Citlali Canseco López

Expediente 728/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Citlali Canseco López

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que, mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Considerando que existen en el presente asunto documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo, dentro del término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Documentos que se entregarán personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Citlalli Canseco López o Citlali Canseco López, contra actos del Fiscal General del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; captúrese su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el libro de gobierno con el número 728/2020. Análisis integral de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, en el particular, de la lectura integral de la demanda y, las constancias anexas a la misma, se deducen que con independencia de las diversas denominaciones y calificativos, la parte quejosa reclama la resolución y/o determinación de siete de octubre del año en curso, emitida por la autoridad señalada como responsable, en la cual se determinó no otorgarle el acceso a los datos de registro de investigación que obran en una carpeta de investigación que se sigue en su contra, así como su notificación. En ese sentido, se considera que dichos actos reclamados, no afecta alguno de los derechos fundamentales de la parte impetrante de amparo, como se verá a continuación. En efecto, en el particular se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." Lo anterior es así, toda vez que los actos aquí reclamados, por sí no se advierte, afecte alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Federal y los tratados internacionales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras. Así, como se vio, la parte impetrante de amparo en esta instancia Constitucional se duele de la resolución y/o determinación de siete de octubre del año en curso, emitida por la autoridad señalada como responsable, en la cual ésta determinó no otorgarle el acceso a los datos de registro de investigación que obran en una carpeta de investigación que se sigue en su contra, así como su notificación. De ahí, que insístase, no se advierte que el acto reclamado por sí, afecta su esfera jurídica, pues como se puede advertir de las propias manifestaciones de la parte promovente que emite bajo protesta de decir verdad, así como de los anexos de la misma, se aprecia que la autoridad señalada como responsable determinó que por el momento no ha lugar a acordar favorable su petición de otorgarle acceso a los datos de investigación que obran en la carpeta de investigación relativa. Lo anterior, virtud esencial a que el hecho de que la ahora parte impetrante de amparo esté siendo investigada dentro de una carpeta de investigación ello por sí no se considera afecte sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1947, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Máxime que, como se advierte del anexo a la misma, la responsable consideró que en ese momento no era procedente acceder en la carpeta ya que no se coloca en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 20, apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sumada a la etapa procesal en que se encuentra; dado que ello implicaría quebrantar la reserva de los actos de investigación. En ese tenor, es que se considera que el acto aquí reclamado por sí no afecta ninguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni a las garantías para su protección, pues como lo determinó el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 72/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 994, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Del criterio jurisprudencial previamente trascrito, permite ver que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando dicho imputado se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, es decir, que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual, de los anexos del escrito de demanda se advierte ello aún no acontece, pues se advierte que la autoridad señalada como responsable fue precisa en destacar que a la fecha de la emisión de la determinación aquí reclamada aún no se había actualizado ninguno de los referidos supuestos, esto es, encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por tanto, si como se vio, en el particular se reclama la resolución y/o determinación de siete de octubre del año en curso, emitida por la autoridad señalada como responsable, en la cual se determinó no otorgarle el acceso a los datos de registro de investigación que obran en una carpeta de investigación que se sigue en su contra; pues dicha parte impetrante de amparo, hasta la fecha de la emisión del acto reclamado no había adquirido la calidad de imputado en la carpeta de investigación respectiva, al no configurarse ninguna de las referidas hipótesis establecidas en el 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo las cuales puede quebrantarse el sigilo de la investigación; consecuentemente, se estima dicho acto reclamado por sí no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, como son la libertad, la vida, sus propiedades, entre otras, pues como se vio, la parte quejosa en dicho procedimiento de investigación hasta la fecha de la determinación no se configuraba alguna las hipótesis establecidas en el aludido artículo 218, de la legislación en cita, para poder tener acceso a dichos registros de investigación. En consecuencia, la negativa de acceso a los registros de investigación de una carpeta de investigación seguida en su contra, así como su notificación, por sí no se advierte afecte alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, máxime que, dicha negativa fue con base en que no se actualizaba ninguna de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: VI.2o.P.59 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Página 5071, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." Sin que pase inadvertido la Jurisprudencia XIII.P.A.J/6, visible en la página 1354, Libro 56, Julio 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A UNA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DENTRO DE ELLA, NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE DÉ LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA". Pues, de la ejecutoria de la cual emana dicha Jurisprudencia, se advierte que el Tribunal Colegiado, partió del supuesto de que resultaba desacertado que el Juez de Distrito, considerara manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo; respecto del acto allá reclamado, consistente en la omisión de darle a la ahí parte quejosa, intervención legal dentro de la carpeta de investigación, virtud esencial a que, dicha parte quejosa en sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, refirió que se pretendió efectuar un acto de molestia en su contra; lo que adviértase en el caso concreto, no acontece ya que la parte no se queja de actos de molestia en su contra, sin que obste que refiera que a su domicilio se presentaron agentes de investigación, manifestando que tienen una investigación en su contra; pues ello no se advierte materializó perjuicio; máxime cuando a partir de ello es que refiere que fue que acudió por escrito ante la representación social a solicitar su intervención, de lo que derivó la respuesta de mérito y, máxime que sus conceptos de violación, esencialmente se encuentran dirigidos a defensa adecuada, derecho de audiencia y formalidades del procedimiento. Además, de los propios anexos de la demanda exhibidos por la parte quejosa, se advierte que la autoridad responsable le informó que no se encontraba detenida, ni había sido citada para comparecer como imputado, ni se había pretendido recibir su entrevista dentro del alguna carpeta de investigación; por lo cual no era procedente darle intervención. Sumado al hecho, que en el caso, no se resuelven únicamente con lo manifestado por la parte quejosa sino, incluso, con los anexos de la misma, en la que se aprecia el acto reclamado como tal, del que se permite ver, cómo es que aparece probado los actos reclamados. De ahí que se estime que en el caso concreto, el acto aquí reclamado no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de amparo, toda vez que, como se vio, el acto reclamado por sí, no se considera afecte sus derechos fundamentales. En consecuencia, no existe algún propósito para admitir la demanda de amparo, y en aras del artículo 17 Constitucional, es por lo que se estima innecesario admitir a trámite la presente demanda, pues a ningún fin práctico conduciría ello, sí al resolver el presente sería en el mismo sentido del presente. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". DOMICILIO AUTORIZADOS, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tiene como domicilio para recibir y oír notificaciones el que indica, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ubaldo Leonel López López, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto de las personas restantes únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo la parte quejosa. Asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Ahora, respecto del número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. Sin embargo, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona y número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. LEY DE TRANSPARECENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente al promovente.

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