Cipriano Velazquez Diaz
Expediente 884/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Cipriano Velazquez Diaz
- Fiscal General del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 884/2020-II, promovido por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, sin la comparecencia de alguna de las partes. El Secretario hace una relación oral de las constancias existentes en autos. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, el Secretario da cuenta que las documentales que ofreció la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten la pruebas relatadas por el Secretario, que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica y que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS Y ABIERTO EL DE ALEGATOS, el secretario hace constar que las partes no ofrecieron alegatos y el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no realizó pedimento legal alguno; por consiguiente, el Juez acuerda: en virtud de que las partes no expresaron alegatos se declara CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS y al no haber cuestión pendiente qué proveer, se ordena dictar sentencia definitiva. Doy fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 884/2020-II, promovido por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito depositado el ocho de octubre de dos mil veinte en el Buzón de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido por dicha oficialía y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de trece de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo por cuanto a los actos atribuidos a Anahí Esquivel Saldaña como encargada del cobro y mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, y se admitió, por el diverso acto reclamado al Fiscal General del Estado de Morelos, quedando registrada bajo el número 884/2020-II, se solicitó a las autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad responsable a quien se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado y certeza. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de recibir la denuncia o querella en contra de Anahí Esquivel Saldaña. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado en el que adujo que el acto que se le atribuye se encuentra fuera de sus funciones y atribuciones. No obstante a lo anterior, ante el reclamo efectuado a dicha autoridad, se analizará si se encontraba facultada o no para emitir el acto que se le atribuye. Es aplicable por identidad de razones la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2018110, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 del siguiente rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. ". Ahora bien, de la lectura de los artículos 21, 22 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que a la letra establecen: "Artículo 21. La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, quien es el Jefe de la Institución del Ministerio Público, y ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la misma. Artículo 22. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones: I. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Fiscalía General; II. Establecer las medidas necesarias para garantizar la autonomía constitucional de la Fiscalía General; III. Autorizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General, a fin solicitar su integración al del Poder Ejecutivo Estatal; IV. Implementar Programas y Proyectos piloto encaminados al desarrollo y funcionamiento de la Fiscalía General; V. Coadyuvar en la implementación, seguimiento, ejecución y evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; VI. Gestionar, ante las autoridades de la Federación y Organismos Internacionales, recursos financieros, así como subsidios para la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y los fines de la Fiscalía General, debiendo informar de éstos en el informe de la cuenta pública en términos del artículo 32, párrafo sexto, de la Constitución Política del Estado; VII. Instruir de manera general o particular al personal de la Fiscalía General sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del servicio público; VIII. Dirigir reuniones e integrar grupos de trabajo especiales, para el diseño y ejecución de Proyectos o Programas específicos de la Fiscalía General; IX. Fijar las condiciones generales para el personal que integra la Fiscalía General, en términos de la normativa que resulte aplicable; X. Determinar los cambios de adscripción del personal de la Fiscalía General, de acuerdo con las necesidades del servicio, conforme a la normativa aplicable lo permita; XI. Administrar, de manera racional, eficiente y eficaz, los recursos materiales, financieros y humanos de la Fiscalía General destinados al cumplimiento de sus fines; XII. Denunciar ante la autoridad competente, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones cometa algún servidor público adscrito a la Fiscalía General, que pueda constituir responsabilidad administrativa o de cualquier otra naturaleza, en los términos de esta Ley y otros ordenamientos aplicables; XIII. Formular opiniones al Congreso del Estado sobre los proyectos o modificaciones a las Leyes relacionadas con los fines de la Fiscalía General, mediante el titular de la oficina de enlace con el Poder Legislativo que para tales efectos designe el Fiscal General; XIV. Aprobar, en definitiva, así como reformar, modificar, derogar o abrogar, los reglamentos de las distintas unidades de la Fiscalía General, con excepción de los que esté facultados para emitir la Fiscalía Anticorrupción; XV. Comparecer ante el Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción LIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos sin perjuicio de cumplimiento de sus responsabilidades oficiales; XVI. Proponer, en los términos de la normativa aplicable, la clasificación de información reservada competencia de la Fiscalía General y que genere riesgos en las investigaciones que realice; XVII. Celebrar Convenios y Acuerdos con la Federación, las Entidades Federativas, las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos, así como con las entidades privadas, docentes, académicas y de investigación, para la consecución de los fines de la Fiscalía General; XVIII. Coadyuvar en la definición y aplicación de la política de persecución de los delitos en el Estado, en los términos que establezcan las leyes aplicables; XIX. Solicitar la extradición de imputados que se encuentren fuera de territorio nacional, conforme a lo dispuesto por las normas procesales aplicables; XX. Formar parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como formar parte en Fideicomisos o Comités en representación de la Fiscalía General; XXI. Representar legalmente a la Fiscalía General ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales; XXII. Certificar y expedir copias cotejadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, por sí o a través del personal que le está subordinado; XXIII. Aprobar y supervisar los acuerdos de cooperación y coordinación conjunta en el ámbito nacional, regional o internacional; XXIV. Ser parte integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública; XXV. