Cirilo Facundo Hernández

Expediente 688/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
688/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Cirilo Facundo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a tres de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de junio pasado (f. 49 a 55), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 197/2019-V, a través del cual se encomendó notificar el auto de cuatro de los cursantes al quejoso Cirilo Facundo Hernandez; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera automáticamente al realizar el envió. Ahora bien, en virtud de la imposibilidad para realizar la notificación de mérito, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al impetrante el auto de cuatro del presente mes y año, así como el presente, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese y por lista al quejoso. v)Toluca, Estado de México a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Recepción de oficio. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos juicio de amparo indirecto 858/2019 formado con motivo de la demanda de amparo promovida ...contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, y nueve copias de demanda; por estimar carecer de competencia para conocer y resolver de dicho asunto. Radicación. Atento a ello, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; con el oficio de cuenta y los autos originales del juicio de mérito; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 688/2019-V y acúsese recibo correspondiente. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: * La inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito esto es, el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo, por no haber instado el juicio dentro de los quince días. Precisado lo anterior, debe resaltarse que en este caso reclama el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito con motivo de su primer acto de aplicación, y resulta que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, pues corren la misma suerte. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar de inicio, si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; de acontecer así, se impondrá desechar en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Como se adelantó, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El lapso referido anteriormente -quince días-, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 primer párrafo y 18, de la Ley de Amparo. Preceptos de los que se advierte el plazo para promover amparo y la existencia de tres hipótesis para computar el término dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Como ya se estableció, en este caso el acto de aplicación de la norma reclamada, se ubica en la hipótesis relativa a que el plazo se contabilizará a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución enunciada en el inciso b). Por tanto, respecto del primer acto de aplicación de la referida norma el justiciable refirió haber tenido conocimiento el once de junio de dos mil dieciséis, cuando fue informado por la sucursal Toluca Allende 201, Colonia Centro, Toluca, México, código postal 50130 que su cuenta fue bloqueada en cumplimiento al oficio 110/F/B/1258/2016 de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera; así como por el Banco Mercantil de Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, sucursal Toluca, Estado de México, en cumplimiento al diverso 214-4/3024575/2016. Tales manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En consecuencia, es incuestionable, que el plazo de quince días, previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo transcurrió en exceso, inclusive tomando en consideración la diversa fecha citada en el capítulo de hechos, en el inciso 1, es decir, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resulta notorio que dicha demanda de amparo, se presentó fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, lo cual implica que el acto que se reclama y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidas, lo que hace que su promoción sea extemporánea, pues se presentó casi tres años después del primer acto de aplicación. Luego, si el amparo resulta improcedente por cuanto hace al primer acto de aplicación; en consecuencia, el amparo es improcedente contra la norma impugnada, pues en caso contrario es obligación de este Juzgador constitucional analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sobre el particular se invoca el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Materia Constitucional, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191311, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida Cirilo Facundo Hernández. Máxime que en la estadística de este juzgado de Distrito existe radicado el diverso juicio de amparo 644/2019-III, promovido por el aquí quejoso Cirilo Facundo Hernández, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por los actos consistentes en: * La inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Actos aquí reclamados, sumario en el que el veinticuatro de mayo pasado, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, y a la fecha se encuentra pendiente de adquirir firmeza procesal, el cual se invoca como hecho notorio, toda vez que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia apreciable con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". En tal virtud, si aunado a lo expuesto, se advierte que el agraviado, promovió diverso juicio de amparo, en el que reclama los mismos actos que por esta vía, los cuales ya fueron materia de estudio en el diverso juicio de amparo 644/2019-III, del propio índice, ningún fin practico conduce a adoptar una determinación diversa a la expuesta en párrafos prcedentes; inclusive de proveer lo contrario se atenta contra la pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, pues dichos actos son materia de estudio en el diverso juicio de amparo. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano federal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. No obstante lo anterior, dada la naturaleza del presente proveído, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique personalmente el presente proveído al quejoso Cirilo Facundo Hernández, en el domicilio ubicado en Bolívar 1060, esquina Eje 5 Eugenia, Niños Héroes, código postal 03440, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. No obstante ello, en caso de que el quejoso o cualquiera de sus autorizados comparezca al juzgado, se comisiona al actuario judicial para que lo notifique personalmente; en el entendido de que tomará en consideración la primera notificación hecha. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente por exhorto al quejoso.

