CIRA SOLANO GUTIÉRREZ y Otros.

Expediente 98/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
98/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
16/05/2016

Partes del expediente

  • Cira Solano Gutiérrez
  • CIRA SOLANO GUTIÉRREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión.

  2. Principal

    SINTESIS.- VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 98/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el tres de febrero de dos mil dieciséis, en el Buzón Judicial y sellado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad el cuatro siguiente y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: 1. Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2. Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares Residentes en esta ciudad. Ejecutoras: 3.- Comandante de la Policía Municipal o Preventiva. 4.- Comandante Regional de la Policía Ministerial Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La ilegal orden de detención girada en nuestra contra por las autoridades ordenadoras y que las autoridades señaladas como ejecutoras pretenden llevar a cabo". SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de correspondencia bajo el número 98/2016, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social del fuero común adscrito al juzgado de origen la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron como inexistentes a las autoridades denominadas Comandante de la Policía Municipal o Preventiva y Comandante Regional de la Policía Ministerial, ambas con residencia en esta ciudad, ordenando suspender las subsecuentes notificaciones a las mismas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto restrictivo de la libertad atribuible a autoridades de naturaleza judicial, que puede tener ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de presentación por medio de la fuerza pública, girada en proveído de siete de diciembre de dos quince, dentro de la causa penal 2/2015, instruida en contra de Marcela García Molina por el delito de lesiones en agravio de Natalia Iris Farías Solano, y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho juzgado, no obstante que al rendir su informe justificado (foja 22) lo hayan negado; lo anterior en razón de que las manifestaciones que realizan con posterioridad, así como de las constancias que integran la causa penal 2/2015, que remitió como justificación a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se aprecia que mediante proveído de fecha siete de diciembre de dos mil quince (foja 258), ordenó la presentación por medio de la fuerza pública de la agraviada y testigos de cargo, (parte quejosa en el presente juicio de amparo), ante su inasistencia al desahogo de la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, de las manifestaciones que hizo valer la tercera interesada mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se obtiene que pretende hacer valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, a virtud de que dice, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional es inexistente; lo que se estima infundado, en virtud de que de las constancias que integran la causa penal 2/2015, se aprecia que ante la inasistencia de las quejosas a la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo, el juez responsable mediante proveído de siete de diciembre pasado, ordeno la presentación de las mismas, para el desahogo de las pruebas aludidas, por medio de la fuerza pública. QUINTO. Siguiendo con el análisis de las causas de improcedencia, este juzgador oficiosamente advierte que en relación con la autoridad Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro de la causa penal de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Previo a abordar el estudio del concepto de violación, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al acuerdo reclamado en esta vía, los cuales se deducen de la causa penal 2/2015, remitida en copia certificada por el juez responsable, valorada en el considerando tercero. 1.- Mediante comparecencia de diecinueve de abril de dos mil catorce, Natalia Iris Farías Solano, presento querella en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones, cometido en su agravio (foja 31) 2.- Con motivo de la querella la Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil catorce, dio inicio a la averiguación previa radicada con el número TAB/CAZ/02/0249/2014, y ordenó practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 31, 32 y 33). 3.- El veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, (Titular Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, consignó mediante pedimento penal 311/2014, la averiguación previa TAB/CAZ/02/0249/2014, sin detenido, ante el Juez de Paz en Materia Penal en turno del Distrito Judicial de Tabares, ejerciendo acción penal en contra de Marcela García Molina, por el delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 24 a 30). 4.- Mediante proveído de doce de enero de dos mil quince, el Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, radicó la citada averiguación previa con el número de causa penal 2/2015-II, asimismo el tres de febrero pasado libro orden de aprehensión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 62 a 74). 5.- El doce de marzo de dos mil quince, el juez de la causa dicto auto de formal prisión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 127 a 149). 6.- Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, el defensor particular de la procesada Marcela García Molina ofreció diversas pruebas, entre las que se destacan la ampliación de interrogatorio con cargo a la agraviada Natalia Iris Farías Solano y las testigos de cargo Violeta Adriana Farías Solano y Cira Solano Gutiérrez así como los careos procesales entre dichas partes con la testigo de descargo Lucia de la Cruz Apreza, admitiendo el juez de la causa las citadas pruebas mediante proveído de veintitrés de junio pasado (fojas 212 a 218) y señalando las once horas del seis de agosto pasado para su desahogo. 7.- Mediante razones de actuariales de fechas once de agosto y diecinueve de octubre de dos mil quince (fojas 233 y 243), la Segunda Secretaria de Acuerdos, manifestó su imposibilidad para notificar a las quejosas de la práctica de las citadas diligencias a su cargo, por lo que el juez de la causa señalo como nueva fecha para su desahogo las once horas del veintiséis de noviembre pasado. 8.- En cumplimiento a lo anterior la Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, notificó a las quejosas mediante citatorios de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, de la práctica de las diligencias de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo para el veintiséis de noviembre pasado, haciéndoles de su conocimiento que en caso de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a la medida de apremio establecida en el artículo 49, fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, documentos que fueron recibidos por su familiar (fojas 249 a 252). 9.