Cira Sifuentes Rivera

Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
290/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Cira Sifuentes Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 290/2021-I-2, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******, misma que, por razón de turno, se remitió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, ese mismo día. En el escrito inicial y ocurso aclaratorio la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, a quienes reclamó: En ese sentido el acto reclamado es el siguiente: A).- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LE RECLAMO; la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del acuerdo 016/2020 respecto a las reglas de operación del programa apoyos a personas discapacitadas 2020, publicado el día 29 de enero del 2020 en el periódico oficial del Estado. B).- SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, LE RECLAMO; la ejecución y aplicación de las reglas de operación del programa apoyos a personas discapacitadas. C).- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LE RECLAMO; la ejecución y aplicación de las reglas de operación del programa apoyos a personas discapacitadas. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo ******* y la previno en virtud de las deficiencias que advirtió en la misma. En acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención realizada y admitió a trámite la demanda de mérito, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Mediante proveído de vente de abril de dos mil veintiuno, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, determinó carecer de competencia para seguir conociendo de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo *******, de su índice, en virtud de que, en términos del artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, consideró la existencia de un conocimiento previo de la misma al derivar la propuesta por parte de la quejosa de una ampliación de demanda respecto del juicio *******, del registro de este órgano jurisdiccional. En auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido en este juzgado el juicio de amparo de referencia, el cual se registró bajo el consecutivo 290/2021-I-2 y se admitió a trámite la demanda correspondiente, se consideró innecesaria la solicitud de informes justificados de las responsables pues ya habían sido rendidos y se dio vista con ellos a las partes, así como que se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia administrativa en el que se reclaman normas que con motivo de su aplicación causan perjuicio a la parte quejosa dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: 1. Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicio fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. 2. Del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua y Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, la ejecución y aplicación del acuerdo descrito en el párrafo que antecede. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, por lo que, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Al rendir informe, la autoridad responsable de mérito indicó que no es cierta la ejecución del acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, que la aquí parte quejosa le atribuyó. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En este sumario la parte quejosa no exhibió prueba alguna que demuestre que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, ejecutó o aplicó el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Por el contrario, las actuaciones realizadas por dicha autoridad fueron en representación del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, en uso de las facultades que le confiere el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, no es parte de su ámbito de facultades ejecutar los actos, de conformidad con la fracción IV del artículo 33 del ordenamiento legal en cita. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, aceptó haber emitido el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua aceptó la aplicación del acuerdo referido con anterioridad, al ser quien negó a la quejosa la inscripción al Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020. Por lo que, se tienen por ciertos los actos referidos en el presente considerando. Además, la existencia del acuerdo general reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de un acto general, abstracto e impersonal que no está sujeto a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Quinto. Análisis de las causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que hacen valer una de las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Relativa a que previo a la promoción del amparo no se agotó el principio de definitividad. El Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en aquella ciudad, invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar, de manera sustancial, que la quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo. La autoridad indica que era procedente el juicio contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en los numerales 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La causa de improcedencia alegada es infundada. Con el propósito de evidenciar lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de control constitucional sólo será procedente cuando previamente a su promoción se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. En relación con el principio de definitividad tratándose de amparo contra normas generales, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] Esto es, cuando contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley (acuerdo), a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que, a través de este juicio de amparo se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y generación de un perjuicio en su esfera jurídica será materia del estudio de fondo en el considerando correspondiente. En esas condiciones, la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en aquella ciudad, se considera infundada. