Cirilo Facundo Hernández

Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
683/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Cirilo Facundo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Se tiene por recibido el oficio por el que el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite copia digitalizada de la ejecutoria emitida en la sesión ordinaria virtual de siete de septiembre del año en curso en el recurso de queja *** del índice del oficiante, cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es legalmente incompetente, por razón de la materia para conocer del recurso. SEGUNDO. Se declina competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. TERCERO. Infórmese esta determinación al Juzgado de Distrito del conocimiento.". Intégrese al expediente físico y electrónico y, se está a la espera de la resolución que se dicte en el medio de impugnación en comento.

  2. Principal

    VI.- Visto el oficio de cuenta, que remite el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto de nueve de junio del actual, emitido por el presidente de ese Tribunal, del que se advierte que acusa recibo del original y copia del escrito de agravios presentado por la parte quejosa, que quedó registrado como recurso de queja 205/2023.

  3. Principal

    VI. Visto el escrito de cuenta, con el que el quejoso ********************, quien se ostenta como cesionario de los derechos litigiosos del juicio ordinario mercantil 971/2016, realiza lo siguiente: - Interpone recurso de queja contra el auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se ********************. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR PRESENTADO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE MÉRITO. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud que el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda. INFORME MATERIA DE LA QUEJA Como lo establece el ordinal 101 de la Ley de Amparo, SE RINDE INFORME MATERIA DE LA QUEJA, en el sentido que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones REMISIÓN DEL RECURSO REMÍTASE INMEDIATAMENTE a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el original y copia del ocurso de expresión de agravios, sin mayor proveído, para la substanciación del medio de impugnación referido. En el entendido que de conformidad con el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; el expediente electrónico se encuentra disponible para la vinculación a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen", para consulta del Tribunal Colegiado correspondiente. COMISIÓN AL ACTUARIO Y SECRETARIO SE COMISIONA al oficial judicial "c" y al Secretario encargados del presente asunto, para que realicen la correcta integración del recurso de mérito; y al Actuario para que efectúe su oportuno envío al Tribunal Colegiado respectivo. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE La oficial Judicial "A" encargada del SISE deberá proceder a la vinculación del expediente electrónico del presente expediente a través de la opción "Relacionar Expediente de Origen", con el fin de que esté disponible para consulta del Tribunal Colegiado que conozca del recurso de queja. Asimismo, el Actuario adscrito deberá verificar que los campos para la consulta del expediente electrónico y notificación electrónica estén habilitados y asentar la razón correspondiente en el juicio. ANOTACIONES LIBRO ELECTRÓNICO Y SISE Realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Manuel López Reyes, quien firma y da fe. Doy fe. El Juez El Secretario Monse/cygc*