- El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Juez responsable hizo constar la inasistencia de la agraviada y de las testigos de cargo, (quejosas en el presente juicio de amparo), a las diligencias a su cargo (foja 257), y mediante proveído de siete de diciembre pasado (foja 258) al no haber comparecido sin causa legítima, con apoyo en el artículo 49 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, les hizo efectivo el apercibimiento dictado en diverso proveído, y ordenó su presentación mediante el auxilio de la fuerza pública, girando oficio al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Barrios Históricos para su cumplimiento (foja 269). SÉPTIMO. Precisados los antecedentes del caso, se procede al análisis de los conceptos de violación. Las quejosas señalan que el acto reclamado transgrede en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica que a su favor tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: a) porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no exponer los hechos o circunstancias especiales que tomó en consideración para pronunciarse en el sentido que lo hizo, asimismo que la notificación del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, por el cual se solicitaba su presencia para el desahogo de unas diligencias de carácter penal a su cargo, no fue realizada directamente con ellas. Es infundado el argumento propuesto, en atención a lo siguiente. En efecto, contrariamente a lo sostenido por las quejosas, a juicio de este órgano federal, la orden de presentación emitida en su contra, no vulnera en su perjuicio los derechos que consignan a su favor, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 constitucional, contiene el principio de legalidad que consiste en que la autoridad tiene como obligación ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; así, al expedir cualquier mandamiento o resolución que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones; ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica. En tanto que el artículo 16 constitucional regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Ahora bien, de una interpretación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, para que la aplicación de las medidas de apremio sea legal, como mínimo deben de cumplir previo a su ejecución con las siguientes formalidades: a) La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. b) Que deba ser cumplida por el quejoso, y c) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 20/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, del Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Cierto, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado el artículo 17 constitucional, faculta a las legislaturas locales para establecer en las leyes que expiden, las medidas de apremio necesarias de que dispondrán las autoridades jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de que la administración de la justicia sea pronta y expedita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 21/96, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de la justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate." En este punto, es importante abordar lo dispuesto por los artículos 36° y 49° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, que textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 36.- Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el Tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. Cuando se trate de personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer, las autoridades se trasladarán al lugar donde se encuentren aquellas. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o el domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, si se trata de altos funcionarios de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que aquellos opten por comparecer ante la autoridad". "Artículo 49.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio consistentes en: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. La multa será por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo vigente en el lugar y momento en que se realizó la conducta que motiva el apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no podrá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados, de un día de ingreso. Las autoridades que presidan las diligencias tienen el deber de mantener el orden y exigir el respeto debido a ellas y a los demás participantes y asistentes. Para ello podrán aplicar como correcciones disciplinarias las mismas medidas previstas en el párrafo anterior, más la suspensión en el caso de servidores públicos, con la duración prevista en la legislación sobre responsabilidades de éstos". En ese orden de ideas, los numerales transcritos en esencia disponen que todas las personas están obligadas a comparecer ante la autoridad ministerial o judicial cuando sean legalmente requeridas en virtud de una averiguación previa o proceso penal, y para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio, consistentes en multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, de los antecedentes antes destacados derivados de la causa penal aludida, se aprecia que en contraposición a lo alegado por las quejosas, la orden de presentación por medio del auxilio de la fuerza pública impugnada si cumple con las formalidades antes precisadas. En relación a las formalidades indicadas en los incisos a) y b), porque tuvo su origen en el diverso acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, en el que se apercibió a la agraviada y testigos de cargo, aquí quejosas que de no comparecer el día y hora señalados para el desahogo de la ampliación de interrogatorio y careos a su cargo (once horas del veintiséis de noviembre de dos mil quince), se harían acreedoras a una medida de apremio, consistente en hacerlas comparecer con el auxilio de la fuerza pública, prevista en el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal vigente. Asimismo, por lo que hace a la formalidad precisada en el inciso c), de las constancias que integran la causa penal de origen, se aprecia que existió una comunicación oportuna a la agraviada y testigos de cargo aquí quejosas, mediante diligencia realizada por la segunda secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en su domicilio ubicado en cerrada Eduardo Mendoza, número 28, colonia Centro de esta ciudad, diligencia que entendió con Marco Antonio Solano Gutiérrez, quien dijo ser tío de Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano y hermano de Cira Solano Gutiérrez (foja 252); persona a quien la fedataria pública le hizo saber el motivo de su visita, por lo que una vez identificada solicito la presencia de las quejosas, a lo que dicha persona contesto que efectivamente en el domicilio mencionado habitan las mismas pero que en ese momento no se encontraban, por lo cual procedió a dejar los citatorios (fojas 249 a 251) correspondientes en los cuales se señalaba la hora y fecha de su comparecencia, así como la autoridad ante la que debía presentarse, el proceso penal en el que se ordenaron las diligencias a su cargo, así como el apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a una medida de apremio consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal en vigor, persona a quien le entregó la comunicación correspondiente, asentándose el motivo por el cual se negó a firmar, todo lo cual quedó asentado en la respectiva razón actuarial; de manera que dicha notificación cumple con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Código Procesal Penal para el Estado de Guerrero en vigor, que en lo conducente establecen: "Artículo 38.- Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente, y contendrán: I.- Identificación de la persona citada; II.- Designación de la autoridad ante la que ésta debe presentarse; III.- Acto que se requiere de ella; IV.- Día y hora señalados para la actuación que se notifica; V.- Medio de apremio que se utilizará; y VI.