Cipriano Rosales Osornio
Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Cipriano Rosales Osornio
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible y que no existen documentos originales exhibidos por las partes, en términos del artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo (con anexos) promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 946/2020-VI. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el aviso de baja de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido por *** apoderada legal del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción II, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el despido o separación injustificada de su empleo, como trabajador del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. En esas condiciones, las autoridades señaladas como responsables, al emitir el acto que se les reclama, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto que se les atribuye versa sobre el despido injustificado y/o separación del empleo del quejoso, lo que tiene su origen en una relación jurídica de ese municipio como patrón con sus trabajadores en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, en la que entre ambas partes existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que entre ambas partes se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. En efecto, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto emitido positivo u omisivo por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones tendentes a gestiones de su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, como acontece en la especie, en la que la parte quejosa reclama el despido injustificado o separación de su empleo, el juicio de amparo resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de garantías. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), de la décima época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro veintinueve, abril de dos mil dieciséis, tomo III, página mil novecientos cincuenta y seis, cuyo rubro establece: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. Además, tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 185, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, de acuerdo con el cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer y resolver en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas. Máxime que el quejoso no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que sea miembro de una institución policial de la Federación, entidad federativa o municipio, que hiciera procedente la vía constitucional, en atención a la prohibición expresa de reincorporación al servicio, cualquiera que fuera el resultado del juicio o medio de defensa que promueve, que establece la Constitución. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Cipriano Rosales Osornio, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que cita en su demanda para los efectos que refiere; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ** por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y las demás personas que señala en términos del artículo 24, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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