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 351, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, séptima época, tomo I, materia constitucional, página 405, registro 900351, del tenor siguiente: LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. II. Relacionada con la cesación de los efectos de los actos reclamados. El Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua indica que el acto que se le reclama dejó de surtir efectos con motivo del sobreseimiento decretado con motivo del desistimiento de las quejosas en el diverso juicio de amparo *******, del índice de este juzgado. Así considera que, cesaron los efectos de los actos que son materia de este juicio dado que tienen su origen y relación directa en el juicio de referencia, por lo que, estima se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. La causa alegada debe de desestimarse, dado que los actos que en esta vía se reclaman no han quedado insubsistentes, es decir, no han sido destruidos en todos sus efectos en forma total e incondicional. A fin de evidenciar la aseveración anterior, conviene la cita de la fracción XXI del cardinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo, y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. El juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, con la concurrencia de los elementos siguientes: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicio fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua; así como su ejecución y aplicación. Dichas reglas no han cesado con motivo del desistimiento que llevó al sobreseimiento del diverso amparo *******, dado que en aquel amparo se reclamaron omisiones que no se contemplan en esta instancia y que no influyen en este juicio. También, la accionante del amparo como acto de aplicación de la norma general en comento reclamó el oficio por el cual el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, ante el requerimiento formulado en el amparo *******, informó que no cumplía con los requisitos para el apoyo económico previsto en las reglas para los discapacitados, por no estar en situación de pobreza. Tal determinación tampoco ha variado, pues al ser un acto negativo es a la autoridad a quien recae la obligación de demostrar que la quejosa ya tiene la ayuda solicitada. Lo que llega a concluir que ni la norma general ha quedado insubsistente, ni el acto de aplicación ha sido modificado en el sentido de otorgar a la solicitante lo pedido, lo que conduce a desestimar que hayan cesado efectos de lo reclamado en este juicio. III. Por cuanto hace al hecho de que los actos reclamados se consideran derivados de consentidos. El Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua indica que el acto que se le reclama deriva de otro consentido, al estimar que si se dictó el sobreseimiento en el diverso juicio de amparo *******, del índice de este juzgado, ante el desistimiento expreso de la demanda, la quejosa aceptó los actos. Tal causa de improcedencia resulta infundada, y para explicar ello conviene tener presente el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217, del mismo ordenamiento legal y con la tesis jurisprudencial número 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 393973, visible a página 12, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que textualmente expresan: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. El juicio de amparo resulta improcedente no sólo cuando se intente en contra de actos consentidos por la parte quejosa de manera expresa o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; sino también cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de aquéllos que la ley reputa como consentidos; para lo cual, es necesario que se reúnan los siguientes elementos: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa y necesaria de la primera resolución; y, b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios; cuestiones las anteriores que se surten efectivamente en la especie. Lo anterior es acorde a la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, Materia Común, que se visible en la página 9, con registro 23201, de rubro y texto: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En el caso, efectivamente la aquí quejosa ******* y su hija *******, presentaron la demanda de amparo, que dio lugar al juicio *******. En aquel expediente de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, Presidente Constitucional de Ciudad Juárez Chihuahua, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte del Gobierno del Estado de Chihuahua, Director General de Desarrollo Social del Municipio de Ciudad Juárez Chihuahua y Delegado Federal de la Secretaría del bienestar en el Estado de Chihuahua, reclamaron: IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable: A todas las autoridades LES RECLAMO: Apoyo económico y alimentario ante la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV2 (COVID-19). En la secuela procesal, la accionante del amparo ******* presentó un escrito en el que, indicó que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, tuvo conocimiento que el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua, señaló que no cubría con los requisitos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Personas con discapacidad por no estar en situación de pobreza, de modo que, con motivo de esa determinación es que pretendió ampliar la demanda por cuanto hace a las referidas reglas. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, en este juzgado se determinó que, aun cuando la parte accionante estimara que los actos inicialmente impugnados y los que proponía (motivo de esta sentencia), guardaban estrecha vinculación, en realidad no la tenían, dado que, la quejosa no reclamó de forma inicial la falta de inscripción en el programa de apoyo económico presentada ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, ni tampoco, la omisión a que esa solicitud fuese contestada. En otras palabras, se estableció que si la petición para el apoyo económico no se reclamó inicialmente, y era inexistente pues acaeció durante la tramitación del juicio de amparo, no podía guardar relación con la respuesta que a esa solicitud dio el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad. Y, que las reglas de operación del programa apoyos a personas discapacitadas dos mil veinte, en las que se basó la autoridad para dar respuesta a su petición de ayuda, no guardaban estrecha relación con los actos inicialmente reclamados, por no ser consecuencia del reclamo inicial, ni lo modificaba o complementaba de modo alguno, pues deriva de dos circunstancias independientes (apoyo económico en general y apoyo económico con motivo de la pandemia que actualmente se vive en el país); de igual forma, se dispuso que la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de una contestación a petición posterior, sino que los actos revisten autonomía. Como se observa, entre el acto y norma reclamados en este juicio y el anterior no existe una relación de causa a efecto; es decir, que el acto aquí reclamado no es consecuencia legal, forzosa o directa y necesaria de los actos primigenios; lo que torna infundada la causa de improcedencia que se hace valer, relativa a que se trate de actos derivados de consentidos. Apoya las anteriores consideraciones lo que, en lo conducente, estatuye la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXXXI, página 922, del siguiente tenor: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta. Sexto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Séptimo. Estudio de fondo de la norma general reclamada. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en contra de las reglas de operación impugnadas son infundados. Como motivo de inconformidad la accionante indica que las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Personas Discapacitadas son inconstitucionales e inconvencionales a la luz del principio de discriminación e igualdad. Asegura que, el artículo 1º Constitucional es imperativo en la prohibición de discriminar con base en las categorías sospechosas relativas al origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Indica que, en el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación en su artículo 24 y, obliga a los Estados parte a respetar y garantizar su observancia en su artículo 1.1, por lo que, no son admisibles tratos discriminatorios en perjuicio de persona alguna. Estima que es un derecho de rango constitucional la entrega de apoyos económicos a personas que tengan discapacidad permanente, en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin exigir que se encuentren en extrema pobreza. Y, que aun cuando la Constitución Federal no impone como requisito estar en condición de pobreza extrema para acceder a los apoyos económicos, sino simplemente tener una discapacidad permanente, lo cierto es que, el Gobierno del Estado de Chihuahua sí lo establece en sus políticas públicas diseñadas en las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020. Así, dice que las políticas públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua no son neutras, porque los criterios para acceder a un apoyo económico a personas discapacitadas son desproporcionales, al exigir a las personas con discapacidad la condición de pobreza extrema. Insiste, que la condición de extrema pobreza no es idónea para alcanzar los fines constitucionales para que las personas con discapacidad permanente accedan a apoyos económicos, ello, al considerar que atendiendo al principio de igualdad todas las personas deben de tener el mismo derecho e idénticas expectativas y posibilidades. Como se ha establecido en párrafos precedentes los motivos de disenso de la agraviada son infundados y a fin de entrar a su estudio es necesario la cita de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 4º. [.] El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. [.] Ahora, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad es el resultado de la interacción entre alguna deficiencia de una persona de tipo físico, mental, intelectual y/o sensorial como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo, entre otras; y obstáculos tales como barreras físicas y actitudes discriminatorias que impiden su participación en la sociedad. Cuantos más obstáculos hay, más discapacidad se genera en una persona. A pesar de que la discapacidad es una cuestión relacionada con factores económicos y sociales -y no individuales-, la Organización de las Naciones Unidas ha estimado que el 70% de las personas con discapacidad, "no tiene acceso o tiene acceso limitado a los servicios que necesitan". Por ende, resulta relevante tener en cuenta que "la obligación de mejorar la situación de las personas con discapacidad recae directamente en cada Estado", siendo que los medios que se elijan para promover la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de este grupo variarán inevitablemente y en gran medida según los países. Lo anterior implica claramente que los gobiernos deben hacer mucho más que abstenerse de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas para las personas con discapacidad -obligación de "respetar" los derechos humanos-. En el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación estatal -de "garantizar"- consiste en adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que "se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente". De ahí que, para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto de las personas con discapacidad, los Estados deben emplear ciertos métodos, como son entre otros, determinar, mediante una fiscalización regular, la naturaleza y el ámbito de los problemas que se plantean en la materia; la necesidad de adoptar programas y políticas debidamente adaptados a las necesidades que se hayan determinado y la necesidad de hacer las consignaciones presupuestarias apropiadas o, cuando sea preciso, de