Cirenia Villegas Michua

Expediente 903/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
903/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
22/07/2016

Partes del expediente

  • Cirenia Villegas Michua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Queda firme el auto que desechó la demanda de amparo. Archívese este expediente, el cual es destruibele.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado, manifiesta su imposibilidad para notificar a la quejosa Cirenia Villegas Michua, la determinación de veinticuatro de junio del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el auto referido, así como los subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATR DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta, mediante los cuales la quejosa Cirenia Villegas Michua, desahoga la prevención que se le formulará mediante proveído de dieciséis de junio del año en curso. SATISFECHO REQUERIMIENTO. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la quejosa, y en consecuencia se provee: PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente: De los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, las cuales se traducen que en caso de no hacerlo se empleará la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Análisis del escrito de demanda. En ese orden de ideas, se advierte que se está frente a una causa de improcedencia. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17, 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, pues el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". DESECHAMIENTO. El suscrito advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Justifica lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Enero de 1999; página 13, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En ese tenor, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Causa referente a la improcedencia del juicio de garantías, en el momento de reclamarse actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder su suspensión; ello, con independencia de la susceptibilidad de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. Es decir, el amparo en materia civil, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia Ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la misma, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, del estudio integral de la demanda, la promovente esencialmente reclama: De los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, las cuales se traducen que en caso de no hacerlo se empleará la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Comercio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1340 del citado ordenamiento. A lo anterior, el numeral 1.334 del Código de Comercio establece lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Por tanto, este órgano jurisdiccional a manera de tener una correcta apreciación de la ley, advierte que en el diverso numeral transcrito con anterioridad el legislador menciona que los autos que no fueron apelables y los decretos, son revocables por el Juez que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del asunto. Maxime del escrito inicial de demanda y constancias remitidas por la Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en especial la diligencia de embargo, se advierte que el monto reclamado es de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), a lo cual conviene traer a mención lo establecido por el artículo 1340 del multicitado código: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". En este contexto resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el promovente no agotó previamente a la interposición del presente juicio, el recurso revocación ante la autoridad responsable, tal como lo establecen los numerales transcritos en líneas precedentes; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, en el caso concreto, la causal que se analiza establece que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto no procederá mientras aquéllos puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que con arreglo a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado (exepción que solo opera en tratándose de menores), sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada en agotar el recurso de revocación, en contra de los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, es inconcuso que se actualiza la citada causal de improcedencia. Así, se concluye que el impetrante de garantías debió combatir la determinación que tacha de inconstitucional, ante la propia autoridad que la emitió o bien, ante la juez responsable, antes de acudir a la presente instancia, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Por tanto, como la parte solicitante del amparo no agotó el recurso ordinario conducente, en el caso concreto se estima que no se cumplió con el principio de definitividad necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por tal motivo, resulta que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los párrafos anteriores, es procedente desechar de plano la demanda de cuenta por ser notoriamente improcedente."

  3. Principal

    AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta, mediante los cuales la quejosa Cirenia Villegas Michua, desahoga la prevención que se le formulará mediante proveído de dieciséis de junio del año en curso. SATISFECHO REQUERIMIENTO. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la quejosa, y en consecuencia se provee: PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente: De los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, las cuales se traducen que en caso de no hacerlo se empleará la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Análisis del escrito de demanda. En ese orden de ideas, se advierte que se está frente a una causa de improcedencia. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 17, 61, fracción XXIII, con relación en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, pues el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que alleguen las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". DESECHAMIENTO. El suscrito advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Justifica lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Enero de 1999; página 13, del epígrafe: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En ese tenor, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Así, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." Causa referente a la improcedencia del juicio de garantías, en el momento de reclamarse actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder su suspensión; ello, con independencia de la susceptibilidad de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. Es decir, el amparo en materia civil, únicamente será procedente cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia Ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la misma, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Pues bien, del estudio integral de la demanda, la promovente esencialmente reclama: De los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, las cuales se traducen que en caso de no hacerlo se empleará la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. A continuación, se abordará el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código de Comercio, debe agotarse el recurso de revocación previsto en los artículos 1334 y 1340 del citado ordenamiento. A lo anterior, el numeral 1.334 del Código de Comercio establece lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Por tanto, este órgano jurisdiccional a manera de tener una correcta apreciación de la ley, advierte que en el diverso numeral transcrito con anterioridad el legislador menciona que los autos que no fueron apelables y los decretos, son revocables por el Juez que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del asunto. Maxime del escrito inicial de demanda y constancias remitidas por la Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en especial la diligencia de embargo, se advierte que el monto reclamado es de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), a lo cual conviene traer a mención lo establecido por el artículo 1340 del multicitado código: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339". En este contexto resulta evidente que en la especie no se cumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ya que el promovente no agotó previamente a la interposición del presente juicio, el recurso revocación ante la autoridad responsable, tal como lo establecen los numerales transcritos en líneas precedentes; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, en el caso concreto, la causal que se analiza establece que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto no procederá mientras aquéllos puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que con arreglo a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado (exepción que solo opera en tratándose de menores), sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada en agotar el recurso de revocación, en contra de los acuerdos de veintitrés de mayo y nueve de junio de dos mil dieciséis, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 253/2015, por medio de los cuales se revoca a la quejosa del nombramiento de interventora de la negociación con giro de papelería "La Sirenita", designando en su lugar a Alejandro Carlos Infante; así como sus consecuencias, es inconcuso que se actualiza la citada causal de improcedencia. Así, se concluye que el impetrante de garantías debió combatir la determinación que tacha de inconstitucional, ante la propia autoridad que la emitió o bien, ante la juez responsable, antes de acudir a la presente instancia, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Por tanto, como la parte solicitante del amparo no agotó el recurso ordinario conducente, en el caso concreto se estima que no se cumplió con el principio de definitividad necesario para estar en aptitud de acudir ante la autoridad judicial de amparo para el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Por tal motivo, resulta que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en los párrafos anteriores, es procedente desechar de plano la demanda de cuenta por ser notoriamente improcedente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acusa recibo de las constancias que adjuntó al rendir su informe justificado, circunstancia de la que queda enterado este juzgado.

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