Ciria Guillermo Ayodoro
Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ciria Guillermo Ayodoro
- Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes. [...]
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, con su contenido y anexos dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Para dar margen a lo anterior y dado que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para este día (foja 27 vuelta), ésta se deja sin efectos y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.
- Principal
En un principio agréguese a los autos el escrito presentado por Jesús Montalván Ramírez quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa Ciria Guillermo Ayodoro, personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, dado que aclara el nombre correcto de la directa quejosa Ciria Guillermo Ayodoro. DESECHAMIENTO PARCIAL. Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Ahora, analizada la demanda en su integridad, resulta que la misma es improcedente respecto de los actos reclamados al Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, de conformidad con los artículos 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (El subrayado no forma parte del texto, es añadido). En ese orden, se tiene que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, en diversos criterios el Poder Judicial de la Federación ha interpretado el concepto de autoridad, en el sentido que con independencia de la disposición directa que llegare a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del concenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 161133, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, materia común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque no se contraponen al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la ley de amparo, publicada en el Diario Oficial el dos de abril de dos mil trece. De lo anteriormente narrado, se advierte que los actos que se reclaman al Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero; no tienen la naturaleza de acto de autoridad. Lo anterior se considera así, toda vez que el ayuntamiento, sus representantes y órganos internos, no pueden considerarse como autoridades para los efectos del juicio de amparo, ya que la emisión o no de sus actos, en el sentido de no atender requerimientos del tribunal laboral, no obliga o vincula de manera directa a la autoridad administrativa contra la cual se dirige la aquí quejosa. Esto es así, dado que el acto que la quejosa les reclama a tales potestades, por sí mismas, no puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular aquí quejoso en su esfera de legalidad, porque la negativa de cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral 287/2006, en todo caso, no se encuentra dirigida de manera directa a la quejosa; circunstancias necesarias para estimar que ese acto u omisión, es de aquellos considerado como "actos de autoridad"; sino que el mismo está dirigido al tribunal laboral que dictó precisamente el laudo. Por consiguiente, el Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que en el caso concreto, su acto carece de la imperatividad y coercitividad que caracteriza a todo acto de autoridad, pues en el caso específico solamente ejerce facultades propias de la administración del organismo para el desempeño de sus funciones, pero ninguna de esas facultades permiten en el caso a dichas autoridades, incurrir con carácter imperativo y coercitivo en la esfera jurídica particular del impetrante del amparo, porque dicho actos de contumacia es relativo a un procedimiento donde dicha autoridad forma parte demandada, y en todo caso, el propio tribunal laboral tiene a su alcance los mecanismos legales para hacer valer sus determinaciones al igual que la propia actora aquí quejosa tiene la vía expedita para instar al tribunal laboral para que por los medios legales en el caso venza dicha contumacia en que han incurrido las autoridades que señala como responsables para cumplir cabalmente con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. No es obstáculo, la tesis que cita de rubro "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en principio, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dicho criterio es obligatorio únicamente para las autoridades judiciales que se ubiquen en ese circuito; además, aun cuando el tema abordado en la ejecutoria relativa se considera similar, lo cierto es que el análisis se hizo con base en una legislación distinta a la de esta entidad federativa, por lo que este Juzgado de Distrito estima que en el asunto debe prevalecer el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), por ser obligatoria y además exactamente aplicable en el caso, la cual es de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". Aunado a lo anterior, se citan como hechos notorios los criterios sustentados por el Primero, Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en las ejecutorias dictadas en los recursos de queja laboral 71/2017, 77/2017 y 51/2017, derivadas de los diversos juicios de amparo 330/2017, 220/2017 y 200/2017, del índice de este juzgado federal, respectivamente, en los que se declararon infundados los recursos interpuestos contra el desechamiento parcial de la demanda de amparo, en casos similares al presente. Sin que en el caso apliquen los precedentes que indica la aquejosa (foja 6 vuelta); porque se refieren a incidentes de inejecución de sentencia, los cuales tienen como presupuesto una sentencia que concedió el amparo y que no ha sido cumplida, la cual debe ser cumplida por cualquier persona que esté en posibilidad de hacerlo, con independencia de si fue o no parte en el juicio de origen, lo que no acontece en el caso. En las narradas circunstancias, al establecerse que los actos reclamados al Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, no son actos de autoridad; en consecuencia, se surte en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda propuesta contra dichos actos y órganos de administración señalados en párrafos precedentes, por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior aunado a que de conformidad con los artículos 72 y 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, el Presidente Municipal es el representante del Ayuntamiento y Jefe de la Administración Municipal en los términos de ley, así como el encargado de ejecutar sus resoluciones; y, el Síndico representa jurídicamente al Ayuntamiento y gestiona los negocios de la Hacienda Municipal, asimismo efectúa los cobros de los créditos a favor del Ayuntamiento y tiene la facultad de exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan fondos, el otorgamiento de fianzas antes del desempeño de sus funciones. Por tanto, al haberse señalado en la demanda de amparo al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, como parte tercero interesada, al tener el carácter de contraparte en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por ser la parte demandada en el juicio de origen, es inconcuso que los demás integrantes que conforman la administración pública municipal, como lo son Presidente, Síndico Procurador y Secretario de Finanzas y/o Tesorero del Ayuntamiento en cita, no pueden tener el carácter de autoridades responsables, pues se estaría desnaturalizando la figura jurídica del tercero interesado, quien tiene interés en que subsista el acto reclamado y, por ende, opuesto a la parte quejosa. Por lo que si es parte tercero interesada, no puede tener además el carácter de autoridad responsable; al bastar una calidad para poder intervenir con amplitud en el juicio. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, y 112, de la Ley de Amparo, se admite la demanda propuesta, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. No es obstáculo que la parte quejosa, señale como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad capital, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 13, fracción VII del Reglamento Interior de Trabajo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. INCIDENTE. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $75.49 (setenta y cinco pesos con 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. TERCERO INTERESADO: De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. Asimismo, se requiere al citado tercero interesado para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional). PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su intención las documentales que anexa a su escrito de demanda y al escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en los domicilios señalados para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ******* quien pretende ostentarse como apoderado legal de la parte quejosa **********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 67/2018, que legalmente le corresponde y fórmese expediente. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, en relación con el 114, fracción III, en relación con el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que le surta sus efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Tomando en consideración que, del proemio del escrito inicial de la demanda de amparo, se advierte que *********, promueve demanda de amparo por conducto de Jesús Montalván Ramírez, quien se ostenta como su apoderado legal; sin embargo, de las constancias que adjunta para acreditar su personalidad como apoderado legal de la parte quejosa, en específico del acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 287/2006, se advierte que el nombre de la actora aquí quejosa es Cira Guillermo Ayodoro, por lo que difiere el nombre de la promovente, con el que aparece en el escrito inicial de demanda; por tanto deberá precisar cuál es su nombre correcto a fin de que esta autoridad federal se encuentre en condiciones de proveer lo conducente. En la inteligencia que de su escrito aclaratorio deberán exhibir copias necesarias para emplazar a todas las partes a juicio, de conformidad con lo establecido con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a los quejosos que de no cumplir con las anteriores exigencias, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. ...
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