Cirenia Sánchez Zaragoza

Expediente 348/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
348/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2017

Partes del expediente

  • Cirenia Sánchez Zaragoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Cirenia Sánchez Zaragoza, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..... por su propio derecho, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 348/2017-III, y fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo......Por tanto, atento a las consideraciones contenidas en los criterios invocados, debe decirse que, una autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público con normas jurídicas, tienen la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella, todo lo que válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la confrontación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emitente tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y c) Que sea emitido unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. En este sentido, se concluye que el concepto de autoridad para los efectos del amparo, excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente, salvo cuando se trate de casos en los que el particular realice actos facultado por una norma general, los cuales afecten la esfera jurídica de otras personas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo. En relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación, que como se dijo en párrafos anteriores, es necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto reclamado en el presente juicio no constituye un acto de autoridad. Al respecto, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, debe decirse que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, no puede ser considerada como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, porque de las constancias de autos, se advierte que la parte actora -aquí quejosa- y la demandada Carmen Ramírez Tenorio, celebraron un convenio en el juicio ejecutivo mercantil 243-1/2016, en donde se estipuló el monto de dinero a pagar y donde se señaló que por cuanto a los treinta mil pesos se pagarían con cargo a su salario que a la tercera interesada (Carmen Ramírez Tenorio), monto que sería descontado en un treinta por ciento de su salario que quincenalmente la autoridad señalada como responsable le debe descontar y con ello hiciera pago a la peticionaria de amparo, tal y como se aprecia del oficio 7040 de veinte de febrero de dos mil diecisiete, que la parte quejosa agregó a su escrito de demanda; empero, ello no implica que por ese hecho, le resulte el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues como se ha establecido, autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley, actos que no realizó la comentada secretaría, puesto que no dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que, por lo mismo, esté en posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que dispone, congruente con lo anterior, debe decirse que de las constancias de autos se advierte que la participación de la aludida Secretaría es únicamente atender la solicitud que le fue realizada por el Juez Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, dentro del Juicio 243-1/2016, lo que revela la calidad de la referida secretaria únicamente como ente auxiliar de la administración de justicia. Lo anterior, patentiza que la actuación reclamada a la autoridad señalada como responsable, no deriva de una relación de supra a subordinación, ya que no tiene dentro de su esfera de competencia la posibilidad de modificar o extinguir el derecho de la beneficiada con el convenio celebrado entre las partes, porque no actúa con poder de imperio de manera unilateral y coercitiva, al estar subordinada a las determinaciones que el Juez Civil tome en autos del juicio ejecutivo mercantil 243-1/2016, ya que es por medio de éste, que debe acatar los medios coercitivos que impone la ley aplicable, dado que quien lo obliga a ello es el Juez Civil. De ahí que los actos negativos reclamados no provengan de una autoridad para efectos del amparo. .....Al actualizarse en forma patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 62 con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II todos de la Ley de Amparo Vigente, este último interpretado este último en sentido contrario; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.

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