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas por o en contra del personal que integra la Fiscalía General; XXVI. Determinar la política institucional del Ministerio Público, los criterios y prioridades en la investigación de los delitos y sobre el ejercicio de la acción penal; XXVII. Emitir las disposiciones generales sobre los criterios de oportunidad que deba aplicar el Ministerio Público y autorizar o delegar en el funcionario público la aplicación de los criterios de oportunidad; XXVIII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intervención de comunicaciones privadas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la normativa aplicable; XXIX. Emitir los criterios generales para el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General en materia de justicia penal para adolescentes, de conformidad con las leyes aplicables; XXX. Formular acusación, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso, cuando el Ministerio Público de la causa no proceda a realizarlo; XXXI. Formular las correcciones de los vicios formales en la acusación o demanda de reparación de daños, cuando el Ministerio Público de la causa no lo realice; XXXII. Emitir lineamientos generales de actuación para atender de forma pronta y expedita las solicitudes de intervención para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando con motivo de una investigación se encuentren a su disposición y se reúnan los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones jurídicas aplicables; XXXIII. Participar en su ámbito de competencia, en el desarrollo de acciones de prevención del delito; XXI. Representar legalmente a la Fiscalía General ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales; XXII. Certificar y expedir copias cotejadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de sus funciones, por sí o a través del personal que le está subordinado; XXIII. Aprobar y supervisar los acuerdos de cooperación y coordinación conjunta en el ámbito nacional, regional o internacional; XXIV. Ser parte integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública; XXV. Conocer y resolver las excusas y recusaciones que sean interpuestas por o en contra del personal que integra la Fiscalía General; XXVI. Determinar la política institucional del Ministerio Público, los criterios y prioridades en la investigación de los delitos y sobre el ejercicio de la acción penal; XXVII. Emitir las disposiciones generales sobre los criterios de oportunidad que deba aplicar el Ministerio Público y autorizar o delegar en el funcionario público la aplicación de los criterios de oportunidad; XXVIII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intervención de comunicaciones privadas conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la normativa aplicable; XXIX. Emitir los criterios generales para el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General en materia de justicia penal para adolescentes, de conformidad con las leyes aplicables; XXX. Formular acusación, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso, cuando el Ministerio Público de la causa no proceda a realizarlo; XXXI. Formular las correcciones de los vicios formales en la acusación o demanda de reparación de daños, cuando el Ministerio Público de la causa no lo realice; XXXII. Emitir lineamientos generales de actuación para atender de forma pronta y expedita las solicitudes de intervención para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplante, cuando con motivo de una investigación se encuentren a su disposición y se reúnan los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones jurídicas aplicables; XXXIII. Participar en su ámbito de competencia, en el desarrollo de acciones de prevención del delito; XXXIV. Conocer de manera exclusiva de los hechos delictivos en materia de corrupción atribuidos al Fiscal Anticorrupción; XXXV. Cuenta con legitimación activa o pasiva, o como tercero interesado, para intervenir en toda controversia constitucional del orden local a que se refiere el artículo 99, fracción XIII, de la Constitución local, cuando la ley o acto objeto de la misma, tengan relación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, y XXXVI. Las demás que le otorguen y confieran otras disposiciones legales y reglamentarias, Federales y Estatales, aplicables. Artículo 24. El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía General, podrá delegar el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, con excepción de las siguientes: I. Aquellas que le estén reservadas constitucionalmente, yII. Las señaladas en las fracciones III, IV, VII y VIII, del artículo 22 y los artículos 25 y 28 de esta Ley.". De los anteriores preceptos legales se advierte que el Fiscal General del Estado es el Jefe de las Instituciones del Ministerio Público, y para la mejor organización y funcionamiento de la Fiscalía puede delegar sus atribuciones a los servidores públicos que integran la misma. Expuesto lo anterior, resulta inconcuso que como lo refiere la autoridad responsable referida en el presente considerando, la facultad de recibir denuncia o querella alguna, corresponde al Agente del Ministerio Público y no al Fiscal General del Estado de Morelos; de ahí que en el particular no tiene injerencia en el acto reclamado. Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, sin que la parte quejosa haya ofrecido medios de prueba para desvirtuar dicha negativa, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en EL Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, número de registro 196080, del siguiente rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA, PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINICIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.". En las condiciones apuntadas, lo procedente es que se sobresea en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, respecto del acto y por la autoridad señalada en el resultando primero de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 150/2020-II (orden 423/2020); dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora, ante la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el auto de trece de octubre de dos mil veinte, por los motivos expuestos; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el proveído de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Acuerdo que en lo conducente dice:... Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, contra actos de Anahí Esquivel Saldaña y otra autoridad; fórmese el expediente ,¿ *****que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO PARCIAL DE DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda por cuanto a los actos atribuidos a Anahí Esquivel Saldaña como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Los promoventes de amparo, reclaman de Anahí Esquivel Saldaña, la orden de clausurar las tuberías que suministran el agua en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de que los quejoso no paguen el adeudo presentado por consumo del vital líquido. A mayor abundamiento de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejoso manifestaron bajo protesta de decir verdad lo siguiente: El catorce de febrero de dos mil veinte, firmaron cesión de derechos del predio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dos de la tarde, en su domicilio se presentó Anahí Esquivel Saldaña, ostentándose como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la "Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca", entregándoles un papel con un adeudo de $14,560.00 (catorce mil quinientos sesenta 00/100 moneda nacional), con varios conceptos dentro de los cuales se aprecia "CORTE DE TOMA DE AGUA INMEDIATO", a su vez les manifestó que si no pagaban les iba a cortar el agua, clausurando las tuberías que la suministran. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Lo que encuentra sustento además en la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro 2019934, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", a partir de la cual se establece la posibilidad de advertir que en casos como el que así se analiza se evidencie de manera notoria y manifiesta que no está acreditado el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Ello, como lo define la jurisprudencia invocada al tratarse de una persona que se ostenta como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, a quien se imputa el acto reclamado, se logra advertir que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia lo procedente es desechar parcialmente la demanda respecto a dicha persona física. Para lo cual, conviene remitirse al texto de los artículos mencionados, que son del tenor siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Precisado lo anterior, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el referido acto reclamado no proviene de autoridades para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad, como se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por una Asociación de Colonos constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, como lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese sentido se advierte que en el caso se combate que ante la falta de pago por consumo de agua en el condominio en el que habitan los quejosos, la persona encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, pretende retirar el suministro de agua potable en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de no pagar. Sin embargo, no puede soslayarse que el incumplimiento de las aportaciones o cuotas acordadas, convenidas o fijadas por los miembros de un condominio con las cuales obtiene los recursos necesarios con el consecuente apercibimiento en caso de incumplir, no puede constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, los quejosos refirieron habitar en el condominio denominado Tesoros de Tezoyuca II, donde adquirieron el dominio de la casa 78 del Condominio 3 a virtud de una cesión de derechos. De ahí que el requerimiento de cobro por consumo de agua con el apercibimiento de corte en caso de no pagar, en su caso, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, al consumir el vital líquido. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos de los inconformes para que los haga valer ante la instancia competente. Lo anterior, con apoyo en la tesis III.4º.(III Región) 16 A (10ª.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1074, de rubro: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Por tanto, la persona encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de cuotas aún en el supuesto que éstas sean para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos, pues como se indicó, ello invariablemente partirá del acuerdo de voluntades celebrado entre los propietarios de la casa y quien provee el servicio de suministro de agua, en la formas y términos pactados, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Igual consideración establece el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1º.A.C.9 A (10ª.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2633, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", pues advierte que las asociaciones civiles no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, como lo sería el cobro de aportaciones. Esto es así, ya que ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo del condominio y su reglamento. Así, la parte quejosa reclama la orden de requerimiento de pago por concepto de consumo de agua que contiene apercibimiento de corte el suministro en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de no cubrir el adeudo por la cantidad de $14,560.00 (catorce mil quinientos sesenta 00/100 moneda nacional). Bajo ese contexto, se advierte que el retiro del equipo de medición de agua potable que reclaman los impetrantes, es motivado por la falta de pago de cuotas que en la casa de los quejosos dentro del Condominio Tesoros de Tezoyuca II se generó. Por tanto, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, pues deriva de una relación de coordinación que existe entre los quejosos y la persona encargada de suministrar el agua en el Condominio Tesoros de Tezoyuca II. Conforme lo anterior, resulta evidente que lo reclamado a la persona a que atribuyen el carácter de autoridad, se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre los promoventes y la persona que refieren funge como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua del Condominio Tesoros de Tezoyuca II Por tanto, se torna patente para este Juzgado que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable -como se explicó- no tiene ese carácter. Por lo anterior, se desecha parcialmente la demanda de amparo por cuanto a la autoridad analizada en el presente apartado al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII con relación al 1º fracción I y 5º fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo, promovida por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, contra actos de la Fiscalía General del Estado. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la parte quejosa; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridad responsable, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3º. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Tomando en consideración que los promoventes de amparo señalan un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal; asimismo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas designadas en la demanda. Sin embargo, por única ocasión se ordena notificar personalmente a la parte quejosa lo aquí determinado; por tanto, tomando en consideración que el domicilio proporcionado se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jiutepec, Morelos, en turno, el cual se remitirá firmado electrónicamente de conformidad en el Acuerdo General citado, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos; y notifique el presente proveído a los quejosos CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ. En el entendido, que Juez requerido, una vez llevada a cabo la notificación encomendada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, deberá remitir las constancias correspondientes, así como la totalidad de los anexos que se envían para el caso que no pueda llevar a cabo dicha diligencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 238, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 884/2020-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda ********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la Fiscalía General del Estado de Morelos , de quien reclama la omisión de recibir querella verbal y/o escrita en contra de ********************. II.- CERTEZA DEL ACTO. El Fiscal General del Estado de Morelos, manifestó no ser cierto el acto reclamado. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 884/2020-II, se desprende que la parte quejosa exhibió copias simples de las credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a nombre de los aquí quejosos ********************. Sin embargo, las aludidas copias simples carecen de eficacia probatoria plena, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 202550, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página: 510, del siguiente rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, al rendir su informe previo negó el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, contra actos de Anahí Esquivel Saldaña y otra autoridad; fórmese el expediente ,¿ *****que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO PARCIAL DE DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda por cuanto a los actos atribuidos a Anahí Esquivel Saldaña como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Los promoventes de amparo, reclaman de Anahí Esquivel Saldaña, la orden de clausurar las tuberías que suministran el agua en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de que los quejoso no paguen el adeudo presentado por consumo del vital líquido. A mayor abundamiento de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los quejoso manifestaron bajo protesta de decir verdad lo siguiente: El catorce de febrero de dos mil veinte, firmaron cesión de derechos del predio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dos de la tarde, en su domicilio se presentó Anahí Esquivel Saldaña, ostentándose como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la "Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca", entregándoles un papel con un adeudo de $14,560.00 (catorce mil quinientos sesenta 00/100 moneda nacional), con varios conceptos dentro de los cuales se aprecia "CORTE DE TOMA DE AGUA INMEDIATO", a su vez les manifestó que si no pagaban les iba a cortar el agua, clausurando las tuberías que la suministran. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia señalada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Lo que encuentra sustento además en la jurisprudencia PC.IV.A. J/45 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1641 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, registro 2019934, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑALADA COMO RESPONSABLE, A QUIEN SE IMPUTA LA DETERMINACIÓN DE SUSPENDER EN DEFINITIVA LOS DERECHOS DE ASOCIADO DEL QUEJOSO, TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", a partir de la cual se establece la posibilidad de advertir que en casos como el que así se analiza se evidencie de manera notoria y manifiesta que no está acreditado el carácter de autoridad del particular que se señala como responsable. Ello, como lo define la jurisprudencia invocada al tratarse de una persona que se ostenta como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, a quien se imputa el acto reclamado, se logra advertir que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia lo procedente es desechar parcialmente la demanda respecto a dicha persona física. Para lo cual, conviene remitirse al texto de los artículos mencionados, que son del tenor siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5º. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Precisado lo anterior, se colige que, para los efectos del juicio constitucional, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, el referido acto reclamado no proviene de autoridades para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de autoridad, como se verá a continuación. Adicionalmente, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo transcritos, es dable inferir que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En esas consideraciones, a través del juicio de derechos fundamentales, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Al hilo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia del juicio de derechos humanos se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo expuesto, se aprecia que el concepto de "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para el Alto Tribunal, resulta innegable que el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por una Asociación de Colonos constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Luego, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, dijo, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105 fracciones I y II de la Constitución