Ciro Germán Espino Hurtado

Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1067/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Ciro Germán Espino Hurtado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1067/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En este acto se certifica: el veintiocho de noviembre del año en curso, la parte quejosa presentó un escritos de ofrecimiento de pruebas, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el cual contiene la prueba testimonial; de igual forma que el plazo para haberla anunciado feneció el veintiuno del mes y año que transcurren, esto es, cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de su ofrecimiento y el de la presente audiencia, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se da cuenta con la certificación que antecede y con los escritos registrados con los folios 22111 y 22182. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede y la certificación de cuenta para los efectos legales conducentes. En otro orden, glósense los escritos del quejoso; atento a sus contenidos, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas las documentales que refiere, -incluidas las ofrecidas en el cuaderno incidental del que deriva el presente juicio-, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; además, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con lo que se ordena hacer relación en la etapa correspondiente. Respecto a la testimonial ofrecida, se desecha la misma por ser extemporánea su presentación, toda vez que conforme a la certificación secretarial de cuenta, el término para haberla anunciado feneció el veintiuno de noviembre del mes y año que transcurre, esto es, cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de su ofrecimiento y el de la celebración de la presente audiencia. Ello es así, debido a la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, si las referidas pruebas no fueron ofrecidas en el término que se establece el numeral en cita, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal, considerando que tenía conocimiento de los hechos que pretende probar desde el momento de la presentación de su demanda y no por diversas circunstancias posteriores; por lo tanto, no ha lugar a admitir la citada probanza, por ser extemporánea su presentación. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales, mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, por lo que al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que las partes quejosa y tercera interesada los formularon; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente: V i s t o s para resolver el juicio de amparo 1067/2023, promovido por ..., contra actos del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa ratificación de demanda, el suscrito la admitió, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirieron los informes justificados y ordenó emplazar a la parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que la representante social no formuló pedimento; se rindieron los informes justificados; la parte tercera fue emplazada; y, finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Se fija el acto reclamado, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a la controversia ordinario civil ... del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado, así como la orden de lanzamiento y/o desposesión respecto del inmueble identificado como "...". TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado y el actuario responsable se adhirió a lo manifestado por el a quo en su informe justificado. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente, pues el promovente carece de interés jurídico, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo . La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, página 135, con registro digital 232192, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019, tomo II, página 1598, con registro digital 2019456, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En el caso, el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a la controversia ordinario civil 734/2022 del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado, así como la orden de lanzamiento y/o desposesión respecto del inmueble identificado como "Avenida 679 numero 62 casa F-1, lote 14, manzana 4, Conjunto Habitacional San Juan de Aragón CTM, alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07990, Ciudad de México." Por tanto, debió demostrar fehacientemente ser titular del derecho de posesión que afirma fue infringido con el acto reclamado. Para solventar esa carga procesal, manifestó que posee el inmueble materia del litigio, lo cual puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de posesión. Debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de posesión objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la Jurisprudencia P./J. 1/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." No obstante, el accionante de amparo omitió allegar elementos de convicción idóneos con los que acredite de forma fehaciente tener el derecho de posesión sobre el inmueble materia de la litis, por lo cual se afirma que no existe afectación a su interés jurídico. En efecto, el peticionario exhibió el contrato de arrendamiento en el que se ostenta arrendador; no obstante, no es suficiente, pues los documentos que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta anterior al inicio del proceso y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) Desde la muerte de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. Así, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." La exhibición de un contrato privado de arrendamiento que carece de fecha cierta anterior al inicio del juicio del que se ostenta tercero extraño en estricto sentido, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa, pues ello imposibilita determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Lo anterior, con independencia de que el contrato de arrendamiento hubiera sido exhibido el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, anexo a su escrito de demanda en el juicio natural ..., ya que del sello de la Oficialía de Partes Común para Juzgados y Salas, se advierte que no se exhibió ningún documento certificado, sino solo copias simples y el contrato en el que se ostenta arrendador, se presentó sin certificación alguna y, en su caso, la fecha de exhibición ante la autoridad judicial es posterior al inicio del procedimiento del que reclama su emplazamiento, el cual inició en dos mil veintidós. Lo anterior se robustece, por las razones que la sustentan, con la Jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169963, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Aunado a que, de las constancias remitidas por el Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, se advierte que todos los documentos anexos al escrito de demanda del juicio ..., de su índice, obran en copia simple, por lo que lo relevante es que ni adminiculadas, puede sostenerse que sirven para revelar la existencia de un derecho subjetivo respecto del inmueble que defiende. Al respecto se invoca el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 21/98 de la Novena Época, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, en Materia(s): Común, Página: 213, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Así como la tesis de jurisprudencia con registro digital: 394150 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Séptima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Asimismo, el quejoso exhibió como pruebas el acuse de la demanda presentada en el juicio natural ... y sus anexos, consistentes en los recibos de pago de predial, agua y notas de compra de materiales de construcción; y, la escritura 9678 en la que consta la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo a favor