Cirilo Herrera Villagomez
Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cirilo Herrera Villagomez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido el auto dictado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo...se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes...Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...este expediente es susceptible de destrucción..
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito de demanda, promovido... fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 235/2019-I, que es el que le correspondió. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, aunado a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la citada ley de la materia, se procede al estudio de las que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualizan en el presente asunto. Primeramente, es necesario establecer que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados, los siguientes: La integración de la carpeta de investigación ministerial iniciada en contra del quejoso por las autoridades responsables ordenadoras....La omisión por parte de los fiscales responsables de citar al quejoso para comparecer dentro de los autos de la carpeta de investigación iniciada en su contra. ..Ahora, después de analizar el escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que en relación con el acto reclamado señalado con el inciso A), esto es, la integración de una carpeta de investigación contra la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 5°, artículo 6° y fracción VII del artículo 107, todos de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo, dada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en comento, por los motivos que a continuación se exponen. ..De los preceptos transcritos, se advierte que la persona solicitante de la protección constitucional debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama...En relación con esto, el artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquéllas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y en su caso integrar la correspondiente carpeta de investigación. ..En ese orden de ideas, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación, ya que con el objeto de recabar pruebas para acreditar la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito y que existan datos y elementos sobre la probabilidad de que el imputado participó en su comisión o lo cometió, puede dictar actos de molestia, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal; sin embargo, debe puntualizarse que no todos los actos que surjan durante la tramitación de la investigación ministerial pueden impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, ya que se encuentran supeditados a que tengan la característica de irreparables y trasciendan de manera inmediata a la esfera jurídica del indiciado, es decir, que solo aquéllos actos que tengan esas peculiaridades pueden ser revisados en la instancia constitucional. Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio PúblicoSuspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ante esto, se debe precisar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la investigación constituye una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, la cual cuenta con la etapa inicial y la etapa complementaria. En estas etapas, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir las querellas y/o denuncias que se presenten sobre hechos que puedan constituir un delito, así como dirigir la investigación; de ahí que, al ser la integración de la carpeta de investigación, una consecuencia directa de la noticia criminal, teniendo como finalidad que el Ministerio Público reúna los indicios y/o datos de prueba para esclarecer los hechos y, en su caso, ejercitar la acción penal; por tanto, su integración, salvo los casos en que se comprometa algún derecho humano, no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del indiciado, resultando improcedente el juicio de amparo contra dicho acto, pues de lo contrario, entorpecería la facultad de investigación de Ministerio Público. Máxime que de acuerdo al citado precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público no puede hacer cesar el curso de la investigación una vez iniciada, derivado de la denuncia o querella que al efecto se formule. Por tanto, el inicio de una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra la persona indiciada. En consecuencia, es claro que el presente juicio de amparo promovido contra la integración de la carpeta de Investigación instruida en contra del quejoso Cirilo Herrera Villagómez, por los fiscales señalados como responsables, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, ya que no se ordena que se le prive de su libertad personal, posesiones o derechos; es más, los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles, sus efectos, de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden a la esfera jurídica del gobernado y, por ende, no le irrogan un perjuicio irreparable, ya que, en todo caso, la afectación que pudiera sufrir el impetrante del amparo se materializaría hasta que la autoridad judicial, a quien, en su caso, correspondiera conocer de la causa, determinara si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Resulta aplicable a lo antes precisado, la tesis XXVII.3o.48 P (10a), sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." De igual manera, resulta aplicable a lo antes precisado, la diversa tesis XXVII.3o.47 P (10a), sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Por otra parte, en lo que respecta al diverso acto reclamado, señalado con el inciso B), consistente en la omisión por parte de los fiscales responsables de citar al quejoso para comparecer dentro de los autos de la carpeta de investigación instruida en su contra; este juzgado arriba a la conclusión que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo, dada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en comento, por los motivos que a continuación se exponen. Atendiendo a lo antes precisado, en primer lugar, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, es improcedente el juicio de amparo, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto esencialmente reclamado se hace consistir en una omisión en la que incurrieron los fiscales responsables, consistente específicamente en la falta de citación al quejoso para comparecer dentro de los autos de la carpeta de investigación que aduce se instruyó en su contra. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dicha omisión, previo a la instauración del juicio de amparo, procedía ser impugnada en la vía ordinaria ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación...Así las cosas, como requisito para que el solicitante de amparo pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir la omisión reclamada, en primer término debió agotar el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, y en el caso, el acto reclamado lo es la omisión de citación al quejoso para comparecer dentro de los autos de la carpeta de investigación, circunstancia que no constituye propiamente una determinación del fiscal responsable, sino una omisión por parte de éste; sin embargo, se debe establecer que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Ahora, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, evidentemente es impugnable mediante el medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión y reanude la investigación correspondiente, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados; por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar la omisión reclamada ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, pues al no haber sido impugnada mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Sin que se desconozca que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiera a resoluciones de tribunales judiciales; sin embargo, con fundamento en el artículo 211, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, se encuentra dentro del procedimiento penal; por tanto, para efectos de dicha fracción (XVIII), los actos u omisiones acaecidos en la investigación ministerial, forman parte del proceso penal. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualizan de manera indudable y manifiesta las causas de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por... por lo que respecta a ambos actos reclamados (A y B). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción..
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