Cirino Martínez Montoya
Expediente 1077/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cirino Martínez Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión SON SUSCEPTIBLE DE DESTRUCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo y al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos; en el entendido de que será con posterioridad al CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables Juez y Oficial Administrativo en funciones de Actuario Par, ambos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, al rendir su informe justificado remitieron copias certificadas del expediente 583/2011/II, de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente devuélvase el mismo a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de nueve de enero del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que en el término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación del referido acuerdo, compareciera ante este órgano jurisdiccional con el objeto de que le fueran entregados los edictos y oficios correspondientes a efecto de emplazar a la tercera interesada denominada BASILIK II, Sociedad Anónima, sin que hasta la presente fecha haya comparecido. En tales condiciones, el suscrito juzgador estima que en el caso, opera el sobreseimiento del presente juicio en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, inciso b), párrafo segundo y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." De los preceptos legales transcritos se desprende que la autoridad que conozca del juicio de amparo se encuentra obligada a realizar de forma personal el emplazamiento al tercero interesado y en caso de que no obrar en autos su domicilio, el juez dictará las medidas necesarias a fin de que se investigue su domicilio y si dicha investigación no arroja ninguna información, el emplazamiento se hará mediante edictos a costa de la parte quejosa, quien debe recogerlos y realizar el trámite necesario para su debida publicación, precisándose que si el impetrante de amparo no recoge los aludidos edictos en un plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento del tercero interesado, este juzgado por acuerdo de nueve de enero del año en curso, requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se encontrara notificada de dicho acuerdo, compareciera a este juzgado, con el objeto de que le fuera entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. Ahora, el aludido proveído se notificó por lista de acuerdos a la parte quejosa desde el día diez de enero del presente año, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el día once del mismo mes y año, por tanto el plazo transcurrió del catorce de enero al doce de febrero del año en curso, sin que se haya acreditado la publicación de los edictos ordenados o en su caso, manifestaran la imposibilidad que tuvieran para ello, lo cual impide al suscrito juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado; y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un juzgado resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a la persona cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En esta tesitura, debe decirse que la parte quejosa ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo, pues ha transcurrido el plazo concedido a la misma, sin que hubiera acreditado la publicación de los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificada de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. En ese contexto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, en relación con el diverso 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues al no publicar los edictos ordenados, queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, lo que no resulta atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio de amparo, tampoco quedó acreditado que la quejosa sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento a la tercera interesada, como enseguida se expone. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación de jurisprudencia 16/2010, emitió el criterio de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Cabe hacer mención que la jurisprudencia en cita si bien se rige con la Ley de Amparo abrogada, puede ser aplicada al caso concreto, al no oponerse a lo previsto en la Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de la misma. Conforme al citado criterio jurisprudencial, el Máximo Tribunal de la Nación ha considerado casos excepcionales por virtud de los cuales se hace menester que corra a cargo del Consejo de la Judicatura Federal la publicación de edictos para integrar la Litis de amparo, pues de lo contrario se impediría ejercitar el derecho de acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional, ya que la consecuencia de la omisión de publicar edictos conlleva en gran medida al sobreseimiento del juicio de amparo. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que la parte quejosa no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar el tercero interesado, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación de la parte quejosa de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Lo precario de sus ingresos. b) Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que la quejosa carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza. En las relatadas condiciones, como se adelantó, el aquí quejoso no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, ni compareció a este juzgado a recoger los mismos para realizar su publicación; en consecuencia, al actualizarse los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del tenor: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa, Veracruz, diez de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que aún no comienza a transcurrir el término de veinte días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de nueve de los actuales, para que comparezca ante este Tribunal y hacerle entrega de los edictos y oficios correspondientes para la oportuna publicación, a efecto de emplazar al tercero interesado BASILIK II, Sociedad Anónima, toda vez que dicho auto se notificó por lista de acuerdos el día de hoy; en consecuencia, procede diferir de oficio la audiencia constitucional fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la vista de tres días concedida al quejoso Cirino Martínez Montoya, en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera respecto de lo acordado en el referido proveído, o en su caso proporcionara un nuevo domicilio en el que pudiera ordenarse el emplazamiento de la tercera interesada denominada BASILIK II, Sociedad Anónima, transcurrió del cuatro al ocho de enero del año en curso, sin que a la fecha haya hecho manifestaciones al respecto. En consecuencia, toda vez que ya se agotó el procedimiento de búsqueda administrativa, iniciado por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, sin haber tenido éxito alguno; por tanto, con el propósito de no dejar en estado de indefensión a la tercera interesada BASILIK II, Sociedad Anónima; y, como al promovente del amparo le corresponde tanto la carga de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, y ante la imposibilidad de lograr directamente el emplazamiento de la referida tercera, conforme a lo dispuesto por el citado precepto legal, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, a efecto de no retardar más la resolución en el presente asunto, lo procedente es emplazar a la tercera interesada BASILIK II, Sociedad Anónima, por medio de edictos, los cuales se publicarán por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación; en el periódico Excélsior que se edita en la Ciudad de México, y en el Diario de Xalapa, que se edita en esta ciudad capital, así como en los estrados de este Tribunal. Asimismo, hágase saber a BASILIK II, Sociedad Anónima, que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, la copia simple de la demanda de amparo y que tiene expeditos sus derechos para comparecer a este Tribunal a deducirlo, si a sus intereses conviene. En consecuencia, a fin de no incurrir en alguna violación al procedimiento y no dejar en estado de indefensión al impetrante de amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el término de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a recoger y entregar los edictos para su publicación, en el entendido que dentro del mismo término, deberá acreditar su entrega, esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos. Lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P.J 27/2015 (10ª), Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, cuyo rubro y texto establecen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia número 164074, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página número 416, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO".
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