanda de garantías que presentó en la que esgrime que es ilegal la notificación de mérito, carece de definitividad para efectos del juicio de control constitucional, y que la promoción de dicho medio de defensa era obligatorio previo a acudir a la vía constitucional, pues el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción para tal efecto. Ello en el entendido de que de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya agotado el incidente de nulidad de notificaciones. Se dice que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción, ya que éste no versa sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o se relacionen con cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, diferente a aquellos que derivan de la ejecución de una sentencia definitiva en el proceso penal. De igual manera el recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Se cita en la idea jurídica y sustancialmente conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, página: 1651, tesis: VI.2o.C. J/243, materia civil, registro digital 180570, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo.". También tiene aplicación también al caso concreto, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en página 356, del Tomo II Segunda Parte-2, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 230246, cuyo texto y rubro dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías, puede omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se debe agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa.". Finalmente es aplicable de igual forma, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 157, del Tomo VII-Marzo, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 223395, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EXISTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES QUE COMO MEDIO DE DEFENSA DEBE PREVIAMENTE AGOTARSE.- La causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XIII, debe estimarse que concurre, no sólo cuando exista en la ley de la materia de que se trate, recurso o medio de defensa contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, sino también tratándose de actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, respecto de las cuales la ley concede la oportunidad de impugnarlas a través del correspondiente incidente de nulidad, puesto que aunque éste no constituye un recurso, sí es un medio legal por el cual tales actuaciones pueden declararse nulas por haberse incumplido las formalidades esenciales del procedimiento." Consecuentemente, toda vez que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de la Materia, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado en virtud de que el domicilio que se indica para tal efecto, se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Se tienen por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada ***, en virtud de que no tiene registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo da la Judicatura Federal y para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica por así haberlo solicitado. Por otra parte, dada la trascendencia del proveído de que se trata, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, gírese atento despacho al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en turno, para que en el auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar el presente proveído a Citlalli Celina Tovar Tovar en el domicilio ubicado en Batha, sin número, localidad de Batha Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42984; asimismo le requiera para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes se les harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por la fracción I, inciso c) del artículo 27 de la Ley de Amparo; habilitando días y horas inhábiles que resulten necesarios para que se pueda efectuar dicha diligencia. Y una vez hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial de mérito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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