Cirilo Morales Luna

Expediente 3317/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3317/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Cirilo Morales Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiera recurrido la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 31 y 32), en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante ka secretaria Luz María Pérez Salcedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/LMPS/kygm

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (folio 119), con las documentales aportadas por la responsable, las cuales remitió en cumplimiento al fallo protector, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, lo cual se advierte de la constancia de notificación correspondiente (folio 121), desahogando la vista contenida en ese proveído mediante escrito recibido en auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (foja 126). Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 85), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado de Jalisco, efectúe lo siguiente: De inmediato, con plena libertad de jurisdicción dé contestación a la solicitud presentada por los quejosos el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, conforme a derecho corresponda." Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 90 y 91), causó ejecutoria el presente juicio y se requirió a la responsable por su cumplimiento. En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con el comunicado signado por el Delegado en Jalisco del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que remitió el original del oficio de data "noviembre 2018", mediante el cual dio contestación a la petición presentada por la parte quejosa el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Ahora, el quejoso mediante escrito recibido en auto de veintinueve de noviembre último (foja 126), manifestó su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aduciendo al respecto que por un lado, la autoridad responsable no le notificó la contestación otorgada al escrito de veintinueve de junio de dos mil dieciocho y en otra parte, que fue incorrecta la determinación tomada por la responsable en su respuesta, pues refiere que a quien se le conceda una pensión por invalidez, debe liberársele de las obligaciones contraídas por los créditos otorgados por el instituto responsable. Al respecto, indíquesele que en auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (foja 119), se le expuso que la notificación de dicho proveído convalidaba la omitida pro la autoridad responsable, pues lo que se perseguía era que el quejoso tuviera conocimiento de la respuesta que se otorgó a su petición; mientras que los diversos argumentos que hace valer tienen que ver con el fondo jurídico de la respuesta concedida; sin embargo, en los efectos de la ejecutoria de amparo, no se estableció lineamiento alguno que debiera considerar la autoridad responsable al otorgar la contestación, sino que por lo contrario, se le concedió plenitud de jurisdicción al emitir la contestación. Por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable dio contestación a la petición que el quejoso elevó el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/LMPS/kygm

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (folio 42), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo le fue notificado el el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho (folio 43), sin que hubiera realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el escrito que signa Jorge Alberto Garibaldi Rodríguez, en su carácter de apoderado del quejoso Everardo Garibaldi Rodríguez, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 106), informa la imposibilidad que tiene para exhibir el documento original emitido el dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve en Ameca, Jalisco; por las razones que en su ocurso de cuenta expone, además exhibe acuse de recibo de la denuncia de robo o extravió de documentos. Además, se tiene por recibido el comunicado suscrito por el Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en la fecha señalada en el párrafo que antecede, remite copia certificada del Acta de Asamblea General de Ejidatarios de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales, celebrada el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, en el núcleo agrario denominado Huerta de San Javier, municipio de Ameca, Jalisco. Con lo anterior dese vista a Andrés Marlon Jesús Chávez Casillas perito designado por la tercera interesada y requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informe a este juzgado, si con la copia certificada del documento dubitado que obra en el presente juicio de amparo, así como con las documentales remitidas por la autoridad responsable, puede emitir su dictamen pericial. Lo anterior es con el apercibimiento que de incumplir, o de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Notifíquese; y, personalmente al perito Andrés Marlon Jesús Chávez Casillas.

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