  4. Principal

    VI. En cumplimiento al aviso de 9/05/2023 se notifica por lista al quejoso el auto de 8/05/2023 que en síntesis dice: RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++, quien se ostenta como cesionario de los derechos litigiosos del juicio ordinario mercantil 971/2016, personalidad que acredita en término de la copia certificada de algunas constancias que obran en el juicio ordinario mercantil mencionado, contra actos del Presidente Municipal de Xonacatlán, Estado de México y otras autoridades; por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 683/2023-VI. +++. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, los actos tildados de inconstitucional por el quejoso son el incumplimiento de las autoridades señaladas como responsables a las resoluciones de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, seis de marzo de dos mil diecinueve, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitidas en el juicio 971/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. DESECHAMIENTO LOS ACTOS RECLAMADOS NO SON ACTOS DE AUTORIDAD (ESTUDIO) Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II del mismo ordenamiento legal, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:------------( .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 1° de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto reclamado constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amaro, puesto que, así lo dispone el artículo 1º, de la Ley de Amparo, dispositivo que consagra la procedencia del amparo, en primer lugar, por normas generales, actos u omisiones de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución; empero, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o particular e impuesto al gobernado con fundamento en un ordenamiento legal de manera unilateral, imperativa y coercitiva en algunos casos En ese sentido, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una -autoridad- para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por ésta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre ese mismo aspecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la nación, también ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración la voluntad del afectado. Como puede observarse, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, siguiendo la doctrina creada por nuestro más Alto Tribunal, nos ofrece una concepción más amplia del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y se deja atrás la teoría clásica que la definía como aquella que dispone de la fuerza pública, y que por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos. Ahora bien, el nuevo concepto de autoridad para efectos del amparo contiene ciertas notas distintivas, las cuales son: 1) la existencia de una relación (que tenga nacimiento en una ley) de supra a subordinación del particular con un órgano del Estado, 2) que el órgano del Estado se encuentre dotado de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable, 3) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídica que afectan la esfera legal del particular y, 4) que la emisión de esos actos no requieren la intervención de órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como podemos advertir, en la actualidad el juzgador debe observar cada caso en concreto para poder advertir si los funcionarios, organismos públicos o los particulares, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otras palabras, es necesario advertir si ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, y por ende, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública frente a la fuente de tal potestad. Ilustra lo expuesto, el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En este contexto, para precisar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soporta las precisiones que anteceden, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, tomo IX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Marzo de 1999, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado" El quejoso reclama el incumplimiento de las autoridades señaladas como responsables a las resoluciones de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, seis de marzo de dos mil diecinueve, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitidas en el juicio 971/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existen casos en los que debe considerarse que las autoridades, aunque sean parte en un juicio, tienen prerrogativas especiales que les colocan en un plano de superioridad frente a las personas particulares. En ese sentido, al resolver la contradicción de tesis 422/2010 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las dependencias de la Administración Pública Federal o Estatales actúan como autoridades, para efectos del juicio de amparo, cuando tienen el carácter de demandados en un juicio civil federal, y omiten cumplir las sentencias emitidas en su contra. Lo anterior porque el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone: ARTICULO 4º.- Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes. Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. (F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943) La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación. Como este artículo impide que se despache un auto de ejecución contra las dependencias estatales o federales, la Corte determinó que si éstas se niegan a dar cumplimiento voluntario a una sentencia condenatoria emitida en su contra, la persona que sea su contraparte podrá acudir al juicio de amparo en contra de esta omisión. Lo anterior porque en este caso, la autoridad, aunque sea parte, se encuentra en un plano de desigualdad (superioridad) porque tiene el privilegio de no estar sujeto a ejecución forzosa y esta prerrogativa está prevista en una ley; además, el uso indebido de este beneficio (por contumacia) coloca a su contraparte en un estado de indefensión. No obstante, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 144/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación distinta del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la cual consideró que este numeral no implica una prohibición absoluta de dictar providencias de embargo contra entidades públicas, sino que debe entenderse en el sentido de que no cualquier bien puede ser embargado ya que debe atenderse a su naturaleza, prevista en el propio código federal: de dominio público y de dominio privado. Y determinó que esta interpretación podría armonizar el principio de protección de los bienes públicos y el derecho de los particulares a ejecutar sentencias. En ese sentido, a corte estableció que la idea de igualdad procesal y que los Jueces actúan conforme al marco de la ley no puede pasar por alto que el cumplimiento forzoso de las sentencias o las medidas de embargo pueden una afectación en los recursos públicos del Estado; en particular, en aquellos que se encuentran asignados al servicio de la administración pública. Por ende, no es ajeno a la división de poderes el que se busque implementar una regla que regule la forma en que se puede llevar a cabo la ejecución o embargo (diferente cuestión es si ese objetivo se cumple o no, cuando una de las partes es una entidad de la administración pública. Las reglas que de alguna manera tienen incidencia directa o indirecta en los patrimonios de los Poderes Ejecutivo y Judicial son reglas que pueden verse a la luz del principio de división de poderes. En segundo lugar y en relación con la grada del test referida a la idoneidad, se estima que el artículo 4o. también cumple con este requisito en cualquiera de sus modalidades interpretativas, al tratarse de un examen ordinario, basta que la medida legislativa contribuya en algún modo y grado a lograr el propósito buscado por el legislador. En el caso, delimitar una regla de actuación procesal a los juzgadores en torno a la forma en que puede o no afectarse el patrimonio de ciertas entidades de los Poderes Ejecutivos Federales, Estatales y Municipales (para asegurar el resultado de un proceso o cumplir una condena) sí tiene una relación indirecta con la división de poderes. No hay que olvidar que ciertos bienes son de dominio público e, incluso, son bienes de uso común por parte de la propia ciudadanía. Consiguientemente, delimitar