  3. Principal

    V)Toluca, Estado de México; diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado criptográficamente por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del exhorto 197/2019-V del índice de este Juzgado. Por tanto, se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    v)Toluca, Estado de México a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Recepción de oficio. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos juicio de amparo indirecto 858/2019 formado con motivo de la demanda de amparo promovida ...contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, y nueve copias de demanda; por estimar carecer de competencia para conocer y resolver de dicho asunto. Radicación. Atento a ello, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada, por lo que este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; con el oficio de cuenta y los autos originales del juicio de mérito; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo indirecto 688/2019-V y acúsese recibo correspondiente. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: * La inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito esto es, el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo, por no haber instado el juicio dentro de los quince días. Precisado lo anterior, debe resaltarse que en este caso reclama el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito con motivo de su primer acto de aplicación, y resulta que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, pues corren la misma suerte. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar de inicio, si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; de acontecer así, se impondrá desechar en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Como se adelantó, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El lapso referido anteriormente -quince días-, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 primer párrafo y 18, de la Ley de Amparo. Preceptos de los que se advierte el plazo para promover amparo y la existencia de tres hipótesis para computar el término dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Como ya se estableció, en este caso el acto de aplicación de la norma reclamada, se ubica en la hipótesis relativa a que el plazo se contabilizará a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución enunciada en el inciso b). Por tanto, respecto del primer acto de aplicación de la referida norma el justiciable refirió haber tenido conocimiento el once de junio de dos mil dieciséis, cuando fue informado por la sucursal Toluca Allende 201, Colonia Centro, Toluca, México, código postal 50130 que su cuenta fue bloqueada en cumplimiento al oficio 110/F/B/1258/2016 de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera; así como por el Banco Mercantil de Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, sucursal Toluca, Estado de México, en cumplimiento al diverso 214-4/3024575/2016. Tales manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." En consecuencia, es incuestionable, que el plazo de quince días, previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo transcurrió en exceso, inclusive tomando en consideración la diversa fecha citada en el capítulo de hechos, en el inciso 1, es decir, el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resulta notorio que dicha demanda de amparo, se presentó fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, lo cual implica que el acto que se reclama y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidas, lo que hace que su promoción sea extemporánea, pues se presentó casi tres años después del primer acto de aplicación. Luego, si el amparo resulta improcedente por cuanto hace al primer acto de aplicación; en consecuencia, el amparo es improcedente contra la norma impugnada, pues en caso contrario es obligación de este Juzgador constitucional analizar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sobre el particular se invoca el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Materia Constitucional, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191311, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida Cirilo Facundo Hernández. Máxime que en la estadística de este juzgado de Distrito existe radicado el diverso juicio de amparo 644/2019-III, promovido por el aquí quejoso Cirilo Facundo Hernández, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por los actos consistentes en: * La inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias 11713625 del Banco del Bajío sociedad anónima, institución de banca múltiple, así como 654662298 y 4931580000808789 radicadas en el Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte, a nombre del promovente del amparo y ordenado mediante oficios 110/F/B/1258/2016 y 214-4/3024575/2016 ambos de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Actos aquí reclamados, sumario en el que el veinticuatro de mayo pasado, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, y a la fecha se encuentra pendiente de adquirir firmeza procesal, el cual se invoca como hecho notorio, toda vez que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, acorde con la jurisprudencia apreciable con el número XXII J/12, en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". Y, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, el cual establece: ".Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". En tal virtud, si aunado a lo expuesto, se advierte que el agraviado, promovió diverso juicio de amparo, en el que reclama los mismos actos que por esta vía, los cuales ya fueron materia de estudio en el diverso juicio de amparo 644/2019-III, del propio índice, ningún fin practico conduce a adoptar una determinación diversa a la expuesta en párrafos prcedentes; inclusive de proveer lo contrario se atenta contra la pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional, pues dichos actos son materia de estudio en el diverso juicio de amparo. Domicilio. Toda vez que el domicilio que señala el quejoso para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano federal; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo realícense ésta y las subsecuentes notificaciones por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. No obstante lo anterior, dada la naturaleza del presente proveído, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con plenitud de jurisdicción para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la encomienda, e inclusive en días y horas inhábiles, como lo establece el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, notifique personalmente el presente proveído al quejoso Cirilo Facundo Hernández, en el domicilio ubicado en Bolívar 1060, esquina Eje 5 Eugenia, Niños Héroes, código postal 03440, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. No obstante ello, en caso de que el quejoso o cualquiera de sus autorizados comparezca al juzgado, se comisiona al actuario judicial para que lo notifique personalmente; en el entendido de que tomará en consideración la primera notificación hecha. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente por exhorto al quejoso.

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