Cirino Santiago Arguelles

Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
229/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Cirino Santiago Arguelles
  • Cirino Santiago Arguelles y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. I. Tribunal devuelve queja. Agréguese a los autos el oficio número 1891/2023, del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez; al que anexa 1) los autos originales del juicio de amparo 229/2023, promovido por **** y ********; 2) testimonio de la ejecutoria dictada el trece de julio del año en curso, en la queja número 134/2023, de su índice; acúsese recibo. En tales condiciones y en virtud que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, planteado por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; glósese a este expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío. Hágase lo anterior, del conocimiento de la parte quejosa. II. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se rindió el informe sobre la materia del recurso de queja interpuesto. Asimismo, informa que dicho Tribunal admitió dicho recurso, radicándolo con el número de queja 134/2023. Notifíquese por lista electrónica."

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por ***, autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, por el que interpone queja y anexa el ocurso por el que expresa agravios; en consecuencia, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de trece de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo (fojas 4 a 11). En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley invocada, notifíquese a la parte quejosa la interposición de este recurso y, en obvio de mayores dilaciones, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, al que se adjuntará el original de ese recurso, así como los autos originales de este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación de ese medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase."

  4. Principal

    notificacion a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejara aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. I. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que promovió ********************, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; la cual se turnó de manera aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio a éste órgano jurisdiccional el diez de este mes; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número ********************/2023. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. III. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En ese sentido, atendiendo al escrito inicial de demanda se tiene que para efectos de este juicio de amparo los quejosos reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito de Zimatlán del Poder Judicial de Oaxaca: "omitir pronunciarse respecto a la solicitud de determinar la prescripción de la ejecución de sentencia" De los antecedentes del acto reclamado que menciona la parte quejosa en la demanda de amparo se aprecia que el siete de febrero de dos mil veintitrés, presentó el escrito ante la autoridad responsable, del cual reclama la omisión de acordar. Bajo ese panorama, se aprecia que respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser la falta de respuesta a una petición sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a), cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, ALTRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Expuesto lo anterior, en el caso, los quejosos reclaman en este juicio de amparo la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito que presentó el siete de febrero de dos mil veintitrés. En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza, porque este juicio de amparo se promueve contra actos de naturaleza omisiva emanados de un juicio ejecutivo mercantil, sin que se advierta del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total; por el contrario, se considera que el juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito de Zimatlán del Poder Judicial de Oaxaca, se encuentran en condiciones de proveer en tiempo y forma dentro del expediente de origen. En efecto, de la fecha de presentación del escrito que dirigió a la autoridad responsable; es decir, del siete de febrero de dos mil veintitrés a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -diez de marzo de dos mil veintitrés-, transcurrieron veintidós días hábiles. Sin que se estime que ese plazo de veintidós días hábiles constituya una "abierta dilación" o "paralización del procedimiento" que haga procedente el juicio de amparo, en razón que dichos conceptos se analizan en el caso concreto considerando el derecho fundamental al plazo razonable, de conformidad con el artículo 17 constitucional; como a continuación se expondrá: 1° La actividad procesal del quejoso. Esta particularidad evidencia, de acuerdo a los antecedentes narrados por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, que desde el siete de febrero de dos mil veintitrés, es la primera petición que realiza en el juicio de origen. 2° La conducta de la autoridad responsable. De acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo, es posible concluir que la autoridad responsable actualmente cuenta con el plazo concedido por la ley que rige el acto para emitir el acuerdo y, en su caso, notificar personalmente a la parte quejosa, sin que se aprecie una conducta contraria a derecho por parte de la autoridad responsable. 3° Las cargas de trabajo de la autoridad responsable. Concatenado con lo anterior, es de conocimiento público las cargas de trabajo que imperan en los órganos jurisdiccionales. 4° La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de lo ya expuesto, de ninguna forma se advierte que la omisión reclamada por los quejosos implique una afectación irreparable en su situación jurídica, pues se encuentra transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable conteste su solicitud y, en su caso, interponer los recursos a su alcance para combatir el actuar de la autoridad responsable. De modo que la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantivo; atendiendo en el caso particular que no existe una demora prolongada sin justificación, que pudiera constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso porque, razonablemente, se concluye que el procedimiento no se encuentra totalmente paralizado, en la medida en que, de acuerdo a la actividad procesal de las partes y al contexto en que se desarrolla el juicio, desde su inicio, la autoridad responsable ha proveído lo correspondiente. Además, cabe recalcar que el escrito que dirigieron los quejosos a la autoridad responsable es con la finalidad de que analice la prescripción de la ejecución de sentencia; es decir, aunque el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, el acto reclamado no lleva implícita una demora en la ejecución de la sentencia; por el contrario, la petición de los quejosos tiene como finalidad que tal ejecución ya no se lleve a cabo, por la naturaleza de la prescripción solicitada. De ahí que corresponde a este juzgador analizar, en el caso en concreto, si existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto; lo que en el caso no acontece pues como se analizó con anterioridad de la fecha de la presentación del escrito del que se duele a la presentación de la demandad de amparo, solo han transcurrido veintidós días hábiles. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J.12/2022 (11a.), de rubro y texto: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia antes mencionada, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por ********************, por notoriamente improcedente. Sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto de los criterios que los quejosos citan en la demanda de amparo, toda vez que del análisis realizado en este acuerdo se aprecia que los mismos no son aplicables al caso en análisis. IV. Domicilio y autorizados. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en que indica en la demanda de cuenta y, por autorizado, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. V. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VII. Autorización de medios electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". VII. Se agrega escrito. Finalmente, agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el segundo de los escritos de cuenta, toda vez que en este auto se desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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