- Firma del funcionario que ordena la cita y de quien la práctica. Estas prevenciones se tendrán en cuenta, según sea procedente, en las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan personalmente". "ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se obtendrá recibo o se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta; para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de los testigos que den fe del acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar señalado hubiere persona que pueda entregarle la comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando el acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella digital quien reciba la cédula. Si no se encontrara el destinatario, ni persona a quien entregar la cédula, o el ocupante del lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación indicando donde se encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la diligencia a fin de que aquélla disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al destinatario de la comunicación, se podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las circunstancias. Las comunicaciones dirigidas a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a servidores públicos, se cursarán por conducto de los respectivos superiores jerárquicos, a no ser que el éxito de la tramitación requiera otra cosa. Si la persona que deba ser comunicada se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial, ésta se realizará en los términos previstos en el Capítulo IV del Título II de este Código. No producirá efectos ninguna comunicación practicada en forma distinta de la prevista en los párrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre sabedor del acto que se pretende comunicar. El funcionario encargado de hacer la comunicación informará a la autoridad que la ordenó acerca del resultado de la diligencia. Incurrirá en responsabilidad si no observa las estipulaciones contenidas en este precepto". No es óbice a lo anterior lo manifestado por las quejosas en el sentido de que la notificación no fue realizada directamente con ellas, en razón de que estaban fuera de la ciudad, lo anterior se desvirtúa en virtud de que como lo estableció el juez de la causa mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil quince (foja 266), aun cuando exhibieron las documentales consistentes en seis boletos de autobús, para justificar su inasistencia a las diligencias de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, de la razón actuarial de fecha veintitrés de noviembre pasado, no se advierte que la persona que con quien se entendió dicha diligencia, haya manifestado que la agraviada y testigos de cargo (aquí quejosas) se encontraban fuera de la ciudad, para que en ese caso la fedataria pública, diera cuenta al juez de la causa con dicha manifestación y así poder proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero en vigor, por lo tanto se dejó subsistente el apercibimiento decretado en proveído inmediato anterior. Máxime que las quejosas no realizaron manifestación alguna respecto al contenido del citatorio y razón actuarial de mérito, no obstante que se les dio vista con el informe justificado y constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo al mismo. Por tanto, la medida de apremio impugnada contrario a lo alegado por las quejosas, se hizo efectiva en uso de la facultad que la ley le otorga al juez responsable para hacer cumplir sus determinaciones; aunado a que la orden de presentación mediante el auxilio de la fuerza pública de que se trata, se impuso como una medida obligada por la responsable, a fin de darle continuidad al proceso penal, lo que se traduce en un derecho de orden público, en tanto, conlleva a la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, que las ahora inconformes con su actitud contumaz están impidiendo, dado que no permite el desahogo de las pruebas ofrecidas por la procesada en la causa penal 2/2015-II, en contravención con el artículo 17 constitucional. En esa tesitura, al resultar infundado el concepto de violación examinado y no advertir motivo para suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitaron Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, respecto del acto precisado en el considerando segundo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 98/2016, respecto del acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, contra el acto precisado en el considerado segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARCELA GARCIA MOLINA, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE3 DICE... VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 98/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el tres de febrero de dos mil dieciséis, en el Buzón Judicial y sellado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad el cuatro siguiente y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: 1. Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2. Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares Residentes en esta ciudad. Ejecutoras: 3.- Comandante de la Policía Municipal o Preventiva. 4.- Comandante Regional de la Policía Ministerial Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La ilegal orden de detención girada en nuestra contra por las autoridades ordenadoras y que las autoridades señaladas como ejecutoras pretenden llevar a cabo". SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de correspondencia bajo el número 98/2016, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social del fuero común adscrito al juzgado de origen la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron como inexistentes a las autoridades denominadas Comandante de la Policía Municipal o Preventiva y Comandante Regional de la Policía Ministerial, ambas con residencia en esta ciudad, ordenando suspender las subsecuentes notificaciones a las mismas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto restrictivo de la libertad atribuible a autoridades de naturaleza judicial, que puede tener ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de presentación por medio de la fuerza pública, girada en proveído de siete de diciembre de dos quince, dentro de la causa penal 2/2015, instruida en contra de Marcela García Molina por el delito de lesiones en agravio de Natalia Iris Farías Solano, y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho juzgado, no obstante que al rendir su informe justificado (foja 22) lo hayan negado; lo anterior en razón de que las manifestaciones que realizan con posterioridad, así como de las constancias que integran la causa penal 2/2015, que remitió como justificación a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se aprecia que mediante proveído de fecha siete de diciembre de dos mil quince (foja 258), ordenó la presentación por medio de la fuerza pública de la agraviada y testigos de cargo, (parte quejosa en el presente juicio de amparo), ante su inasistencia al desahogo de la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, de las manifestaciones que hizo valer la tercera interesada mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se obtiene que pretende hacer valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, a virtud de que dice, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional es inexistente; lo que se estima infundado, en virtud de que de las constancias que integran la causa penal 2/2015, se aprecia que ante la inasistencia de las quejosas a la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo, el juez responsable mediante proveído de siete de diciembre pasado, ordeno la presentación de las mismas, para el desahogo de las pruebas aludidas, por medio de la fuerza pública. QUINTO. Siguiendo con el análisis de las causas de improcedencia, este juzgador oficiosamente advierte que en relación con la autoridad Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro de la causa penal de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Previo a abordar el estudio del concepto de violación, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al acuerdo reclamado en esta vía, los cuales se deducen de la causa penal 2/2015, remitida en copia certificada por el juez responsable, valorada en el considerando tercero. 