recabar la asistencia y cooperación internacionales. En ese tenor, los Estados deben asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo. En el caso, la quejosa reclama la constitucionalidad del acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicio fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Tal programa fue emitido por el Gobierno del Estado de Chihuahua, ante las consideraciones siguientes: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, preceptúa como prerrogativa social para todos los habitantes de la entidad, el acceso en igualdad de oportunidades a los beneficios del desarrollo social. En concordancia, la Ley de Desarrollo Social y Humano establece como objeto garantizar el disfrute de los derechos Humanos y Sociales de su población conforme a la Constitución Local y los Tratados Internacionales, donde el Estado Mexicano sea parte en materia de derechos humanos. El artículo 31 de la Ley en cita, establece que el Titular del Poder Ejecutivo deberá elaborar las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos, así como la metodología, normatividad, calendarización y asignaciones correspondientes a las diversas regiones y municipios de la entidad, sin perjuicio de transparentar de oficio la información pública establecida en la correspondiente ley. El numeral 7° del dispositivo normativo en comento, señala que toda persona tiene derecho a participar en los programas y proyectos de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social y Humano, en los términos que establezca la normatividad de cada programa. De igual manera en su artículo 8 se establece que las personas o grupos sociales en situación de pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad, discriminación o exclusión tienen acceso preferencial a los programas y proyectos tendientes a elevar su calidad de vida. Conforme con el Presupuesto de Egresos que el H. Congreso del Estado apruebe para cada ejercicio fiscal a la Secretaría de Desarrollo Social, destinado a operar los programas a su cargo, la Dependencia deberá sujetarse a Reglas de Operación como instrumentos normativos para el ejercicio de gasto público, constituyéndose en herramienta técnica de control y evaluación del impacto presupuestal en la Población Objetivo, en documentos base para auditar y fiscalizar, que permitan agilizar la comprobación, vigilancia, obtención de información, transparencia y sirva como un medio eficiente para direccionar los recursos públicos en la consecución de resultados proyectados, generando a su vez los indicadores de eficiencia y eficacia del desempeño de los Servidores Públicos. Para esta administración la transparencia es un eje central sobre el cual se deben llevar a cabo todas las políticas públicas de este gobierno y dentro del marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se debe fomentar una ciudadanía responsable, que participe activamente en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como en el desarrollo de un Gobierno más eficiente y con gran espíritu de servicio en un contexto de mejora que dentro de la implementación de este programa dé la pauta para lograr la adecuada rendición de cuentas previniendo la discrecionalidad y evitando las desviaciones de recursos. Además, en la introducción del acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicio fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, se dispone: En materia de desarrollo social y humano, el Gobierno del Estado tiene, entre sus objetivos, el disminuir barreras que limitan el acceso y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, particularmente de quienes se encuentran en condición de pobreza extrema y pobreza, con el fin de mejorar sus condiciones inmediatas de vida, proteger su dignidad y favorecer su inclusión social y cultural e integración a la vida productiva en proporción a sus cualidades y capacidades. La atención a las personas con discapacidad en situación de pobreza extrema, pobreza, dependencia y/o vulnerabilidad, comprenderá la aplicación de acciones afirmativas y compensatorias, como las pensiones o apoyos que les permitan acceder a un nivel mínimo de ingresos que contribuyan a reducir los efectos negativos de las carencias sociales que vulneran sus derechos. El objetivo general del programa en comento es, el de: Contribuir a que las personas con discapacidad en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en la entidad, desarrollen las capacidades que les permita su condición para fortalecer su autonomía, autogestión y autosuficiencia o en su caso acceder al derecho se asistencia social, a través de a bienes, servicios, apoyos y/o recursos que les permita satisfacer, en igualdad de oportunidades, las condiciones mínimas indispensables para el ejercicio de sus derechos y su inclusión laboral, económica, educativa y cultura Mientras que, entre los objetivos específicos, están: 2.2.1. Asegurar un ingreso mínimo para las personas con discapacidad que se encuentren en situación de pobreza extrema y pobreza; 2.2.2. Coadyuvar en la inclusión de las personas con discapacidad mediante el acceso a movilidad urbana y adiestramiento y vinculación a un empleo; 2.2.3. Sensibilizar a la población en el respeto y protección de los derechos de las personas con discapacidad, con criterios de igualdad de género; 2.2.4. Coadyuvar en el fortalecimiento integral de las personas con discapacidad para favorecer la conformación de redes sociales; 2.2.5. Asegurar la atención y cuidado de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema, pobreza y abandono. Ahora, conforme al derecho humano de igualdad y la proscripción de discriminación, no basta con que las leyes y políticas públicas reconozcan un tratamiento igual para todas las personas -igualdad formal o jurídica-, sino que además, fuerza es que las normas y programas públicos tiendan a salvaguardar la igualdad sustantiva de aquellas personas, grupos o clases que se encuentran en estado de vulnerabilidad o desventaja