legislativamente las facultades que tiene un juzgador para afectar o no afectar los bienes del Poder Ejecutivo coadyuva, en cierto grado, con la finalidad de que un integrante de un Poder no se inmiscuya con el patrimonio de otra u otras entidades de otro Poder. Ello, se insiste, por más que los mandamientos de ejecución o embargos sean determinaciones que deriven de las pretensiones de las partes de un procedimiento y no de la subjetividad del juzgador. El requisito de idoneidad, en un examen ordinario, no exige calificar que la relación de instrumentalidad sea la más óptima, sino que de alguna manera o en cualquier grado la medida legislativa se relacione con el fin pretendido; lo cual se cumple en el caso concreto, pues se recalca, no podemos dejar de lado que la ejecución o embargo podrían afectar bienes de dominio público de la administración pública y, con ello, generar una afectación en el correcto desempeño de las funciones de la administración pública. La prohibición absoluta y bajo cualquier escenario de dictar un mandamiento de ejecución o providencia de embargo es una medida legislativa que no es la única posible para alcanzar el fin pretendido y que, más bien, es más gravosa que otras alternativas igualmente viables. A saber, el mandamiento de ejecución o el embargo de un bien no es una actuación que sea dictada a placer por un juzgador o que tienda, en sí misma, a afectar a entidades del Poder Ejecutivo. La ejecución y el embargo son consecuencias de un procedimiento jurisdiccional, que penden de las circunstancias de cada caso, que son motivadas por las pretensiones de las partes y cuya forma de ejecución se encuentra regulada y detallada en la ley (el Juez debe cumplir con esas reglas ya impuestas por el legislador). Así, lejos que la división de poderes inspire que el Poder Ejecutivo actúe y ejerza sus facultades siempre de manera ajena a los otros poderes y órganos del Estado, este principio constitucional busca una relación y equilibrio entre los mismos, a fin de coadyuvar al correcto ejercicio de las competencias constitucionales y la protección de los derechos de las personas. Por ello, si la premisa inicial del artículo 4o. es que las entidades de la administración pública actúan en un plano de igualdad con las otras partes en los procedimientos jurisdiccionales, no puede validarse una medida legislativa que rompe totalmente esta igualdad procesal en la etapa de ejecución y que imposibilita cualquier tipo de intervención de los Jueces como rectores del proceso. Como se detalló, no todos los bienes del Estado y, en particular, no todos los bienes que forman parte del patrimonio de las entidades de la administración pública les aplica un régimen de dominio público. Normativamente, cabe la posibilidad, según sea el caso y la regulación aplicable, que estas entidades cuenten con bienes ajenos al dominio público, cuya afectación por un mandamiento de ejecución o medida de embargo no pone en entredicho el servicio público ni su correcto desempeño. En consecuencia, una medida legislativa que permite el mandamiento de ejecución o providencia de embargo sobre este tipo de bienes es una medida igualmente idónea para lograr el fin pretendido, pero que interviene en menor intensidad en los derechos humanos a la igualdad jurídica y debido proceso, en su vertiente de igualdad procesal, y al acceso a la justicia en la modalidad de ejecución material de las sentencias. De dicha sentencia derivó la tesis 1a./J. 28/2023 (11a.), registro 2026051, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, página 1855, que dice: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS. Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de dicha institución pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue confirmada en apelación. En desacuerdo, se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia. En contra de esta última resolución se interpuso revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio, durante y posterior al mismo; siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la ejecución de sentencias y resoluciones. Justificación: El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran diversidad de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes de este Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, atendiendo integralmente a todo este parámetro, se sostiene que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. Derecho que comprende tres etapas: i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así las cosas, se considera que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Por lo tanto, para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable; esto inclusive cuando el Estado, como parte, sea quien incumpla la ejecución de una sentencia o resolución. Lo anterior es así, pues detrás del reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en su modalidad del derecho a la ejecución de las sentencias, no sólo están el derecho subjetivo del vencedor en juicio y el derecho de acceso a la justicia, sino que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que sí es posible decretar embargos y diligencias de ejecución en contra de entidades públicas en juicios mercantiles, debe considerarse que éstas no tienen el carácter de autoridades para los efectos de la procedencia del juicio de amparo cuando tiene el carácter de demandadas. Máxime que, tratándose de municipios, de acuerdo con los artículos 4º-A, 6 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, existen participaciones que la Federación entregará a los municipios por conducto de los gobiernos estatales, si bien éstas son inembargables y no pueden retenerse, existen excepciones referentes a lo siguiente: -Fondo General de Participaciones; - Fondo de Fomento Municipal; - Los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la ley. Estos fondos podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. En esos términos, este juzgado concluye que sí es posible ordenar la retención de ciertos fondos correspondientes a las participaciones federales de los municipios y, por ende, también en ese aspecto es posible estimar que existe un plano de igualdad que excluye la procedencia del amparo. CASO CONCRETO El quejoso reclama la falta de cumplimiento a las resoluciones de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, seis de marzo de dos mil diecinueve, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitidas en el juicio 971/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, cuya pretensión es el cumplimiento de dichas resoluciones por lo cual, es posible que se despache ejecución contra dichas autoridades municipales en un juicio mercantil, lo que implica que éstas estén colocadas en un plano de igualdad que los particulares y, por ende, no actúan como autoridades para los efectos del juicio de amparo. CONCLUSIÓN Es por las anteriores consideraciones, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción II del mismo ordenamiento legal; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, lo anterior con apoyo en el ordinal 113 de la propia ley. DOMICILIO Con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el ocursante. CORREO ELECTRÓNICO Respecto del correo electrónico proporcionado se tiene como una forma especial de contacto, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados a Andrea Jardón Álvarez y a Jezrel Osornio Bartolo, únicamente para recibir notificaciones y documentos, por así solicitarlo expresamente. DEVOLUCION DOCUMENTO De conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 2 de la ley de la materia, devuélvase a la parte quejosa, el documento que refiere, previa razón de recibo para debida constancia, en el entendido de que la persona que se presente a recibirlo también deberá exhibir copia de su identificación oficial vigente para que se certifique y glose. En el entendido que deberá presentarse dentro del horario asignado para la actividad presencial de este Juzgado de Distrito, que es de 09:30 a 14:30 horas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid.19 y Reforma, Adiciona, Deroga diversas disposiciones, relativas a la utilización de diversos medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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