Ciro Cardenas Ambriz

Expediente 114/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 47 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
114/2016
Año
2016
Actuaciones
47
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Ciro Cardenas Ambriz
  • Ciro Cardenas Ambriz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio de amparo, por un lado, se declaró consentido el proveído de veintiocho de marzo de esa anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al haber transcurrido el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de la determinación citada en último orden, sin que el quejoso hiciera valer dicho mecanismo de impugnación y, por otro, se reservó emitir el pronunciamiento relativo al archivo y la valoración del expediente en el que actúa, hasta que el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito resolviera los recursos de queja 120/2017 y 121/2017 que las personas físicas que ocupaban los cargos de Director General y de encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el lapso comprendido del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis -data en la que se les requirió por primera vez el cumplimiento de la ejecutoria de amparo-, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete -fecha en la que se impuso en su contra una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la anualidad mencionada en último orden, esto es, $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), a cada una-, interpusieron en contra de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en donde se les impuso ese medio de apremio. Por otra parte, en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en este medio extraordinario de defensa, se tuvieron por recibidos los testimonios de las ejecutorias de treinta y uno de agosto de esa anualidad, que el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, dictó en los recursos de queja 120/2017 y 121/2017, en las que declaró improcedentes esos medios de impugnación, por lo que se le requirió al Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación para que proporcionara el nombre de las personas físicas que ocupaban los cargos de Director General y de encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el lapso comprendido del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis -data en la que se les requirió por primera vez el cumplimiento de la ejecutoria de amparo-, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete -fecha en la que se impuso en su contra una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la anualidad mencionada en último orden, esto es, $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), a cada una-. Posteriormente, en el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por identificadas a las personas físicas aludidas dentro de los periodos indicados, por lo que en el acuerdo de la data señalada y en el proveído de veintisiete de agosto posterior, se enviaron a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y a sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco, diversos documentos para que en el ejercicio de sus facultades procedieran a hacer efectivas las multas impuestas a cada una esas personas físicas; empero, hasta el momento no ha sido posible hacer efectivos esos medios de apremio, y tampoco se ha emitido el pronunciamiento relativo al archivo y a la valoración de este juicio de derechos fundamentales; por tanto, a fin de estar en aptitud de pronunciarse sobre esos tópicos se estima necesario exponer las siguientes consideraciones. Primeramente, se destaca que la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones bajo su criterio y responsabilidad podrá hacer uso indistintamente de las medidas de apremio, entre las que se contempla la imposición de una multa establecida por el ordinal 237, fracción I, del citado ordenamiento legal; lo anterior, tomando en cuenta la conducta que se actualice que sea sancionable. En otro punto, en la teoría general del proceso, la ejecución se entiende como el conjunto de medios que, normalmente a instancia de parte, pone en marcha el titular de un órgano jurisdiccional para que la parte vencida por una sentencia condenatoria cumpla lo mandado por esta; por otro lado, también establece que la ejecución se da a través de dos momentos distintos, entre los que interesa, la vía de apremio. En tal sentido, la vía de apremio se define como una providencia dictada por el Juez, para efectos de que se cumplan las determinaciones que él mismo haya dictado durante el proceso. Por otro lado, según la Real Academia Española, el término requerimiento tiene tres acepciones, entre las que interesa la que lo define como el acto judicial por el que se intima que se haga algo o se deje de ejecutar algo. En tal sentido, en el caso es factible sostener que en la etapa de ejecución de un proceso, el órgano jurisdiccional respectivo, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, debe requerir a la parte vencida por una sentencia a fin de que acate esa resolución en los términos dictados; de lo contrario y ante ese incumplimiento, dicho órgano de administración de justicia debe imponer en contra de la infractora un medio de apremio en el momento en el que se actualice la conducta sancionada, entre otros, el consistente en la imposición de una multa, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de donde derivan las pretensiones reclamadas inicialmente. En otro punto, de conformidad con lo indica por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. Además, ese dispositivo indica que en la notificación que se realice a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258, ambos de la ley de la materia, será de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación. En esos términos, la ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, salvo que contra esa determinación alguno de los sujetos legitimados interponga el recurso de inconformidad; en este último supuesto se tendría que esperar la resolución que el Tribunal de Alzada dicte a fin de proveer lo que corresponda. Las consideraciones expuestas derivan de la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En otro punto, el artículo 193, primer párrafo, de la ley de la materia estatuye que si la ejecutoria no está cumplida en el plazo fijado y se trata de un juicio de amparo indirecto, el órgano judicial hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal de alzada, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. En diverso aspecto, para determinar la naturaleza de las multas que el Poder Judicial de la Federación impone con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene encomendada, es necesario traer a contexto el contenido de los preceptos 1, 2 y 3, todos del Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1. Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes." "Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo. II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o." "Artículo 3. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado." De los segmentos normativos transcritos se obtiene, en lo que interesa, que las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, la procuración y la administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades, por lo que estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales; sin embargo, dan lugar a un crédito fiscal, de conformidad con lo que dispone el artículo 4 del citado ordenamiento legal, que a la letra dice: "Artículo 4. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano." De ese dispositivo se desprende que los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tengan derecho a percibir, pueden provenir, de entre otros rubros, de los aprovechamientos federales; por consiguiente, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen el carácter de aprovechamientos, es incuestionable que determinadas en cantidad líquida constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto por el ordinal 145 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior permite concluir que las multas que impone el Poder Judicial de la Federación son verdaderos aprovechamientos federales, por lo que es pertinente examinar las disposiciones legales que señalan al órgano del Estado encargado de hacerlas efectivas. Por otro lado, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, 2, 3, 6, 7, fracciones I, IV y XIII, así como artículo tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que establecen lo siguiente: "Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley." "Artículo 2. El Servicio de Administración Tributaria tiene por objeto la realización de una actividad estratégica del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público. En la consecución de este objetivo deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de esa legislación." "Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar sus resoluciones." "Artículo 6. La Tesorería de la Federación prestará en forma gratuita y de conformidad con lo que establece el presente capítulo y las disposiciones jurídicas aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al Servicio de Administración Tributaria. Con base en la información y requerimientos que al efecto presente el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería de la Federación hará las previsiones necesarias para devolver a los contribuyentes, por cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cantidades que, en su caso, corresponda (sic). El Servicio de Administración Tributaria y la Tesorería de la Federación convendrán, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los plazos y las condiciones bajo los cuales se efectuarán dichas devoluciones." "Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes: I. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; [.] IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal; [.] XIII. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables." [.] "Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente ley, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos." El examen sistemático de las disposiciones legales transcritas pone de manifiesto que con la creación del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, de entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, la liquidación y la recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios. También se evidencia que respecto de esos rubros tributarios sólo se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. En esos términos, se factible concluir que corresponde al Servicio de Administración Tributaria realizar el cobro de las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la unidad administrativa de este órgano a la que directamente le está asignada esa función; para evidenciar tal aserto, es necesario traer a contexto lo establecido por los ordinales 2, inciso b), fracción I, 20, fracciones XVI, XVII, XXIII y LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22, todos del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, que a la letra dicen: "Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas: [.] b) Unidades Administrativas Centrales: I. Administración General de Recaudación: [.]." "Artículo 20. Compete a la Administración General de Recaudación: [.] XVI. Recaudar, directamente o a través de las oficinas autorizadas al efecto, el importe de las contribuciones, aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como los productos federales. XVII. Concentrar en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los ingresos recaudados. [.] XXIII. Llevar a cabo en términos de la legislación fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, cuando dicho procedimiento no sea de la competencia de otra unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, así como las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal, inclusive las fianzas a favor de la Federación, otorgadas para garantizar los créditos fiscales respecto de los cuales ejerza el procedimiento administrativo de ejecución; enajenar fuera de remate bienes embargados, así como expedir el documento que ampare la enajenación de los bienes rematados y, proceder a la ampliación del embargo en otros bienes del contribuyente cuando la autoridad estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales o cuando la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. [.] LII. [.] La Administración General de Recaudación estará a cargo de un administrador general, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos que en adelante se señalan. [.] Administradores locales de recaudación." "Artículo 22. Compete a las Administraciones Locales de Recaudación, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes: I. Las establecidas en las fracciones II, V, VII, VIII, X, XI, XV, XVI, XVIII y XIX del artículo 11 de este reglamento. II. Las señaladas en las fracciones II, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLIII, XLV y XLVII, así como aplicar la política los programas, sistemas, procedimientos y métodos de trabajo a que se refiere la fracción I, del artículo 20 de este reglamento. Cuando en su circunscripción territorial no se encuentre establecida una Administración Local de Grandes Contribuyentes, las Administraciones Locales de Recaudación tendrán competencia respecto de las entidades y sujetos señalados en el apartado B del artículo 17 de este reglamento, pero en ningún caso podrán ejercer la competencia de las fracciones XXIV, XXXII, XXXIV y XXXV, señaladas en el artículo 20 de este reglamento. Las Administraciones Locales de Recaudación estarán a cargo de un administrador local, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores de Orientación y Servicios; de Declaraciones, Pagos y Contabilidad; de Registro y Control; de Control de Créditos; de Cobro Coactivo; de Procesos y Declaraciones; de Validación Contable; de Proyectos de Procesos y Declaraciones, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio." De la interpretación armónica de las disposiciones invocadas se advierte que el Servicio de Administración Tributaria cuenta para el despacho de los asuntos de su competencia con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la