Cirilo Lucas Perez
Expediente 564/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cirilo Lucas Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña el original del juicio de amparo número 564/2017 del índice de este juzgado, promovido por ********************, y copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 841/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este expediente; acúsese recibo, glósense los antecedentes relacionados con el envío del referido juicio. Ahora bien, ya que el referido Tribunal Colegiado en la materia de la revisión, confirmó la sentencia recurrida, en la que este Juzgado negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa CIRILO LUCAS PÉREZ, visto su contenido, para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, de este Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 564/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. CIRILO LUCAS PÉREZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y del Director del Cereso número Uno en el Estado, consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, y sus consecuencias, actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 5°, 35, 107, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, deducidas de la causa penal 50/2016, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de este último ordenamiento legal. CUARTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que este resolutor advierta suplencia que hacer valer en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; lo anterior es así conforme a lo siguiente. De las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que al quejoso CIRILO LUCAS PÉREZ, se le instruye la causa penal 50/2016, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual infantil, en la cual, mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se le dictó auto de formal prisión por el referido ilícito, previsto y sancionado por el artículo 241, en su primer y segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, y considerado como delito grave por el numeral 23 Bis A, de su Código de Procedimientos Penales. Luego, mediante escritos presentados ante el juez responsable el dieciséis de febrero y veintiuno de marzo del año en curso, el quejoso y su defensor particular promovieron incidente de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, ocursos a los cuales recayó el proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, en el cual, en lo que interesa determinó: "SANTA MARÍA IXCOTEL, CENTRO, OAXACA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. (.) Se da cuenta con el escrito del licenciado.así como dos escritos del procesado de la causa, vistos sus contenidos se procede a proveer en los siguientes términos: Tomando en consideración que el defensor particular y el activo en la causa penal solicitan que se señale fecha y hora para la revisión de la medida cautelar preventiva impuesta al procesado., sin embargo, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente su petición, lo anterior toda vez que el delito de abuso sexual infantil agravado, contrariamente a lo manifestado por el defensor particular y el procesado, se encuentra considerado como grave por ser uno de los ilícitos que afectan el libre desarrollo de la personalidad, como así lo establece el artículo 19 Constitucional, segundo párrafo, por lo tanto, se reitera que no ha lugar a señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia solicitada. ." Constituyendo este el acto reclamado. Conforme a la transcripción anterior, se llega al conocimiento que como correctamente lo estimó el juez responsable, en la especie no es dable efectuar la revisión de la medida cautelar en los términos propuestos por la parte quejosa, pues como bien se consideró, el delito atribuido a CIRILO LUCAS PÉREZ, lo es el de abuso sexual agravado, ilícito que atenta, en términos del artículo 19 Constitucional, contra el libre desarrollo de la personalidad; en efecto, tal precepto dispone en su párrafo segundo: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.(.)" Del precepto en comento se desprende que los delitos que se encuentren previstos como graves en la ley y que atenten contra el normal desarrollo de la personalidad, ameritarán prisión preventiva oficiosa. En el caso, el ilícito de abuso sexual atribuido al quejoso se encuentra previsto y sancionado por el artículo 241, primer y último párrafo, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, y catalogado como grave en términos del ordinal 23 Bis A, del Código de Procedimientos Penales para el Estado (conforme al cual se sigue el proceso al hoy quejoso); tales numerales refieren: "Artículo 241. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo. (.) Cuando el delito fuere cometido contra persona menor de doce años, incapaz o cuando se realice en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena será de siete a doce años de prisión y multa de trescientos a setecientos días de salario mínimo. A los autores y partícipes del delito previsto en este párrafo no se les concederá ningún beneficio preliberacional en la ejecución de la sentencia. "Artículo 23 Bis A. (.) Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca . ABUSO SEXUAL INFANTIL, previsto en la última parte del artículo 241 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca." Ahora bien, conviene señalar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, fue definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo (amparo directo civil 6/2008). En otras palabras, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos. Así pues, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma. Así, en cuanto al ámbito sexual de una persona, es innegable que se trata de aspectos inherentes a la persona humana y a su vida privada y, por ende, forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, esa parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. En ese sentido, y al afectar el delito de abuso sexual ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues coarta la libertad que tiene toda persona de decidir en cada caso si acepta o no una relación o acto de tipo sexual, esto es, de decidir cómo, cuándo y con quién mantener o no una relación o interacción erótico sexual, libertad que constituye un derecho personalísimo, incondicional e inherente al libre desarrollo de cada persona (hombre o mujer) como parte de su dignidad humana, es por ello que el precepto Constitucional en el cual se basó el juez responsable para fundar su determinación, determina que amerita prisión preventiva oficiosa, y por ende, improcedente para ser revisada conforme al nuevo sistema de justicia penal. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 7, Tomo XXX, Diciembre 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente." Sin que obste resolver en los términos apuntados, que si bien es cierto, lo solicitado por el quejoso (revisión de la medida cautelar) se tramita vía incidental, y al haber negado de plano el juez responsable dicha petición, en modo alguno conlleva a la concesión del amparo, pues como quedó demostrado en párrafos precedentes, el ilícito atribuido al quejoso es de aquéllos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de ahí que resulte innecesario la tramitación del referido incidente, dado que el resultado sería siempre el mismo, esto es, tendría que negar la revisión de la medida cautelar. Por último, en cuanto a lo solicitado por el quejoso en el sentido de que el suscrito aplique ex officio un control de convencionalidad respecto al artículo 23 Bis A, del Código de Procedimientos Penales para el Estado, a efecto de gozar de su libertad durante el procedimiento instaurado en su contra; no ha lugar a efectuarlo. Ello es así, pues en la especie nos encontramos ante una restricción constitucional al ejercicio de un derecho humano, como lo es el de la libertad. En efecto, pues conforme al artículo 19 Constitucional, el Juez debe ordenar la prisión preventiva oficiosa, en tratándose de los siguientes delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y en términos generales, en todos los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ahora, la intención del poder reformador fue quitar la facultad al legislador ordinario de fijar los delitos graves o "de alto impacto", según se lee del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de once de diciembre de dos mil siete, relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se afirmó: "Prisión preventiva y delitos graves. A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio Texto Constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional. Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva. El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el Juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el Ministerio Público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos. La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley. (.) Asimismo, se establece una nueva regulación respecto de medidas cautelares entre ellas la prisión preventiva, de tal forma que ésta sólo excepcionalmente podrá ser aplicada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos." Conforme lo anterior, se advierte que la intención del legislador fue determinar los casos excepcionales en los que proceda la prisión preventiva, pues anteriormente al remitirse tal facultad al legislador local se "abusó" de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están previstos como graves por el legislador ordinario. Por ello, con la finalidad de superar ese estado de cosas, el legislador estimó que fuera la propia Constitución la que determinara aquellos casos excepcionales en los que procediera la prisión preventiva. En ese orden de ideas, y al estar determinado constitucionalmente que los delitos que atenten contra el desarrollo de la personalidad, ameritarán prisión preventiva oficiosa, y si en el caso, como se dijo en párrafos precedentes que el delito atribuido al quejoso lo es el de abuso sexual, el cual vulnera dicho desarrollo, pues atenta contra la libertad que tiene toda persona de decidir cómo, cuándo y en qué momento desea realizar un acto de tipo sexual, por ende, no es factible aplicar el principio de convencionalidad solicitado. Atento a lo anterior, y al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y no habiendo suplencia de la queja que hacer valer, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por CIRILO LUCAS PÉREZ. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampra ni protege a CIRILO LUCAS PÉREZ, contra el acto reclamado al juez Quinto de lo Penal de Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y su ejecución atribuida al Director del Cereso número Uno, con sede en Ixcotel, Oaxaca, consistente en el auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, y su ejecución, por las razones precisadas en el último considerando de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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