General de la República. Además, sostuvo que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste, como lo estableció la Superioridad, en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De las anteriores consideraciones, la Segunda Sala en comento llegó a la conclusión de que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, que las autoridades para efectos del juicio de amparo, son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, teniendo facultades expeditas, ya sea por sí o por conducto de otras autoridades, para imponer dicha voluntad de manera unilateral, imperativa y coercitiva, frente a la del gobernado, teniendo desde luego como límite, la obligación constitucional de respetar los derechos fundamentales de aquél. Las consideraciones vertidas anteriormente obran en la tesis P. XXVII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Ligado con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese sentido se advierte que en el caso se combate que ante la falta de pago por consumo de agua en el condominio en el que habitan los quejosos, la persona encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, pretende retirar el suministro de agua potable en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de no pagar. Sin embargo, no puede soslayarse que el incumplimiento de las aportaciones o cuotas acordadas, convenidas o fijadas por los miembros de un condominio con las cuales obtiene los recursos necesarios con el consecuente apercibimiento en caso de incumplir, no puede constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, los quejosos refirieron habitar en el condominio denominado Tesoros de Tezoyuca II, donde adquirieron el dominio de la casa 78 del Condominio 3 a virtud de una cesión de derechos. De ahí que el requerimiento de cobro por consumo de agua con el apercibimiento de corte en caso de no pagar, en su caso, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, al consumir el vital líquido. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos de los inconformes para que los haga valer ante la instancia competente. Lo anterior, con apoyo en la tesis III.4o.(III Región) 16 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1074, de rubro: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Por tanto, la persona encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua de la Unidad Habitacional Tesoros de Tezoyuca II, no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de cuotas aún en el supuesto que éstas sean para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos, pues como se indicó, ello invariablemente partirá del acuerdo de voluntades celebrado entre los propietarios de la casa y quien provee el servicio de suministro de agua, en la formas y términos pactados, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Igual consideración establece el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.A.C.9 A (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2633, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", pues advierte que las asociaciones civiles no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, como lo sería el cobro de aportaciones. Esto es así, ya que ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo del condominio y su reglamento. Así, la parte quejosa reclama la orden de requerimiento de pago por concepto de consumo de agua que contiene apercibimiento de corte el suministro en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, en caso de no cubrir el adeudo por la cantidad de $14,560.00 (catorce mil quinientos sesenta 00/100 moneda nacional). Bajo ese contexto, se advierte que el retiro del equipo de medición de agua potable que reclaman los impetrantes, es motivado por la falta de pago de cuotas que en la casa de los quejosos dentro del Condominio Tesoros de Tezoyuca II se generó. Por tanto, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, pues deriva de una relación de coordinación que existe entre los quejosos y la persona encargada de suministrar el agua en el Condominio Tesoros de Tezoyuca II. Conforme lo anterior, resulta evidente que lo reclamado a la persona a que atribuyen el carácter de autoridad, se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre los promoventes y la persona que refieren funge como encargada del cobro de mantenimiento de bomba y suministro de agua del Condominio Tesoros de Tezoyuca II Por tanto, se torna patente para este Juzgado que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable -como se explicó- no tiene ese carácter. Por lo anterior, se desecha parcialmente la demanda de amparo por cuanto a la autoridad analizada en el presente apartado al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII con relación al 1º fracción I y 5º fracción II de la Ley de Amparo. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo, promovida por CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ, contra actos de la Fiscalía General del Estado. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la parte quejosa; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridad responsable, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3º. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Tomando en consideración que los promoventes de amparo señalan un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este Juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal; asimismo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas designadas en la demanda. Sin embargo, por única ocasión se ordena notificar personalmente a la parte quejosa lo aquí determinado; por tanto, tomando en consideración que el domicilio proporcionado se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jiutepec, Morelos, en turno, el cual se remitirá firmado electrónicamente de conformidad en el Acuerdo General citado, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en Tesoros de Tezoyuca II, Condominio 3, casa 78 del municipio de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos; y notifique el presente proveído a los quejosos CIPRIANO VELÁZQUEZ DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SERVÍN SUÁREZ. En el entendido, que Juez requerido, una vez llevada a cabo la notificación encomendada, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, deberá remitir las constancias correspondientes, así como la totalidad de los anexos que se envían para el caso que no pueda llevar a cabo dicha diligencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 238, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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