económica-social, mediante el reconocimiento de tales barreras o dificultades y, con base en éstas, adaptar las instituciones a esas necesidades especiales -igualdad material o fáctica-. Como lo ha razonado el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, la igualdad formal o jurídica lucha contra la discriminación directa tratando de manera similar a las personas que están en situación similar y, en esa medida, puede ayudar a combatir los estereotipos negativos y los prejuicios, pero no puede ofrecer soluciones al 'dilema de la diferencia', ya que no tiene en cuenta ni acepta las diferencias entre los seres humanos. La igualdad sustantiva, en cambio, aborda también la discriminación indirecta y estructural, y tiene en cuenta las relaciones de poder. Asimismo, admite que el 'dilema de la diferencia' entraña tanto ignorar las diferencias entre los seres humanos como reconocerlas, a fin de lograr la igualdad. El modelo de igualdad sustantiva detalla el contenido de la igualdad, entre otras, mediante una dimensión redistributiva justa para afrontar las desventajas socioeconómicas. Por tanto, el reconocimiento de que todas las personas con discapacidad son iguales en virtud de la ley significa, por una parte, que no deben existir leyes que permitan denegar, restringir o limitar específicamente los derechos de las personas con discapacidad y, por otra, que deben incorporarse las consideraciones relativas a la discapacidad en todas las leyes y políticas. A fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, se emplea en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la expresión beneficiarse de la ley en igual medida, lo que significa que los Estados deben eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a todos los tipos de protección de la ley y a los beneficios de la igualdad de acceso a la ley y la justicia para hacer valer sus derechos. Asimismo, la frase en igualdad de condiciones con las demás no solamente figura en la definición de discriminación por motivos de discapacidad, sino que impregna toda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello significa, por una parte, que no se otorgará a las personas con discapacidad ni más ni menos derechos o prestaciones que a la población en general y, por otra, que los Estados parte adopten medidas específicas concretas para lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad a fin de que puedan disfrutar realmente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ende, en diversas circunstancias y contextos, atendiendo al artículo 5, párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado deberá adoptar medidas positivas o de acción afirmativa que tienen por finalidad acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Esas medidas consisten en introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo insuficientemente representado o marginado. Aunque tales medidas suelen ser de carácter temporal, en algunos casos se precisan medidas específicas permanentes, en función del contexto y las circunstancias, como una deficiencia concreta o los obstáculos estructurales de la sociedad. Como ejemplos de medidas específicas cabe mencionar a los programas de apoyo, la asignación o reasignación de recursos, la selección, contratación y promoción selectivas, los sistemas de cuotas, las medidas de adelanto y empoderamiento, así como los servicios de relevo y la tecnología de apoyo. Como se aprecia de lo anteriormente expuesto, para lograr la igualdad sustantiva, el Estado Mexicano tiene que hacer más que simplemente reconocer, a nivel normativo, la igualdad de derechos entre personas; pues al momento de diseñar, regular e implementar sus programas o políticas públicas, debe reconocer las diferencias que tienen las personas con discapacidad, atendiendo a las necesidades, dificultades y desventajas que enfrenta tal grupo vulnerable en la sociedad y, al efecto, tomar medidas especiales o afirmativas para lograr la igualdad material o de hecho de tales personas. En el caso, la accionante del amparo aduce que, la condición de extrema pobreza no es idónea para alcanzar los fines constitucionales para que las personas con discapacidad permanente accedan a apoyos económicos, Ello, al considerar que atendiendo al principio de igualdad todas las personas deben de tener el mismo derecho e idénticas expectativas y posibilidades. La quejosa aduce que es un derecho de rango constitucional la entrega de apoyos económicos a personas que tengan discapacidad permanente, en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin exigir que se encuentren en extrema pobreza. Con base a lo anterior, se llega a la convicción de que resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues conforme a lo hasta aquí evidenciado, el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicio fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, es una acción afirmativa dirigida a personas con más de un factor de vulnerabilidad (personas con discapacidad que se encuentren en situación de pobreza extrema, pobreza y abandono). Es así que no puede estimarse que exista una diferencia basada en una categoría sospechosa, pues cuando confluyen varios factores de vulnerabilidad que ponen en riesgo la satisfacción de diversos derechos humanos y su proyecto de vida, es acertado que se establezcan programas de apoyos económicos, como una adopción de medidas positivas o de acciones afirmativas; cuya finalidad es acelerar o lograr la igualdad de hecho. De modo que, si concurren una serie de condiciones que sitúan a una persona en una situación de desventaja o desequilibrio, el Estado está en lo correcto al reconocer las diferencias económicas a las que se enfrentan las personas con discapacidad y tomarlas en cuenta dentro de los factores a considerar para el acceso al Programas de Apoyo que se reclama, ya que es de esa forma que se logra la consecución de una igualdad sustantiva o material, por lo que hace a la integración de tal grupo multivulnerable