Administración General de Recaudación a quien está asignada la función de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, incluyendo las cuotas compensatorias, así como los productos federales y concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, esas disposiciones ponen de manifiesto que la Administración General de Recaudación cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el ordinal 145 del Código Fiscal de la Federación invocado, y que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. De conformidad con las anteriores premisas debe concluirse que las multas que el Poder Judicial de la Federación impone corresponde hacerlas efectivas a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que puedan cobrársele, en la especie, a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y a sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 50/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." También fortalece lo expuesto por las razones que suministran las jurisprudencias 2a./J. 138/2008 y 2a./J. 49/2003, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación." Además, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional las tesis siguientes: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO MEDIDA DE APREMIO. NO DEBEN CANCELARSE O CONDONARSE POR LA AUTORIDAD HACENDARIA. El hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté autorizada para cancelar o condonar el pago de determinados créditos fiscales, como los señalados en los artículos 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, tanto para el ejercicio fiscal del 2002 como para el del 2003, y 146-A del Código Fiscal de la Federación, no significa que dentro de ellos estén comprendidas las multas que, como medida de apremio, imponen los órganos jurisdiccionales de carácter federal, en ejercicio de facultades relacionadas con el acceso, procuración y administración de justicia en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues de lo contrario se haría nugatoria la facultad sancionadora del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus determinaciones. Lo anterior es así, porque la imposición de ese tipo de multas no tiene su origen en el ejercicio de la potestad tributaria, ya que su finalidad consiste no sólo en sancionar al infractor y realizar la consecuente recaudación tributaria, sino precisamente en hacer que se cumplan aquellas determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, por lo que la citada Secretaría deberá hacer efectivas las mencionadas multas, en términos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e informar al órgano jurisdiccional sancionador sobre su ejecución." Por otra parte, se destaca que el medio de apremio que se impuso en este juicio de amparo a las personas físicas que ocupaban los cargos de Director General y de encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el lapso comprendido del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis -data en la que se les requirió por primera vez el cumplimiento de la ejecutoria de amparo-, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete -fecha en la que se impuso en su contra una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la anualidad mencionada en último orden, esto es, $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), a cada una-, no guardan relación con la litis constitucional que se planteó en este asunto, en el cual incluso ya se declaró consentido el proveído de veintiocho de marzo de esa anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sino que se trata de medidas de apremio impuestas en ese entonces a los funcionarios señalados, los que corresponde hacer efectivos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y a sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco. Adicionalmente, debe decirse que esos actos son distintos e independientes; es así, porque las actuaciones que este Juzgado Federal llevó a cabo desde la radicación de este asunto hasta la última determinación dictada en el presente sumario, entre las que destacan el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en el que en lo que interesa se declaró consentido el proveído de veintiocho de marzo de esa anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, al haber transcurrido el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de la determinación citada en último orden, sin que el quejoso hiciera valer dicho mecanismo de impugnación, son de índole jurisdiccional y, las determinaciones que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco, hayan adoptado a fin de hacer efectivos los medios de apremio aludidos, son de naturaleza administrativa. Lo anterior se sustenta en la tesis I.9o.A.122 A emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que informa: "MULTAS IMPUESTAS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SÓLO PUEDE EXAMINAR LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA HACERLAS EFECTIVAS, PERO NO AQUÉLLAS EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS, POR SUS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS. En términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano puede analizar la legalidad de los actos de la autoridad administrativa, entre otros, los créditos fiscales; no obstante, tratándose de las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, sólo puede examinar las actuaciones del procedimiento administrativo para hacerlas efectivas, pero no aquéllas en sí mismas consideradas, por sus fundamentos y motivos, sin que ello implique que se divida la continencia de la causa en el juicio contencioso administrativo federal o se rompan aspectos procesales, en tanto que se trata de actos distintos e independientes, uno jurisdiccional y otro administrativo. Lo anterior es así, porque no existe fundamento para que el indicado tribunal examine la legalidad de los actos de un Juez de Distrito, pues para ello existen otros medios de defensa, ya sea en el proceso o fuera de él, a través de los cuales pudieran someterse a escrutinio las actuaciones de dicho juzgador." En esos términos, este órgano jurisdiccional no está obligado a esperar a que los medios de apremio impuestos en este juicio de amparo se hagan efectivos o no para proveer sobre el archivo de este expediente, porque esa situación involucra las facultades de la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que puedan cobrársele. En efecto, la conclusión de este asunto no está supeditada a esperar a que los medios de apremio impuestos se hayan hecho efectivos o no; lo anterior, porque las actuaciones que se llevaron a cabo en este juicio constitucional son de índole jurisdiccional y aquellas que en todo caso lleve a cabo la autoridad exactora respectiva para hacer efectivos esos medios de apremio son de naturaleza administrativa, lo que evidencia que los actos descritos son distintos e independientes entre sí; máxime que en el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en este medio extraordinario de defensa, en la porción que interesa se declaró consentido el proveído de veintiocho de marzo de esa