Cirenio Cruz Olmedo y Otros.
Expediente 1207/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cirenio Cruz Olmedo y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 326/2015 del índice de este Juzgado; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno y acúsese recibo, vía fax. Asimismo, en atención al contenido de la diligencia de siete de agosto del año en curso, téngase por notificado al quejoso Cirenio Cruz Olmedo del proveído de veinticuatro de julio de dos mil quince, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinden su informe justificado; asimismo, remiten copias certificadas de las que se advierte que el quejoso Cirenio Cruz Olmedo, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato"; en consecuencia, se provee lo siguiente: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, prevé: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." De la interpretación del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional o convencional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS. En el caso, cabe destacar que los actos reclamados consisten en: La negativa de proporcionar atención médica especializada, tratamiento adecuado y lentes al quejoso Cirenio Cruz Olmedo. En congruencia con lo anterior, de las constancias que en este acto se proveen, se advierte que el quejoso Cirenio Cruz Olmedo, ya no se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, pues se observa que fue trasladado a un diverso centro penitenciario en el país. CONCLUSIÓN Por lo tanto, considerando que se ordenó el traslado del quejoso, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo, la tesis siguiente: "No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje hay ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la misma. Considerando que el quejoso fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 CPS "Guanajuato" , con apoyo en los artículos 1, fracción V y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de León, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificar personalmente este proveído al quejoso Cirenio Cruz Olmedo. Igualmente, con fundamento en el artículo 300 del ordenamiento legal invocado, se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como imponer sanciones; A su vez, solicítese de la manera más atenta al Juez exhortado que devuelva la comunicación oficial a la brevedad posible y acuse recibo de éste. Lo anterior, con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
- Principal
De la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, dentro del término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo solicitado, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con su artículo 3° transitorio, requiérase a la autoridad Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifique haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibida que de no cumplir se le impondrá una multa por el equivalente de CIEN A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, que a continuación se cita: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.
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