Cirilo García Contreras

Expediente 645/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
645/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Cirilo García Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos a la parte quejosa. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en su escrito de demanda, que obran agregados en autos, apercibida que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional en el Estado, residente en esta ciudad, por el que remite copias certificadas del oficio número ****** de veintiocho de mayo del año en curso. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, el quejoso ****** en su escrito de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO: que a la fecha no se han expedido el Título de Propiedad que dé certeza jurídica al solar urbano que adquirí mediante programa PROCEDE (programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares) a mi favor. Además, en el capítulo de antecedentes, manifestó lo siguiente: "(.) Primero.- Con fecha el pasado 27 de Febrero de 2018, solicite por escrito la expedición de un título de propiedad correspondiente al solar ****** manzana ****** zona ****** localidad ****** a mi favor presentado por el C. ****** a quien le di poder para hacerlo, ante la responsable, sin que esta dependencia haya realizado la expedición del título correspondiente. (.) Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, a efecto de determinar con exactitud la intención del quejoso y precisar el acto materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo, y de los elementos que obran en este sumario, se evidencia que el quejoso reclama en esta vía constitucional lo siguiente: La omisión de dar contestación a su petición de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en relación a la expedición del título de propiedad correspondiente al solar ****** manzana ****** zona ****** localidad ****** a su favor presentado por ******. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión de dar contestación a su petición de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en relación a la expedición del título de propiedad correspondiente al solar ****** manzana ****** zona ****** localidad ****** a su favor presentado por ******. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada del oficio ****** de veintiocho de mayo del año en curso, se advierte que dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa, en relación a la expedición de Título de Propiedad por sentencia, del ejido "Benemérito de las Américas", municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, mismo que fue recibido por Rodolfo Duque de Estrada Albores -autorizado de la parte quejosa en este asunto-, el veintinueve de mayo del año en curso; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable oficiante, subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. Ahora, del contenido del multicitado oficio se advierte lo siguiente: "Que la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2011, emitida en los autos del Juicio Agrario número ****** del índice del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03, quedó debidamente inscrita en los asientos registrales de esta Delegación con fecha 17 de abril de 2012, ****** así mismo, se dio de alta con la calidad de Avecindada al C. ****** expidiéndose a su favor el Título de Propiedad número ******, el cual para que esta Delegación esté en condiciones de enviarlo al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para su debida inscripción, es necesario que efectúe el pago de derechos correspondiente y exhiba el original del mismo para su remisión correspondiente". En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable,******de dar contestación a su petición de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en relación a la expedición del título de propiedad correspondiente al solar ****** manzana ****** zona ****** localidad ****** a su favor presentado por ******, ha quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y las constancias remitidas por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese en el juicio de amparo en que se actúa la comunicación signada por la Jefa Encargada de la Oficina Telegráfica Centro, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa que da cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de mayo del año en curso (foja 2677). Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento Ayuntamiento, Presidente, Síndico y Tesorero del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no han informado sobre las gestiones que estén realizando para acatar el fallo protector; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a dichas autoridades para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, den cumplimiento a la ejecutoria en comento, o en su caso, informen las gestiones tendentes a cumplimentarla. Apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, para el trámite correspondiente. Notifíquese.

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