anualidad, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, lo que permite concluir que la labor judicial ha terminado con la determinación citada en primer orden, porque el fallo protector ya fue acatado en los términos en los que se dictó. Es así, porque las facultades de la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que puedan cobrársele no están reconocidas en la Ley de Amparo, que es la legislación que rige este medio extraordinario de defensa, sino que dichas facultades están reguladas por el Código Fiscal de la Federación y por diversos ordenamientos legales de índole tributaria y en estos últimos están reconocidas las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad, así como los plazos que tiene la autoridad exactora a fin de hacer efectivos los medios de apremio impuestos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, el que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco, aún no hayan demostrado que el medio de apremio que se impuso en este juicio de amparo a las personas físicas que ocupaban los cargos de Director General y de encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el lapso comprendido del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis -data en la que se les requirió por primera vez el cumplimiento de la ejecutoria de amparo-, hasta el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete -fecha en la que se impuso en su contra una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la anualidad mencionada en último orden, esto es, $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), a cada una-, se hizo efectivo, no impide que en este medio extraordinario de defensa se provea lo relativo al archivo y a la valoración del expediente en el que actúa, cuya reserva se estableció en el proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio de amparo, porque se reitera que las actuaciones que este Juzgado Federal llevó a cabo desde la radicación de este asunto hasta la última determinación dictada en el presente sumario, son de índole jurisdiccional y las determinaciones que la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca Uno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y sus homólogas de Hermosillo, Sonora y de Zapopan, Jalisco, hayan adoptado a fin de hacer efectivos los medios de apremio aludidos, son de naturaleza administrativa; por tanto, este órgano jurisdiccional no está obligado a esperar a que los medios de apremio impuestos se hagan efectivos o no por parte de la autoridad fiscal respectiva, con base en las consideraciones expuestas en la presente determinación, a fin de emitir un pronunciamiento sobre esos tópicos. Por tanto, se provee lo relativo al archivo y la valoración del expediente en el que actúa, cuya reserva se estableció en el proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado en este juicio de derechos fundamentales, en los términos siguientes: En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en relación con los actos reclamados; además, en el proveído de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se otorgó al justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de las actuaciones impugnadas en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, el auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en donde se otorgó al inconforme la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos impugnados, la sentencia de cuatro de julio de ese año, el acuerdo de diecinueve de agosto de la citada anualidad, en donde se declaró que dicho fallo causó ejecutoria, el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, la resolución de veintisiete de abril siguiente, en la que se declaró consentido el proveído citado en último orden y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil diecinueve. Se advierte que ******************** realiza diversas manifestaciones en relación a las multas interpuestas en proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho; asimismo solicita se le considere la cantidad de los días impuestos a un monto menor, cancelar, reestructurar o disminuir el valor de las multas adquiridas. Dígasele que no ha lugar a proveer a su favor, en virtud que este órgano jurisdiccional no puede contradecir sus propias determinaciones; en todo caso está en todo su derecho de hacer valer los medios de impugnación que considere pertinentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...Gamaliel Sánchez Cruz San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Se advierte que el coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en acuerdo del pasado veinticinco de septiembre , comunica a este órgano jurisdiccional que ****************, es actualmente director General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", con sede en Hermosillo. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del último domicilio que informa tiene registrado a nombre de *******************, esto es, el ubicado en ***********************, toda vez que es precisamente la residencia donde se hizo constar la imposibilidad para cobrar la multa que le fue impuesta a la mencionada persona física por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización . Ahora bien, requiérase al ahora director General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", ********************, a efecto de que proporcione su domicilio correcto y actualizado, a fin de poder hacer efectiva la multa que se le impuso en auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete . Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior o en el supuesto de no informar el impedimento que tenga para ello se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización... Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Se advierte que el administrador Desconcentrado de Recaudación Jalisco "3", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Zapopán, comunica a este juzgado de distrito que la multa impuesta a ********************, quedó registrada con el número determinante 5412 de su estadística, y asimismo, que mediante diligencias de requerimiento de veintidós de enero y treinta de agosto de dos mil dieciocho, se obtuvo como resultado en ambas la no localización del contribuyente. Ahora, de las actas circunstanciadas que se anexan se desprende que de la realizada el treinta de agosto del año actual, el ejecutor adscrito a la autoridad de cuenta, se entrevistó con una persona de sexo femenino quien le manifestó que ********************, es la persona que le renta la casa pero que no cuenta con su número de teléfono ni correo. Requiérase al coordinador General de Centros Federales con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional si ********************, -quien fuera director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA"-, aún trabaja a su cargo, o en su defecto, el último domicilio que tenga registrado a ese nombre. Se apercibe a la autoridad en comento, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa consistente por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización... Notifíquese.

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