Cirilo Quiroz Vázquez
Expediente 1566/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Cirilo Quiroz Vázquez
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Estado procesal. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. Relación de constancias. Consta en autos que el uno de marzo de dos mil veintidós, se dictó la resolución constitucional en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: Realizarán las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 948/2018JE1. Declaración de ejecutoria. El dieciocho de marzo del presente año, se declaró que causó ejecutoria el fallo protector, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la resolución constitucional. Cumplimiento de fallo constitucional. Durante el procedimiento de ejecución, mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado, se tuvo por recibido el oficio firmado por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el actuario adscrito a la misma, al que acompañaron copia certificada de las constancias que acreditan el emplazamiento de la demandada en el juicio laboral. Vista cumplimiento. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin haberse manifestado al respecto. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. Es así, ya que si la dolencia reclamada por el quejoso al promover el juicio constitucional radicaba en la omisión de la junta responsable de emplazar a la moral demandada en el juicio laboral 948/2018JE1, ello quedó subsanado a través del amparo que se concedió en este juicio, en el cual, en su etapa de cumplimiento, la responsable acreditó que se emplazó a la citada contraparte; lo que pone de manifiesto que se ha acatado la sentencia de amparo en sus términos. Lo anterior, permite concluir que el derecho que el quejoso estimó violado ha sido reparado con el actuar de la autoridad encargada del proceso, pues se le ha impartido justicia de manera pronta y expedita. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII, y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de abril de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio con anexos que remite la autoridad responsable presidente y actuario de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa -única facultada para hacerlo-interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, en el ámbito de sus atribuciones: Realicen las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral ********************. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con seis minutos del primero de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a ésta; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de las constancias que obran en autos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; por otra parte, del estado de autos se advierte que en el proveído de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Cirilo Quiroz Vázquez; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Cirilo Quiroz Vázquez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y el actuario adscrito a ésta. Se admite demanda. Por acuerdo de veintiuno de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 948/2018JE1; y, La omisión de emplazar a la parte demandada en el citado juicio. III. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se desprende de las propias manifestaciones vertidas al rendir su informe. Además, la veracidad de tales actos se acredita con las documentales que al efecto acompañaron a su informe; documental a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 948/2018JE1, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella. Toda vez que la justificación de la enunciada causa de improcedencia de la acción constitucional, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, de título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado derivado de la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los plazos legales, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. En efecto, de la constancia que en copia certificada adjuntaron las autoridades a su informe justificado, se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, la junta responsable corrigió el procedimiento señalando nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia bifásica establecida en la Ley Federal del Trabajo, y ordenó el emplazamiento de las demandadas; circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de la parte actora. Consecuentemente, al haber señalado fecha y hora para el desahogo de la precitada audiencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y, por lo tanto, el citado acto reclamado ya no ocasiona agravio a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas.". De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado.". Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con la diversa fracción XXI del numeral 61 ambas de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni este juzgador advierte de oficio alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el expediente laboral 948/2018JE1. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación relacionado con el acto que se estudia, que éste transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, en virtud de que las responsables no han llevado a cabo el emplazamiento de la parte demandada, lo cual entorpece el desarrollo de la controversia laboral. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el actuario no ha realizado los actos necesarios a fin de lograr el emplazamiento de la parte demandada, lo que pone de relieve el retraso injustificado al procedimiento. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados de derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla los principios siguientes: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Por tanto, la autoridad responsable por conducto de su actuario notificador adscrito deberá realizar el emplazamiento de las partes, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a que se dicte el auto de radicación, pues de lo contrario, no mediará el plazo de diez días que asiste a las partes para tener conocimiento pleno de la demanda, previo a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el caso, de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias aportadas por las responsables, se desprende que: En veinte de marzo de dos mil dieciocho, la parte quejosa entabló demanda laboral ante la junta responsable la cual fue radicada bajo el expediente 948/2018JE1, ordenando el emplazamiento de la parte demandada -Construcciones Mareva, sociedad anónima de capital variable-. Después, mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable ante la falta de emplazamiento de la demandada en el juicio obrero citado, señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, ordenando el emplazamiento de la parte demandada en dicha contienda laboral. Posteriormente, por auto de veintiuno de enero de la presente anualidad, la responsable regularizó el procedimiento señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley, y nuevamente ordenó el emplazamiento de la parte demandada, sin que aparezca probado que se haya llevado a cabo tal encomienda. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la responsable, va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que en la radicación de la demanda y diferimientos subsecuentes, se encomendó el emplazamiento de la parte demandada, sin que se advierta que se hayan hecho oportunamente las gestiones para tal efecto. Habida cuenta que, desde la fecha en que el solicitante presentó la demanda laboral a la del dictado de la presente resolución, han transcurrido casi dos años, sin que se logre el llamamiento a juicio de la parte demandada. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Finalmente, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VI. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del juicio laboral 948/2018JE1, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Por otro lado, en cuanto a la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 948/2018JE1. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Cirilo Quiroz Vázquez, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando II, por las razones expuestas en el considerando IV del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cirilo Quiroz Vázquez, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del considerando II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
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