1.- Mediante comparecencia de diecinueve de abril de dos mil catorce, Natalia Iris Farías Solano, presento querella en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones, cometido en su agravio (foja 31) 2.- Con motivo de la querella la Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil catorce, dio inicio a la averiguación previa radicada con el número TAB/CAZ/02/0249/2014, y ordenó practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 31, 32 y 33). 3.- El veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, (Titular Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, consignó mediante pedimento penal 311/2014, la averiguación previa TAB/CAZ/02/0249/2014, sin detenido, ante el Juez de Paz en Materia Penal en turno del Distrito Judicial de Tabares, ejerciendo acción penal en contra de Marcela García Molina, por el delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 24 a 30). 4.- Mediante proveído de doce de enero de dos mil quince, el Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, radicó la citada averiguación previa con el número de causa penal 2/2015-II, asimismo el tres de febrero pasado libro orden de aprehensión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 62 a 74). 5.- El doce de marzo de dos mil quince, el juez de la causa dicto auto de formal prisión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 127 a 149). 6.- Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, el defensor particular de la procesada Marcela García Molina ofreció diversas pruebas, entre las que se destacan la ampliación de interrogatorio con cargo a la agraviada Natalia Iris Farías Solano y las testigos de cargo Violeta Adriana Farías Solano y Cira Solano Gutiérrez así como los careos procesales entre dichas partes con la testigo de descargo Lucia de la Cruz Apreza, admitiendo el juez de la causa las citadas pruebas mediante proveído de veintitrés de junio pasado (fojas 212 a 218) y señalando las once horas del seis de agosto pasado para su desahogo. 7.- Mediante razones de actuariales de fechas once de agosto y diecinueve de octubre de dos mil quince (fojas 233 y 243), la Segunda Secretaria de Acuerdos, manifestó su imposibilidad para notificar a las quejosas de la práctica de las citadas diligencias a su cargo, por lo que el juez de la causa señalo como nueva fecha para su desahogo las once horas del veintiséis de noviembre pasado. 8.- En cumplimiento a lo anterior la Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, notificó a las quejosas mediante citatorios de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, de la práctica de las diligencias de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo para el veintiséis de noviembre pasado, haciéndoles de su conocimiento que en caso de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a la medida de apremio establecida en el artículo 49, fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, documentos que fueron recibidos por su familiar (fojas 249 a 252). 9.- El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Juez responsable hizo constar la inasistencia de la agraviada y de las testigos de cargo, (quejosas en el presente juicio de amparo), a las diligencias a su cargo (foja 257), y mediante proveído de siete de diciembre pasado (foja 258) al no haber comparecido sin causa legítima, con apoyo en el artículo 49 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, les hizo efectivo el apercibimiento dictado en diverso proveído, y ordenó su presentación mediante el auxilio de la fuerza pública, girando oficio al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Barrios Históricos para su cumplimiento (foja 269). SÉPTIMO. Precisados los antecedentes del caso, se procede al análisis de los conceptos de violación. Las quejosas señalan que el acto reclamado transgrede en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica que a su favor tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: a) porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no exponer los hechos o circunstancias especiales que tomó en consideración para pronunciarse en el sentido que lo hizo, asimismo que la notificación del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, por el cual se solicitaba su presencia para el desahogo de unas diligencias de carácter penal a su cargo, no fue realizada directamente con ellas. Es infundado el argumento propuesto, en atención a lo siguiente. En efecto, contrariamente a lo sostenido por las quejosas, a juicio de este órgano federal, la orden de presentación emitida en su contra, no vulnera en su perjuicio los derechos que consignan a su favor, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 constitucional, contiene el principio de legalidad que consiste en que la autoridad tiene como obligación ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; así, al expedir cualquier mandamiento o resolución que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones; ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica. En tanto que el artículo 16 constitucional regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Ahora bien, de una interpretación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, para que la aplicación de las medidas de apremio sea legal, como mínimo deben de cumplir previo a su ejecución con las siguientes formalidades: a) La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. b) Que deba ser cumplida por el quejoso, y c) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 20/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, del Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Cierto, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado el artículo 17 constitucional, faculta a las legislaturas locales para establecer en las leyes que expiden, las medidas de apremio necesarias de que dispondrán las autoridades jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de que la administración de la justicia sea pronta y expedita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 21/96, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de la justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate." En este punto, es importante abordar lo dispuesto por los artículos 36° y 49° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, que textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 36.- Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el Tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. Cuando se trate de personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer, las autoridades se trasladarán al lugar donde se encuentren aquellas. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o el domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, si se trata de altos funcionarios de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que aquellos opten por comparecer ante la autoridad". "Artículo 49.