Ciro Díaz Rodríguez

Expediente 1472/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1472/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2021

Partes del expediente

  • Ciro Díaz Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.

  2. Principal

    Durango, Durango, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por *****, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango, y de otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14, 16 21, 108, 112, 173 y 175 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por ****por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Por su parte, el ordinal 61 de la propia ley de la materia, en su fracción XVIII establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del propio dispositivo legal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "ARTÍCULO 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Conforme a este numeral las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal podrán impugnarse ante el Juez de control. Ahora bien, Ciro Díaz Rodríguez reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y el Vice Fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Durango, lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SER ECALAME: De la señalada en primer lugar, "EL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL" dictado en fecha veintiuno de septiembre del año en curso en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. 05664/2021 que se inició por querella del suscrito contra los C.C. JORGE LUIS HUERTA MARTINEZ y ADRIANA VERÓNICA RUBIO MEDINA por el delito de fraude. De la señalada en segundo lugar, LA RATIFICCIÓN DEL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. 05664/2021, que fue dictado por el Agente del Ministerio Público señalado responsable, al que me he referido en el párrafo anterior, actos reclamados que me fueron notificados el día veintiocho de octubre del presente año". De la anterior reseña se puede fácilmente obtener que el hoy aquí amparista Ciro Díaz Rodríguez reclama la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y ratificado por el Vice Fiscal de Investigación del Estado de Durango, mediante la cual se declaró el no ejercicio de la acción penal respecto de la carpeta de investigación 05664/2021; empero esa determinación puede ser impugnada ante el Juez de Control como lo prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser el quejoso parte denunciante en la indagatoria está obligado a agotar ese medio de defensa, a través del cual puede lograr la revocación del no ejercicio de la acción penal. De tal suerte que si dicho inconforme no agotó ese medio defensivo previo al ejercicio de esta acción constitucional de amparo, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de garantías, de ahí que se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sirve de soporte la tesis I.8o.P.20 P (10a.), publicada en la página 2256, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO DECRETA PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (CONFLICTO APARENTE DE NORMAS ENTRE DICHO PRECEPTO Y EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO). Si bien el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que del análisis sistemático de dicho precepto y del diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la vía en que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se advierte un conflicto aparente de normas, pues mientras el primero dispone que contra las determinaciones del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal procede el amparo indirecto, el segundo establece que dicha resolución será impugnada ante el Juez de Control. Al respecto, debe decirse que el conflicto aparente de leyes o antinomias jurídicas, consiste en la concurrencia de dos o más normas de derecho vigentes, cuya aplicación simultánea es incompatible a cierto supuesto de hecho, es decir, requiere que una conducta o acción queden bajo la esfera de dos preceptos legales excluyentes entre sí. Sin embargo, en el caso, tal conflicto es superado sobre la base del artículo cuarto transitorio del código indicado, que dispone que todas las normas -en donde queda comprendida la Ley de Amparo- que se opongan a su contenido (con excepción de las leyes de jurisdicción militar y en materia federal de delincuencia organizada), quedan derogadas. En este contexto, para resolver esa aparente contradicción normativa, esto es, la incompatibilidad entre los artículos 107, fracción VII y 258 referidos, debe atenderse al principio de criterio cronológico lex posterior derogat priori, conforme al cual la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que se opongan entre sí. Bajo esa premisa, contra la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal, procede el recurso previsto en el artículo 258 mencionado y no el juicio de amparo indirecto". También la tesis I.7º.P.73 P (10ª), consultable en la página 2904, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SI EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA SE TRAMITÓ CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL, DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESTABLECIDO EN EL DIVERSO NUMERAL 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SE HAYA DICTADO CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. El Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, de conformidad con la declaratoria publicada en ese medio de difusión oficial el 25 de septiembre de 2015, a nivel federal en la Ciudad de México, entró en vigor a partir del 29 de febrero de 2016; en su artículo 258, prevé el medio de impugnación ante el Juez de control contra las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal; no obstante, en términos de su artículo tercero transitorio, las disposiciones del código citado son inaplicables a los procedimientos penales que estaban en trámite a su entrada en vigor, pero que se iniciaron acorde a la normatividad del anterior sistema; consecuentemente, si el procedimiento del que deriva la determinación ministerial sobre el no ejercicio de la acción penal se tramitó conforme al sistema procesal penal tradicional, ésta debe impugnarse por medio del recurso de inconformidad previsto en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales ante la Procuraduría General de la República y no ante el Juez de control a través del medio de impugnación establecido en el artículo 258 invocado, aun cuando esa resolución del no ejercicio se haya dictado con posterioridad al 29 de febrero de 2016, en que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal en la Ciudad de México, pues de conformidad con el artículo tercero transitorio referido, en cuanto a la aplicación de este último ordenamiento, se estableció que los procedimientos penales que a su entrada en vigor se encontraren en trámite, continuarían su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento del inicio de aquéllos". Finalmente la tesis XVIII.1º.P.A.2 P (10ª), impresa en la página 2141, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado". Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala en el escrito de demanda y como correo electrónico lic.lomas@hotmail.com. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **** contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y el Vice Fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Durango. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Durango, Durango, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por *****, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango, y de otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14, 16 21, 108, 112, 173 y 175 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por ****por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Por su parte, el ordinal 61 de la propia ley de la materia, en su fracción XVIII establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del propio dispositivo legal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "ARTÍCULO 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Conforme a este numeral las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal podrán impugnarse ante el Juez de control. Ahora bien, Ciro Díaz Rodríguez reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y el Vice Fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Durango, lo siguiente: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SER ECALAME: De la señalada en primer lugar, "EL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL" dictado en fecha veintiuno de septiembre del año en curso en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. 05664/2021 que se inició por querella del suscrito contra los C.C. JORGE LUIS HUERTA MARTINEZ y ADRIANA VERÓNICA RUBIO MEDINA por el delito de fraude. De la señalada en segundo lugar, LA RATIFICCIÓN DEL ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN No. 05664/2021, que fue dictado por el Agente del Ministerio Público señalado responsable, al que me he referido en el párrafo anterior, actos reclamados que me fueron notificados el día veintiocho de octubre del presente año". De la anterior reseña se puede fácilmente obtener que el hoy aquí amparista Ciro Díaz Rodríguez reclama la resolución dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y ratificado por el Vice Fiscal de Investigación del Estado de Durango, mediante la cual se declaró el no ejercicio de la acción penal respecto de la carpeta de investigación 05664/2021; empero esa determinación puede ser impugnada ante el Juez de Control como lo prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al ser el quejoso parte denunciante en la indagatoria está obligado a agotar ese medio de defensa, a través del cual puede lograr la revocación del no ejercicio de la acción penal. De tal suerte que si dicho inconforme no agotó ese medio defensivo previo al ejercicio de esta acción constitucional de amparo, es por demás claro que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de garantías, de ahí que se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sirve de soporte la tesis I.8o.P.20 P (10a.), publicada en la página 2256, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO DECRETA PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (CONFLICTO APARENTE DE NORMAS ENTRE DICHO PRECEPTO Y EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO). Si bien el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que del análisis sistemático de dicho precepto y del diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la vía en que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se advierte un conflicto aparente de normas, pues mientras el primero dispone que contra las determinaciones del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal procede el amparo indirecto, el segundo establece que dicha resolución será impugnada ante el Juez de Control. Al respecto, debe decirse que el conflicto aparente de leyes o antinomias jurídicas, consiste en la concurrencia de dos o más normas de derecho vigentes, cuya aplicación simultánea es incompatible a cierto supuesto de hecho, es decir, requiere que una conducta o acción queden bajo la esfera de dos preceptos legales excluyentes entre sí. Sin embargo, en el caso, tal conflicto es superado sobre la base del artículo cuarto transitorio del código indicado, que dispone que todas las normas -en donde queda comprendida la Ley de Amparo- que se opongan a su contenido (con excepción de las leyes de jurisdicción militar y en materia federal de delincuencia organizada), quedan derogadas. En este contexto, para resolver esa aparente contradicción normativa, esto es, la incompatibilidad entre los artículos 107, fracción VII y 258 referidos, debe atenderse al principio de criterio cronológico lex posterior derogat priori, conforme al cual la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que se opongan entre sí. Bajo esa premisa, contra la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal, procede el recurso previsto en el artículo 258 mencionado y no el juicio de amparo indirecto". También la tesis I.7º.P.73 P (10ª), consultable en la página 2904, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SI EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA SE TRAMITÓ CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL, DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESTABLECIDO EN EL DIVERSO NUMERAL 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SE HAYA DICTADO CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR A NIVEL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. El Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, de conformidad con la declaratoria publicada en ese medio de difusión oficial el 25 de septiembre de 2015, a nivel federal en la Ciudad de México, entró en vigor a partir del 29 de febrero de 2016; en su artículo 258, prevé el medio de impugnación ante el Juez de control contra las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal; no obstante, en términos de su artículo tercero transitorio, las disposiciones del código citado son inaplicables a los procedimientos penales que estaban en trámite a su entrada en vigor, pero que se iniciaron acorde a la normatividad del anterior sistema; consecuentemente, si el procedimiento del que deriva la determinación ministerial sobre el no ejercicio de la acción penal se tramitó conforme al sistema procesal penal tradicional, ésta debe impugnarse por medio del recurso de inconformidad previsto en el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales ante la Procuraduría General de la República y no ante el Juez de control a través del medio de impugnación establecido en el artículo 258 invocado, aun cuando esa resolución del no ejercicio se haya dictado con posterioridad al 29 de febrero de 2016, en que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal en la Ciudad de México, pues de conformidad con el artículo tercero transitorio referido, en cuanto a la aplicación de este último ordenamiento, se estableció que los procedimientos penales que a su entrada en vigor se encontraren en trámite, continuarían su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento del inicio de aquéllos". Finalmente la tesis XVIII.1º.P.A.2 P (10ª), impresa en la página 2141, del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado". Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que señala en el escrito de demanda y como correo electrónico lic.lomas@hotmail.com. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **** contra el acto que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Durango (Felipe de Jesús Ramos Rocha), y el Vice Fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Durango. Notifíquese personalmente.

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