de José Sánchez González. No obstante, las documentales señaladas son insuficientes para acreditar el interés jurídico del quejoso, dado que carecen de idoneidad para demostrar la posesión que dicen tener en tanto que ninguno de ellos revela fehacientemente la celebración de un acto jurídico que le haya trasladado derechos reales o posesorios sobre el bien que defiende. Lo anterior es así, pues con el acuse de la demanda que presentó en dicho juicio natural únicamente acredita que insto la potestad jurisdiccional a fin de resolver la cuestión planteada. Por otra parte, de sus anexos consistentes en los recibos mencionados, únicamente se advierte el pago de dichos servicios y compra de los materiales; únicamente demuestran el pago y contratación de servicios en cierto domicilio, no que se tienen derechos respecto del inmueble relativo. Al respecto, se cita por analogía, la tesis sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, que dispone: "AGUA, DERECHOS DE. BOLETAS DIRIGIDAS AL USUARIO. NO ACREDITAN POR SI EL INTERES JURIDICO. Si las boletas correspondientes al cobro por el servicio de agua no contienen el nombre de la persona obligada al pago, sino que están dirigidas al usuario de la toma ubicada en el domicilio que se menciona en las mismas boletas el promovente del amparo no acredita su interés jurídico con la sola exhibición de tales documentos." Aunado a que, de la copia de la escritura que exhibe, se advierte que la misma fue otorgada a favor de diversa persona, no del quejoso; por lo que, ello solamente demuestra el acuerdo de voluntades entre las personas que lo suscriben. Así, de las documentales descritas, se aprecia que todas son insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso. Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente la parte quejosa tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como parte tercera extraña a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta anterior al inicio del proceso; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis I.5o.C.6 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 203885, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Por tanto, se reitera, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico que reúna los requisitos legales para tal efecto, es decir, que por sus características sea oponible a terceros, ya que sólo así, se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio; lo que en la especie no ocurre, pues como se precisó, las documentales ofrecidas por la parte quejosa son insuficientes para demostrar la posesión que defiende. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, dichas manifestaciones no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico del promovente, ya que esto, necesariamente, debe ser acreditado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que se haya probado la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por la autoridad responsable con residencia en esta ciudad con su informe justificado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia I. 1o. A. J/3 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 229368, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse el interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades ejecutoras, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239008, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS ." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día que tiene verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1067/2023, promovido por *****, contra actos del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Trigésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y reclama particularmente el proveído de dieciocho de noviembre del año pasado, donde no se le tuvo como parte demandada, la sentencia definitiva y los actos para desposeerlo del inmueble ubicado en "...." SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado. SEGUNDO. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL INTERÉS JURÍDICO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que el quejoso tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad; por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del dispositivo 107, fracción X de la Constitución Federal. Empero, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la parte quejosa es tercero extraño a juicio, y no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Esto es, el accionante de amparo omitió allegar medios de convicción que demuestren algún derecho a su favor para poder conceder la medida cautelar y para los efectos que solicita. Sin que sea óbice a lo anterior, que exhiba el acuse de la demanda presentada en el juicio natural ... y sus anexos, consistentes en los recibos de pago de predial, agua y notas de compra de materiales de construcción; así como el contrato de arrendamiento en el que el quejoso se ostenta arrendador y la escritura 9678 en la que consta la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo a favor de .... Puesto que, por una parte, el acuse de la demanda que presentó en dicho juicio natural únicamente acredita que insto la potestad jurisdiccional a fin de resolver la cuestión plateada; y, por otra, de sus anexos consistentes en los recibos mencionados, solamente se advierte el pago de dichos servicios y compra de los materiales; y no así la posesión o propiedad del inmueble que dice defender. Aunado a que, de la copia simple de la escritura que exhibe, se advierte que la misma fue otorgada a favor de diversa persona, no del quejoso; por lo que, ello solamente demuestra el acuerdo de voluntades entre las personas que lo suscriben; asimismo, el contrato de arrendamiento referido tampoco es eficaz para demostrar que tiene la posesión del inmueble, ya que no demuestra el interés jurídico ni siquiera de forma indiciaria porque del mismo no se desprende que él detentara la posesión o que esta le fuera transmitida. En tales circunstancias, de ellas no se acredita que posee materialmente el inmueble, o bien, algún indicio sobre la existencia de algún derecho de posesión derivado de la ley o un acto jurídico; ya que, sólo así, se estimaría que efectivamente existe una posible afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa que hiciera viable decretar la medida cautelar de amparo a su favor. Así, la propiedad y/o posesión del inmueble que pretende defender, no se acredita con los documentos presentados. En consecuencia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA, pues aunque se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, no acredita ni aún en forma indiciaria el interés suspensional que tiene para concederle la medida cautelar. Es aplicable la jurisprudencia P./J.96/97, visible en la página 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.- Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción Cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITVA a *******, contra actos del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Trigésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Agréguense el escrito del quejoso y el oficio del Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, mediante los cuales remiten las constancias que indican, con las que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. Con dichas documentales, fórmense los cuadernos auxiliares I al III, para un mejor manejo de este expediente. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Agréguese el oficio del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias solicitadas en autos; sin embargo omite remitir los documentos anexos a la demanda inicial. En ese sentido, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas legalmente computadas, allegue dichas documentales, bajo el apercibimiento con el que se le conminó. NOTIFÍQUESE.

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