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio consistentes en: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. La multa será por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo vigente en el lugar y momento en que se realizó la conducta que motiva el apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no podrá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados, de un día de ingreso. Las autoridades que presidan las diligencias tienen el deber de mantener el orden y exigir el respeto debido a ellas y a los demás participantes y asistentes. Para ello podrán aplicar como correcciones disciplinarias las mismas medidas previstas en el párrafo anterior, más la suspensión en el caso de servidores públicos, con la duración prevista en la legislación sobre responsabilidades de éstos". En ese orden de ideas, los numerales transcritos en esencia disponen que todas las personas están obligadas a comparecer ante la autoridad ministerial o judicial cuando sean legalmente requeridas en virtud de una averiguación previa o proceso penal, y para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio, consistentes en multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, de los antecedentes antes destacados derivados de la causa penal aludida, se aprecia que en contraposición a lo alegado por las quejosas, la orden de presentación por medio del auxilio de la fuerza pública impugnada si cumple con las formalidades antes precisadas. En relación a las formalidades indicadas en los incisos a) y b), porque tuvo su origen en el diverso acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, en el que se apercibió a la agraviada y testigos de cargo, aquí quejosas que de no comparecer el día y hora señalados para el desahogo de la ampliación de interrogatorio y careos a su cargo (once horas del veintiséis de noviembre de dos mil quince), se harían acreedoras a una medida de apremio, consistente en hacerlas comparecer con el auxilio de la fuerza pública, prevista en el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal vigente. Asimismo, por lo que hace a la formalidad precisada en el inciso c), de las constancias que integran la causa penal de origen, se aprecia que existió una comunicación oportuna a la agraviada y testigos de cargo aquí quejosas, mediante diligencia realizada por la segunda secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en su domicilio ubicado en cerrada Eduardo Mendoza, número 28, colonia Centro de esta ciudad, diligencia que entendió con Marco Antonio Solano Gutiérrez, quien dijo ser tío de Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano y hermano de Cira Solano Gutiérrez (foja 252); persona a quien la fedataria pública le hizo saber el motivo de su visita, por lo que una vez identificada solicito la presencia de las quejosas, a lo que dicha persona contesto que efectivamente en el domicilio mencionado habitan las mismas pero que en ese momento no se encontraban, por lo cual procedió a dejar los citatorios (fojas 249 a 251) correspondientes en los cuales se señalaba la hora y fecha de su comparecencia, así como la autoridad ante la que debía presentarse, el proceso penal en el que se ordenaron las diligencias a su cargo, así como el apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a una medida de apremio consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal en vigor, persona a quien le entregó la comunicación correspondiente, asentándose el motivo por el cual se negó a firmar, todo lo cual quedó asentado en la respectiva razón actuarial; de manera que dicha notificación cumple con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Código Procesal Penal para el Estado de Guerrero en vigor, que en lo conducente establecen: "Artículo 38.- Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente, y contendrán: I.- Identificación de la persona citada; II.- Designación de la autoridad ante la que ésta debe presentarse; III.- Acto que se requiere de ella; IV.- Día y hora señalados para la actuación que se notifica; V.- Medio de apremio que se utilizará; y VI.- Firma del funcionario que ordena la cita y de quien la práctica. Estas prevenciones se tendrán en cuenta, según sea procedente, en las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan personalmente". "ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se obtendrá recibo o se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta; para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de los testigos que den fe del acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar señalado hubiere persona que pueda entregarle la comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando el acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella digital quien reciba la cédula. Si no se encontrara el destinatario, ni persona a quien entregar la cédula, o el ocupante del lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación indicando donde se encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la diligencia a fin de que aquélla disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al destinatario de la comunicación, se podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las circunstancias. Las comunicaciones dirigidas a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a servidores públicos, se cursarán por conducto de los respectivos superiores jerárquicos, a no ser que el éxito de la tramitación requiera otra cosa. Si la persona que deba ser comunicada se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial, ésta se realizará en los términos previstos en el Capítulo IV del Título II de este Código. No producirá efectos ninguna comunicación practicada en forma distinta de la prevista en los párrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre sabedor del acto que se pretende comunicar. El funcionario encargado de hacer la comunicación informará a la autoridad que la ordenó acerca del resultado de la diligencia. Incurrirá en responsabilidad si no observa las estipulaciones contenidas en este precepto". No es óbice a lo anterior lo manifestado por las quejosas en el sentido de que la notificación no fue realizada directamente con ellas, en razón de que estaban fuera de la ciudad, lo anterior se desvirtúa en virtud de que como lo estableció el juez de la causa mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil quince (foja 266), aun cuando exhibieron las documentales consistentes en seis boletos de autobús, para justificar su inasistencia a las diligencias de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, de la razón actuarial de fecha veintitrés de noviembre pasado, no se advierte que la persona que con quien se entendió dicha diligencia, haya manifestado que la agraviada y testigos de cargo (aquí quejosas) se encontraban fuera de la ciudad, para que en ese caso la fedataria pública, diera cuenta al juez de la causa con dicha manifestación y así poder proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero en vigor, por lo tanto se dejó subsistente el apercibimiento decretado en proveído inmediato anterior. Máxime que las quejosas no realizaron manifestación alguna respecto al contenido del citatorio y razón actuarial de mérito, no obstante que se les dio vista con el informe justificado y constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo al mismo. Por tanto, la medida de apremio impugnada contrario a lo alegado por las quejosas, se hizo efectiva en uso de la facultad que la ley le otorga al juez responsable para hacer cumplir sus determinaciones; aunado a que la orden de presentación mediante el auxilio de la fuerza pública de que se trata, se impuso como una medida obligada por la responsable, a fin de darle continuidad al proceso penal, lo que se traduce en un derecho de orden público, en tanto, conlleva a la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, que las ahora inconformes con su actitud contumaz están impidiendo, dado que no permite el desahogo de las pruebas ofrecidas por la procesada en la causa penal 2/2015-II, en contravención con el artículo 17 constitucional. En esa tesitura, al resultar infundado el concepto de violación examinado y no advertir motivo para suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitaron Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, respecto del acto precisado en el considerando segundo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 98/2016, respecto del acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, contra el acto precisado en el considerado segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA CIRA SOLANO GUTIERREZ, NATALIA IRIS FARIAS Y VIOLETA ADRIANA FARIAS SOLANO, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, MISMA QUE3 DICE... VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 98/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito depositado el tres de febrero de dos mil dieciséis, en el Buzón Judicial y sellado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad el cuatro siguiente y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: 1. Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. 2. Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares Residentes en esta ciudad. Ejecutoras: 3.- Comandante de la Policía Municipal o Preventiva. 4.- Comandante Regional de la Policía Ministerial Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La ilegal orden de detención girada en nuestra contra por las autoridades ordenadoras y que las autoridades señaladas como ejecutoras pretenden llevar a cabo". SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de correspondencia bajo el número 98/2016, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social del fuero común adscrito al juzgado de origen la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a la tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, se tuvieron como inexistentes a las autoridades denominadas Comandante de la Policía Municipal o Preventiva y Comandante Regional de la Policía Ministerial, ambas con residencia en esta ciudad, ordenando suspender las subsecuentes notificaciones a las mismas. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 107, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto restrictivo de la libertad atribuible a autoridades de naturaleza judicial, que puede tener ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de presentación por medio de la fuerza pública, girada en proveído de siete de diciembre de dos quince, dentro de la causa penal 2/2015, instruida en contra de Marcela García Molina por el delito de lesiones en agravio de Natalia Iris Farías Solano, y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y Secretaria de Acuerdos adscrita a dicho juzgado, no obstante que al rendir su informe justificado (foja 22) lo hayan negado; lo anterior en razón de que las manifestaciones que realizan con posterioridad, así como de las constancias que integran la causa penal 2/2015, que remitió como justificación a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; se aprecia que mediante proveído de fecha siete de diciembre de dos mil quince (foja 258), ordenó la presentación por medio de la fuerza pública de la agraviada y testigos de cargo, (parte quejosa en el presente juicio de amparo), ante su inasistencia al desahogo de la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo. CUARTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, de las manifestaciones que hizo valer la tercera interesada mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se obtiene que pretende hacer valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, a virtud de que dice, el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional es inexistente; lo que se estima infundado, en virtud de que de las constancias que integran la causa penal 2/2015, se aprecia que ante la inasistencia de las quejosas a la diligencia de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo, el juez responsable mediante proveído de siete de diciembre pasado, ordeno la presentación de las mismas, para el desahogo de las pruebas aludidas, por medio de la fuerza pública. QUINTO. Siguiendo con el análisis de las causas de improcedencia, este juzgador oficiosamente advierte que en relación con la autoridad Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El primero de los preceptos mencionados establece que el juicio de amparo es improcedente además cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo; por su parte el segundo, que tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esa tesitura, el juicio promovido contra la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, es improcedente, habida cuenta que para los efectos del presente juicio de amparo, dicha funcionaria no tiene el carácter de autoridad, dado que la función que jurídicamente realiza se constriñe a autorizar y dar fe de lo actuado por el Juez responsable, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. En efecto, no obstante que el aludido funcionario encuentra en una norma legal (artículos 52 y 59, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129) el sustento de sus intervenciones en el juicio de origen, en el caso concreto, la conducta de la responsable de referencia dentro de la causa penal de origen consistió únicamente en dar fe de los acuerdos emitidos por la Titular del Juzgado de su adscripción; de ahí que su actuación no se derive el despliegue de conducta alguna por virtud de la cual haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, ni mucho menos la afectación a la esfera legal de la parte quejosa; por ende, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de ese acto no deriva alguna facultad de decisión o determinación con la que sí cuenta el Juzgador al emitir sus determinaciones, ni tampoco una relación de supra a subordinación. En esa circunstancia, se actualiza la causa de improcedencia invocada y por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente por lo que respecta al acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia I.2o.P. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." SEXTO. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Previo a abordar el estudio del concepto de violación, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al acuerdo reclamado en esta vía, los cuales se deducen de la causa penal 2/2015, remitida en copia certificada por el juez responsable, valorada en el considerando tercero. 1.- Mediante comparecencia de diecinueve de abril de dos mil catorce, Natalia Iris Farías Solano, presento querella en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones, cometido en su agravio (foja 31) 2.- Con motivo de la querella la Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil catorce, dio inicio a la averiguación previa radicada con el número TAB/CAZ/02/0249/2014, y ordenó practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos (fojas 31, 32 y 33). 3.- El veintinueve de diciembre de dos mil quince, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, (Titular Sector Costa Azul) del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, consignó mediante pedimento penal 311/2014, la averiguación previa TAB/CAZ/02/0249/2014, sin detenido, ante el Juez de Paz en Materia Penal en turno del Distrito Judicial de Tabares, ejerciendo acción penal en contra de Marcela García Molina, por el delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 24 a 30). 4.- Mediante proveído de doce de enero de dos mil quince, el Juez Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, radicó la citada averiguación previa con el número de causa penal 2/2015-II, asimismo el tres de febrero pasado libro orden de aprehensión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 62 a 74). 5.