en los referidos programas públicos. Como se ha señalado, atendiendo a la obligación de garantizar, es deber del Estado adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad. Esto implica que, en la regulación y acceso a los apoyos sociales, como lo son los aquí analizados, no basta con cumplimentar con un principio de igualdad jurídica o formal, sino que fuerza es que tales programas aborden también la discriminación indirecta y estructural que padecen las personas con discapacidad, lo cual entraña reconocer las diferencias que presenta este grupo vulnerable y emprender medidas de tratamiento más benéfico, a fin de lograr su igualdad sustantiva o de hecho. Así, se estima que las reglas reclamadas resultan acordes al principio de igualdad de oportunidades que debe subyacer a todo programa o política pública, pues la política pública cuestionada, al basar el acceso al programa apoyos a personas discapacitadas, está atendiendo a la capacidad socioeconómica que tienen las personas con discapacidad, con el fin de introducir o mantener ciertas ventajas en favor de un grupo insuficientemente representado o marginado. Luego, en tanto que, como se ha demostrado, el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, establece un trato equitativo para las personas con discapacidad al tomar en cuenta sus necesidades y diferencias socioeconómicas, se estiman razonables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CXLIV/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, visible en la página 362, con registro digital 2018746, del tenor siguiente: PERSONAS CON DISCAPACIDAD. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El principio de igualdad y no discriminación se proyecta sobre todos los demás derechos dándoles un matiz propio en el caso en que se vean involucradas personas con discapacidad. Para la Primera Sala, desde esta perspectiva es preciso analizar todo el andamiaje jurídico cuando se ven involucrados derechos de las personas con discapacidad. Para ello se requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles de la igualdad y no discriminación, que abarcan desde la protección efectiva contra abusos, violencia, explotación, etcétera, basadas en la condición de discapacidad; la realización efectiva de la igualdad de trato, es decir, que la condición de discapacidad no constituya un factor de diferenciación que tenga por efecto limitar, restringir o menoscabar para las personas con discapacidad derechos reconocidos universalmente, y, finalmente, que se asegure la igualdad de oportunidades, así como el goce y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, nos encontramos ante una nueva realidad constitucional en la que se requiere dejar atrás pautas de interpretación formales que suponen una merma en los derechos de las personas con discapacidad, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto y salvaguardar el principio de igualdad y no discriminación. En consecuencia, conforme a todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a quejosa ******* en relación con el acuerdo 016/2020, que establece las Reglas de Operación para el Ejercicios fiscal 2020 del Programa Apoyos a Personas con Discapacidad 2020, publicado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, fracciones XIV, XX y XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 107, fracción III, inciso b), 108, fracción VIII, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 290/2021-I-2, promovido por ******* contra los actos reclamados del Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, dada la actualización de la causa de sobreseimiento analizada en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a ******* en relación con los actos reclamados, precisados y razonados en el considerando séptimo.Notifíquese vía electrónica a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Acepta competencia legal Visto lo de cuenta, se advierte que del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se remiten los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, en virtud de que, mediante acuerdo de veinte del mes y año en curso, el juzgador determinó que el asunto debía turnarse a este órgano jurisdiccional, por existir en el sistema un antecedente que lo vincula con otro registrado con anterioridad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 45, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda, ya que se comparten las consideraciones de turno expuestas por el juzgador, por lo que, acúsese de recibido vía interconexión y hágase del conocimiento esta determinación. Registro y admisión de la demanda de amparo En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 290/2021-I-2. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, es innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la Secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o este juzgador lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y los diversos 5, fracción II, 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, dado que a las autoridades responsables que rindieron su informe con justificación y se dio vista a las partes con los mismos; entonces, resulta innecesario efectuar su solicitud. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional ($2,688.60). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados *******, toda vez que se encontró en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx y/o al correo de la secretaria encargada del asunto ******* o podrán comunicarse al teléfono celular (*******)*******. Expediente electrónico En atención a la solicitud toda vez que, el autorizado, aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario *******, dada la solicitud expresa de la parte quejosa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. Se faculta al apoderado legal para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese vía electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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