- El doce de marzo de dos mil quince, el juez de la causa dicto auto de formal prisión en contra de Marcela García Molina, como probable responsable del delito de lesiones, en agravio de Natalia Iris Farías Solano (fojas 127 a 149). 6.- Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, el defensor particular de la procesada Marcela García Molina ofreció diversas pruebas, entre las que se destacan la ampliación de interrogatorio con cargo a la agraviada Natalia Iris Farías Solano y las testigos de cargo Violeta Adriana Farías Solano y Cira Solano Gutiérrez así como los careos procesales entre dichas partes con la testigo de descargo Lucia de la Cruz Apreza, admitiendo el juez de la causa las citadas pruebas mediante proveído de veintitrés de junio pasado (fojas 212 a 218) y señalando las once horas del seis de agosto pasado para su desahogo. 7.- Mediante razones de actuariales de fechas once de agosto y diecinueve de octubre de dos mil quince (fojas 233 y 243), la Segunda Secretaria de Acuerdos, manifestó su imposibilidad para notificar a las quejosas de la práctica de las citadas diligencias a su cargo, por lo que el juez de la causa señalo como nueva fecha para su desahogo las once horas del veintiséis de noviembre pasado. 8.- En cumplimiento a lo anterior la Segunda Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, notificó a las quejosas mediante citatorios de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, de la práctica de las diligencias de ampliación de interrogatorio y careos procesales a su cargo para el veintiséis de noviembre pasado, haciéndoles de su conocimiento que en caso de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a la medida de apremio establecida en el artículo 49, fracción II del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, documentos que fueron recibidos por su familiar (fojas 249 a 252). 9.- El veintiséis de noviembre de dos mil quince, el Juez responsable hizo constar la inasistencia de la agraviada y de las testigos de cargo, (quejosas en el presente juicio de amparo), a las diligencias a su cargo (foja 257), y mediante proveído de siete de diciembre pasado (foja 258) al no haber comparecido sin causa legítima, con apoyo en el artículo 49 fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, les hizo efectivo el apercibimiento dictado en diverso proveído, y ordenó su presentación mediante el auxilio de la fuerza pública, girando oficio al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, adscrito al Sector Barrios Históricos para su cumplimiento (foja 269). SÉPTIMO. Precisados los antecedentes del caso, se procede al análisis de los conceptos de violación. Las quejosas señalan que el acto reclamado transgrede en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica que a su favor tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: a) porque no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no exponer los hechos o circunstancias especiales que tomó en consideración para pronunciarse en el sentido que lo hizo, asimismo que la notificación del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, por el cual se solicitaba su presencia para el desahogo de unas diligencias de carácter penal a su cargo, no fue realizada directamente con ellas. Es infundado el argumento propuesto, en atención a lo siguiente. En efecto, contrariamente a lo sostenido por las quejosas, a juicio de este órgano federal, la orden de presentación emitida en su contra, no vulnera en su perjuicio los derechos que consignan a su favor, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 constitucional, contiene el principio de legalidad que consiste en que la autoridad tiene como obligación ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; así, al expedir cualquier mandamiento o resolución que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones; ello, con la finalidad de que el gobernado esté cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica. En tanto que el artículo 16 constitucional regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Ahora bien, de una interpretación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, para que la aplicación de las medidas de apremio sea legal, como mínimo deben de cumplir previo a su ejecución con las siguientes formalidades: a) La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. b) Que deba ser cumplida por el quejoso, y c) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 20/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 122, del Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Cierto, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado el artículo 17 constitucional, faculta a las legislaturas locales para establecer en las leyes que expiden, las medidas de apremio necesarias de que dispondrán las autoridades jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de que la administración de la justicia sea pronta y expedita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 21/96, correspondiente a la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de la justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate." En este punto, es importante abordar lo dispuesto por los artículos 36° y 49° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero número 357, que textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 36.- Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el Tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. Cuando se trate de personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer, las autoridades se trasladarán al lugar donde se encuentren aquellas. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o el domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, si se trata de altos funcionarios de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que aquellos opten por comparecer ante la autoridad". "Artículo 49.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio consistentes en: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública; y III. Arresto hasta por treinta y seis horas. La multa será por el equivalente a entre uno y treinta días de salario mínimo vigente en el lugar y momento en que se realizó la conducta que motiva el apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores, la multa no podrá exceder de un día de salario, y en el caso de no asalariados, de un día de ingreso. Las autoridades que presidan las diligencias tienen el deber de mantener el orden y exigir el respeto debido a ellas y a los demás participantes y asistentes. Para ello podrán aplicar como correcciones disciplinarias las mismas medidas previstas en el párrafo anterior, más la suspensión en el caso de servidores públicos, con la duración prevista en la legislación sobre responsabilidades de éstos". En ese orden de ideas, los numerales transcritos en esencia disponen que todas las personas están obligadas a comparecer ante la autoridad ministerial o judicial cuando sean legalmente requeridas en virtud de una averiguación previa o proceso penal, y para hacer cumplir sus determinaciones, el Ministerio Público, en la averiguación previa, y los tribunales, en el proceso, pueden recurrir a medidas de apremio, consistentes en multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, de los antecedentes antes destacados derivados de la causa penal aludida, se aprecia que en contraposición a lo alegado por las quejosas, la orden de presentación por medio del auxilio de la fuerza pública impugnada si cumple con las formalidades antes precisadas. En relación a las formalidades indicadas en los incisos a) y b), porque tuvo su origen en el diverso acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, en el que se apercibió a la agraviada y testigos de cargo, aquí quejosas que de no comparecer el día y hora señalados para el desahogo de la ampliación de interrogatorio y careos a su cargo (once horas del veintiséis de noviembre de dos mil quince), se harían acreedoras a una medida de apremio, consistente en hacerlas comparecer con el auxilio de la fuerza pública, prevista en el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal vigente. Asimismo, por lo que hace a la formalidad precisada en el inciso c), de las constancias que integran la causa penal de origen, se aprecia que existió una comunicación oportuna a la agraviada y testigos de cargo aquí quejosas, mediante diligencia realizada por la segunda secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado responsable el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en su domicilio ubicado en cerrada Eduardo Mendoza, número 28, colonia Centro de esta ciudad, diligencia que entendió con Marco Antonio Solano Gutiérrez, quien dijo ser tío de Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano y hermano de Cira Solano Gutiérrez (foja 252); persona a quien la fedataria pública le hizo saber el motivo de su visita, por lo que una vez identificada solicito la presencia de las quejosas, a lo que dicha persona contesto que efectivamente en el domicilio mencionado habitan las mismas pero que en ese momento no se encontraban, por lo cual procedió a dejar los citatorios (fojas 249 a 251) correspondientes en los cuales se señalaba la hora y fecha de su comparecencia, así como la autoridad ante la que debía presentarse, el proceso penal en el que se ordenaron las diligencias a su cargo, así como el apercibimiento que de no comparecer sin causa justificada se harían acreedoras a una medida de apremio consistente en hacerlas comparecer mediante el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción II, del Código Procesal Penal en vigor, persona a quien le entregó la comunicación correspondiente, asentándose el motivo por el cual se negó a firmar, todo lo cual quedó asentado en la respectiva razón actuarial; de manera que dicha notificación cumple con lo dispuesto en los artículos 38 y 40 del Código Procesal Penal para el Estado de Guerrero en vigor, que en lo conducente establecen: "Artículo 38.- Las citaciones se notificarán con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al momento en que deba tener verificativo el acto correspondiente, y contendrán: I.- Identificación de la persona citada; II.- Designación de la autoridad ante la que ésta debe presentarse; III.- Acto que se requiere de ella; IV.- Día y hora señalados para la actuación que se notifica; V.- Medio de apremio que se utilizará; y VI.- Firma del funcionario que ordena la cita y de quien la práctica. Estas prevenciones se tendrán en cuenta, según sea procedente, en las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se hagan personalmente". "ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se obtendrá recibo o se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado enterado de ésta; para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de los testigos que den fe del acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar señalado hubiere persona que pueda entregarle la comunicación, se entenderá con ésta la diligencia, levantando el acta correspondiente, en la que firmará o pondrá su huella digital quien reciba la cédula. Si no se encontrara el destinatario, ni persona a quien entregar la cédula, o el ocupante del lugar desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se hará saber así a la autoridad que ordenó la comunicación indicando donde se encuentra y cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la diligencia a fin de que aquélla disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al destinatario de la comunicación, se podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en un diario de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las circunstancias. Las comunicaciones dirigidas a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a servidores públicos, se cursarán por conducto de los respectivos superiores jerárquicos, a no ser que el éxito de la tramitación requiera otra cosa. Si la persona que deba ser comunicada se encuentra fuera del ámbito de competencia territorial del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial, ésta se realizará en los términos previstos en el Capítulo IV del Título II de este Código. No producirá efectos ninguna comunicación practicada en forma distinta de la prevista en los párrafos anteriores, salvo que el destinatario se muestre sabedor del acto que se pretende comunicar. El funcionario encargado de hacer la comunicación informará a la autoridad que la ordenó acerca del resultado de la diligencia. Incurrirá en responsabilidad si no observa las estipulaciones contenidas en este precepto". No es óbice a lo anterior lo manifestado por las quejosas en el sentido de que la notificación no fue realizada directamente con ellas, en razón de que estaban fuera de la ciudad, lo anterior se desvirtúa en virtud de que como lo estableció el juez de la causa mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil quince (foja 266), aun cuando exhibieron las documentales consistentes en seis boletos de autobús, para justificar su inasistencia a las diligencias de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, de la razón actuarial de fecha veintitrés de noviembre pasado, no se advierte que la persona que con quien se entendió dicha diligencia, haya manifestado que la agraviada y testigos de cargo (aquí quejosas) se encontraban fuera de la ciudad, para que en ese caso la fedataria pública, diera cuenta al juez de la causa con dicha manifestación y así poder proceder conforme a lo dispuesto por el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero en vigor, por lo tanto se dejó subsistente el apercibimiento decretado en proveído inmediato anterior. Máxime que las quejosas no realizaron manifestación alguna respecto al contenido del citatorio y razón actuarial de mérito, no obstante que se les dio vista con el informe justificado y constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo al mismo. Por tanto, la medida de apremio impugnada contrario a lo alegado por las quejosas, se hizo efectiva en uso de la facultad que la ley le otorga al juez responsable para hacer cumplir sus determinaciones; aunado a que la orden de presentación mediante el auxilio de la fuerza pública de que se trata, se impuso como una medida obligada por la responsable, a fin de darle continuidad al proceso penal, lo que se traduce en un derecho de orden público, en tanto, conlleva a la prosecución de un procedimiento jurisdiccional, que las ahora inconformes con su actitud contumaz están impidiendo, dado que no permite el desahogo de las pruebas ofrecidas por la procesada en la causa penal 2/2015-II, en contravención con el artículo 17 constitucional. En esa tesitura, al resultar infundado el concepto de violación examinado y no advertir motivo para suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitaron Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, respecto del acto precisado en el considerando segundo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 98/2016, respecto del acto atribuido a la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cira Solano Gutiérrez, Natalia Iris y Violeta Adriana ambas de apellidos Farías Solano, contra el acto precisado en el considerado segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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